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Nacionales - 05-03-2023 / 09:03
UNA ESCENA INÉDITA EN EL CONGRESO

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
 
El mandatario seguramente elevó la voz algunas octavas más de lo aconsejable, incurrió en ciertos furcios, exageró al atribuir demasiadas responsabilidades a la Corte y al Consejo de la Magistratura en la crisis de seguridad que atraviesa Rosario. En lo sustancial tiene razón.
 
Le asiste derecho para promover juicio político porque los jueces no enuncian la ley, sino que deciden, crean derecho al sentenciar. Lo escribió Montesquieu, un maestro precursor. El mismo que teorizó tempranamente sobre la división de poderes.
 
Hace falta que el poder controle al poder o algo así. El juicio político es el mecanismo para controlar al Poder Judicial y a la Corte concebido en la Constitución nacional, posterior al deceso de Montesquieu.
 
Promover un juicio político no viola la Constitución, la aplica. El Congreso es el organismo facultado, el Poder Legislativo que controla al otro. Se exigen mayorías agravadas para que el juicio avance en Diputados y luego para destituir en Senadores. Difíciles de conseguir, desde ya. Se cumplen esos recaudos. No hay ataque a la Carta Magna.
 
La oportunidad de la movida que intenta el Gobierno se puede discutir. ¿Por o para qué generar el escenario a sabiendas de que no se contarán con las mayorías? Los oficialistas alegan que servirá para visibilizar los hechos, ponerlos en conocimiento de la opinión pública.
 
Hasta ahora las revelaciones impactan. Los acusadores tienen unos boletos a placé: aguardan que se disuelva o achique la solidaridad entre los cortesanos. O en algunos de sus empleados o secretarios. Que haya reproches mutuos, confesiones. Hasta ahora no sucede, allende las rencillas que se abordan más adelante.
 
La escena alucinó. Los dos magistrados que estuvieron en el recinto probablemente esperaron que ese gesto aminorara el fervor presidencial. Pifiaron. Ni se miraron, menos se hablaron. Salieron del Congreso corriendo, sin hablar con movileros. No enfilaron a Tribunales como imaginaban en la previa.
 
Hasta el cierre de esta nota los cuatro acusados no dieron cuenta de haberse reunido. Se ingeniaron, reconocen sus entornos, para pedir comunicados de apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de presidentes de Cámaras Nacionales. Salieron como por un tubo. Solidaridad corporativa, al mango.
 

 
EL JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES DE LA CORTE, DEBATES Y ANTECEDENTES
 
Cuatro supremos expuestos a la luz pública
 
"Un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla" Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Citado por el juez supremo Horacio Rosatti en la sentencia "Batalla".
 
 
Nada novísimo, recuerdos del pasado: 
 
Resuenan ecos de la jornada transmitida en vivo por la tele que perdura insustituible para hechos únicos. Sin embargo, no hay nada novísimo bajo el sol. 
 
En 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigó al Poder Judicial y a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa. Una de las críticas fue la falta de resultados y hasta de movimiento en la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel.
 
La Corte la tramita (es un modo de decir) desde 1992. Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal en ese tiempo, oyó de cuerpo presente las recriminaciones. Las replicó mal y pronto en un acto que había inventado para pavonearse, "la apertura del año judicial". Que comienza el primero de febrero pero que se celebraba en marzo para parangonarse con el mensaje presidencial en el Parlamento. 
 
Lorenzetti pretendía llegar a presidente de la Nación, catapultándose desde el Palacio de Justicia. La ilusión quedó en el camino, la realidad y sus colegas la serrucharon. Hace cuatro años pervivía la fantasía. Lorenzetti le cantó retruco a Cristina con una coreo que ahorramos acá. Con relación a la Embajada adujo que la causa estaba sentenciada, que se había establecido la autoría material "al grupo Hezbollah, de la Jihad islámica".
 
Mentía o desinformaba por partida doble. Es exótico condenar penalmente a un grupo u organización y no a personas físicas. Pero, lo que es peor, la causa seguía abierta aunque apolillándose en varios estantes. 
 
El papelón forzó a que un secretario de la Corte refutara con esmero al Supremo. El expediente estaba vivo aunque hibernando, se ordenaron un par de medidas de prueba. Lorenzetti es flojo en derecho penal, excede su expertise. He ahí uno de los motivos de su envidia blanca "a lo Salieri" respecto del juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
 
Se ignora si el empoderado Horacio Rosetti ambiciona llegar a presidente de la Nación. El hombre asegura que no, que el Tribunal es el final de su carrera. Lo sostiene desde que quisieron colarlo a la Corte por la ventana mediante decreto simple (no decreto de necesidad y urgencia). La falta de ética de la dupla Ro-Ro por haber aceptado la maniobra se palió porque se sometieron luego a los requisitos constitucionales. No se los debe juzgar por esa tentativa rectificada que sí da cuenta de su estatura moral.
 
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Mentiras difundidas: 
  
Los jueces pueden ser juzgados por sus sentencias entre tantas causales posibles de mal cumplimiento de sus funciones. La Vulgata de derecha lo niega... casi todos se equivocan, una minoría miente.
 
Son arbitrarias las sentencias caprichosas que no se fundan en una de las variadas lecturas racionales disponibles de los hechos. No un razonamiento elaborado sino una maniobra de voluntad. Por fallas de quien resuelve o por mala fe o por ánimo de favorecer a una de las partes. Las sentencias arbitrarias valen como cargo en un juicio político.
 
El prevaricato, un grado más grave, es cuando los jueces incumplen dolosamente los deberes de magistrados. En el comportamiento o en las resoluciones.
 
El contubernio, las relaciones promiscuas con integrantes de otros poderes del estado o con dirigentes políticos abre sospechas. El viaje a Lago Escondido, por invitación del Grupo Clarín enloda a los participantes. La evidencia no surgió de filtraciones discutidas sino de una nota de tapa de Página/12 que motivó a los conjurados a armar los chats. De nuevo, el orden de los factores altera el producto. Los supremos no caen en este lodo pero lo disimulan o encubren con silencio, no actúan como cabeza del Poder Judicial.
 
La sentencia en el expediente "Muiña", el dos por uno salvando a los represores, fue arbitraria. La afecta un tufillo de pago de favores, la promovieron Rosenkrantz y Rosatti poco tiempo después de haber asumido gracias al nombramiento del expresidente Mauricio Macri. Un misil contra "el curro de los derechos humanos".
 
Designio político evidente, sospechas a granel. Fundamentación jurídica banal, berreta. El juez Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti quienes se pronunciaron contra la mayoría no tendrán que ser acusados. Cada supremo tendrá su repertorio de acusaciones.
 
Solo Rosenkrantz tendría que ser acusado por eventual favoritismo hacia las empresas que asesoró como abogado. Había prometido excusarse siempre cuando rindió examen ante el Senado. Pero a los cinco años, rectificó su doctrina. Anunció que ese lapso era bastante, fingió amnesia. Precavido en 2016 había borrado de los registros en Internet la nómina de la distinguida clientela. Es el único que debe responder por ese hipotético manejo de influencias.
 
Rosatti es el primus inter pares sospechado por los chanchullos al autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura en diarquía con la Corte y por los desaguisados que consumó luego. A su zaga colegas lo acompañaron votando de forma inicua la restauración de una ley derogada años atrás.
 
Las relaciones de su vocero Sergio Robles, los contactos confianzudos con figuras políticas opositoras, los consejos e información filtrada recaen solo sobre el exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia. Habrá que alquilar balcones cuando Robles comparezca a declarar bajo juramento.
 
Existen varios etcéteras.
 
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El enmascarado no se rinde: 
  
Espóiler. En las líneas siguientes, de este párrafo ("pancito" en jerga periodística) se retoman críticas de este cronista al uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y al simulacro de sentencia rechazando un recurso extraordinario de Milagro Sala. Si usted las da por sabidas puede saltearlo y pasar al siguiente. Por añadidura las dos inconductas graves, quizá inconstitucionales, no figuran entre las frondosas acusaciones de la Comisión de juicio político.
 
El artículo 280 faculta a la Corte a rechazar recursos sin expresar fundamentos. Un acto público que no se explica o se justifica. La forma republicana de gobierno te la debo. Montesquieu se revolvería en su tumba.
 
Ningún poder del Estado está habilitado a tamaño atropello. Se quitan derechos, se manda a la cárcel o se excarcela, se terminan procesos sin dar razones. Arbitrario hasta la manija. La Corte utiliza el rebusque con asiduidad. Un despropósito inconstitucional para ahorrarse laburo. En el papeleo interno es costumbre que los numerosos secretarios letrados le "marquen" a los supremos los expedientes que terminarán de esa manera abrupta.
 
En los oscuros pasillos del cuarto piso del "Palacio" se cocinan otras habas, pestilentes. Eventualmente se dibujan "280 encubiertos". Se desestiman recursos extraordinarios con fundamentos recalentados, escritos "n" veces. Un simulacro de "considerandos" en vez del sello habitual que tiene cinco renglones.
 
Así se obró al desestimar los recursos de los abogados de Milagro contra la estrambótica condena dictada por tribunales especiales designados ad-hoc, conducidos ostensiblemente por el gobernador jujeño Gerardo Morales. 
 
La persecución vale como causal del juicio político. Un parentesco estrecho la vincula con la sentencia del Tribunal Federal contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Todos datos, hasta acá. Opinión: tamaña prepotencia es causal de juicio político. Otra: el presidente podría (tendría que) haberla recordado mencionarla en el discurso del miércoles cuando describió la barbarie judicial y sus lazos con la derecha.
 
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Internas tras los cortinados: 
  
Otra vez: nada es todísimo nuevo bajo el sol. Diversos presidentes combatieron a la Corte, en plena recuperación democrática. Carlos Menem construyó una Corte Suprema a su imagen y semejanza. Eduardo Duhalde amagó iniciar juicio a la Corte menemista; reculó. Néstor Kirchner se animó, la enfrentó. No puso en el banquillo a todo el Tribunal como Alberto Fernández pero consiguió que se fueran cinco.
 
Fernández sigue adelante en el crepúsculo tras recorrer casi en soledad la distancia entre la Casa Rosada y el Congreso.
 
Los cortesanos cierran filas según cuentan sus portavoces. Serán como los mosqueteros, de momento: todos para uno y uno para todos. Curiosa contingencia, los une el enemigo común aunque los separan broncas, rencores y aún odios añejados.
  
Lorenzetti detesta a Rosenkrantz-Rosatti que intrigaron para birlarle la presidencia del cuerpo. Desde ese momento, trata de diferenciarse sin que haya margen. Odia a Robles a quien atribuye operar en su contra. No cree que lo haga motu proprio.
 
Maqueda se diferenció por largo tiempo de Rosenkrantz a quien consideraba arrogante, despectivo en el trato, poco proclive al diálogo. Ahora articulan, este cronista ignora si hay más motivos que el espíritu de cuerpo.
 
Rosatti tomaba en solfa a Rosenkrantz, altanero y fóbico en el trato cotidiano. Habrán pasado cosas.
 
Rosenkratz desprecia a todos sus pares, se considera superior. Lo señalan los otros tres, en prudentes off the record.
 
En la semana que se inicia mañana el Tribunal oral dará a conocer la fundamentación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Arbitraria, persecutoria. Los jueces deberán cuidarse, disimular. Ni ponerse la camiseta de Liverpool, el equipo de sus diversiones en la quinta de Macri. Ni la amarilla de PRO, la que tienen pegada al corazón.
 
Entre tanto, el fiscal Carlos Stornelli empieza a profugarse de nuevo. Nada nuevo bajo ese sol.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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