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Nacionales - 14-03-2023 / 09:03
EMOCIONADO ADIÓS DE MAURICIO MACRI A UN CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura
Procesado por su participación en los secuestros y desapariciones realizados en los dominios de la azucarera Ledesma durante la recordada “Noche del Apagón”, Carlos Blaquier consiguió evitar el juicio por crímenes de lesa humanidad porque la justicia macrista, la Corte Suprema y la Cámara de Casación dilataron durante años la investigación de sus crímenes.
Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió a los 95 años, fue el mayor emblema de la complicidad empresaria con los crímenes de la última dictadura militar. Impune como solo pueden los poderosos. Pese a que fue procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado por los secuestros ocurridos en plena dictadura en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
 
La empresa "Ledesma SAAI" tenía el control poblacional de los habitantes de Libertador Gral. San Martín, más allá del ámbito laboral. El hospital, los almacenes, la farmacia, el club deportivo, el cementerio, entre otros pertenecían a la empresa. Los directivos de Ledesma perteneciente a la familia Blaquier, fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las Fuerzas Represivas el listado del personal, las famosas listas negras de los que se oponían a la explotación laboral en el Ingenio.
 
Carlos Blaquier, protagonizó como uno los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron, en la organización del golpe genocida. También en la represión. La dictadura militar y la empresa dueña del ingenio azucarero realizaron apagones de luz entre el 20 y 27 de Julio del año 1976. Secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. El reclamo por memoria, verdad y justicia, todavía sigue vigente.
 
No hay dudas que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de los más altos tribunales del país: el Partido Judicial Macrista, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años.
 
Su impunidad fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente Mauricio Macri lo despidió en las redes, enviando sus "condolencias y cariño" y caracterizando a Blaquier como "uno de los empresarios más importantes del país", evitando cualquier referencia a la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma con los secuestros y desapariciones de la "Noche del Apagón" y su abierta connivencia con la dictadura más sanguinaria de la historia nacional.
 
Blaquier murió impune sin condena judicial, aplaudido por el macrismo, que trató de borrar que fue, al igual que el Clan Macri, uno de los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron del golpe genocida, de los que llegaron a tener centros clandestinos de detención en sus empresas. Pero murió cubierto por el repudio popular.
 
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TENÍA 95 AÑOS
 
Murió Carlos Blaquier, emblema de los empresarios cómplices de la dictadura
 
No llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por los secuestros de las "Noches del Apagón" en Jujuy gracias a que la Corte y la Casación dilataron durante casi ochos años la investigación.
 
Blaquier pasó el último mes internado, según informaron desde la empresa a la que él le dedicó 60 años de su vida. Doctor en derecho y con un título en Filosofía, Blaquier fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue uno de los civiles que le dieron carnadura al plan económico de la dictadura.
 
Su ligazón con el ingenio Ledesma quedó sellada cuando contrajo matrimonio con Nelly Arrieta, cuyos padres eran los dueños de las instalaciones dedicadas a la producción de azúcar. El joven abogado -heredero de los Álzaga- se incorporó a la empresa en 1952. Para entonces, se habían mudado con su esposa a Jujuy. Con ella tuvo cinco hijos. Su suegro, Herminio Arrieta, lo dejó al frente del ingenio en febrero de 1970 y él lo convirtió en un emporio -eso, sí, manchado con sangre-.
 
Antes del golpe, Blaquier prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga a un grupo de intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse el "Grupo Perriaux" en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a ejecutar José Martínez de Hoz.
 
El 24 de marzo de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis Arédez, quien, como médico del ingenio, había importunado a sus dueños tratando de darles acceso a tratamientos de calidad a quienes enfermaban. Lo mismo había hecho Arédez cuando fue intendente municipal de Libertador General San Martín.
 
Para llevar adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había proporcionado la misma empresa. Para entonces, Ledesma también producía listas negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las localidades que rodean al ingenio se vieron envueltas en un gran corte de suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo el total anonimato. En lo que se conoció como las Noches del Apagón, fueron raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas a la hostería de Guerrero, que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.
 
La denuncia sobre los crímenes de Ledesma se inició en plena dictadura. Este año, la marcha del apagón cumplirá 40 años -tantos como la democracia-. Olga Márquez, la esposa de Arédez, fue uno de los emblemas de esa denuncia. Su hijo Ricardo todavía está conmocionado por la noticia del deceso de Blaquier después de tantos años de esperar verlo en el banquillo. "Ha sido una lucha tremenda y en el feudo de Blaquier. Allá no cambió nada. Se convive con el que entregó listas", le dice a Página/12.
 
 
Historia de una demora
  
Lograr que avanzara una investigación contra Blaquier en Jujuy fue casi una proeza. Debió ir un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, para llamarlo a indagatoria y procesarlo. En las calles, el reclamo de los familiares recibió el apoyo multitudinario de la Túpac Amaru de Milagro Sala.
 
En 2012, Poviña lo procesó en dos causas: la de los secuestros posteriores al golpe y la de las Noches del Apagón. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos. En ese momento, Blaquier todavía ocupaba la presidencia del directorio de Ledesma. La dejó mientras avanzaba la causa en su contra. En ese entonces, todavía frecuentaba la sede de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), la secta VIP donde mujeres jóvenes eran reducidas a la servidumbre sexual. Blaquier era el visitante más asiduo del edificio de Estado de Israel, según se reconstruyó en una investigación penal.
 
En marzo de 2015, cuando se avecinaban vientos de cambios políticos y Macri ya prometía terminar con el "curro de los derechos humanos", la Casación hizo algo atípico: revocó los procesamientos y, de esa forma, impidió que Blaquier siguiera su camino hacia el juicio oral. Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas y el fiscal Javier de Luca. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó pidió que dejaran continuar el proceso.
 
La Corte cajoneó casi seis años el expediente. En el Palacio, le atribuían responsabilidad a Carlos Rosenkrantz por la demora. El supremo tenía vínculos con Ledesma a través de su esposa y de la Universidad de San Andrés que dirigía antes de que Macri lo nominara para el máximo tribunal.
 
Recién en julio de 2021, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejaron sin efecto el fallo de Casación y acusaron a los camaristas de haber obstaculizado indebidamente el avance de una de las causas emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Nada dijeron de su propia demora.
 
Después de eso, la defensa de Blaquier -encabezada por el excamarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz- dijo que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo dejó fuera del juicio, pero Casación ordenó que se le realizaran nuevos estudios. En eso estaban cuando Blaquier murió.
 
 
Ejemplo de una justicia injusta
  
"Estuvimos 40 y pico de años esperando el juicio a Blaquier, pero no ocurrió por el pase de pelota entre Casación, la Corte y la justicia de Jujuy", se lamenta Arédez, que sigue reclamando que la política se esmere en horadar la impunidad que sigue vigente en esa provincia.
 
"Ésta es una nueva muestra de que los juicios de lesa deben ser una prioridad en las agendas de todos los tribunales. Llegamos a este punto por la demora judicial", le dice a este diario la fiscal Ángeles Ramos, que lidera la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
 
"La posibilidad del trámite extenso del recurso estuvo dado porque Casación lo abrió por fuera de las normas legales. Eso lo reconoció la Corte, que no dejó de formar parte de ese trámite extenso porque se tomó seis años para resolver", apunta Pablo Pelazzo, exfiscal del caso. "Es una forma de haber posibilitado la impunidad biológica de Blaquier o de haber imposibilitado que se llevara adelante el juicio".
 
Para la historiadora Victoria Basualdo, el desenlace de la causa Ledesma muestra cuán difícil es hacer justicia con los poderosos. "La muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y de la impunidad que se garantizó a estos sectores de poder económico", explica a este medio.
 
"Cuando Casación dictó el sobreseimiento, nosotros dijimos que era sellar la impunidad de Blaquier porque no había forma de que ese fallo pudiera sostenerse", recuerda María José Castillo, abogada de HIJOS Jujuy. "Lo que hizo Blaquier tiene una condena social. Nadie duda que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Nosotros vamos a trabajar para que la empresa reconozca su responsabilidad de otra manera".
 
 
Para que se haga el juicio
  
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, denunció que Blaquier murió impune como consecuencia del accionar del Poder Judicial y reclamó que se avance en llevar a juicio a Alberto Lemos, el administrador del ingenio Ledesma durante la dictadura, que también está procesado por los mismos hechos.
 
"Tenemos que buscar que en la historia quede escrito que el ingenio Ledesma, con el poder que tuvo la familia Blaquier, fue responsable del apagón y cómplice de la dictadura que secuestró a trabajadores organizados y a referentes de Calilegua y Libertador General San Martín", le dijo Pietragalla Corti a Página/12. "Sabemos que estamos a contrarreloj para que no gane la impunidad biológica".
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las demoras en los juicios de lesa constituyen un "grave problema", que se profundiza en los casos de responsabilidad empresarial.
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo sostuvo que es "inaceptable" que continúen en sus cargos los ministros de la Corte o los camaristas que nunca avanzaron siquiera en hacer sentar en el banquillo de los acusados a Blaquier. Desde H.I.J.O.S Capital lo llamaron el "civil del horror" y recordaron que murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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