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Nacionales - 17-05-2023 / 09:05
LA VICE RATIFICÓ QUE NO SERÁ CANDIDATA EN UNA ELECCIÓN CON PROSCRIPCIÓN

Proscribiendo a Cristina la Corte macrista no podrá acabar con la memoria ni con los sueños de millones de argentinos

Proscribiendo a Cristina la Corte macrista no podrá acabar con la memoria ni con los sueños de millones de argentinos
Mientras concluía el congreso del PJ, la vicepresidenta confirmó vía tuit que no jugará en las elecciones. "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura". Reiteró que el Poder Judicial, “una task force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados”, proscribió al peronismo y llamó a construir “un programa de gobierno que vuelva enamorar a los argentinos y las argentinas”. El Frente de Todos ahora deberá definir quién será su candidato o candidata.
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó que no la dejaron ser candidata en las elecciones de este año. El mensaje de la Corte Suprema fue más fuerte que el operativo clamor. No es renunciamiento. Cristina fue obligada a tomar esta decisión. Si fuera renunciamiento, la responsabilidad de la decisión estaría en ella. La Corte con el poder mediático y la oposición la proscribieron. La proscripción, que no es solo a Cristina sino al peronismo, es una falla institucional grave que obligará a la fuerza política mayoritaria a competir en una situación muy desfavorable.
 
La única decisión que podía tomar Cristina era afrontar ahora la proscripción o esperar a la condena en firme que debe salir de la Corte, como le sucedió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cinco días antes de las elecciones. Al adelantarse a la condena en firme, le dio la posibilidad al Frente de Todos de hacer campaña sin temor a perder el candidato en la Justicia, donde se libra la madre de todas las batallas.
 
Si esperaba a que la condena en firme saliera como en San Juan, cinco días antes de las elecciones, hubiera quedado más clara la intención proscriptiva del tribunal que la juzgó y de las distintas instancias que debe atravesar la sentencia hasta llegar a la Corte. Pero en ese caso, el Frente de Todos se quedaba sin candidato, lo que hubiera puesto al país al borde de la violencia.
 
Las investigaciones contra los jueces de la Corte macrista tendrían que haber empezado desde el primer día que asumió Alberto Fernández. La tarea que realiza la comisión de juicio político de Diputados demuestra que se trata de una Corte muy vulnerable. Han surgido indicios concretos sobre graves irregularidades y corrupción que comprometen a los cuatro jueces que la integran.
 
Son indicios y testimonios lo suficientemente fuertes como para romper el blindaje mediático que protege a los funcionarios del Partido Judicial. Esta Corte macrista es aún más turbia que la vieja Corte menemista de la mayoría automática. Y su titular, Horacio Rosatti, no oculta las ambiciones políticas que lo llevan a tomar medidas temerarias, al borde de la imprudencia, confiado en la impunidad que le concede su alianza con el macrismo y las grandes corporaciones mediáticas.
 
Cristina era la candidata más resistida por el llamado Círculo Rojo, que son los representantes del capital concentrado que vertebra el sistema de desigualdad e injusticias. Cristina ha sido la más atacada por ese Círculo Rojo, a diferencia de Javier Milei, que es un hombre del sistema, financiado incluso por los empresarios más recalcitrantes, que también le ponen fichas a la candidatura de Patricia Bullrich. Pero no tienen las simpatías de otros empresarios que advierten la impericia y superficialidad de sus propuestas.
 
La desazón que generará su ausencia en las listas de candidatos corre el riesgo de profundizar la falta de confianza que se ha extendido en los sectores de la sociedad más agobiados por la inflación. El Frente de Todos puede elegir sus candidatos en unas internas o avalar a aquel que sea más representativo de las posiciones de Cristina, para tratar de contener el caudal mayoritario de votos que convoca ella. Y tiene que ser además un candidato que traccione.
 
No será la primera vez que los candidatos del movimiento popular sufran la proscripción del sistema. Y en este caso, como en todos los anteriores, quedó lesionada la legitimidad del acto electoral y del sistema que las engendró. El Frente de Todos deberá competir en evidente desigualdad porque no puede llevar como candidata a su principal dirigente. Y aún así tiene la responsabilidad de ganar para transformar y democratizar ese mismo sistema que lo proscribe.
 
La Opinión Popular


 
EL MENSAJE Y LA BOMBA EN EL MICROESTADIO DE FERRO
 
CFK frenó el operativo clamor y ordena el rearmado del peronismo
 
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó que no será candidata en las elecciones de este año. Ya lo había dicho el 6 de diciembre de 2022, tras conocerse la sentencia del tribunal Oral Federal 2 por la causa denominada Vialidad, en la que la condenaron a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
 
En medio del operativo clamor que venía llevando adelante el kirchnerismo para que ella sea la candidata del peronismo, y una vez finalizado el Congreso del PJ, CFK publicó una carta en la que repitió lo que había dicho en diciembre y dejó en claro su decisión: "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", aseguró y aclaró: "Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo".
 
Las promesas incumplidas de la democracia en la cercanía de los 40 años de su restitución, la ausencia de respuestas a los problemas económicos y sociales, la Corte Suprema como "task force" de la oposición y de los poderes concentrados y una durísima crítica al FMI por su préstamo "insólito, inédito y político" al gobierno de Mauricio Macri, convalidado más tarde por Alberto Fernández fueron algunas claves de la carta. El jueves, al cumplirse exactamente cuatro años desde que anunció la fórmula que encabezaría Alberto Fernández con ella como vicepresidenta, CFK dará una entrevista mientras crece la expectativa sobre nuevas definiciones.
 
 
Cómo sigue
  
En su carta, CFK adelantó, tal como dijo en su último discurso en Río Negro y como repitió su hijo, Máximo Kirchner, al cierre del congreso del PJ bonaerense el sábado pasado, que "ante esta situación resulta imprescindible --más que nunca-- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto".
 
A la salida del Congreso del PJ, dirigentes de su espacio aseguraban que "ella sigue siendo la conducción", y que ahora es necesario esperar para que CFK indique los pasos a seguir. Además, puntualizaban: "De esto se sale con un programa y con la suscripción de las partes a ese programa". "Tendremos que trabajarlo y todos seremos garantes de que se cumpla", explicaban.
 
Ahora restará esperar si el peronismo decide o no ir por unas internas o por un candidato único. Los nombres que suenan son el ministro de Economía, Sergio Massa, --que reclama que no haya PASO--; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi --que luego del anuncio de CFK dijo que en los próximos días oficializaría su candidatura-- y dirigentes sociales como Juan Grabois, entre otros.
 
 
Una bomba tras el Congreso
  
La noticia cayó como una bomba en el microestadio de Ferro, donde se terminaba de llevar a cabo el Congreso del PJ nacional. Allí los casi 500 congresales de todas las provincias, tan sólo minutos antes, habían cantado con los dedos en V "Cristina Presidenta". De hecho, muchos de ellos al día siguiente tenían cita en la sede porteña del sindicato SMATA para organizar un nuevo acto del "operativo clamor", esta vez, planificado para el 25 de mayo en la avenida 9 de Julio. La reunión, según contaron a este diario sus organizadores, se sostendrá, pero allí definirán qué harán con el evento y si seguirá en pie tras la definición de la vice.
 
En el Congreso del PJ se definió que la persona encargada de firmar la autorización para construir las alianzas electorales con la que el peronismo irá a los comicios, será solo el presidente del Congreso, Gildo Insfrán. No tendrá lapicera para ello el Presidente, Alberto Fernández, como se había especulado. Eso ocurrió años anteriores como en 2019 cuando, por ejemplo, los encargados de la firma fueron Insfrán y el expresidente del Partido, José Luis Gioja. Esta vez Fernández quedó corrido de la política de alianzas.
 
Antes de bajar al escenario donde se votaron los cinco puntos del orden del día (todos salieron por unanimidad), hubo una reunión reducida en la que estuvieron el jefe de gabinete Agustín Rossi, el vice Juan Manuel Olmos, el Canciller Santiago Cafiero, Insfrán, "Wado" de Pedro y el gobernador en uso de licencia de Tucumán, Juan Manzur. Allí se definió que Insfrán iba a ser la única firma para construir las alianzas, pero se debatió si tenían que tener firma o no el Presidente y el gobernador Axel Kicillof. Algo que no ocurrió. También se definió la renovación de las autoridades del Congreso, que más tarde fue votada. Estaba previsto que el Presidente asista --y hasta tuvo una silla asignada en el escenario-- pero definió no ir. En el centro del escenario, se sentó Insfrán, a su lado De Pedro y del otro lado la titular del ANSES, Fernanda Raverta, que fue elegida como una de las vicepresidentas del Congreso. Insfrán, en tanto, volvió a ser elegido como Presidente.
 
"Esta persona va a hacer la mejor alianza para que el peronismo siga siendo gobierno", dijo el gobernador de Formosa para cerrar. Durante la media hora que duró el Congreso se votó la orden del día; se convocó a la marcha del 25; se cantó "Cristina Presidenta"; se repudió el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan y para terminar se cantó la marcha peronista con los dedos en V. Cuando todos salían y daban declaraciones empezaron a sonar los teléfonos y los dirigentes frenaban las entrevistas que estaban realizando para tomarse un minuto y leer en sus celulares la carta de la vicepresidenta.
 
Por Melisa Molina
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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