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Nacionales - 07-05-2023 / 10:05
EL TESTIMONIO EXPLOSIVO EN LA CAUSA POR EL INTENTO DE ASESINATO A LA VICE PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ

Atentado a CFK: la secretaria de Milman dijo que su celular fue borrado en lo de Bullrich

Atentado a CFK: la secretaria de Milman dijo que su celular fue borrado en lo de Bullrich
La secretaria de Gerardo Milman, que el año pasado dijo que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, volvió a presentarse a declarar en la causa sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta. Reveló que no vació el teléfono por voluntad propia, sino que fue llevada a oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito eliminó el contenido de su aparato, el de otra asesora y el del propio Milman.
La secretaria de Gerardo Milman que declaró el año pasado que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, se presentó sorpresivamente el viernes en Comodoro Py y pidió dar testimonio por tercera vez en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.
 
Allí reveló, entre otras cosas que en realidad no había vaciado el teléfono por voluntad propia sino que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio, que todavía era jefe de campaña de la precandidata presidencial.
 
Ese mismo día, horas antes, CFK había anunciado que recusaría a la jueza a cargo de investigar el atentado, la macrista María Eugenia Capuchetti, y ponía el foco en la falta de avances en la "pista Milman", uno de los posibles caminos para rastrear si hubo algún autor/a intelectual del disparo que de milagro falló.
 
La testigo en cuestión es Ivana Bohdziewicz, una de las colaboradoras que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando otro funcionario del Congreso lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa" dos días antes del atentado. La otra que estaba allí es Carolina Gómez Mónaco, la ex miss Argentina que en 2017 fue nombrada pese a su falta de antecedentes para dirigir la Escuela de Inteligencia del Delito de la gestión Bullrich-Millman en el Ministerio de Seguridad.
 
Ivana fue echada de las oficinas de Milman a comienzos de enero, pero su compañera sigue ahí. Desde hacía varios días que quería declarar ante el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada ahora la causa. En su nombre se presentó el martes pasado un abogado con la petición formal para declarar, pero le dijeron que el fiscal estaba por tomar licencia, y que les parecía conveniente esperar a su vuelta. El miércoles le llegó una citación para el 10 de mayo.
 
Justo había reaparecido Gómez Mónaco después de tres meses, con mensajes donde le preguntaba cómo estaba y le decía, en tono de amiga, que quería verla. Cuando aún el escrito donde Bohdziewicz solicitaba ampliar su testimonio no estaba cargado en el sistema de tribunales, Gómez Mónaco le habría empezado a mandar mensajes ya en otro tono y como si se hubiera enterado de su pedido a la fiscalía: "¿Ahora qué querés declarar?" Le advirtió que un tal "Diego", que sería un abogado cercano a Bullrich, estaba pidiendo explicaciones y le reenvió un audio de él. Este hombre es quien, al parecer, las asesoró desde que fueron convocadas a dar testimonio. "No me traiciones", le habría advertido también su ex compañera.
 
Bohdziewicz entendió todo esto como una intimidación, no quiso esperar más y fue directo a Comodoro Py, a la mesa de entradas de la fiscalía. Le dieron algunas vueltas pero al final le tomó el testimonio la fiscala Alejandra Mangano, que subroga a Rívolo en estos días. A ella le dejó los mensajes y audios en cuestión para que sean analizados.   
 

 
EL TESTIMONIO EXPLOSIVO DE LA SECRETARIA DE MILMAN EN LA CAUSA POR EL ATENTADO A CFK
 
A borrar el celular a las oficinas de Bullrich
 
La mujer había dicho que vació su teléfono "para proteger su intimidad". Volvió a declarar y dijo que la citaron para que un perito eliminara el contenido de los aparatos. 
 
Ambas asesoras, Bohdziewicz y Gómez Mónaco, habían declarado por primera vez el 26 de octubre del año pasadoAl comienzo fingieron no recordar haber estado en Casablanca, un restaurante emblemático de la esquina del Congreso, pero de pronto les volvió la memoria cuando les mostraron los videos que las mostraban ingresando al lugar con Milman en la fecha y a la hora señalada por el testigo, que había aportado su relato un mes antes. Luego tuvieron contradicciones sobre si se había hablado o no de un viaje del diputado a Pinamar, que efectivamente existió. Pese a la insistencia de la querella de Cristina Kirchner, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no les secuestraron sus celulares en ese momento. Esto recién se concretaría en diciembre, después que la Cámara Federal le diera la razón al reclamo de la vicepresidenta.     
 
De acuerdo a la nueva declaración de Bohdziewicz, según allegados a la causa, el 10 de noviembre del año pasado se juntó a tomar un café con Gómez Mónaco y hablaron de la cuestión de los celulares y la posibilidad de que finalmente se los secuestren. Carolina habría intentado asustarla con el argumento de que violarían su intimidad y revisarían su vida personal y le dijo --según al declaración-- que irían a ver a  Milman. El diputado las esperaba en unas oficinas que Ivana atribuyó a Bullrich, lo que tendría lógica porque las situó en Avenida de Mayo al 900 y es precisamente en el número 953 de esa calle donde están las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la fundación que la precandidata maneja y a través de cual se la acusa de haber desviado fondos para su campaña.  
 
Allí, de acuerdo al relato, llegaron cerca de las tres de la tarde y se quedaron cuatro horas. Las esperaba Milman con un perito informático que sería de confianza de Patricia Bullrich (aunque ella no estaba). Les pidió los aparatos a los tres y se dedicó durante todo ese lapso a borrar el contenido.  Bohdziewicz dijo que su teléfono tenía información personal y de la oficina pero que no sabía qué tenían los del diputado y Gómez Mónaco. Mientras eso sucedía el abogado al que llamaban "Diego" participaba por teléfono en altavoz. Uno de los temas que deliberaron tenía que ver con que a Gómez Mónaco le habían dado un celular nuevo que no estaba a su nombre y le advirtieron que debía desconectarlo y no entregarlo a la justicia. El perito les habría indicado comprar nuevos aparatos y evitar registrar cuentas personales para que no se descargue ningún "backup" de información que pudieran tener almacenada. 
 
 
Coincidencias
 
Ese mismo 10 de noviembre del borrado de celulares pero a la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció en Twitter que había instruido a sus abogados --Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira-- para que recusaran a la jueza. En ese posteo difundió un video donde le reprochaba, además de la parsimonia general de la causa, cuestiones puntuales como no haber citado al diputado Milman, pese a todos los indicios que conducían a acercar su nombre al expediente. "Cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación", se escucha la voz en off de la periodista Julia Mengolini. 
 
Además del episodio de Casablanca, el video recuerda que el 18 de agosto Milman había presentado un extraño proyecto de declaración donde pedía información sobre la custodia de jueces y fiscales (transcurría el juicio de Vialidad alentado por la oposición) y sobre la custodia de la vicepresidenta. Alertaba: "No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores".  Uno de los cofirmantes de ese proyecto fue el diputado neuquino Francisco Sánchez, que había pedido públicamente la pena de muerte para CFK. 
 
En un tramo de su declaración Bohdziewicz habría contado que después del intento de magnicidio, Milman mandó por chat ese proyecto y se ufanaba frente a sus asesoras de predecir el futuro. Detalló que en los días previos al atentado vio al diputado particularmente nervioso y enojado, tanto que en un arranque de ira amenazó con despedir a todas las colaboradoras de su despacho. 
 
Después de que se conocieran las declaraciones de ella y Gómez Mónaco las convocaron a una reunión en el estudio de otro abogado, Julián Curi, quien suele representar y asistir a Bullrich. Además, comenzaron a salir a la luz dudosos negocios (como un centro de belleza) a nombre de Gómez Mónaco y otras personas del entorno de Milman en la misma época en que ella fue nombrada en la escuela de Inteligencia y que su hermana manejaba los fondos reservados de la Dirección de Inteligencia Criminal. Curi habría intentado llevar tranquilidad a las asesoras y el compromiso de ocuparse del asunto. 
 
 
Enigmas
 
Cuando volvieron a testificar a principio de diciembre, bajo las indicaciones de la Cámara, la fiscalía les secuestró sus celulares, que a esa altura ya estaban alterados según las mismas mujeres dijeron en el momento. Bohdziewicz, sin dar detalles, declaró que había borrado el contenido y que se había asesorado. Gómez Mónaco dijo que había cambiado de aparato. Se mandaron a peritar igual y algunas cosas se rescataron. Entre los mensajes recuperados del equipo de Ivana apareció un grupo de WhatsApp llamado "Las Reinas del Despacho" (las asesoras de Milman) donde el día previo a Casablanca y tres antes del atentado les decía: "Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y demás. De lo de la oficina. Plis". No está del todo claro el origen de esa frase sugestiva. Lo mismo sucede con mensajes de la exmiss Argentina que habla con un tal Norberto Novoa, que no se investigó quien es. Este hombre le dice frases como "hay que emprolijar a Florencia", que para la querella podría ser una alusión a la esposa de Milman, la diputada Florencia Retamoso. 
 
Más allá de que la aparición del nombre de Milman guste o no guste, haga ruido o despierte suspicacias, existen elementos sugestivos e indicios que quedaron a mitad de camino. Jamás se lo citó ni se indagó en su celular. ¿Por qué querría eliminar lo que tenía allí? Es una de las razones, entre otras tantas, por las que la querella de CFK se opuso a cerrar la pesquisa o fragmentarla y elevarla juicio con tres acusados por el hecho material: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Ahora la pregunta es ¿Investigarán quién es el perito? ¿Identificarán al abogado que guió a las secretarias? ¿Qué había en los teléfonos? ¿Hubo un encubrimiento al intentar eliminar prueba? ¿Sabía algo Milman respecto del atentado? ¿Qué hace Bullrich en medio de todo ese despliegue de asistencia legal y técnica? 
 
Este es el cuadro de situación, lleno de preguntas en un caso de gravedad extrema, el atentado contra la vida de la vicepresidenta y principal líder popular, del que ya pasaron ocho meses. 
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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