10:57 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 29-03-2023 / 10:03

LA MAYOR “FAKE NEWS”

Multitudinarias marchas por el 24 de Marzo y el negacionismo de Ricardo López Murphy

Con una pretendida ironía como elemento promocional y de combate político, Ricardo "el Bulldog" López Murphy ha publicitado televisión una suerte de resumen del negacionismo en lo que hace a los desaparecidos. Recientemente su jefe (o mandatario) Mauricio Macri volvió a ejercer la torpeza que lo caracteriza para opinar sobre el mismo asunto al utilizar la despectiva calificación de “curro” para con los derechos humanos en general, lo que le costó un par de bofetones políticos.

Es un dato contradictorio de la realidad argentina, que en las próximas elecciones presidenciales se perfile como posible ganador un candidato o candidata de la derecha, espacio que adhiere a posiciones negacionistas respecto a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar, y propone "mano dura" y mayor represión a las manifestaciones populares. Y al mismo tiempo, las marchas en conmemoración del Día de la Memoria, hayan sido multitudinarias en todo el país, repudiando esas políticas.

En ese marco, y con una pretendida ironía como elemento promocional, Ricardo "el Bulldog" López Murphy ha publicitado en televisión una suerte de resumen del negacionismo en lo que hace a los desaparecidos. Recientemente su jefe (o mandatario) Mauricio Macri volvió a ejercer la torpeza que lo caracteriza para opinar sobre el mismo asunto al utilizar la despectiva calificación de "curro" para con los derechos humanos en general, lo que le costó un par de bofetones políticos.

López Murphy fue ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en donde duró tan solo 15 días. Y ahora este fugaz ex ministro utiliza argumentos que quiere presentar como lógicos al decir: "Soy un ferviente defensor de la democracia y repudio las sangrientas dictaduras que tu gobierno defiende. La Conadep registra 7018 desaparecidos. Pasá nombre de los restantes 22.982 y me retracto. Mientras tanto sostengo que inventar víctimas es ser un carancho de la historia".

La fuerte inclinación hacia la extrema derecha ideológica que tiene este dirigente le impide advertir una verdad elemental: peor que caranchear víctimas en la historia es materializarlas justificando de algún modo las que verdadera y dolorosamente no se sabe dónde están por su misma condición de desaparecidos.

Periódicamente los jerarcas de la derecha política vuelan sobre ciertas verdades relativas a la última dictadura, tergiversándolas. Es evidente que este "ferviente defensor de la democracia" carece de la sensibilidad de que, ante la infamia y cobardía de desaparecer personas vale tanto que sean 30.000, tres mil, trescientos o incluso tres porque la dignidad humana se injuria con cualquier número.

Niega de manera desembozada la característica principal de la represión: la clandestinidad. Una sobreviviente de los campos de concentración -Adriana Calveiro- ha dicho en uno de sus trabajos: "Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos...En estos rangos las cifras dejan de tener una significación humana. En medio de los grandes volúmenes los hombres se transforman en números constitutivos de una cantidad, es entonces cuando se pierde la noción de que se está hablando de individuos". Lo importante para Lopez Murphy no es el tema de los desaparecidos sino sostener el argumento que en el registro de desaparecidos se miente.

Pero conociendo la trayectoria de Lopez Murphy, no se podía esperar otra cosa de alguien que considera a los represores y autores de crímenes de lesa humanidad como "prisioneros políticos", y brega para que se les otorgue prisión domiciliaria. Aun aceptando que "se vivió una guerra", el concepto no valida en absoluto haber prescindido de la estructura legal, circunstancia que este ex funcionario pretende ignorar o justificar con ironía.

Un participante de las redes sociales acotó: "Si en Alemania negás el genocidio vas preso. Si en Argentina negás el genocidio vas a la televisión. La mentira de que 'no hay 30.000 desaparecidos' es la mayor fake news que instaló la ultraderecha".

La Opinión Popular

OPINIÓN

Multitudinarias marchas por el 24 de Marzo

El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia fue conmemorado en todo el país. Centenares de miles de personas se movilizaron para repudiar el terrorismo de Estado y reafirmar la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.

Como todos los años, en Plaza de Mayo y en muchas ciudades del país hubo dos marchas. En Buenos Aires la más numerosa fue la encabezada por los organismos de DDHH: Madres de Plaza de Mayo (la Asociación y la Línea Fundadora), Abuelas, Familiares, Hijos, CELS, Liga Argentina por los DDHH, Asamblea Permanente, entre otras, que adhieren en general al gobierno del Frente de Todxs. Muchos integrantes de esas agrupaciones son funcionarios de la actual gestión, como Horacio Pietragalla (secretario de DDHH de la Nación) o Victoria Montenegro (legisladora en CABA por el FdT).

Este sector reivindica los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, critica fuertemente el lawfare y al Poder Judicial, exige al presidente Alberto Fernández el indulto para Milagro Sala, etc. Todo eso es positivo, pero se omite toda referencia a la responsabilidad del gobierno nacional en la actual situación de crisis, cuyas consecuencias está pagando la mayoría del pueblo trabajador. El "operativo clamor", para que la vicepresidenta Cristina Fernández sea candidata en las próximas elecciones presidenciales, pese a la oposición de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, estuvo muy presente en este evento.

La marcha del espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, conformada también por organizaciones de DDHH como la Correpi y el Ceprodh, nuclea a los partidos del Frente de Izquierda Unidad (FITU) y por otras agrupaciones de izquierda, muy críticas del gobierno nacional. Su documento, si bien reivindica el juicio y castigo a los genocidas, hace hincapié en las violaciones actuales a los DDHH, al ajuste que implica el acuerdo firmado con el FMI y apoyan las luchas del movimiento piquetero y de trabajadores contra esas políticas antipopulares.

Aún con estas diferencias, que se potencian a pocos meses de las elecciones nacionales, es innegable el denominador común de estas movilizaciones: el repudio a la dictadura militar, que contó con la complicidad de empresarios, jueces, obispos y medios de comunicación.

Presos en sus casas

En ambos espacios se denunció la complicidad del Poder Judicial, porque a 17 años de comenzados los juicios por los crímenes de lesa humanidad, las condenas firmes no llegan ni al 40 por ciento de las causas. Según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 296 sentencias producidas y 1.115 condenados, pero casi el 80 por ciento se encuentra en prisión domiciliaria. Hasta el genocida Luciano B. Menéndez murió en su casa...

La continuidad de la impunidad para los civiles cómplices del terrorismo de Estado se patentizó con la muerte del empresario Carlos Pedro Blaquier, del Ingenio Ledesma, quien nunca fue llevado a juicio favorecido por las demoras y complicidad del Poder Judicial, como lo recordó esta columna la semana pasada.

Contradicción

La oposición de derecha -Juntos por el Cambio, Javier Milei, José Luis Espert, etcétera- rechaza esta conmemoración. Este sector sostiene teorías negacionistas respecto a la represión de la dictadura, cuestiona el número de personas desaparecidas y en el caso del ex presidente Mauricio Macri, considera que las políticas de DDHH son "un curro".

Contradicciones de la situación política argentina, pues mientras centenares de miles de compatriotas marcharon por los DDHH el pasado viernes, para las próximas elecciones se vaticina un probable triunfo de la derecha negacionista. ¿Todos los votantes de JxC estarán de acuerdo con esa visión sobre lo que ocurrió durante la dictadura?

Casta represora

Milei lanza diatribas contra la "casta" política, pero oculta (ayudado por la prensa corporativa, que también fue cómplice de la dictadura) que él nació a la política como asesor del genocida Antonio Domingo Bussi en la Convención Constituyente de 1994. Bussi había sido elegido convencional por el voto popular en la provincia de Tucumán. Fue gobernador de facto entre 1976 y 1978, período en el cual comandó la salvaje represión contra el movimiento popular y las organizaciones revolucionarias.

A 40 años de recobrada la democracia, es bueno hacer Memoria: Bussi siguió incursionando en la política y fue nuevamente gobernador de Tucumán en 1995, en elecciones. Luego fue electo diputado nacional en 1999, pero esta vez, por acuerdo entre la Alianza (UCR - Frepaso) y el PJ, no se le permitió jurar por "inhabilidad moral", por acusaciones de enriquecimiento ilícito, violaciones a los derechos humanos y apropiación ilegal de menores. El discurso más encendido en aquella oportunidad, fue el de Elisa Carrió, quien cambió con los años y actualmente es una de las patas de otra alianza, que niega el genocidio: JxC. A su vez, en Tucumán, el hijo del genocida, Ricardo Bussi, se presentará como candidato a gobernador aliado al partido de Milei.

Memoria

Es muy necesario recordar la historia reciente, para analizar correctamente el presente y no volver a cometer gruesos errores en el futuro. El negacionismo debe ser combatido, pero los Derechos Humanos no son solo los violados durante la dictadura militar. La pobreza, el desempleo, la marginalidad, la violencia institucional, las muertes por "gatillo fácil", etc., son datos del presente. No pueden ser negados ni minimizados ni atribuidos solamente al gobierno macrista anterior, que es responsable del endeudamiento y de muchos otros males que hoy sufre el pueblo argentino. Pero no se puede eludir la responsabilidad del gobierno actual, que ha provocado la decepción de sus votantes de 2019.

Por Irina Santesteban

Fuente: Diario La Arena

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".