La Opinión Popular
                  06:03  |  Jueves 12 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 19-03-2023 / 10:03
SORPRESA EN EL GOBIERNO: LA INFLACIÓN POR ENCIMA DE LAS PREDICCIONES

Qué implica el índice de precios del seis coma seis, superior a lo esperado

Qué implica el índice de precios del seis coma seis, superior a lo esperado
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.
 
Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.
 
Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.
 
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
 
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.
 
Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.
 
Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
 

 
Las plagas: 
  
La pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía... se añade una crisis financiera incubada en el centro del mundo. Es incipiente lo que hace imposible pronosticar la dimensión. Algo es seguro, cualquier garúa sobre el sistema financiero internacional se vuelve tormenta en los países emergentes. La Argentina atravesó muchas, en todas sufrió daños.
 
Un coletazo certero, enseñan los expertos de derechas, es el "vuelo a la calidad" ("fly to quality"); los dineros migran hacia las comarcas que generaron la crisis. No hay contrasentido sino atracción gravitatoria. En nuestros pagos (acaso en otros también) se añaden las maniobras especulativas de grandes jugadores que pescan en río revuelto. Cualquier cimbronazo vale como coartada para acrecentar ganancias, sacar ventaja, evadir, fugar. El bien común no marida con "los mercados".
 
El escenario empeoró en este verano con la sequía como principal ariete. Es imprescindible, ante eventualidades nefastas e imprevisibles, alguna forma de renegociación. La inminencia de las elecciones señala que revisar la moratoria, reducir la inversión social perjudicarían a la clase trabajadora.
 
Una tormenta perfecta, agravar el malestar colectivo en el verano ardiente, contribuiría a las nada desdeñables posibilidades de victoria de Juntos por el Cambio (JpC), enemigo declarado de la moratoria, de las políticas sociales en general, de los derechos laborales.
 
La moratoria continúa con lineamientos trazados entre 2003 y 2015. Cubrir a los damnificados por la evasión patronal que los dejaron sin aportes aunque hubieran laburado en relación de dependencia. O a quienes no pudieron aportar porque sobrevivieron entre tantas crisis. La derecha los desampara con argumentos "meritocráticos": no se pusieron porque fueron vagos, que carguen con su culpa.
 
El piso de protección social que construyó el kirchnerismo pudo ser depreciado después de 2015 pero no destruido sobre todo cuando tiene consagración legal. Entre las deudas del Gobierno descolló la de no haber creado ni una institución perdurable de derechos sociales o laborales, una constante de los mandatos de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
 
La marca de la presidencia de Alberto Fernández son medidas coyunturales, aumentos posteriores a rebotes inflacionarios, aciertos por tiempo limitado como los IFE (Ingreso familiar de emergencia) o los ATP (Anticipos para la Producción y el Trabajo) en 2020. Todo corto plazo, nunca ampliaciones de derechos amplias y arduas para derogar.
 
Esta columna no califica para proyectar costos de la movida. Intuye que serán decrecientes según corran los años. Las jubilaciones mínimas se volcarán al mercado interno, dinamizarán el consumo. Son un derecho conculcado.
 
Conjugando las variables enumeradas, el gobierno dispone de una jugada única. Cumplir con lo prometido y legislado. Asombra que haya sorprendido a las autoridades del FMI porque estaba macerando en Diputados tras haber sido aprobada en el Senado. Quizá algún negociador deslenguado les prometió lo imposible o quizá aprietan por método.
 
La intransigencia de "este" Fondo es un dilema. Un fallecido economista radical sabio y con olfato político (rara avis) Adolfo Canitrot decía que el Fondo te tira un salvavidas cuando te ahogás, te lleva a la costa, te hace respiración boca y te vuelve a arrojar al agua cuando mejorás un poco. Tal su vivencia, treinta años atrás. La traducción en el siglo XXI está por verse. Dependerá del organismo, del Departamento de Estado y del Tesoro. Son reductos en los que Massa sabe ser bien acogido, más que el peronismo en general.
 
Nueva intuición de este cronista: el establishment económico argentino será determinante en el curso de los acontecimientos. Con sigilo, visiblemente o sinmigo, el Fondo escuchará sus dictámenes o leerá sus comportamientos.
 
¿Le conviene a la crema del empresariado la crisis acelerada que incita el macrismo, con desparpajo y mala fe? ¿O le conviene que la economía y el sistema democrático atraviesen el desierto, bien que mal? ¿Le conviene, simplificando apenas, que se jaquee la gobernabilidad justo antes de las elecciones? Mejor ahorrar presagios, la clase dominante argentina es atávicamente simplista, brutal, a menudo gorila, aunque pierda guita en el camino.
  
Las honras a Carlos Blaquier posteriores a su fallecimiento ostentan el rostro de la clase que no se avergüenza tan siquiera de su participación protagónica en el terrorismo de Estado. Personajes paradójicos que aplauden a la película "Argentina, 1985" y a muchos villanos que pasaron por el banquillo o lo gambetean con complicidad del Poder Judicial.
 
En el Frente de Todos (FdT), a su vez se reprochó a AF no haber promulgado la moratoria, que el Ejecutivo acompañó y que se logró con la unidad del bloque oficialista. Una exageración, por ahí. Las leyes aprobadas en el Congreso pueden entrar en vigencia por promulgación expresa o por haber transcurrido diez días "útiles" (hábiles en jerga actual) desde la comunicación del Parlamento al Ejecutivo sin que medie acción alguna de éste.
 
En criollo y si no falla el ábaco del cronista; la ley habría entrado en vigencia solita el viernes pasado. Vetarla o "devolverla" no estaba en la caja de herramientas, la vocación por las diatribas internas es una constante común del kirchnerismo y del albertismo.
 
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En defensa propia: 
  
El 6,6 por ciento hizo entrar en el pasado a las estimaciones de Sergio Massa. El índice de marzo, parece, superará dicha marca record. El de abril no comenzará con cuatro. El 60 por ciento incluido en el Presupuesto es imposible y complicado llegar al 80 por ciento que se susurraba como soportable, en "off". La potencial candidatura del ministro retrocede varios casilleros, en paralelo con las chances del FdT.
 
El Ministerio de Trabajo convoca al Consejo del Salario (CSMVM) para reducir daños. En especial para los beneficiarios de programas o planes sociales. Un parche tan necesario como transitorio.
 
Los sindicatos repiten las diferencias clásicas en estos años. Los más combativos insisten con el reclamo de aumento general de suma fija para los trabajadores registrados. El Gobierno la desestimó a fines de 2022 cuando había mejor plafón y hubiera sido más funcional.
 
La totalidad de los dirigentes gremiales reivindica a las convenciones colectivas como la mejor herramienta para sus representados. Se reabren o actualizan con frecuencia creciente.
 
Los resultados, cabe imaginar, diferirán según la combatividad de los sindicatos. Siempre fue desaconsejable interpretar el resultado de una paritaria fundándose solamente en el aumento promedio "que sale en los medios". Los convenios colectivos son frondosos, pródigos en beneficios o concesiones captables por lectores avezados.
 
El acuerdo firmado por la Bancaria da un ejemplo flamante. Los aumentos se robustecen con beneficios extra salariales, con la participación en las ganancias, constitucional e infrecuente por añadir solo un par de referencias rotundas.
 
Entre el fin del verano y el comienzo del invierno se sucederán paritarias relevantes. En junio se cierra la anotación de listas para las Primarias Abiertas (PASO) nacionales.
 
Una diferencia con relación a las elecciones de 2015, notable y algo olvidada. La dirigencia sindical peronista era más hosca respecto de la entonces presidenta Cristina que hoy con relación a Alberto Fernández. No es amor nunca, ni alineamiento casi nunca.
  
Apenas haber sido escarmentados por Macri y su equipazo. Hoy los gremialistas saben que un regreso de la derecha viene por ellos y por los derechos de los trabajadores. La premisa de hacer lo mismo pero más rápido atañe tanto a las empresas públicas (y sus empleados) como a la Ley de contrato de trabajo, a las indemnizaciones por despido solo para empezar.
 
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Confesión y cierre: 
  
Una confesión antes de recapitular y cerrar. El cronista ignora qué pasará si el gobierno desoye los cantos de sirena del Fondo e insiste con un programa coherente hasta diciembre. Si habrá renegociación con cierta transigencia en función de las debacles combinadas. O si se decretará un default. O si conseguirá surfear con un programa mínimo.
 
Sí sabe que la jubilación para quienes laburaron toda la vida es un derecho humano y social. Que no hay margen para borrar o desfigurar con el codo una política pública digna y flamante.
 
El ABC de la política también existe. Terminar retrocediendo, adoptando (algunos dirán acentuando) el programa del adversario político es un viaje de ida al fracaso electoral y una injusticia con los representados.
 
El verano se insinuó promisorio con el sabor del Mundial en las mentes y los brindis, las vacaciones, los pronósticos voluntaristas, Hoy en día cuesta imaginar que terminará marzo... pero terminará.
 
En la próxima semana volverá a jugar la Selección en su patria. Y se conmemorará el aniversario del golpe de estado de 1976. Ojalá que el sentido común colectivo y la destreza de los dirigentes construyan una fiesta popular inolvidable el jueves. Y que el viernes, en Plaza de Mayo y en muchas otras de todo el país se reiteren la masividad, los homenajes a las Madres y las Abuelas, el respeto a la memoria de los compañeros detenidos-desaparecidos.


La celebración popular, las banderas de siempre, la unidad en las calles y en la acción pueden soplar una brisa fresca en tiempos difíciles. Pueden, podrán, podrían... Ojalá.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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