La Opinión Popular
                  11:33  |  Miercoles 12 de Junio de 2013  |  Entre Ríos
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Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 06-03-2023 / 08:03
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

Dos turistas porteños visitaron la provincia para criticar al gobierno de Bordet

Dos turistas porteños visitaron la provincia para criticar al gobierno de Bordet
A fines de febrero, tras aterrizar en Entre Ríos en una lujosa aeronave privada que lo trasladó al campo de un allegado político, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se paseó en modo campaña presidencial por Gualeguaychú y Concordia junto a su ladero, el también porteño Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos.
A fines de febrero, tras aterrizar en Entre Ríos en una lujosa aeronave privada que lo trasladó al campo de un allegado político, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se paseó en modo campaña presidencial por Gualeguaychú y Concordia junto a su ladero, el también porteño Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos.
 
Secundado por los dirigentes locales Pablo Echandi, Osvaldo Fernández, Francisco Álvarez y José Dorati, Larreta se acercó a la Costanera de Gualeguaychú para una caminata, antes de volar a Concordia para un almuerzo político y hacerse ver en el carnaval de esa ciudad.
 
En lugar de exponer propuestas, ambos visitantes porteños se dedicaron a criticar la gestión de Gustavo Bordet. El intendente porteño Larreta cuestionó puntualmente el sistema de educación en la provincia, y señaló: "No puede ser que uno de cada dos chicos no termine el colegio en Entre Ríos, por lo que se está hipotecando el futuro entrerriano. Tenemos que volver a construir un país federal".
 
"Tenemos que volver a construir un país federal", dijo sin ponerse colorado. Es el mismo Larreta que recurrió a la Corte Suprema de Justicia que falló a favor del macrismo con una cautelar del Puerto de Buenos Aires, la ciudad más opulenta del país, para seguir saqueando a las provincias recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Mientras que muchos distritos necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como la educación o el agua potable para sus habitantes.
 
La Constitución Nacional, desde su reforma en 1994, estipula que la coparticipación federal debe regularse por una ley que debe ser aprobada por todas las provincias. Esa ley nunca se pudo aprobar. Consecuencia de ello, los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional, previo a la reforma de 1994. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república, como el judicial, porque atenta contra la división de poderes.
 
La intromisión indebida de la Corte Suprema, siempre avalando los pedidos del macrismo, en la ejecución presupuestaria federal es inadmisible. La Corte excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal, causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas de las provincias. Frente a esto, ¿qué dijo Larreta?: "Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen". Y después viene aquí a hablar de federalismo.

A continuación agregó: "Hoy el mundo necesita alimentos, y Entre Ríos podría potenciarse mucho más. No solo vender materia prima, sino productos elaborados, pero para esto Argentina tiene que abrirse al mundo". Es la cantinela permanente de los liberales y neoliberales -desde Javier Milei hasta Mauricio Macri, pasando por Larreta- que sostienen que el libre comercio y la apertura indiscriminada de las importaciones serían básicos para alcanzar el desarrollo. Todos los problemas argentinos se explicarían por haberse "cerrado" del mundo.
 
Pero el comercio internacional bajo los términos de las grandes potencias no opera milagros, no asegura ninguna convergencia en materia de desarrollo entre países que se caracterizan por marcadas asimetrías en su capacidad productiva por el solo hecho de que comercien entre sí. Todo lo contrario, la reducción de restricciones comerciales y aranceles asegura que los más fuertes impongan sus ventajas. Con el modelo neoliberal, una parte importante de lo que antes era producido y vendido dentro de cada país se reemplazaría con mercancías importadas, destruyendo la industria nacional.
 
En la Capital del Citrus, los visitantes Larreta y Frigerio mantuvieron un encuentro con intendentes de otras localidades de la provincia. Allí expandieron sus críticas, esta vez, refiriéndose a la falta de empleo. Y el primero sentenció: "Para generar trabajo en Argentina tenemos que modernizar la legislación laboral". En el cínico lenguaje macrista modernizar la legislación laboral significa flexibilización, facilitando la extinción unilateral del empleador de las relaciones, abaratando sustancialmente las indemnizaciones, para poder despedir trabajadores sin ningún tipo de inconvenientes.
 
Lo que pretenden Larreta y Frigerio es arrasar con los derechos conquistados por la clase trabajadora en largos años de lucha, reconocidos por la Constitución contra el despido arbitrario. Pretenden terminar con los principios protectorios del derecho laboral, lo que implicaría una pérdida retroactiva de derechos ya adquiridos por las y los trabajadores en sus relaciones laborales vigentes. En realidad, impulsan una "modernidad" propia de los jornaleros rurales de principios de siglo XX que trabajaban de sol a sol en campos ajenos, para enriquecer a la oligarquía porteña, rapaz y parasitaria, que ambos representan.
 
En su tour electoral, los porteños Larreta y Frigerio expusieron crudamente su proyecto neoliberal, que más allá de la sarasa pseudorepublicana es una concepción derechista, un modelo impuesto por Augusto Pinochet en Chile y Jorge Videla en Argentina, para combatir el keynesianismo y el Estado de Bienestar peronista. Esto generó crecimiento de la pobreza, desigualdad social y económica. Una desigualdad que consideran necesaria para generar la competencia que redundaría luego en crecimiento con derrame.
 
Pero, desde 2015, no solo aumentaron la pobreza y la desigualdad sino también la inflación, la deuda pública y la precarización laboral, resultados que se agravaron después de las PASO de agosto de 2019. La experiencia macrista dejó una pesada herencia, que los porteños Larreta y Frigerio, de turismo en Entre Ríos, se niegan a reconocer. Critican todo porque son opositores, pero sería más meritorio que propusieran algo para debatir. Porque el problema es que no ofrecen proyectos superadores. Y para colmo, a críticos como Frigerio, su pasado en la desastrosa gestión de Macri, tampoco lo ayuda.
 
La Opinión Popular
 

Dos turistas porteños visitaron la provincia para criticar al gobierno

Alberto denunció los vínculos mafiosos de jueces y fiscales con empresarios y dirigentes macristas
 
En la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández hizo un balance positivo de su gestión y anunció cinco nuevo proyectos de ley. Señaló a los ministros de la Corte Suprema, dos de ellos sentados a un metro suyo, y a algunos miembros del Poder Judicial como uno de los responsables de la desigualdad en la distribución de recursos federales, de la falta de credibilidad ciudadana en la justicia y la persecución política a la vicepresidenta Cristina Fernández. Desde la oposición hubo alaridos destemplados y algunas retiradas sueltas.
 
"Hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos cuarenta años como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio".
 
"Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados", dijo el presidente apenas empezó su discurso. El dardo fue directo al juez Sebastián Ramos, el magistrado que archivó la causa que investigaba la relación ilegítima entre la Corte y el gobierno porteño, y la magistrada María Eugenia Capuchetti que tiene a su cargo la no investigación del atentado contra Cristina. La mayor tensión fue alrededor de los supremos, quienes se mostraron inmutables ante cada mención del presidente, quien criticó la vocación de los cortesanos de inmiscuirse en el Poder Ejecutivo, pero también en el Legislativo.
 
Sin mencionarlo de manera expresa, el presidente habló del lawfare. "Fui yo, con mi moderación, el que se empeñó en que la democracia se expanda y respete en toda la región. El que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron. El que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado. Y el que reclama y hace todo lo republicanamente posible desde hace años para que la Justicia argentina vuelva a abrazar al derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular", dijo a poco de comenzar.
 
Luego profundizó su crítica. "Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país".
 
Pero el señalamiento más fuerte llegó cuando habló de la condena de Cristina. "Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".
 
En ese tramo, los legisladores de la oposición saltaban enn sus bancas y gritaban con todo el caudal de sus gargantas y por momentos tapaban el discurso presidencial; mientras el mandatario habló de las mesas judiciales que armaban con recursos estatales para perseguir a "periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros". "No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quién respeta la República y quién no", dijo.
 

Dos turistas porteños visitaron la provincia para criticar al gobierno  
 
Atentado a la familia de Leonel Messi
 
Pero cuando la oposición sobreactuaba indignación y denunciaba que los dichos de Alberto implicaban un supuesto ataque a las instituciones de la democracia, el nombre de Leonel Messi apareció en la agenda mediática y tapó que Alberto había hablado ante el Congreso. La balacera contra el supermercado del suegro de Messi puso al país a hablar del narcotráfico, la centroderecha repitió sus argumentos de siempre y el progresismo apenas balbuceó alguna frase aislada.
 
Presuntos integrantes de alguno de los grupos mafiosos que operan en Rosario balearon el supermercado del papá de Antonella y dejaron una nota amenazante dirigida al indiscutible astro del fútbol mundial. El impacto mediático fue inmediato y de alcance mundial. La derecha y la ultra derecha más recalcitrante salieron rápidamente a copar la parada aprovechando un tema que indudablemente les da rédito en términos electorales.
 
Los mismos que horas antes saltaban como fieras en defensa de las "instituciones de la democracia" supuestamente amenazadas por un legitimo pedido de juicio político a los jueces de la Corte, ahora pedían copiar el modelo que impuso Nayib Bukele que básicamente se llevó puestas todas las instituciones que estaban vigentes en El Salvador.
 
Los halcones de Juntos por el Cambio y los leones libertarios de Javier Milei repitieron a coro las remanidas recetas punitivistas y consignas bélicas que vienen fracasando hace más de 50 años en todo el mundo.
 
La exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, se animó a decir que el actual Gobierno desbarató "todo lo bueno" que había hecho ella en materia de combate contra el narco, aunque los números del Sedronar muestran que durante el gobierno de Cambiemos el consumo de drogas no sólo que no bajó sino que aumentó más rápido que antes.
 
Lo que sí hizo el macrismo fue incrementar la cantidad de detenciones por delitos vinculados a las drogas, que de 2015 a 2018 aumentaron 145%. El problema es que la inmensa mayoría de esas detenciones fue por tenencia y menos del 10% por el delito de tráfico, muy poco para pavonearse de una "lucha contra las mafias".
 
Los libertarios José Luis Espert y Javier Milei salieron con el slogan "cárcel o bala", en este caso aplicado a los narcos, mientras el intendente de Rosario, Pablo Javkin, deslizaba sospechas respecto a una posible connivencia de las fuerzas de seguridad con las mafias, cuestión que queda en evidencia no solo con el nutrido número de causas que involucran a policías y gendarmes sino también con los constantes desplazamientos de autoridades en esas fuerzas.
 
Javkin advirtió además que las cárceles tampoco terminan aportando soluciones porque los narcos las utilizan como espacios de home office desde los cuales siguen operando bajo la mirada condescendiente de los penitenciarios.
 
Con las fuerzas de seguridad metidas adentro del negocio y las cárceles funcionando como lugares de teletrabajo, no resulta claro quién disparará las balas que reclama Espert y quienes serían las víctimas de tales balaceras.
 
Para el ala progresista el tema es incómodo, espeso, difícil de transitar. Lo evidenció el Presidente quien dejó constancia de su desorientación al limitarse a decir "evidentemente algo más tendremos que hacer".
 
La centro izquierda no cree en la militarización de la "lucha contra el narco" ni en las miradas punitivistas, y menos en la participación de militares, pero los sondeos de opinión y los focus group indican que sociedad no quiere escuchar otra cosa. Esa disociación entre lo que les gustaría decir y lo que creen que la gente quiere escuchar los termina llevando a declaraciones como la que dio Alberto.
 
Su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también dejó una frase inapropiada para alguien que ocupa ese cargo, pero innegable desde lo fáctico: "perdimos la guerra contra las drogas", dijo. Si bien el ministro se dio un tiro en el pie (en términos mediáticos) y eso fue bien aprovechado por la oposición, su diagnóstico es innegable.
 
A más de 50 años que Estados Unidos impusiera al mundo su doctrina de guerra contra las drogas que tiene como ejes centrales la criminalización del consumo y el combate con lógicas militares a la producción, distribución y comercialización de drogas ilegales, el consumo de esas sustancias se disparó en todo el mundo, así como el negocio montado en torno a ellas.
 
Quien se animó a correrse de los libretos que imperan en su propio espacio fue el libertario Carlos Maslatón, una rara avis de la política nacional, que abordó la cuestión desde la más tradicional doctrina de la economía liberal. Razonó que mientras haya consumidores ávidos de gastar mucho dinero para adquirir un producto, cualquier acción tendiente a prohibir ese producto sólo hará que los precios suban y que ese mercado se vuelva cada vez más atractivo.
 
Recomendó en consecuencia, poner el foco en reducir la demanda, punto en el que coincidió el cura villero conocido como el "Padre Pepe", amigo del Papa Francisco que hace décadas cumple una valiosa labor social en barrios de emergencia de distintos puntos de la Argentina. El religioso consideró que el verdadero combate contra las drogas no pasa por "meter bala" sino por darle "trabajo y dignidad" a la gente.
 

Dos turistas porteños visitaron la provincia para criticar al gobierno  
 
¿Qué pasa en Juntos por Entre Ríos?
 
Las fuertes internas en la alianza anti peronista Juntos por el Cambio (JxC) por las candidaturas presidenciales tienen su correlato en el interior. Las pujas en el Puerto de Buenos Aires se derraman hacia los distritos que tienen un relativo peso electoral en el mapa de votantes. En las distintas provincias hay actores locales que ya descartaron la mediación de las cabezas de la mesa nacional para resolver los asuntos específicos. A la luz de los acontecimientos de esta semana, Entre Ríos parece ser una de ellos.
 
Pero hay factores de diferencia sustanciales entre el escenario nacional y el entrerriano. Las elecciones intermedias de 2021 habían consagrado al porteño Rogelio Frigerio y chajarisense Pedro Galimberti como los líderes cambiemistas. El siguiente paso era construir la unidad y eso es precisamente lo que no sucedió. Así construyeron este estado de incertidumbre, que le otorga al oficialismo una ventaja objetiva.
 
Juntos por Entre Ríos no logra desactivar la desconfianza cruzada entre sus dos principales candidatos a la gobernación, socios de la aplastante victoria en las legislativas de 2021, contrincantes internos desde el mismo día del triunfo. El porteño y el entrerriano fueron armándose en paralelo con la mirada puesta en 2023, con la idea de medir fuerzas más adelante. Los desencuentros, las -contadas- citas sin buenos resultados y los dimes y diretes marcaron el vínculo. Las diferencias en los temperamentos y en la manera de concebir la política de ambos, sumado a los entornos, parecen haber entorpecido el camino.
 
Hay actores que se entusiasmaron con la unión y que la siguen pregonando. Otros, que dicen ser más realistas, sostienen que siempre supieron que era una empresa complicada y que este es uno de los momentos de mayor distancia. A contrarreloj, las posibilidades se agotan. Al menos hasta ahora, el sector mayoritario de la oposición marcha hacia un quiebre. Aún con ese panorama, desde los dos sectores advierten que estos serán días de conversaciones y que nada está definido aún.
 
Aunque todavía hay tiempo para avanzar, hay pocos indicios de que pueda haber acuerdo. Las desavenencias por la conformación de la fórmula hacen que parezca casi imposible la integración de un solo frente. Ambos mantuvieron sus estrategias inamovibles: Frigerio quiere ser candidato a gobernador y Galimberti quiere ser candidato a gobernador. Hasta ayer, los protagonistas no se habrían movido ni un centímetro de esa afirmación. Sus cercanos sostienen que uno y otro tienen los números, los méritos  y distintas características para encabezar.
 
Los dos saben que ponen mucho en juego para el presente y el futuro. De acuerdo con diversos testimonios, el año pasado la dupla habría llegado a un acuerdo político mínimo que habría incluido la no agresión directa. Este pacto se iría quebrado gradualmente y se señalan mutuamente como responsables. La desconfianza es total.
 
En el radicalismo dicen que el porteño pretendía patear la resolución de la fórmula hasta abril, que querría ser impuesto por el "dedo" de la mesa nacional del PRO y que eso es inadmisible. En el frigerismo aseguran que los radicales son aliados poco confiables, que no habrían cumplido con la palabra y que no respetan el derecho del jefe del PRO de designar candidatos en las principales intendencias.
 
La última propuesta del PRO habría surgido de entre sus máximos representantes locales. Trascendió que era ofrecer a la UCR la vice gobernación para una mujer del grupo de Galimberti, lo mismo que en otras oportunidades. La postura del radicalismo la saben de antemano porque ya dijeron que no antes. Entonces, la realidad por ahora es: irían separados por estos y otros motivos.
 

Dos turistas porteños visitaron la provincia para criticar al gobierno  
 
¿Existe realmente Juntos por Entre Ríos?
 
En los hechos, desde 2021 y hasta hoy el armado de Juntos por Entre Ríos está escindido en dos grupos, y con aliados que fluctúan entre uno y otro. En los papeles, es decir jurídicamente, el frente se encamina a existir y está constituido por la UCR y por el PRO y la adhesión de la Coalición Cívica y el menemismo residual. Pero la saga de desencuentros sigue. De todas maneras, ambos contarían con alternativas para tomar una iniciativa de quiebre si es que no se llega a un acuerdo.
 
Sobrevuela la duda de si el resultado de un hipotético acuerdo ordenará el resto de las candidaturas que se pondrán en juego en la elección provincial, como los legisladores departamentales o la lista a intendentes y concejales.
 
El valor del sello Juntos por el Cambio es sustancial. Sucede que en todas las líneas saben que quien use esa marca captará el voto de los ciudadanos que adhieren a esa alianza nacional. Cuentan con sondeos que respaldan que parte del electorado ya no se inclina sólo por los nombres de los candidatos, que en la provincia son poco conocidos, sino más bien por las marcas.
 
¿Qué falló hasta aquí? La dirigencia es muy crítica. En general, afirman que por diversos motivos sus dos principales referentes no pudieron hacer que primara el interés general por sobre los personales. Y apuntan a los entornos inmediatos. No pudieron capitalizar los buenos resultados de 2021 ni contener a sus propias filas, dicen.
 
Todos reconocen que el PRO de Frigerio, de raigambre menemista, cuenta con un elemento ordenador y ventajoso para estas cuestiones y del que en la vereda del frente carecen: el verticalismo total y la robusta billetera de Larreta. Aunque las decisiones se acatan, naturalmente no siempre conforman a todos.
 
La UCR, en tanto, si bien está dando signos de ordenarse, tiene todavía que superar sus propias internas. Los comicios para autoridades partidarias serán en abril e influirán en gran medida en la posición que finalmente adopten los afiliados al centenario partido. Sin contar que hay dirigentes radicales que están trabajando para Frigerio. La conclusión general es que divididos todos pierden. Consideran, en concreto, que fallaron los dirigentes y que faltó diálogo.
 
Una verdad de Perogrullo, en todas las vertientes, es que por separado ninguno puede ganar la Provincia ni la Capital. Si la división se concreta, el asunto bajo análisis pasaría a ser cómo perder menos o cómo salvar bancas e intendencias. Una parte de la dirigencia opositora se lamenta por esta posibilidad.
 
Siempre hay tiempo para negociar. Consignaron que hubo conversaciones, pero aparentemente sin avances. También trascendió que el propio ex presidente Mauricio Macri llamaría para conversar. Están esperando la comunicación, pero afirmaron que hasta ahora no se había concretado. La dirigencia local, que está atomizada entre ambos espacios, lamenta la inacción nacional. En las bases de la alianza hay agobio por las internas, algo que viene expresando algunos referentes.
 
¿Qué perspectivas hay con este escenario? La división es el peor de los panoramas para el espacio anti peronista. Puede beneficiar a algunas líneas internas, que podrían aspirar a lograr o mantener espacios de poder. La idea de posicionarse como el principal opositor sería una especie de premio consuelo de la disputa.
 
Hay pre candidatos en intendencias que piensan que pueden correr riesgo. La desunión puede derivar en que eventualmente no se consiga armar listas consistentes. Y si bien en el frigerismo confían en sus posibilidades, será más difícil.
 
La inquietud se extiende entre los posibles candidatos en ciudades y pueblos, que están en la calle pero que no pueden meterse de lleno en la campaña. Algunos siguen esperando que en las últimas horas pueda haber acercamiento. En la Casa Gris, mientras tanto, celebran la situación.
 
La Opinión Popular
 

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Para Javier Milei, el interior provincial no parece territorio argentino: apenas figura en la planilla de liquidación de la coparticipación, que por otra parte es lo único que la Nación mantiene en su relación con las provincias. Ya no hay subsidios al transporte del interior -y el resto de las obligaciones están en retirada- ni Fondo de Incentivo Docente, ni envíos para las cajas de jubilaciones, ni partidas para obras públicas, y tienden a cero los recursos no automáticos. Nada de eso reclama el gobernador Rogelio Frigerio, que se traga el destrato de Milei inquieto por no perder más recursos nacionales.
 
Se trata de un esquema de poder nacional, centralista y porteño, que ningunea al interior. Milei parece cada vez más distante de la realidad argentina, y su Gobierno ignora las provincias. La enormidad de los distritos argentinos y la población que vive en ellas son asunto exclusivo de gobernadores e intendentes, los gestores en el barro. Esto quedó en evidencia durante la extensa crisis en la provincia de Misiones -la única asistencia fueron los gendarmes que envió Patricia Bullrich-, pero esa mirada se ratifica una y otra vez en las decisiones libertarias: desde la semana pasada ya no existe Ministerio del Interior, como tampoco existen las carteras de Obras Públicas ni de Educación. Se confirma en los papeles lo que ya se percibía en los hechos: para Milei el interior federal no existe.
 
El mes pasado, el Gobierno de Milei transfirió a las provincias, en conjunto, apenas $ 71.331 millones bajo el rubro "envíos no automáticos". Eso representa, respecto de mayo de 2023, si se considera que en los últimos 12 meses la inflación fue superior al 280%, que la caída real de estas transferencias superó el 80%. Las transferencias no automáticas van por fuera de la coparticipación, pero no representan envíos discrecionales, como sería el caso de los aportes del Tesoro nacional (ATN).

La denominación "no automáticos" engloba partidas que se fijaron en leyes o en acuerdos fiscales y que estaban, hasta el año pasado, previstas en el Presupuesto nacional. Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), suspendido por Milei desde que asumió; fondos para salud y variadas actividades socioeducativas, y los giros a las cajas de jubilaciones no transferidas, entre las que se cuenta la de la provincia de Entre Ríos. El silencio de Frigerio relativiza la culpa unidireccional del gobierno nacional y la desvanece.

El recorte de los recursos no automáticos girados por la Nación a las provincias se inició en enero. Milei se justificó en que "no hay plata" y en la imperiosa necesidad de priorizar su objetivo de equilibrar las cuentas, al mismo tiempo que criticó a las provincias por no ajustar sus gastos y querer seguir derrochando a costa de la Nación. El argumento es falso. Por un lado, hay análisis que demuestran que las provincias, en general, concluyeron 2023 con un superávit primario. Aun si suponemos que ese resultado puede haber dependido, en muchas jurisdicciones de los ATN, la situación económica real de las provincias era más positiva que la que presenta Milei.

Por otro lado, los ingresos se generan en las provincias, ya que el Puerto de Buenos Aires no tiene campos ni industrias y las partidas no automáticas se originan en leyes o en acuerdos fiscales que no pueden ser desconocidas por Milei de manera unilateral. Las provincias afectadas deberían iniciar una demanda judicial que significaría, a futuro, una sentencia en contra de la Nación. Se trata de montos que tarde o temprano el Gobierno de Milei deberá transferir a cada jurisdicción. Por eso mismo, no son pocos los economistas que aseguran que es insostenible el superávit actual logrado en estos meses: si las provincias recibieran los dineros que se les adeudan, el excedente se esfumaría. El superávit actual se produce por el saqueo a las provincias, que Frigerio no reclama.

09-06-2024 / 12:06
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