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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-03-2023 / 09:03
UNA ESCENA INÉDITA EN EL CONGRESO

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
 
El mandatario seguramente elevó la voz algunas octavas más de lo aconsejable, incurrió en ciertos furcios, exageró al atribuir demasiadas responsabilidades a la Corte y al Consejo de la Magistratura en la crisis de seguridad que atraviesa Rosario. En lo sustancial tiene razón.
 
Le asiste derecho para promover juicio político porque los jueces no enuncian la ley, sino que deciden, crean derecho al sentenciar. Lo escribió Montesquieu, un maestro precursor. El mismo que teorizó tempranamente sobre la división de poderes.
 
Hace falta que el poder controle al poder o algo así. El juicio político es el mecanismo para controlar al Poder Judicial y a la Corte concebido en la Constitución nacional, posterior al deceso de Montesquieu.
 
Promover un juicio político no viola la Constitución, la aplica. El Congreso es el organismo facultado, el Poder Legislativo que controla al otro. Se exigen mayorías agravadas para que el juicio avance en Diputados y luego para destituir en Senadores. Difíciles de conseguir, desde ya. Se cumplen esos recaudos. No hay ataque a la Carta Magna.
 
La oportunidad de la movida que intenta el Gobierno se puede discutir. ¿Por o para qué generar el escenario a sabiendas de que no se contarán con las mayorías? Los oficialistas alegan que servirá para visibilizar los hechos, ponerlos en conocimiento de la opinión pública.
 
Hasta ahora las revelaciones impactan. Los acusadores tienen unos boletos a placé: aguardan que se disuelva o achique la solidaridad entre los cortesanos. O en algunos de sus empleados o secretarios. Que haya reproches mutuos, confesiones. Hasta ahora no sucede, allende las rencillas que se abordan más adelante.
 
La escena alucinó. Los dos magistrados que estuvieron en el recinto probablemente esperaron que ese gesto aminorara el fervor presidencial. Pifiaron. Ni se miraron, menos se hablaron. Salieron del Congreso corriendo, sin hablar con movileros. No enfilaron a Tribunales como imaginaban en la previa.
 
Hasta el cierre de esta nota los cuatro acusados no dieron cuenta de haberse reunido. Se ingeniaron, reconocen sus entornos, para pedir comunicados de apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de presidentes de Cámaras Nacionales. Salieron como por un tubo. Solidaridad corporativa, al mango.
 

 
EL JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES DE LA CORTE, DEBATES Y ANTECEDENTES
 
Cuatro supremos expuestos a la luz pública
 
"Un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla" Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Citado por el juez supremo Horacio Rosatti en la sentencia "Batalla".
 
 
Nada novísimo, recuerdos del pasado: 
 
Resuenan ecos de la jornada transmitida en vivo por la tele que perdura insustituible para hechos únicos. Sin embargo, no hay nada novísimo bajo el sol. 
 
En 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigó al Poder Judicial y a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa. Una de las críticas fue la falta de resultados y hasta de movimiento en la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel.
 
La Corte la tramita (es un modo de decir) desde 1992. Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal en ese tiempo, oyó de cuerpo presente las recriminaciones. Las replicó mal y pronto en un acto que había inventado para pavonearse, "la apertura del año judicial". Que comienza el primero de febrero pero que se celebraba en marzo para parangonarse con el mensaje presidencial en el Parlamento. 
 
Lorenzetti pretendía llegar a presidente de la Nación, catapultándose desde el Palacio de Justicia. La ilusión quedó en el camino, la realidad y sus colegas la serrucharon. Hace cuatro años pervivía la fantasía. Lorenzetti le cantó retruco a Cristina con una coreo que ahorramos acá. Con relación a la Embajada adujo que la causa estaba sentenciada, que se había establecido la autoría material "al grupo Hezbollah, de la Jihad islámica".
 
Mentía o desinformaba por partida doble. Es exótico condenar penalmente a un grupo u organización y no a personas físicas. Pero, lo que es peor, la causa seguía abierta aunque apolillándose en varios estantes. 
 
El papelón forzó a que un secretario de la Corte refutara con esmero al Supremo. El expediente estaba vivo aunque hibernando, se ordenaron un par de medidas de prueba. Lorenzetti es flojo en derecho penal, excede su expertise. He ahí uno de los motivos de su envidia blanca "a lo Salieri" respecto del juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
 
Se ignora si el empoderado Horacio Rosetti ambiciona llegar a presidente de la Nación. El hombre asegura que no, que el Tribunal es el final de su carrera. Lo sostiene desde que quisieron colarlo a la Corte por la ventana mediante decreto simple (no decreto de necesidad y urgencia). La falta de ética de la dupla Ro-Ro por haber aceptado la maniobra se palió porque se sometieron luego a los requisitos constitucionales. No se los debe juzgar por esa tentativa rectificada que sí da cuenta de su estatura moral.
 
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Mentiras difundidas: 
  
Los jueces pueden ser juzgados por sus sentencias entre tantas causales posibles de mal cumplimiento de sus funciones. La Vulgata de derecha lo niega... casi todos se equivocan, una minoría miente.
 
Son arbitrarias las sentencias caprichosas que no se fundan en una de las variadas lecturas racionales disponibles de los hechos. No un razonamiento elaborado sino una maniobra de voluntad. Por fallas de quien resuelve o por mala fe o por ánimo de favorecer a una de las partes. Las sentencias arbitrarias valen como cargo en un juicio político.
 
El prevaricato, un grado más grave, es cuando los jueces incumplen dolosamente los deberes de magistrados. En el comportamiento o en las resoluciones.
 
El contubernio, las relaciones promiscuas con integrantes de otros poderes del estado o con dirigentes políticos abre sospechas. El viaje a Lago Escondido, por invitación del Grupo Clarín enloda a los participantes. La evidencia no surgió de filtraciones discutidas sino de una nota de tapa de Página/12 que motivó a los conjurados a armar los chats. De nuevo, el orden de los factores altera el producto. Los supremos no caen en este lodo pero lo disimulan o encubren con silencio, no actúan como cabeza del Poder Judicial.
 
La sentencia en el expediente "Muiña", el dos por uno salvando a los represores, fue arbitraria. La afecta un tufillo de pago de favores, la promovieron Rosenkrantz y Rosatti poco tiempo después de haber asumido gracias al nombramiento del expresidente Mauricio Macri. Un misil contra "el curro de los derechos humanos".
 
Designio político evidente, sospechas a granel. Fundamentación jurídica banal, berreta. El juez Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti quienes se pronunciaron contra la mayoría no tendrán que ser acusados. Cada supremo tendrá su repertorio de acusaciones.
 
Solo Rosenkrantz tendría que ser acusado por eventual favoritismo hacia las empresas que asesoró como abogado. Había prometido excusarse siempre cuando rindió examen ante el Senado. Pero a los cinco años, rectificó su doctrina. Anunció que ese lapso era bastante, fingió amnesia. Precavido en 2016 había borrado de los registros en Internet la nómina de la distinguida clientela. Es el único que debe responder por ese hipotético manejo de influencias.
 
Rosatti es el primus inter pares sospechado por los chanchullos al autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura en diarquía con la Corte y por los desaguisados que consumó luego. A su zaga colegas lo acompañaron votando de forma inicua la restauración de una ley derogada años atrás.
 
Las relaciones de su vocero Sergio Robles, los contactos confianzudos con figuras políticas opositoras, los consejos e información filtrada recaen solo sobre el exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia. Habrá que alquilar balcones cuando Robles comparezca a declarar bajo juramento.
 
Existen varios etcéteras.
 
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El enmascarado no se rinde: 
  
Espóiler. En las líneas siguientes, de este párrafo ("pancito" en jerga periodística) se retoman críticas de este cronista al uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y al simulacro de sentencia rechazando un recurso extraordinario de Milagro Sala. Si usted las da por sabidas puede saltearlo y pasar al siguiente. Por añadidura las dos inconductas graves, quizá inconstitucionales, no figuran entre las frondosas acusaciones de la Comisión de juicio político.
 
El artículo 280 faculta a la Corte a rechazar recursos sin expresar fundamentos. Un acto público que no se explica o se justifica. La forma republicana de gobierno te la debo. Montesquieu se revolvería en su tumba.
 
Ningún poder del Estado está habilitado a tamaño atropello. Se quitan derechos, se manda a la cárcel o se excarcela, se terminan procesos sin dar razones. Arbitrario hasta la manija. La Corte utiliza el rebusque con asiduidad. Un despropósito inconstitucional para ahorrarse laburo. En el papeleo interno es costumbre que los numerosos secretarios letrados le "marquen" a los supremos los expedientes que terminarán de esa manera abrupta.
 
En los oscuros pasillos del cuarto piso del "Palacio" se cocinan otras habas, pestilentes. Eventualmente se dibujan "280 encubiertos". Se desestiman recursos extraordinarios con fundamentos recalentados, escritos "n" veces. Un simulacro de "considerandos" en vez del sello habitual que tiene cinco renglones.
 
Así se obró al desestimar los recursos de los abogados de Milagro contra la estrambótica condena dictada por tribunales especiales designados ad-hoc, conducidos ostensiblemente por el gobernador jujeño Gerardo Morales. 
 
La persecución vale como causal del juicio político. Un parentesco estrecho la vincula con la sentencia del Tribunal Federal contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Todos datos, hasta acá. Opinión: tamaña prepotencia es causal de juicio político. Otra: el presidente podría (tendría que) haberla recordado mencionarla en el discurso del miércoles cuando describió la barbarie judicial y sus lazos con la derecha.
 
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Internas tras los cortinados: 
  
Otra vez: nada es todísimo nuevo bajo el sol. Diversos presidentes combatieron a la Corte, en plena recuperación democrática. Carlos Menem construyó una Corte Suprema a su imagen y semejanza. Eduardo Duhalde amagó iniciar juicio a la Corte menemista; reculó. Néstor Kirchner se animó, la enfrentó. No puso en el banquillo a todo el Tribunal como Alberto Fernández pero consiguió que se fueran cinco.
 
Fernández sigue adelante en el crepúsculo tras recorrer casi en soledad la distancia entre la Casa Rosada y el Congreso.
 
Los cortesanos cierran filas según cuentan sus portavoces. Serán como los mosqueteros, de momento: todos para uno y uno para todos. Curiosa contingencia, los une el enemigo común aunque los separan broncas, rencores y aún odios añejados.
  
Lorenzetti detesta a Rosenkrantz-Rosatti que intrigaron para birlarle la presidencia del cuerpo. Desde ese momento, trata de diferenciarse sin que haya margen. Odia a Robles a quien atribuye operar en su contra. No cree que lo haga motu proprio.
 
Maqueda se diferenció por largo tiempo de Rosenkrantz a quien consideraba arrogante, despectivo en el trato, poco proclive al diálogo. Ahora articulan, este cronista ignora si hay más motivos que el espíritu de cuerpo.
 
Rosatti tomaba en solfa a Rosenkrantz, altanero y fóbico en el trato cotidiano. Habrán pasado cosas.
 
Rosenkratz desprecia a todos sus pares, se considera superior. Lo señalan los otros tres, en prudentes off the record.
 
En la semana que se inicia mañana el Tribunal oral dará a conocer la fundamentación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Arbitraria, persecutoria. Los jueces deberán cuidarse, disimular. Ni ponerse la camiseta de Liverpool, el equipo de sus diversiones en la quinta de Macri. Ni la amarilla de PRO, la que tienen pegada al corazón.
 
Entre tanto, el fiscal Carlos Stornelli empieza a profugarse de nuevo. Nada nuevo bajo ese sol.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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