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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 04-03-2023 / 09:03
CONCLUSIONES DE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) POR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN ARGENTINA

Los discursos de odio en redes sociales y medios facilitaron la situación que desembocó en el atentado contra Cristina

Los discursos de odio en redes sociales y medios facilitaron la situación que desembocó en el atentado contra Cristina
La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial del comité para abordar la violencia contra las mujeres, interesadas puntualmente en el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022.
La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial del comité para abordar la violencia contra las mujeres, interesadas puntualmente en el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022.

"Los discursos de odio que se reflejan en redes sociales y portadas de medios" hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner "pavimentan la situación" que desembocó "en el atentado contra su vida: el ataque no vino del vacío", consideró en una entrevista la abogada peruana Marcela Huaita, presidenta del Comité de Expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), al finalizar este viernes la visita oficial al país, que se extendió por tres días, para investigar la problemática de la violencia contra las mujeres en la vida pública y política Argentina.

 
El intento de magnicidio contra Cristina fue uno de los casos abordados. "El tipo de imágenes con las que la representan en portadas de medios y en redes sociales constituyen violencia política por razones de género y naturaliza este tipo de violencia contra las mujeres. Tenemos otro atentado más reciente contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y a una concejala en Bolivia directamente la han asesinado. Esto es algo muy grave que le hace daño a la democracia y a la sociedad. Hay que frenarla", advirtió la experta.
 
Por la tarde, durante una conferencia de prensa, en un hotel del centro porteño, Huaita leyó el comunicado elaborado por la delegación del Comité de Expertas, en el que destacaron que los casos de violencia política contra mujeres en el país "no son hechos aislados" y dejaron un extenso pliego de recomendaciones a los tres poderes y a los medios de comunicación.
 
La delegación pudo evidenciar --expresó Huaita-- que "el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública".
 
Además subrayó que "estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática". En este sentido, señaló las asimetrías a nivel nacional y provincial, en especial en los procesos de administración de justicia. "En algunos casos, los resortes de atención e investigación de estas violencias pueden ser menos o más eficientes, dependiendo del nivel de tolerancia, aceptación y desarrollo de los mecanismos institucionales para combatir la violencia", apuntó.


 
"El ataque a Cristina Kirchner no vino del vacío"
 
La misión de la OEA sobre la violencia política contra las mujeres en Argentina: "Hostigamiento, ataques e impunidad". La misión tuvo por objeto analizar los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en el país. El grupo de expertas advirtió sobre los discursos de odio y cómo pavimentaron el atentado contra CFK.
 
 
El impacto de la impunidad
  
--¿Cómo analiza el rol de los medios de comunicación? --le preguntó luego este diario a Huaita.
 
--Los medios van naturalizando estos discursos de odio. Esta violencia es un reflejo de la discriminación hacia la mujer. Los medios deben mirarse a sí mismos.
 
--¿Con qué impresión se va?
 
--Hay dos frases que hemos escuchado en las distintas reuniones que hemos mantenido que me impactaron: las mujeres se sienten solas y tiene miedo. Es una cuestión bastante potente, porque más allá de que hay normas e instituciones, no están funcionando. Los partidos políticos no están apoyando a sus propias militantes y esto se da en las provincias y a nivel nacional. Las mujeres hemos ocupado espacios pero los sentimos propios. Siguen sintiendo que no tienen respaldo y esto le hace daño a la democracia y es un mensaje que va calando en las nuevas generaciones. Hemos conquistado espacios, hemos llegado para quedarnos, pero necesitamos que haya un cambio cultural, que todos tenemos que construir.
 
 
"No son hechos aislados"
  
"Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad": con estas cuatro palabras la delegación resumió su visión de la problemática que encontró en el país. En los tres días que duró la misión técnica, realizada a pedido del Gobierno, mantuvieron diversas audiencia privadas, entre ellas con la vicepresidenta CFK, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y dos de las "Ramonas Atrevidas", las dirigentas catamarqueñas del radicalismo, sancionadas por la propia UCR por impugnar a un candidato denunciado por acoso y abuso sexual en esa provincia norteña.
 
El Comité de Expertas advirtió que "la impunidad" que rodea a estos hechos "tiene un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones". Y consideró que, de acuerdo a los testimonios recogidos, los mecanismos institucionales existentes en el país "no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político".
 
La delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política "no son hechos aislados", que se trata de "una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación", dijo Huaita, al encabezar la rueda de prensa.
 
"Los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o exfuncionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local", agregó la experta peruana.
 
 
Principales preocupaciones
  
A lo largo de las reuniones mantenidas con autoridades y representantes del Estado, mujeres víctimas de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación, el Comité de Expertas destacó que pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, "a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política".
 
También escucharon a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala que expuso la persecución judicial que viene sufriendo en Jujuy la militante social encarcelada.
 
Prácticamente la totalidad de las entrevistadas durante las diferentes audiencias que mantuvieron "coincidió en que los hechos de violencia pretendían tener un carácter disciplinador por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían", dijo Huaita. Además, agregó, "los diferentes testimonios escuchados apuntaron a que la violencia política contra las mujeres se ha visto exacerbadas por medios de comunicación y a través de redes sociales".
 
Especial preocupación generó también al Comité "la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura".
 
 
La visita
  
La misión estuvo conformada además por las expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la Secretaria Técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero. Estuvo junto a la delegación la experta independiente argentina, la abogada rosarina Susana Charotti.
 
En los tres días que duró la visita, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado: representantes de la Cancillería, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio del Interior; con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozetta, y con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; también con diputadas, senadoras y representantes de partidos políticos.
 
Además tuvo encuentro con representantes de la sociedad civil, la academia y mujeres periodistas víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión.
 
"Los actos de agresión en línea dirigidos en contra de mujeres con un perfil público o que son activas en los debates digitales son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública, lo cual debilita al sistema democrático", destacó Huaita.
 
Al respecto, el Comité consideró "importante" recordar que "esta violencia causa daños y sufrimientos graves a las mujeres, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos, quienes a menudo son objeto de victimización ulterior debido a estereotipos de género perjudiciales y negativos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos".
 
 
Silenciamiento, ausencia de condena pública e impunidad
 
El Comité llamó la atención sobre el hecho de que existe "un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política".
 
También dijo que en los casos donde convergen diferentes interseccionalidades como las condiciones de mujeres indígenas o las representaciones de las militancias por los derechos de las mujeres lesbianas o trans, "se evidencia que el racismo o el desconocimiento de estos derechos facilitan la falta de esclarecimiento de las denuncias".
 
 
Fragilidad institucional y desconfianza
  
A pesar de la percepción de que existe una legislación robusta de protección de derechos de las mujeres en el país, con leyes que han supuesto importantes avances, "según la información recibida por el Comité se desprende que hacen falta mecanismos para la implementación de dichas leyes, como reglamentos y protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia".
 
Por otro lado, a través de los diferentes testimonios recibidos, Huaita dijo que el Comité constató que los mecanismos existentes "no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político".
 
"La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia. En este contexto la característica casi común de los casos de violencia contra mujeres en la política es la impunidad", dijo Huatia.
 
 
Recomendaciones
  
A la luz de las observaciones preliminares que punteó Huatia en la conferencia de prensa, el Comité de Expertas, en ejercicio de su mandato y en cumplimiento de las obligaciones y estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" y de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, solicitó al Estado de Argentina implementar las siguientes recomendaciones iniciales:
 
Al Estado Argentino
 
1. Incluir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" dentro del boque de constitucionalidad. No tiene rango constitucional todavía.
 
Poder Ejecutivo
 
El Comité destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las iniciativas que se están desarrollando para la atención de las violencias contra las mujeres. Pero frente a "la gravedad de los hechos de violencia política y simbólica contra las mujeres políticas y periodistas" consideró necesario "la implementación de medidas urgentes" tendientes a:
 
Establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos;
Incorporar la violencia contra las mujeres en la vida política en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres;
Desarrollar acciones para la investigación y recopilación de estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política, determinando los medios para su divulgación
Adoptar una metodología que permita evaluar el riesgo particular que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia en la vida política debido a múltiples factores de discriminación como sexo, edad, raza, etnia y posición económica, entre otros, y diseñar las medidas para prevenirlo;
Generar una revisión en colaboración con el órgano electoral, y el órgano contra la discriminación mediante un escrutinio estricto, de todas las normas y prácticas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, incluyendo los sistemas normativos y prácticas culturales, que puedan tener un impacto discriminatorio y violento contra las mujeres en la política.
Desarrollar campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, como un factor de debilitamiento de la democracia, así como de prevención e información sobre las rutas de atención y denuncia en casos de violencia en el ejercicio de los derechos políticos.
Promover el cumplimiento efectivo de lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en materia de violencia contra las mujeres en la vida política.
 
Al Órgano Electoral
 
Establecer un protocolo de actuación de carácter interno que identifique las dependencias responsables, así como las medidas y sanciones aplicables ante los casos de violencia contra las mujeres en la vida política que conozcan;
Fortalecer la capacidad de generar estadísticas sobre violencia contra las mujeres en la vida política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas;
 
Al Órgano Legislativo:
 
Incorporar dentro de su reglamento, tanto del Congreso de Diputados como del Senado, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política e incluir acciones disciplinarias entre pares para sancionar los actos de violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones.
 
Implementar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Actuar de manera inmediata y con la debida diligencia contra actos y discursos violentos en el ejercicio de la actividad parlamentaria que menoscaban la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin discriminación.
 
A los Órganos Judiciales y Ministerio Público:
 
Actuar con debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres en la vida política para garantizar el efectivo acceso a la justicia a las víctimas, la investigación expedita de los actos de violencia, la sanción y reparación y no repetición.
Garantizar a las mujeres víctimas de violencia en la vida política su derecho a todas las garantías establecidas en la legislación nacional de violencia contra las mujeres.
 
A los Medios de Comunicación:
 
Promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política;
Generar políticas internas con los medios de comunicación y las empresas de redes, así como códigos de autorregulación dirigidos a desnaturalizar las agresiones en línea y sensibilizar entorno a sus impactos en las personas y la sociedad. En este sentido, las políticas deberán estar orientadas tanto a quienes habitan hoy el espacio digital, como a niños, niñas y jóvenes que lo harán en el futuro.
Eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política.
Prohibir toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género.
Promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en relación a los derechos de las mujeres y su participación política, con particular atención al periodo legal de campaña electoral.
 
Por Mariana Carbajal
 
Fuente: Página 12
 

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11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

10-11-2025 / 11:11
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero. Se trata de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por Javier "el Estafador" Milei a través de su cuenta de X. La causa $LIBRA empieza a moverse. El juez ordenó este fin de semana el congelamiento de todos los bienes muebles e inmuebles del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, quien ofició como el socio principal de la estafa de la que participó Javier Milei.
 
El juez dictó una medida de "no innovar" también sobre los activos financieros de Davis y de otros dos criptochantas vinculados al caso, uno colombiano (Favio Camilo Rodríguez Blanco) y otro argentino (Orlando Rodolfo Mellino), ambos presuntos titulares de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por el Presidente a través de su cuenta de X.
 
La medida del juez se basa en un informe del Ministerio Público Fiscal en el que se establece que, en los activos financieros de Davis, Rodríguez Blanco y Melino podría esconderse parte del botín estimado entre los 100 y 120 millones de dólares con que estafaron a través de $LIBRA a centenares de inversores cripto desprevenidos.
 
En ese marco, Davis es señalado como la figura central en la ruta del dinero del fraude: ya está en la mira de la justicia norteamericana, donde afronta una denuncia por estafa, al tiempo que se pudo reconstruir, tanto dentro de la causa como a través de la investigación de distintos especialistas del mundo cripto y de la Comisión de Diputados, que movilizó fondos a través de distintas billeteras para sus socios, intentando borrar la huella de las transferencias, algo que no pudo lograr. Rodríguez Blanco y Melino, en tanto, son señalados como posibles "intermediarios" en $LIBRA y otros negocios similares.
 
La misma medida que alcanzó a los bienes de Davis y los "intermediarios" Rodríguez Blanco y Melino ya había sido tomada por el juez para el caso de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos socios en el Tech Forum de octubre de 2024 de la que participó Milei y que registran varias visitas a Olivos y a la Casa Rosada en las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA. 
 

10-11-2025 / 10:11
Un oficialismo ordenado, una oposición sumida en internas. El Gobierno de Javier "el Cipayo" Milei avanzará con sus reformas regresivas, mientras el principal partido de oposición sigue sin salir del shock que fue el resultado sorpresa de octubre para propios y extraños. Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado.
 
A apenas dos semanas de haber ido a votar, la sensación es de un escenario político planchado, sin novedades y a espera de algún acontecimiento que sacuda esa relativa tranquilidad otorgada al Gobierno libertario tras las elecciones. Semeja, cada vez con mayor intensidad, que las responsabilidades están en el campo opositor.
 
Habrá otra ofensiva profundizada contra los trabajadores, a través de los proyectos de reforma laboral que persiguen achicar más todavía a la clase media (¿cuánto más puede apretarse hacia abajo?). Tal vez no sea inminente, porque voces en off del Gobierno indican que son más bien "bombas de humo" para medir el humor social. Como fuere, el momento llegará y cabe seguir preguntándose si la dirigencia sindical mayoritaria persistirá en sus nubes de Úbeda.
 
El interrogante, por supuesto, se extiende al conjunto de referentes políticos opositores. Podría considerarse lógico que, al cabo de un resultado electoral que no esperaba ni el propio oficialismo, la oposición se encuentre en estado de shock. Sin embargo, hay el reparo de que, en esa franja, las dificultades e indecisiones vienen de antes. De bastante antes. El dictamen de las urnas sólo acentuó que la tierra barrida debajo de la alfombra volviera a exponerse.
 
Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado. Será más temprano que tarde cuando el peronismo, como única fuerza no testimonial en condiciones de disputar poder, o gobierno, deba resolver su situación indefinida. Y si no es mediante un consenso que pueda abroquelar de forma convincente, sería la oportunidad de hacerlo con elecciones internas.
 
¿Alguien tiene una fórmula más apta, si no se arriba a acuerdos básicos? De paso, o en primer término, reiteremos ciertas incógnitas.
 
¿Hablamos de diferencias programáticas y, luego, acerca de tácticas de alianzas que permitan un arco lo más amplio posible, como para enfrentar con éxito a un bloque dominante envalentonado? ¿Hablamos de disidencias respecto de las administraciones territoriales, que pudieran significar divisiones insalvables entre la gobernación bonaerense y La Cámpora? ¿O estamos hablando de disputas de figuración, por más antipático que resuene?
 
No pareciera que fuesen las dos primeras variantes, salvo habernos perdido algún aspecto sustancial. ¿Cuáles serían los enfrentamientos ideológicos marcados, e incluso secundarios, entre los idearios de Cristina y Kicillof o entre aquellos que responden a una y otro?
 
Si no los hay; si la respuesta es efectivamente negativa; si no rige algún cisma político profundo susceptible de ser arreglado entre cuatro paredes y como debería corresponder a gente grande, entonces resta la opción de que lo irresoluto pasa por razones de contienda individual. Y en esa alternativa, no cabría más que la ruptura.
 
Es decir: justo lo esperado por los libertaristas y sus socios para seguir comiendo pochoclo mientras Washington no les suelte la mano. Sería tristísimo y peligroso. Por eso es dable esperar que haya freno, si es que se llega al borde del abismo.  
 

09-11-2025 / 10:11
El intento del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, de negar la autenticidad de los audios en los que denunciaba el sistema de coimas con medicamentos para discapacitados que terminaba en los Hermanos Milei puede convertirse en un problema mayor para el Gobierno. Se pudo saber que si la Justicia lo convalida, aparecerán los audios completos, incluidos sus interlocutores, lo que dejaría expuesta la trama libertaria que desató el escándalo.
 
Es decir, no sólo la voz de Spagnuolo, que obviamente es la auténtica, sino también la de sus dos o más interlocutores. De ser así, se produciría un fuerte dolor de cabeza para La Libertad Avanza (LLA) dado que, por supuesto, quienes mantuvieron los diálogos con Spagnuolo --¡y lo grabaron!-- son libertarios. Parece evidente que el exfuncionario no confesó "el 3 por ciento para Karina" con alguien que no fuera del palo y de cierto nivel.
 
De manera, que una revelación de los originales, exhibiría una trama interna. A esta altura, nadie duda que se trata de la voz de Spagnuolo, a tal punto que el propio exfuncionario nunca dijo que no era él quien hablaba y en el gobierno lo echaron justamente porque estaban seguros que se trataba de Spagnuolo, descontrolado y desesperado porque él firmaba compras y las coimas se las llevaban otros, los Menem y Karina.
 
De todas maneras, la aparición de los audios completos --también con la voz de los interlocutores-- depende de la evolución de la causa. La Cámara Federal tardará entre dos y tres semanas en decidir si los audios afectaron el derecho a la intimidad de Spagnuolo --eso es lo que planteó la defensa-- y si la causa previa, en la que ya se denunciaron los manejos en Discapacidad, impide seguir investigando.
 
Spagnuolo sumó a su defensa al conocido abogado Mauricio DAlessandro. De su mano apareció el súbito y tardío cuestionamiento a los audios que en su momento difundieron los periodistas Mauro Federico, Ivy Cángaro y Jorge Rial. El letrado fue un poco más cauto que su cliente: dijo que los audios son editados. Se trata de algo público y notorio, dado que en lo difundido se sacó la voz de los interlocutores de Spagnuolo, aquellos que lo escucharon hablando de las coimas y las compras de medicamentos amañadas, supuestamente a favor de la droguería la Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
 
Quién filtró los audios, es decir quien se los entregó a los periodistas, sacó la voz de los que dialogaban con Spagnuolo porque se trató de personas de LLA. Es evidente que el escándalo tuvo como trasfondo la interna libertaria, las fuerzas del cielo vs Karina-Martín y Lule Menem, aunque se debería agradecer a esa interna porque permitió revelar el descarado robo a los discapacitados.
 
Lo que ahora aparece en escena es la posibilidad de que se conozcan los audios completos, sin sacar la voz de quienes mantuvieron esos diálogos con el extitular de Andis. Sería en caso de que la justicia cuestionara la autenticidad de la voz de Spagnuolo. Parece cantado que semejante revelación armaría un tremendo lío en el bando libertario.
 

08-11-2025 / 09:11
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier "el Cipayo" Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas.
 
En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
 
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves.
 
Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo DAlessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político -algunos de mucha gravedad- que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
 
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de "hay que frenar a Milei". El oficialismo convocó a "acabar con el kirchnerismo" o "hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio, el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura cívico-militar.
 
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento nacional y popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
 
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue "te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre". Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
 
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón.
 
El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático. Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. 
 

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