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Nacionales - 16-05-2023 / 10:05
LA OPOSICIÓN LOGRA DEL PODER JUDICIAL MACRISTA LO QUE NO CONSIGUE EN EL APOYO DE LA GENTE

El macrismo formoseño pide que la candidatura de Insfrán sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema adicta

El macrismo formoseño pide que la candidatura de Insfrán sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema adicta
Buscando otra manito de la Corte Suprema macrista, la oposición formoseña presentó un planteo de inconstitucionalidad y en las últimas horas sumó un amparo contra la reelección indefinida en la Provincia que está avalada por la Constitución. El antecedente Tucumán y San Juan dejó argumentos servidos. La Corte se prepara para definir el caso Manzur y dejarlo abstracto, pero siguen las presiones para impedirlo.
El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y principal referente de la oposición formoseña, Fernando Carbajal, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la postulación a la reelección del actual gobernador, Gildo Insfrán, de cara a los comicios de esa provincia, previstos para el 25 de junio próximo. Carbajal solicitó a la Corte que se expida sobre la constitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa, cuya "ambigüedad", para el legislador, permite la reelección indefinida del cargo de gobernador. Ese artículo prescribe que "el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos".
 
En forma total o parcial, en distritos gobernados por el peronismo, los fallos del máximo tribunal hacen lugar a presentaciones del arco opositor. Además, su vocero oficial, el multimedios porteño Clarín, anticipó la posición de la Corte Suprema, que ese medio manipula, sobre las elecciones provinciales que se vienen. Catamarca, Formosa y Santa Cruz serán las próximas provincias en recibir este tipo de fallos, arbitrarios y prescriptivos, por parte de la disparatada Corte macrista. Lo único que importa es ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias, con un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales.

Ni en sus peores pesadillas los dirigentes de Juntos por el Cambio se imaginaron que en las elecciones provinciales les iba a ir tan mal. La tercera tanda de elecciones provinciales desdobladas de la nacional ratificó una tendencia que parece irreversible: una vez más triunfaron los oficialismos y los tres gobernadores que ponían en juego su gestión resultaron triunfantes por porcentajes holgados. Se trata de gestiones que se computan a favor del gobierno nacional, toda vez que corresponden a distritos alineados del oficialismo en el Parlamento y con una similar visión macro del país. Ese dato es el que movilizó a Juntos por el Cambio a bloquear las elecciones en San Juan y Tucumán, donde un seguro triunfo de los oficialismos hubiera pintado de peronista a buena parte del mapa argentino. Por eso el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales violando abiertamente el sistema federal.

Las cuatro provincias representaban casi el 10% si se hubieran concretado los comicios tucumanos, que constituyen el 3,69% del total nacional. La Corte macrista hizo lo suyo para evitar una foto amarga para la oposición, que en esta tanda de elecciones provinciales no surge como opción. Como era previsible, Juntos por el Cambio le pidió a la Corte que se ponga por encima de las provincias e irrumpa, virtualmente, en todas las elecciones.
 
Queda claro que la oposición gana en los tribunales "amigos" lo que no está logrando en los territorios donde va a elecciones. Además, los mejores resultados para Juntos por el Cambio llegaron de la mano de candidatos radicales como fue el caso de Gerardo Morales en Jujuy, hace una semana o este domingo en La Pampa, donde, si bien no logró ganar la gobernación, Martín Berhongaray, le dio pelea al peronista Sergio Ziliotto. El PRO ni figuró, demostrado que es solo un partido vecinal del Puerto de Buenos Aires.
 
La gran incógnita, una vez más, es si estos resultados se trasladarían a nivel nacional. La dura derrota libertaria en Tierra del Fuego, que se suma a otras tantas que viene padeciendo esa fuerza, ¿Cómo explica los números que las encuestas le otorgan a Javier Milei?  Y el enojo social con la gestión del gobierno ¿por qué no se refleja en los comicios provinciales, cuyos electorados padecen como el resto del país el mismo índice inflacionario? Más allá de lo que ocurra en octubre en las elecciones presidenciales, el peronismo no es una fuerza raquítica, y ese dato no es menor para quien vaya a gobernar la Argentina los próximos cuatro años.
 
La Opinión Popular
 

 
EN BUSCA DE OTRA MANITO DE LA CORTE SUPREMA
 
Juntos por el Cambio y la trama para bloquear las elecciones de Formosa

 
La alianza macrista presentó un pedido para que declare inconstitucional un artículo de la constitución de Formosa, el 132, que habilita la reelección indefinida del gobernador y el vicegobernador, un régimen que existe en muchos países: Alemania, Israel, Turquía, España y la gran mayoría de los estados norteamericanos. El argumento de Fernando Carbajal, candidato a gobernador del macrismo, es que la reelección indefinida no es republicana, algo que mencionó la actual mayoría automática integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda en los casos de Tucumán y San Juan.
 


En los fallos que suspendieron las elecciones en esas dos provincias, el trio sostuvo que lo republicano se opone a la perpetuación y presupone periodicidad, algo que no figura en ninguno de los textos constitucionales. En el atardecer del lunes, ya circulaba un proyecto de resolución de la Corte declarando abstracto el caso de Tucumán, dado que Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador.

 
Sin embargo, JxC insistió y ahora exige que el máximo tribunal se expida sobre el fondo. Es muy probable que el nuevo planteo del macrismo ni se trate, pero el máximo tribunal pasó a ser un ente imprevisible. Ya no es una cuestión jurídica, sino política: la Corte abre las puertas a meterse en todos los aspectos y cuando quiera. Puede considerar que tal cosa no es republicana e invade, sin límites.
 
 
El show de las presiones
 
Página/12 reveló este domingo que detrás de los fallos de Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda había una fuerte presión del abogado de JxC en Tucumán en las presentaciones, Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabajan en la Corte desde la vocalía de Rosatti. Garay es, a la vez, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que agrupa a los abogados de los represores y representa la corriente más de derecha de los letrados.
 
También juegan los directivos del diario La Nación y, por supuesto, el propio Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el primero tildando de feudales a los gobernadores del interior y la segunda adjudicándose el fallo de la Corte que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan. En paralelo, el silencio del Colegio Público de Abogados es impactante, con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza, igualmente alineado con JxC.
 
En lo esencial, el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales pasando por encima del sistema federal y aplicando algo así como un termómetro de republicanismo: "tal cosa es republicana y la dejamos correr, tal cosa no es republicana y la bloqueamos", podrían decir. "Incluso la bloqueamos cuando se nos da la gana, cinco días antes de los comicios", rematarían.
 
 
Ahora, Formosa
 
Era cantado. Si la Corte suspendió elecciones con apenas cinco días de anticipación en dos provincias, las puertas se abrían para que lluevan las presentaciones macristas. No importa que las constituciones de Formosa, Santa Cruz y Catamarca permitan las reelecciones indefinidas y tampoco que Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa, ni siquiera sea candidato todavía.
 
Tampoco se tiene en cuenta que ya hubo dos fallos de la Corte sobre Formosa, en ambos casos declarando inadmisibles los recursos, en 2005 y 2013. Lo único que parece importar es intentar ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias.
 
Fernando Carbajal, que se presenta como diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por Formosa Libre, le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa que dice, textualmente: "El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos". No pone ningún límite a las reelecciones, como sucede con otras constituciones provinciales que explícitamente las mencionan.
 
Por supuesto que Carbajal toma los dos conceptos que sacaron de la galera Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda: que la Constitución de Formosa no es republicana porque no evita la perpetuidad y no fija una periodicidad. En el mundo, hay corrientes que sostienen que debe haber alternancia en el poder y que eso refresca a los gobernantes y otras corrientes que afirman que todo debe depender del voto: los pueblos pueden resolver que el tiempo de un gobernante ya pasó y tal otro no.
 
Los ejemplos se multiplican: Angela Merkel en Alemania, Felipe González en España, Recep Erdogan en Turquía tuvieron mandatos que van de los 15 a los 20 años. Como sostuvo Mario Wainfeld en este diario, resulta curioso que los jueces hablen en contra de la perpetuidad o a favor de la periodicidad cuando ellos mismos son vitalicios y nunca revalidan sus títulos.
 
Así las cosas, con el aliento de las irrupciones del máximo tribunal, este mismo lunes al mediodía, entró una segunda presentación sobre Formosa, presentado por otra rama del macrismo, el Frente Amplio Formoseño. Los conceptos no son muy distintos, pero en esta presentación se pide, además, un amparo suspendiendo todo el proceso electoral y advirtiendo que ampliarán la presentación cuando Insfrán se postule como candidato. Es que el gobernador, hasta ahora, ni siquiera es candidato. 
 
 
En Tucumán vuelven a la carga
 
La Corte objetó la presentación de Juan Manzur como candidato a vicegobernador, dado que ya fue gobernador por dos períodos. El texto de la Constitución no lo prohíbe, pero Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda invocaron lo republicano para suspender la elección, cautelar mediante. Tuvieron el caso en análisis durante un mes y no lo resolvieron -apenas dictaron una cautelar- siendo que se trata de una cuestión que no requiere ni pericias ni testigos ni autopsias.
 
El peronismo tucumano resolvió cortar por lo sano, Manzur resignó su candidatura, lo reemplazó Miguel Acevedo. Por lo tanto, la cuestión pasó a ser abstracta, porque se suprimió el obstáculo que era la postulación de Manzur. En la Corte Suprema habrá un acuerdo este martes y todo indica que se aprobará un proyecto que va en ese sentido: se levanta la cautelar porque el caso quedó abstracto. Lo votarían los cuatro supremos, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, ya regresado de su viaje.
 
Sin embargo, este lunes al atardecer, volvió a la carga Germán Alfaro, del Partido por la Justicia Social, el nombre del macrismo en Tucumán. Obviamente con el patrocino de Alberto Garay, la pieza clave de los que ejercen presión. Como no podía ser de otra manera, Alfaro le dijo a la Corte que se opone al levantamiento de la cautelar, no importa que la cuestión se haya vuelto abstracta. En la presentación se pide que las elecciones tucumanas sigan suspendidas y que la Corte igual se expida sobre el fondo, o sea que la fórmula del peronismo, aunque ya cambió, no respetaba el criterio republicano.
 
Todo indica que el máximo tribunal no hará caso a semejante planteo y levantará la cautelar, aunque a esta altura todo dejó de ser previsible. En su momento, Rosenkrantz dijo que la Corte no podía meterse en la elección de Rio Negro porque era incompetente y ahora sostuvo todo lo contrario, porque su voto era imprescindible para voltear las dos elecciones -Tucumán y San Juan- con amplio favoritismo peronista.
 
 
El termómetro "republicano"
 
Todo el contencioso evidencia que hay una nueva mayoría en la Corte dispuesta a intervenir en todo. Por ejemplo, Rosatti opinó ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) que se podrían declarar inconstitucionales los niveles actuales de emisión monetaria. No está claro cuál sería el parámetro y quién decidiría hasta qué nivel la emisión es constitucional y a partir de qué nivel es inconstitucional.
 
La nueva mayoría también resolvió que el Estado nacional debía transferirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de los fondos coparticipables. El porcentaje no se estableció en base a pericias o a un dictamen razonado, sino que fue una cautelar política otorgada al gobierno macrista de CABA.
 
Pero el fallo suspendiendo de las elecciones en Tucumán y San Juan es aún peor, porque fija el precedente de que la Corte puede decidir casi cualquier cosa con el argumento de que lo considera republicano o no lo considera republicano. O sea, si la Constitución de una provincia dice explícitamente que no hay obstáculos para reelecciones, la Corte puede igual decidir que no es republicano. Puede prohibir algo que no está prohibido.
 
Esos sí, todo tiene siempre un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales. Ese es el termómetro "republicano".
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12 
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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