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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-03-2023 / 09:03
EL INDEC COMUNICÓ UNA INFLACIÓN DE 6,6 POR CIENTO QUE ALCANZÓ 102,5 EN EL AÑO

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%
En otro duro golpe al bolsillo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,6% en febrero, lo que llevó la medición anual a 102,5%. La suba estuvo impulsada por el precio de la carne, que tuvo un salto de alrededor del 30%, y por el incumplimiento de los acuerdos de grandes empresas alimenticias. Economía promete ajustar el control, pero el lazo con el FMI lo condiciona.
Tras conocerse la inflación de febrero, que en la medición interanual quebró los tres dígitos, altas fuentes del Palacio de Hacienda ya reconocieron que no garantizan que puedan cumplir con el objetivo previsto para este año. "Nuestra meta es llegar a eso, ese es el norte que perseguimos. La macro es consistente con un 4% mensual, pero la dinámica de febrero dejó una inercia alta para marzo. No nos queda más remedio que seguir trabajando en el ordenamiento fiscal hasta que haga efecto. Podés tener un mal partido pero el sistema de juego es bueno y apuntamos a ganar el próximo encuentro", consideraron.
 
En ese proceso identificaron "factores inerciales" como la devaluación, las paritarias, el cepo y la brecha cambiaria, que según entienden funciona como incentivo para que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia. También destacaron que en el salto del IPC de febrero jugó un papel fundamental la renovación de Precios Justos.
 
De todas formas, esto es algo que los economistas vienen señalando desde que se conocieron los detalles del Presupuesto 2023 y con el antecedente de que la inflación finalizó en 94,8% el año pasado. Por caso, la consultora Ecolatina explicó que para llegar al 60% el IPC debería promediar el 3,5% entre marzo y diciembre.
 
Uno de los factores claves para el Frente de Todos de cara a las elecciones es mostrar un buen resultado en ese frente. Los pronósticos privados anticipan que el tercer mes estará en torno al 7% y que el primer trimestre tocará el 20%, por lo que consumirá un tercio de la meta oficial.
 
En concreto, Economía resalta que el BCRA no financia directamente el déficit fiscal y que si se suma la emisión "indirecta" a través de pasivos remunerados la nominalidad debería estar en línea con sus proyecciones. La explicación que asignan al desvío que se observa actualmente tiene que ver con lo que llamaron "factores inerciales" que juegan en contra de bajar la dinámica de precios.
 
En ese sentido, en el Palacio de Hacienda consideraron que sostener la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI con el FMI a pesar de la sequía "debería ser una señal fuerte porque hacemos todo lo posible para no financiarnos con emisión". Eso, entienden, hace que no tengan que intentar un ajuste mayor al que está en marcha para sobreactuar la convergencia fiscal.
 
El equipo económico del Gobierno recuerda que a los efectos de la guerra en Ucrania se sumaron la sequía, las heladas y la ola de calor que perjudica algunos cultivos "como el tomate". Por otro lado, destacaron que más allá del impacto que tuvo la carne en el IPC de febrero el relanzamiento de Precios Justos generó aumentos por encima del 3,2% mensual que tienen las empresas como pauta.
 
Un informe de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, mostró que el reemplazo de algunos productos que estaban congelados, a los que se les permitieron incrementos por hasta 9% promedio, y el ingreso de otros artículos con valores más altos jugó al alza. Hubo empresas que también aumentaron por encima de lo permitido. "El efecto del acuerdo debería notarse a partir de marzo, con una variación promedio más cerca del 3,2% o 3,5%, porque el cumplimiento es del 98%", mencionaron en Economía.
 
La Opinión Popular
 

 
Alimentos sin control, FMI y el golpe político
 
El dato de febrero, el más alto de la gestión Massa, combina el impacto inflacionario del acuerdo con el Fondo y la violación de los acuerdos de las alimenticias.
 
El 6,6 por ciento de inflación del mes de febrero que comunicó el INDEC fue un dato muy duro para el bolsillo, para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. El número, el más alto desde que Sergio Massa es ministro -detrás del 7 por ciento de arrastre de Martín Guzmán- y el más alto anualizado en 30 años obliga al Gobierno a tener, sí o sí, un IPC de 3,5 por ciento hasta fin de año para llegar a la meta del 60 por ciento del Presupuesto, casi un imposible.
 
Pero abre además el debate sobre una perspectiva a futuro, en un año electoral, más que compleja por dos razones centrales: es una de las primeras veces que se combinan, para este número que pone la inflación anual en 102,5 por ciento, las subas récord en alimentos y una serie de violaciones a los acuerdos de precios por parte de las alimenticias, con el efecto inflacionario que el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) tiene sobre algunas variables como tarifas y precios regulados. Todo en un escenario de sequía que instala un período de alta volatilidad.
 
Además, y quizás sea este uno de los datos más importantes, se da horas después de que el organismo que comanda Kristalina Georgieva emitiera un comunicado condonando parte de la meta de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) pero advirtiéndole a la vez a Economía que está atado de pies y manos, sin aval del organismo, para hacer dos cosas que en año electoral parecen fundamentales si la idea es contener los precios: usar sus dólares para intervenir en el mercado cambiario y pisar tarifas de los servicios. Esto adelanta que el mes de marzo volverá a tener una inflación elevada, más cercana a los 7 puntos, según analistas.
 
Según el INDEC, el 6,6 de febrero es el tercer mes seguido de inflación en alza y completa un primer bimestre con 13,1 por ciento de suba en los precios, teniendo a Alimentos y Bebidas como el rubro que más pegó en todo el país, con un alza de 9,8 por ciento. Jugaron allí muy fuerte carnes, derivados de leche y huevos, pero también mayores alzas de precios de góndola.
 
Como viene contando hace meses Página I12, las alimenticias, para compensar lo que pierden de aumentar en los grandes híper con Precios Justos, vienen subiendo los precios en los barrios muy por encima de la media.
 
En Argentina, 8 de cada 10 compran fuera de los híper, por eso el Gobierno estaba tan preocupado el mes pasado por cómo los precios se moverían allí y adelantaban que iba a impactar en el IPC. Ahora, en los próximos días se vendrán medidas muy fuertes contra los que especularon, según supo este diario.
 
Con alimentos hay otro dato más político: en el GBA, donde se concentra el núcleo de votantes del Frente de Todos, Alimentos y Bebidas subió 10,2 por ciento, por sobre el índice nacional. Pegó además con dureza la carne: 28,6 por ciento el asado, 35 la picada y 32,8 la nalga, con el resto de los productos en esa línea. Según datos del centro CEPA, el consumo de carne representa, en la conformación del IPC, entre 7% (GBA) y 13,3% (noreste) del total, por eso "este incremento afectó sensiblemente el indicador de precios del mes".
 
En frutas, en tanto, hubo subas muy fuertes, como el 72 por ciento de la naranja; además de más de un 13 por ciento en huevos y 6,8 en cebolla. En esos dos rubros, el Gobierno también tiene un lado ciego de control y cumplimiento.
  
  
Los otros rubros
  
En el ranking de mayores aumentos aparecieron también los rubros Comunicación (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet, y Restaurantes y hoteles (7,5%). Lo de Comunicación es un dato muy fuerte porque ya el mes previo había subido 8 por ciento. Aquí el Gobierno, vale decir, está condicionado por el freno que la Justicia le puso a la declaración de las telecomunicaciones como servicio público, lo que no le permite regular las alzas.
 
Además, se destacó el aumento de las cuotas de las prepagas, que impactó sobre el rubro Salud (5,3%); cigarrillos, en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%); los combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8% este mes, el previo había dado 8).
 
En ese pelotón, también, el Gobierno hizo poco para no convalidar subas en Prepagas y avaló alzas en naftas de manera permanente, que condicionan el resto de los precios de la economía. Y allí se ve además cómo las subas de tarifas y quitas de subsidios, una imposición en el acuerdo con el FMI, tienen un peso casi habitual en el IPC de los meses pasados, actuales y futuros.
 
De hecho, el IPC núcleo, que mide precios sin regular, tuvo un aumento de 7,7 por ciento, muy por encima de la media, mientras que regulados le cargó 5,1 por ciento, demasiado si la idea es que el promedio general baje. Incluso restando rubros que otrora cargaban mucho (textiles pasó de 10 mensual a 3,9 y hubo un alza de 3,2 en educación), se disparó la inflación por los alimentos y el acuerdo con el FMI.
 
 
En los despachos oficiales
  
El dato sorprendió a todos, incluso superando a los cálculos de las consultoras privadas y bastante por encima del 6 por ciento de inflación del organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. En los despachos oficiales ya se venía viendo desde principios de mes que alimentos tendría una penetración federal muy fuerte, la más fuerte desde que Massa es ministro.
 
Fuentes oficiales contaron a este diario que el IPC de febrero se explica en las condiciones climáticas que "impactaron en la producción y el precio de los alimentos". Señalan no sólo a la sequía sino también a la ola de calor y a una helada tardía que complicó el precio de los frescos.
 
En paralelo, sostienen aunque fue alta, es menor a la de febrero del 2022. En enero había sido al reves, máas alta este enero que el del 22. "No queremos decir que estamos conformes ni mucho menos, solo lo vamos a estar cuando consolidemos un sendero sostenido a la baja", aclaran de todos modos en el oficialismo.
 
Además, en los próximos habrá una convocatoria a todas las empresas que han aumentado precios en los barrios tratando de gambetear el Precios Cuidados. "Se acabó la Argentina de ganar especulando. Para ganar más hay que producir más, no aumentar los precios", se escuchó de boca de un alto funcionario de Hacienda, que admite que una de las razones del IPC alto de febrero es la "rentabilidad cruzada".
 
En un año electoral en el que el Frente de Todos no definió candidatos y más que alguno en particular lo que podría condicionar sus posibilidades es el escenario general de precios, se especulan diferentes frentes de aquí a lo que queda del año. Según reconstruyó este diario con diferentes consultoras como Ecolatina y Analytica, el escenario más probable es que se termine con una inflación superior al 90 por ciento y un promedio mensual de 5,5.
 
Luego, hay escenarios optimistas y pesimistas. El optimista es de 60,1 por ciento de inflación con 4 mensual; o 79,6 si todos los meses de acá a fin de año dieran 5 por ciento. Los pesimistas, en tanto, son un 101,2 por ciento con 6 todos los meses, o 152,2 por ciento si hubiera 7 mensuales.
 
En el Gobierno insisten en que el sendero se ordenará, pero los condicionantes de política económica del FMI ponen a prueba no sólo la pericia para manejar los números internos, sino para ver cuánta flexibilidad real tiene el organismo multilateral ante una Argentina a la que cumplir con el Fondo le dificulta la perspectiva de corto y largo plazo.
 
Por Leandro Renou
 
Fuentes: Página 12 y BAE Negocios
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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