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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 12-03-2023 / 11:03
EL ENCARNIZAMIENTO PERSECUTORIO DEGRADA AL SISTEMA REPUBLICANO

La sentencia arbitraria del Poder Judicial macrista contra Cristina erosiona la democracia

La sentencia arbitraria del Poder Judicial macrista contra Cristina erosiona la democracia
Si Cristina revisa la decisión cuesta imaginar que alguien se anime a enfrentarla en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuesta más, todavía, prever algo diferente a una goleada. De cualquier modo, Cristina mantiene el suspenso y por ahora el anuncio que sorprendió a todos y todas.
En sistemas políticos estables son los gobiernos quienes ganan o pierden elecciones. El Frente de Todos (FdT) depende de su desempeño, en principio. Lo concretado hasta ahora más lo que pueda innovar o mejorar en seis o siete meses.
 
Cualquier regla reconoce matices, la tendencia subsiste pero ensombrecida y deteriorada por la persecución judicial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La padece como acusada y como querellante en la causa que investiga(riola) la tentativa de homicidio en su contra. El encarnizamiento degrada al sistema democrático, inclina la cancha en la competencia electoral.
 
Los fundamentos de la sentencia dictada en la causa Vialidad son arbitrarios, carecen de sustento razonable. Pongamos entre paréntesis discusiones semánticas, bizantinismos. No se probó nada contra Cristina. Los sentenciantes se fundan en indicios.
 
La sancionan por un delito que jamás pudo cometer. Calculan a ojo el monto del presunto daño causado, no explican qué cifras manejan. Se ufanan de tener los conocimientos suficientes para estimar el perjuicio. Una sentencia debería ser un hilo de razonamientos y no el espejo deformante en el que se miran los vanidosos.
 
¿Cómo se hace para fundar un recurso contra un cálculo que no existe? ¿Cómo desarrollar "la crítica concreta y razonada" que exigen los códigos si los magistrados chantean un número porque se les cantan las reverendas togas?
 
La Corte Suprema cometió el mismo pecado en el juicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contra el Estado nacional. Estipuló el porcentaje a restituir de prepo, sin hacer una cuenta ni explicar su criterio.
 
La denuncia al Colegio Público contra los abogados de los procesados demuestra la parcialidad de los jueces, por si hiciera falta. Los magistrados provocan a los procesados y sus letrados: chicanean, se burlan de la teoría del "Lawfare". Durante el juicio uno de ellos hizo uso ostentoso de un mate con el logo del Liverpool, equipo del que forma parte y juega en la quinta del expresidente Mauricio Macri. En fin.
 
Detalle para observar en lecturas posteriores de la frondosa sentencia. Se aparta manifiestamente de las acusaciones del fiscal Diego Luciani. Costaba apoyarse en ellas, claro.
 
El oficialismo, reformulamos el inicio de la nota, se expone al veredicto popular en un contexto enturbiado. Los márgenes se estrechan pero la política existe incluso en circunstancias adversas.
 
El gobierno debería tener decisión e ingenio para mejorarle la vida y los ingresos a la mayoría de los argentinos. La democracia real funciona así, en años electorales los gobiernos activan vínculos con la gente común. Lo bien que hacen, piensa uno. Algunos son más coherentes durante el resto del mandato. Esos son los imprescindibles, diría Bertolt Brecht u otro politólogo.
 
La gestión oficialista afronta un desafío que no se resuelve con alusiones "a la macro", con cuentas voluntaristas acerca de los salarios versus la inflación sino con respuestas concretas en lapsos cortos. No gravitarán contabilidades creativas sobre índices de precios y salarios (comunes en la narrativa de la Casa Rosada y zonas de influencia) sino "el índice del changuito" aludido por el sindicalista Hugo Moyano, en sus buenos tiempos.
 

EL DISCURSO DE CRISTINA, LA SENTENCIA EN SU CONTRA, LA ECONOMÍA
 
La moneda en el aire, en el verano ardiente
  
En materia de estrategia electoral el FdT cuenta con una buena base, a apuntalar: la candidatura del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires. Propios y hostiles suponen que es el aspirante con más votos. El futuro es abierto, impredecible en detalle. Pero su imaginable piso electoral construye una plataforma valiosa para el acumulado nacional.
 
La candidatura presidencial sigue sin definirse, la provincial es cierta y deseable. Tendría que primar el sentido de auto preservación, poco desarrollado en el FdT. Sostener a Axel, no trabarle la gestión ni el manejo de la campaña. Todo lo bien que le vaya empujará para arriba. No es poco. El FDT no contó con dicho envión en 2015. Juntos por el Cambio (JpC) no lo tuvo en 2019.
 
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Mensajes desde Río Negro: 
 
Cristina recibió de buen grado el doctorado honoris causa, adecuó su discurso a la circunstancia. Lo pasó bien, sonreía ante los halagos del rector de la Universidad Nacional de Río Negro, saludaba a los asistentes. 
 
Su elocuencia es incomparable con la del resto de los dirigentes en actividad. Por recursos expositivos, por sostener el hilo, por manejar registros variados. Hace uso de la palabra, se hace escuchar.
 
La contingencia añade suspenso a las presentaciones, numerosas audiencias la siguen por otros (numerosos) motivos. Complicado sintetizar una hora pletórica de contenido no exenta de "avisos" para la interna. Van apenas un par de ejes.
 
La necesidad de renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una idea para debatir.
 
El compromiso de seguir participando en política desde el lugar que le ocupe, convite a dejar de lado los personalismos.
 
El tramo referido a "hegemonía y consenso", anunciado en la invitación, tiene su miga. Académicos versados (opositores en general) critican a la expositora por falta de rigor técnico. No se apegaría a los textos de Gramsci, no se ajustaría siquiera a los de Ernesto Laclau o Chantal Mouffe. No es lo esencial, opina este lector gánico de dichos textos.
 
La diplomada recoge el concepto, lo adecua a su momento y a los auditorios: es una dirigente política que conoce el paño. Diseña una definición de hegemonía, la describe: un proyecto político que construye sentido común y poder. Cimentado en las urnas y votando en el Congreso. Hasta las retenciones móviles cuando no era obligatorio, añadamos.
 
Hegemonía que ha cesado y debe dar paso a consensos básicos. Hagamos link con las advertencias sobre el peligro de la fragmentación política. Los consejos podrían valer tanto para las relaciones con el adversario opositor como para la dañina interna a cielo abierto. CFK llamó a la tolerancia, sin bajar la guardia pero alertando sobre el futuro.
 
La interna se sostiene y la dirigencia kirchnerista aspira a que el presidente Alberto Fernández desista  cuanto antes de su potencial candidatura. El mandatario aduce que lo haría si es necesario o funcional pero no les basta. La indefinición de la candidatura de Cristina, el limbo actual y sus sucesivas apariciones imantan la atención, fuerzan comparaciones con otras figuras... el desenlace queda en el aire.
 
En el documento firmado luego de la "mesaza" peronista en el local del PJ se pactó por unanimidad designar una comisión para pedirle a Cristina que desistiera de su promesa de no ser candidata. 
 
Dejar en pausa ese compromiso armoniza con los planes del kirchnerismo: armar, paso a paso, una "masa crítica" de apoyo a Cristina, avanzar en medio de la indefinición.
  
Si Cristina revisa la decisión cuesta imaginar que alguien se anime a enfrentarla en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuesta más, todavía, prever algo diferente a una goleada. De cualquier modo, Cristina mantiene el suspenso y por ahora el anuncio que sorprendió a todos y todas.
 
En Viedma se ingenió para mechar señales o mensajes, a su manera. Las menciones a dirigentes, algunos con nombre y apellido, destacados. Otros, solo identificados por señas personales.
 
Entre los elogiados, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por reconocer que el cepo no podrá levantarse en un santiamén, Y que si en 2015 se pudo es porque había reservas suficientes en el Banco Central ("hola, hola" se entretuvo Cristina auto señalándose).
 
El ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez por haber denunciado las coimas en el Senado cuando se votó la reforma laboral impulsada por el entonces presidente Fernando de Rúa.
 
El ex ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce fueron cuestionados sin recordar sus apelativos.
 
El ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, atacado por intransigente fuego amigo en la semana, fue el primero designado con nombre, apodo y apellido. A favor.
 
Al ministro de Economía Massa, lo llamó "Sergio". De manera amable y a favor.
 
Alberto Fernández se valió de igual vocativo y similar intención el primero de marzo en la Asamblea Legislativa. El Superministro se sentó apartado de sus "colegas" del Gabinete, se adujo una excusa quizá protocolar o macaneadora. SM es el máximo común denominador en la encrespada interna del FdT.
 
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Massa flota: 
  
Massa desembarcó en el Gabinete en medio de una crisis económica, financiera y de gobernabilidad. Consiguió congregar un equipo que le responde, trabaja (y ostenta que trabaja) 7x24, conoce al Estado.
  
Es master en relaciones públicas, graduado en la Universidad del Ágora. Alivió tensiones, se estableció como interlocutor. A poco andar se difundió una hipótesis: calificaría para presidenciable si mejorara "la economía". 
 
"Sergio" la negó, lo suficiente para no parecer ambicioso en exceso (uno de sus talones de Aquiles) aunque dejó una puertita abierta. Cuenta con amplia repercusión en los medios. Con enorme nivel de aceptación transversal, para los parámetros ásperos de la etapa.
 
La "macro" le responde, explican en su torno y en el de Alberto Fernández. La inflación, el primer talón de Aquiles. Durante un par de meses la cargó en mochila de Guzmán. Luego supuso que la estaba domando.
 
Incurrió en un error impropio para su destreza: cuantificó metas cercanas, en un ítem que la gente de pie sopesa y mide hasta por su cuenta. Falló, lejos. Es factible que el aumento de precios al consumidor acumulado del primer trimestre ronde el 20 por ciento y ni por asomo el índice de abril empezará con 3 o 4.
 
El panorama económico de David Cufré publicado este sábado agrega otras dificultades. La sequía, tercera plaga que azota a la Argentina durante el mandato de Fernández adicionándose a la pandemia y a la guerra. Como consecuencia, la perspectiva de recesión que olfatea el equipo económico sobre la que alertó Cristina el viernes. Peligra el pronóstico de Alberto Fernández de tres años seguidos de crecimiento. Ojalá se cumpla.
 
Nada puede saberse ahora sobre la onda expansiva de la quiebra del Sillicon Valley Bank. No huele a buena nueva para el sistema financiero internacional. Una crisis financiera mundial, ay, es un acontecimiento factible en cualquier cuatrienio; más que la peste o una guerra en Europa.
 
Contra viento y marea Massa sostiene avales internos pero urge que su accionar (el del gobierno) impacte visiblemente en la víscera más sensible de los laburantes. El diagnóstico y los reclamos que insinuó Cristina dependen de cambios drásticos en políticas públicas.
 
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Luche y vuelve... 
 
La consigna que se pintó en las paredes medio siglo atrás es retomada, reversionada. El excepcional libro "Conocer a Perón. Destierro y regreso" de Juan Manuel Abal Medina ayuda a repasar ese período. Formidable su memoria, creíbles a carta cabal los recuerdos. 
 
Impresiona evocar el jubiloso 11 de marzo de 1973: una epifanía, un tramo glorioso de una larga marcha. Tanto como advertir lo que sucedió pocos meses después: Ezeiza el 20 de junio, renuncia del presidente Héctor Cámpora en julio, asesinato de José Ignacio Rucci en septiembre.
 
Ese mismo mes golpe de Estado en Chile. Muerte del tres veces presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974. Lo de Chile estaba cocinándose. La muerte de Perón era factible, "se negaba " colectivamente. Abal Medina y el propio General la analizaban como un peligro cercano, casi cierto si volvía a la patria.
 
Retoquemos un apotegma clásico. Ezeiza, Cámpora, Rucci, Isabel Martínez presidenta... lo real era posible porque pasó. No eran porvenires ineluctables pero acechaban. Confesión de este periodista: el repaso del pasado incita a pensar qué no estamos viendo acá y ahora, qué tortugas se escapan, qué elefantes nos rodean siendo invisibles a demasiados ojos.
 
De nuevo, la vida instiga a moverse, a tratar de reformar, de ampliar los márgenes, de sumar, de cambiar. En el camino, en la acción colectiva a menudo se entiende mejor lo que llamamos realidad. Fortificar a Axel, resolver la interna sin ahondar rencores ni ayudar al rival. Ni confiar en que sus goles en contra bastarán para ganarle.
 
Gobernar atendiendo a los ciudadanos -votantes. Combinar el famoso pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad que está menos de moda ahora. ¿No lo dijo Gramsci, en una de esas?
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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