(exministro de Seguridad porteño); el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth, el consultor Tomás Reinke y altos directivos del Grupo Clarín. Los últimos recibieron al resto del contingente en el aeropuerto de Bariloche y la hipótesis es que esa empresa habría pagado la travesía. Las filmaciones están incorporadas a la causa.
 
La AFIP detectó que las facturas utilizadas para cubrir a los jueces y funcionarios que participaron del escandaloso viaje a Lago Escondido están antedatadas y "podrían resultar apócrifas (...), emitidas al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados". En otras palabras, truchadas. El juez Ramos, que apareció en los chats del imputado D'Alessandro, igual no quiere a la AFIP como querellante.
 
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Nacionales - 27-05-2023 / 08:05
PARTIDO JUDICIAL MAFIOSO

Las facturas para cubrir a jueces y funcionarios macristas en el viaje a Lago Escondido son truchas

Las facturas para cubrir a jueces y funcionarios macristas en el viaje a Lago Escondido son truchas
A PESCAR TRUCHAS. En la causa por el viaje a la mansión de Joe Lewis de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, entre otros, el juez Sebastián Ramos se niega a aceptar a la AFIP como querellante. El organismo insiste porque las facturas utilizadas en la visita a Lago Escondido fueron fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos y no incurrieron en el delito de dádivas, lo cual también implicaría un perjuicio al fisco.
El juez Sebastián Ramos no quiere que la AFIP sea querellante en la causa del viaje a Lago Escondido, pero el organismo volvió a insistir porque detectó que las facturas utilizadas habrían sido truchadas para aparentar que los integrantes del contingente que tienen cargos judiciales o políticos --y que por la Ley de Ética no pueden aceptar regalos-- se pagaron ellos mismos el viaje, la estadía y los divertimentos.
 
Esto, señaló en la apelación ante la Cámara Federal, revela "indicios de ilícitos tributarios existiendo un perjuicio al fisco". "Las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos", dice la presentación.
 
Al comienzo, cuando la causa tramitaba en Bariloche, la exjueza Silvina Domínguez (ahora jubilada) le pidió a la AFIP información sobre la facturación, además de datos bancarios de todos los implicados. Uno de los hallazgos más llamativos fue que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (Flyzar), que trasladó al grupo en un vuelo privado el 13 de octubre del año pasado, con regreso tres días después, confeccionó facturas que llevan la fecha del vuelo de salida pero que fueron emitidas el 17 de octubre al mediodía.
 
Fue el mismo día que se reveló que se había hecho el viaje en cuestión, información que generó un enorme revuelo ya que no parecía un simple viaje de amigos sino un encuentro de jueces influyentes con inclinación macrista, que manejan grandes causas, con referentes de la oposición y el poder mediático.
 
El hecho es que los comprobantes del avión estaban antedatados y, además, emitidos a nombre de los viajeros y no de la empresa que los habría invitado. Detallaban que el pago había sido al contado, por 120 mil pesos cada uno, lo que hacía todo más dudoso. Habían sido generados, en su mayoría, con un minuto de diferencia, según informaron allegados a la pesquisa: a las 12.48, 12.49, 12.50, 12.50, 12.52. 12.53, y luego 13.01 y 13.02.
 
Parte de esto ya había sido advertido por la fiscala de Bariloche Cándida Etchepare, cuando imputó los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público a los miembros del comité judicial-político-mediático macrista. Las facturas de la firma Hidden Lake S.A (la estancia del magnate Joe Lewis), también personalizadas, tenían fecha del 28 de octubre --dos semanas después de la travesía-- y figuraba el valor de 605 dólares por cada pasajero.
 
Por esta y otras cuestiones fueron imputados en diciembre del año pasado, entre otros, los jueces Julián Ercolini (juez de primera instancia en Comdoro Py), Pablo Yadarola (juez en lo Penal Económico), Pablo Cayssials (juez en lo Contencioso Administrativo), Marcelo D'Alessandro (exministro de Seguridad porteño); el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth, el consultor Tomás Reinke y altos directivos del Grupo Clarín. Los últimos recibieron al resto del contingente en el aeropuerto de Bariloche y la hipótesis es que esa empresa habría pagado la travesía. Las filmaciones están incorporadas a la causa.
 
La AFIP detectó que las facturas utilizadas para cubrir a los jueces y funcionarios que participaron del escandaloso viaje a Lago Escondido están antedatadas y "podrían resultar apócrifas (...), emitidas al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados". En otras palabras, truchadas. El juez Ramos, que apareció en los chats del imputado D'Alessandro, igual no quiere a la AFIP como querellante.
 

 
LOS DOCUMENTOS CON QUE SE INTENTÓ OCULTAR EL ESCÁNDALO
 
Viaje del lawfare: Las facturas truchas de los jueces y funcionarios de Lago Escondido
 
En la causa por el viaje a la mansión de Joe Lewis de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, entre otros, el juez Sebastián Ramos se niega a aceptar a la AFIP como querellante. El organismo insiste porque las facturas utilizadas en la visita a Lago Escondido fueron fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos y no incurrieron en el delito de dádivas, lo cual también implicaría un perjuicio al fisco.
 
 
El poder de Comodoro Py
  
Después de planteos empujados por Yadarola, uno de los jueces involucrados, la causa fue absorbida por los tribunales federales de Comodoro Py, donde incluso otros implicados tienen su despacho. El edificio de Retiro ha sido el lugar donde exfuncionarios de Juntos por el Cambio se sienten protegidos, y parece que los judiciales también. La causa se la quedó el juez Ramos pese a que el propio fiscal Federico Delgado le pidió que se apartara por decoro, ya que, por la famosa filtración de mensajes de Telegram del celular de D'Alessandro, se supo de su relación de confianza y cercanía con el exministro porteño.
 
Hubo varias tandas de filtraciones del teléfono del exfuncionario. La primera es de los días posteriores al viaje a Lago Escondido revelado por Pagina/12. El grupo se autodenominaba "Los Huemules" e incluía a todos los imputados por la expedición. En las conversaciones se planificaba alterar facturas para disimular que habían sido invitados y convencer a los medios aliados de que había sido un viaje de viejos amigos. Con el tiempo aparecieron también diálogos de D'Alessandro con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre casos de alto impacto que tramitan en el tribunal, como la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (donde él era funcionario y participaba del caso) y las designaciones en el Consejo de la Magistratura.
 
Las denuncias por presuntos delitos surgidos en esos intercambios quedaron en manos del mismo juez Ramos, que archivó el caso en plena feria judicial en 24 horas y dijo que los chats no sólo no tenían valor de prueba sino que eran ilegales, fruto de espionaje (la teoría agitada por D'Alessandro). Es una definición que a todos los salpicados, el magistrado incluido, les viene bárbaro.
 
En  el caso "Lago Escondido", Ramos no admite querellas. La AFIP había hecho una presentación categórica que decía: "Al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake  S.A y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A, se detectó una fecha de emisión inserta en los mismos, la cual no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior. A partir de esas verificaciones, y teniendo en cuenta las inconsistencias observadas, resulta atendible considerar con cierto grado de probabilidad, que las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros, que resulten conexos".
 
Uno de los argumentos de Ramos es que "si los comprobantes tienen por finalidad la comisión de otros delitos" la acusación tiene que estar a cargo del Ministerio Público Fiscal. La AFIP le respondió: "La emisión de comprobantes apócrifos no puede resultarle ajena al organismo, debiendo destacar que no solo podemos vislumbrar una posible evasión fiscal, sino también una adulteración dolosa de registros y/o una asociación ilícita fiscal. No se desconoce la función constitucional del MPF de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, pero ello en nada obsta a la constitución de otros órganos del Estado como parte querellante".
 
Ramos ya había rechazado un pedido del ministro de Justicia, Martín Soria, para ser querellante. Soria, además, planteaba ampliar nuevas líneas de investigación para reconstruir las resoluciones judiciales de participantes del grupo en las que pudiera tener interés Clarín. Por ejemplo, tras el viaje, Cayssials firmó dos resoluciones en  beneficio del grupo y habría movido otros 24 expedientes. Antes, en Bariloche, había sido rechazado el abogado que presentó la primera denuncia, Marcelo Hertzriken Velasco.
 
 
"Caribe" y pruebas en el freezer
  
Como queda en evidencia, la investigación sobre el viaje de los Huemules a Lago Escondido no se apoyó en ningún momento en los chats. Al contrario, casi que podría convertirse en una acumulación de pruebas que corrobora su verosimilitud.
 
Las irregularidades de las facturas surgen del cotejo y análisis de la AFIP. Pero cuando la exjueza Domínguez allanó la mansión de Lewis encontró más documentos relevantes y servicios llamativos. Además de toparse con una escenografía impactante: detrás de un cortinado aterciopelado había un enorme sector llamado "Caribe" con cascadas, una barra de pole-dance y un restaurante. Todos los ambientes son ostentosos, hay sala de póker, peluquería, golf, otras áreas deportivas y hay distintos sectores de alojamiento en la casa principal y afuera.
 
* Entre los papeles hallados se describía el evento al que asistían los magistrados, funcionarios, empresarios y demás participantes con el llamativo nombre "Referente de medios". 
 
* Había comprobantes de cuatro sesiones de masajes facturados a Hidden Lake y constancias de un viaje en helicóptero al centro de esquí en el cerro Perito Moreno que estaba cerrado pero la empresa a cargo (Laderas del Paralelo 42 S.A) le dio autorización para aterrizar. Como el restaurante tampoco funcionaba llevaron una vianda de la estancia. El hombre que manejaba la aeronave confirmó el traslado que, en rigor, dijo, tuvo que hacer en dos tandas porque todos no entraban. Esto lo maneja otra empresa ligada a Lewis.
 
* Entre todos los documentos que envió el nuevo juez federal que subroga en Bariloche, Gustavo Villanueva, hay un sobre marrón de las oficinas de Flyzar en el Aeropuerto de San Fernando con dos papeles amarillos y una nota del 12 de octubre de 2022, el día previo a la salida del vuelo privado, que firma un directivo del grupo mediático, que no tomó el vuelo pero podría haber tenido alguna intervención en la gestión para el traslado del resto. El inventario de material entregado es largo, e incluye los pedidos de verificación de movimientos de las cuentas bancarias y el levantamiento del secreto fiscal de los invitados: ¿Retiraron 120 mil pesos en efectivo o más para pagarse el vuelo y la expedición? ¿Qué movimientos de dinero se hicieron? Lo mismo se pidió respecto de las empresas y hasta la masajista. Sólo resta saber cuál será el próximo escollo que se invente en Comodoro Py para seguir tapando este escándalo que retrata de manera perfecta cómo se mueve el poder.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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