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Nacionales - 07-05-2023 / 10:05
EL TESTIMONIO EXPLOSIVO EN LA CAUSA POR EL INTENTO DE ASESINATO A LA VICE PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ

Atentado a CFK: la secretaria de Milman dijo que su celular fue borrado en lo de Bullrich

Atentado a CFK: la secretaria de Milman dijo que su celular fue borrado en lo de Bullrich
La secretaria de Gerardo Milman, que el año pasado dijo que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, volvió a presentarse a declarar en la causa sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta. Reveló que no vació el teléfono por voluntad propia, sino que fue llevada a oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito eliminó el contenido de su aparato, el de otra asesora y el del propio Milman.
La secretaria de Gerardo Milman que declaró el año pasado que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, se presentó sorpresivamente el viernes en Comodoro Py y pidió dar testimonio por tercera vez en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.
 
Allí reveló, entre otras cosas que en realidad no había vaciado el teléfono por voluntad propia sino que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio, que todavía era jefe de campaña de la precandidata presidencial.
 
Ese mismo día, horas antes, CFK había anunciado que recusaría a la jueza a cargo de investigar el atentado, la macrista María Eugenia Capuchetti, y ponía el foco en la falta de avances en la "pista Milman", uno de los posibles caminos para rastrear si hubo algún autor/a intelectual del disparo que de milagro falló.
 
La testigo en cuestión es Ivana Bohdziewicz, una de las colaboradoras que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando otro funcionario del Congreso lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa" dos días antes del atentado. La otra que estaba allí es Carolina Gómez Mónaco, la ex miss Argentina que en 2017 fue nombrada pese a su falta de antecedentes para dirigir la Escuela de Inteligencia del Delito de la gestión Bullrich-Millman en el Ministerio de Seguridad.
 
Ivana fue echada de las oficinas de Milman a comienzos de enero, pero su compañera sigue ahí. Desde hacía varios días que quería declarar ante el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada ahora la causa. En su nombre se presentó el martes pasado un abogado con la petición formal para declarar, pero le dijeron que el fiscal estaba por tomar licencia, y que les parecía conveniente esperar a su vuelta. El miércoles le llegó una citación para el 10 de mayo.
 
Justo había reaparecido Gómez Mónaco después de tres meses, con mensajes donde le preguntaba cómo estaba y le decía, en tono de amiga, que quería verla. Cuando aún el escrito donde Bohdziewicz solicitaba ampliar su testimonio no estaba cargado en el sistema de tribunales, Gómez Mónaco le habría empezado a mandar mensajes ya en otro tono y como si se hubiera enterado de su pedido a la fiscalía: "¿Ahora qué querés declarar?" Le advirtió que un tal "Diego", que sería un abogado cercano a Bullrich, estaba pidiendo explicaciones y le reenvió un audio de él. Este hombre es quien, al parecer, las asesoró desde que fueron convocadas a dar testimonio. "No me traiciones", le habría advertido también su ex compañera.
 
Bohdziewicz entendió todo esto como una intimidación, no quiso esperar más y fue directo a Comodoro Py, a la mesa de entradas de la fiscalía. Le dieron algunas vueltas pero al final le tomó el testimonio la fiscala Alejandra Mangano, que subroga a Rívolo en estos días. A ella le dejó los mensajes y audios en cuestión para que sean analizados.   
 

 
EL TESTIMONIO EXPLOSIVO DE LA SECRETARIA DE MILMAN EN LA CAUSA POR EL ATENTADO A CFK
 
A borrar el celular a las oficinas de Bullrich
 
La mujer había dicho que vació su teléfono "para proteger su intimidad". Volvió a declarar y dijo que la citaron para que un perito eliminara el contenido de los aparatos. 
 
Ambas asesoras, Bohdziewicz y Gómez Mónaco, habían declarado por primera vez el 26 de octubre del año pasadoAl comienzo fingieron no recordar haber estado en Casablanca, un restaurante emblemático de la esquina del Congreso, pero de pronto les volvió la memoria cuando les mostraron los videos que las mostraban ingresando al lugar con Milman en la fecha y a la hora señalada por el testigo, que había aportado su relato un mes antes. Luego tuvieron contradicciones sobre si se había hablado o no de un viaje del diputado a Pinamar, que efectivamente existió. Pese a la insistencia de la querella de Cristina Kirchner, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no les secuestraron sus celulares en ese momento. Esto recién se concretaría en diciembre, después que la Cámara Federal le diera la razón al reclamo de la vicepresidenta.     
 
De acuerdo a la nueva declaración de Bohdziewicz, según allegados a la causa, el 10 de noviembre del año pasado se juntó a tomar un café con Gómez Mónaco y hablaron de la cuestión de los celulares y la posibilidad de que finalmente se los secuestren. Carolina habría intentado asustarla con el argumento de que violarían su intimidad y revisarían su vida personal y le dijo --según al declaración-- que irían a ver a  Milman. El diputado las esperaba en unas oficinas que Ivana atribuyó a Bullrich, lo que tendría lógica porque las situó en Avenida de Mayo al 900 y es precisamente en el número 953 de esa calle donde están las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la fundación que la precandidata maneja y a través de cual se la acusa de haber desviado fondos para su campaña.  
 
Allí, de acuerdo al relato, llegaron cerca de las tres de la tarde y se quedaron cuatro horas. Las esperaba Milman con un perito informático que sería de confianza de Patricia Bullrich (aunque ella no estaba). Les pidió los aparatos a los tres y se dedicó durante todo ese lapso a borrar el contenido.  Bohdziewicz dijo que su teléfono tenía información personal y de la oficina pero que no sabía qué tenían los del diputado y Gómez Mónaco. Mientras eso sucedía el abogado al que llamaban "Diego" participaba por teléfono en altavoz. Uno de los temas que deliberaron tenía que ver con que a Gómez Mónaco le habían dado un celular nuevo que no estaba a su nombre y le advirtieron que debía desconectarlo y no entregarlo a la justicia. El perito les habría indicado comprar nuevos aparatos y evitar registrar cuentas personales para que no se descargue ningún "backup" de información que pudieran tener almacenada. 
 
 
Coincidencias
 
Ese mismo 10 de noviembre del borrado de celulares pero a la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció en Twitter que había instruido a sus abogados --Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira-- para que recusaran a la jueza. En ese posteo difundió un video donde le reprochaba, además de la parsimonia general de la causa, cuestiones puntuales como no haber citado al diputado Milman, pese a todos los indicios que conducían a acercar su nombre al expediente. "Cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación", se escucha la voz en off de la periodista Julia Mengolini. 
 
Además del episodio de Casablanca, el video recuerda que el 18 de agosto Milman había presentado un extraño proyecto de declaración donde pedía información sobre la custodia de jueces y fiscales (transcurría el juicio de Vialidad alentado por la oposición) y sobre la custodia de la vicepresidenta. Alertaba: "No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores".  Uno de los cofirmantes de ese proyecto fue el diputado neuquino Francisco Sánchez, que había pedido públicamente la pena de muerte para CFK. 
 
En un tramo de su declaración Bohdziewicz habría contado que después del intento de magnicidio, Milman mandó por chat ese proyecto y se ufanaba frente a sus asesoras de predecir el futuro. Detalló que en los días previos al atentado vio al diputado particularmente nervioso y enojado, tanto que en un arranque de ira amenazó con despedir a todas las colaboradoras de su despacho. 
 
Después de que se conocieran las declaraciones de ella y Gómez Mónaco las convocaron a una reunión en el estudio de otro abogado, Julián Curi, quien suele representar y asistir a Bullrich. Además, comenzaron a salir a la luz dudosos negocios (como un centro de belleza) a nombre de Gómez Mónaco y otras personas del entorno de Milman en la misma época en que ella fue nombrada en la escuela de Inteligencia y que su hermana manejaba los fondos reservados de la Dirección de Inteligencia Criminal. Curi habría intentado llevar tranquilidad a las asesoras y el compromiso de ocuparse del asunto. 
 
 
Enigmas
 
Cuando volvieron a testificar a principio de diciembre, bajo las indicaciones de la Cámara, la fiscalía les secuestró sus celulares, que a esa altura ya estaban alterados según las mismas mujeres dijeron en el momento. Bohdziewicz, sin dar detalles, declaró que había borrado el contenido y que se había asesorado. Gómez Mónaco dijo que había cambiado de aparato. Se mandaron a peritar igual y algunas cosas se rescataron. Entre los mensajes recuperados del equipo de Ivana apareció un grupo de WhatsApp llamado "Las Reinas del Despacho" (las asesoras de Milman) donde el día previo a Casablanca y tres antes del atentado les decía: "Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y demás. De lo de la oficina. Plis". No está del todo claro el origen de esa frase sugestiva. Lo mismo sucede con mensajes de la exmiss Argentina que habla con un tal Norberto Novoa, que no se investigó quien es. Este hombre le dice frases como "hay que emprolijar a Florencia", que para la querella podría ser una alusión a la esposa de Milman, la diputada Florencia Retamoso. 
 
Más allá de que la aparición del nombre de Milman guste o no guste, haga ruido o despierte suspicacias, existen elementos sugestivos e indicios que quedaron a mitad de camino. Jamás se lo citó ni se indagó en su celular. ¿Por qué querría eliminar lo que tenía allí? Es una de las razones, entre otras tantas, por las que la querella de CFK se opuso a cerrar la pesquisa o fragmentarla y elevarla juicio con tres acusados por el hecho material: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Ahora la pregunta es ¿Investigarán quién es el perito? ¿Identificarán al abogado que guió a las secretarias? ¿Qué había en los teléfonos? ¿Hubo un encubrimiento al intentar eliminar prueba? ¿Sabía algo Milman respecto del atentado? ¿Qué hace Bullrich en medio de todo ese despliegue de asistencia legal y técnica? 
 
Este es el cuadro de situación, lleno de preguntas en un caso de gravedad extrema, el atentado contra la vida de la vicepresidenta y principal líder popular, del que ya pasaron ocho meses. 
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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