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Nacionales - 10-03-2023 / 09:03
UNA PARODIA DE JUICIO LLEVADA ADELANTE POR UN TRIBUNAL QUE NO ES IMPARCIAL

Una sentencia contra Cristina, sin prueba alguna, escrita por Macri y la mafia judicial

Una sentencia contra Cristina, sin prueba alguna, escrita por Macri y la mafia judicial
“Más que un tribunal del Lawfare, es un pelotón de fusilamiento”, había asegurado Cristina Kirchner, y las 1616 páginas con los “fundamentos” de su injusta condena le dieron la razón. “Es aún más endeble de lo que se esperaba” reaccionaron los expertos judiciales, que destacaron que el palabrerío y la absoluta falta de pruebas dejan al desnudo el objetivo macrista de la proscripción.
El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta y otros imputados en la llamada "causa Vialidad" dio a conocer los fundamentos de su veredicto y se abre la etapa para recurrir ante la Cámara Federal de Casación. Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Como consecuencia de la defraudación, los jueces macristas ordenaron el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en que esta sentencia quede firme.
 
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 notificó por la mañana los fundamentos de su sentencia a las partes. Desde ese momento, se abrió el plazo de diez días hábiles para recurrir mediante un recurso de apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país. El hecho generó una ola de repudios de parte de dirigentes oficialistas, mientras que por parte de Juntos por el Cambio primó el silencio.
 
El Partido Justicialista, que preside Alberto Fernández, rechazó "la persecución judicial y el intento de proscripción" a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad y manifestó que "con persecución no hay democracia plena". "Reitera una vez más su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy comenzó su camino formal con la lectura de los "fundamentos" en la denominada Causa Vialidad por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal 2", afirmó en un comunicado.
 
"El contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. Igual que en las instancias anteriores, el Partido Justicialista expresa su solidaridad con la vicepresidenta, ratifica su inocencia y advierte sobre el serio riesgo para el sistema democrático que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares", asegura el PJ tras conocerse el escrito de 1600 páginas.
 
Y lo cierra: "A 40 años de la recuperación democrática, exigimos la plena vigencia de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas. Recordamos que los pueblos siempre han luchado y seguirán luchando en defensa de las y los líderes que se han jugado por ellos".
 
"Buscan sentenciar otra cosa con la persecución a CFK, el armado de causas, no hay dudas que hay otra sentencia: enterrar los 12 años del proyecto de gobierno de Néstor y Cristina y demonizar lo que eso simboliza y representa", consideró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Además, el ministro de Interior y precandidato a presidente, Eduardo "Wado" De Pedro aseguró que "el código penal reemplazó al código electoral" en la Argentina, y dejó en claro que "como el 9 de marzo de 1956, otra vez entramos en una etapa de proscripción", al referirse a los fundamentos difundidos.
 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que los fundamentos "son absolutamente políticos" y además afirmó que "el objetivo" de esa sentencia es prohibir que la vicepresidenta sea "nuevamente electa". "Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto. El objetivo es prohibir a la Vicepresidenta para que sea nuevamente electa. Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político. Es algo indignante".
 
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que los fundamentos dados a conocer este jueves son "un paso más en una parodia de juicio llevada adelante por un tribunal que no es imparcial" y aseveró que la condena en la causa Vialidad forma parte de "un plan sistemático de persecución política".
 
La Opinión Popular 
 

 
EL OFICIALISMO COINCIDIÓ EN LAS CRÍTICAS AL FALLO DEL TOF 2 EN LA CAUSA VIALIDAD
 
El Frente de Todos denuncia que la única razón de la condena es la proscripción de Cristina Kirchner
 
Sin fisuras, el FdT salió a denunciar que los fundamentos de la sentencia  contra la vicepresidenta muestran que sólo se busca sacarla de la competencia política. Mientras se espera que reaparezca en Río Negro, impulsan una manifestación masiva contra la persecución judicial.
 
El Frente de Todos encontró en las 1616 páginas que el Tribunal Oral Federal 2 destinó a justificar su condena a Cristina Fernández de Kirchner una única razón: la proscripción de la principal dirigente política del país en los inicios de un año electoral. Después de que se conocieran los fundamentos del fallo en la llamada causa Vialidad, firmados por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, los principales referentes políticos del oficialismo denunciaron una avanzada política del Poder Judicial y llamaron a movilizarse contra el lawfare.
 
No hubo demasiadas sorpresas tras la difusión de los fundamentos de la sentencia que se conoció el 6 de diciembre pasado. Ese mismo día, CFK había dicho que no competiría en los comicios de este año para no darle al Poder Judicial la oportunidad de dejar al FdT sin su principal postulante. Se miraba en el espejo de Brasil.
 
Se espera que este viernes, cuando reciba el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro, la vicepresidenta vuelva a referirse al tribunal que la condenó a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En los últimos días, en una presentación que hizo ante un grupo de expertas independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), CFK dejó una definición contundente de cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina: dijo que la privó de sus derechos civiles y políticos.
 
Desde la Casa Rosada manifestaron que la decisión del TOF busca sacarla de la escena política. En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández sostiene la inocencia de CFK.
 
CFK denuncia desde hace tiempo que la persecución judicial hace foco en ella pero es contra todo el peronismo. El Partido Justicialista nacional -que preside Alberto Fernández- salió a poner en evidencia las maniobras para dejarla fuera del juego político al expresar su "más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de Cristina". En su comunicado, el PJ expresó que "el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los derechos humanos fundamentales".
 
El capítulo bonaerense del PJ, que lidera el diputado Máximo Kirchner, afirmó que se trataba de la crónica de una sentencia anunciada. "Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón objetivo: evitar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público", sostuvieron. "Estamos frente a una impugnación judicial de sus políticas", dijeron.
 
 
La reacción del Gabinete
  
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se pronunció en la misma línea. "La causa Vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a Cristina Kirchner. Como venimos sosteniendo, los fundamentos del fallo ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina", resaltó.
 
El canciller Santiago Cafiero, uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente, también dijo que se iniciaba el camino hacia la proscripción y que se busca "disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral".
 
En sintonía se expresó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. "Éste es otro día de persecución donde sectores del Poder Judicial están cumpliendo un rol disciplinador". El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la sentencia "busca enterrar los doce años del gobierno que encabezaron Néstor y Cristina" y tiene como objetivo "demonizar lo que representa Cristina".
 
Para el ministro de Justicia, Martín Soria, el fallo del TOF 2 está plagado de inconsistencias. No logra explicarse, en su opinión, cómo los jueces condenan por administración fraudulenta a CFK pero no a los funcionarios que dependían de ella y supuestamente ejecutaban la política vinculada a la obra pública que habría sido contraria a la ley. "El escrito de 1600 páginas expone y comprueba el prevaricato de los jueces", le dijo Soria a Página/12.
 
"Cuando consideran la acusación contra Julio De Vido, los jueces correctamente analizan las competencias propias del ministro de Obras Públicas y lo absuelven. No era su responsabilidad fiscalizar porque eso se reservaba a Vialidad Nacional. Pero cuando tratan la acusación de Cristina Kirchner rompen la cadena penal de responsabilidades y pasan por alto las competencias de la Presidencia de la Nación y la condenan por administración fraudulenta, cuando los jueces saben que la administración y ejecución del presupuesto nacional es responsabilidad del Jefe de Gabinete".
 
 
Plan de persecución
  
Para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, no hubo sorpresas con los fundamentos de la sentencia de Giménez Uriburu, Gorini y Basso. "No nos sorprenden porque veíamos las irregularidades y las denunciamos", le dijo a este diario el funcionario que semanas atrás se refirió a la persecución judicial ante un foro de Naciones Unidas. "Que absuelvan a funcionarios y que vayan por la condena a Cristina demuestra que hay una intención de correr del juego político a la dirigente que más transformó a la Argentina y que más peleó por los intereses de las grandes mayorías. Creo que es eso lo que nunca le van a perdonar: que gobernó para la felicidad del pueblo y no para las corporaciones", afirmó. "Vamos a movilizarnos y a convencer a nuestra ciudadanía de que la mejor alternativa (para las elecciones) es Cristina. Ésta es una página más de este mecanismo perverso que llamamos lawfare".
 
Para el diputado Leopoldo Moreau, la sentencia del TOF 2 ya estaba escrita. "La escribieron Mauricio Macri y la mafia judicial", dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que también denunció la existencia de un "plan sistemático de persecución política".
 
Cristina Caamaño, fiscal retirada, exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y titular de Justicia Legítima, también sostuvo que la condena contra la vicepresidenta es parte del lawfare. "La decisión ya estaba tomada porque el que está juzgando esto es el Partido Judicial, no el Poder Judicial", le comentó a este diario. "El tribunal no tiene en cuenta las pruebas, sino que decide políticamente. Hacer obra pública es una decisión del Poder Ejecutivo, no es algo judiciable. Lo que esto va a generar es que nadie quiera hacer nada por miedo. Es claro que esta decisión del Partido Judicial es para sacar de la cancha a Cristina. Si no era con la causa Vialidad, iba a ser con Dólar Futuro o alguna otra. El tema del lawfare es terminar con el kirchnerismo o con el peronismo", dijo.
 
La diputada Vanesa Siley, que es una de las espadas del FdT en el Consejo de la Magistratura, calificó los fundamentos como "la sentencia más bochornosa de los últimos tiempos democráticos". Siley emparentó la difusión de los argumentos del TOF 2 con la publicación del decreto 4161/56 de la dictadura autoproclamada "Revolución Libertadora", que también un 9 de marzo prohibió la sola mención del nombre de Juan Domingo Perón o el uso de los emblemas del peronismo.
 
 
La liturgia y la calle
  
El sábado se cumplirán 50 años desde que el pueblo argentino volvió a las urnas después de casi 18 años de proscripción del peronismo. Entonces se impuso la fórmula encabezada por Héctor Cámpora, tributario de los votos del "Luche y Vuelve". Este sábado, dirigentes bonaerenses del oficialismo encabezarán un plenario en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda para pedir que CFK sea candidata en las elecciones presidenciales de este año. Es una fecha cargada de simbolismo.
 
Mientras se espera que CFK reaparezca este viernes en Río Negro, el diputado Hugo Yasky llamó a organizar una movilización masiva. "Solo se puede dar vuelta con el pueblo en la calle", dijo en C5N y explicó que podría ser una marcha federal que confluya en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha que sugirió es el 25 de mayo, cuando se cumplirán 20 años de la asunción como presidente de Néstor Kirchner.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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