El atentado contra el supermercado del suegro de Lionel Messi deja mucho para pensar. Unas horas después del discurso presidencial, dos hombres se bajaron de una moto y dispararon 14 veces contra las cortinas del comercio, dejaron una nota con amenazas al capitán de la selección nacional y huyeron.
 
El suegro de Messi no participa en política ni en la interna de ningún equipo de fútbol. El objetivo fue realizar un atentado que tuviera tremenda repercusión. Y eligieron hacerlo unas horas después del discurso de Alberto Fernández, en el que se refirió, entre otros puntos, a la inseguridad en esa ciudad.
 
¿Fue Messi el objetivo? Aunque la amenaza mencionó a Messi, no está claro que el astro futbolístico ni su suegro fueran los objetivos. Rosario es el escenario de una guerra de narcos, es una ciudad azotada por la violencia, con un record de asesinatos muy por encima del resto del país. Pero además, esa realidad es el eje de un debate donde todos se echan la culpa.
 
Lo real es que Rosario fue gobernado desde 2007 por la oposición socialista, que a nivel nacional, por lo general vota junto a la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero en 2019 asumió la gobernación el peronista Omar Perotti, que fue en las listas del Frente de Todos.
 
Tanto el macrismo como el socialismo afirmaron, sin evidencias ni pruebas, que cuando fueron gobierno nacional o provincial habrían logrado controlar el fenómeno narco. Ahora le cargan la romana a Perotti y a Fernández.
 
En su discurso, el Presidente había acusado a la Corte y a la oposición de congelar a la Magistratura que debería designar a los jueces y fiscales faltantes en Santa Fe. Son los tribunales que faltan para agilizar la lucha contra esta lacra. Horas después se produjo el atentado que repercutió en todo el planeta.
 
La responsabilidad del macrismo y la Corte en la parálisis de la Magistratura es indiscutible. Y también lo es a esta altura, que la injerencia del narco en Rosario ha tomado una envergadura que necesariamente compromete a sectores de la política, de las fuerzas de seguridad y hasta a funcionarios judiciales. El ala dura del macrismo habla de enviar al ejército, pero ya no se trata solamente de un tema militar, sino económico, geopolítico y social.

'/> Después del informe de Alberto en el Congreso se produjo un apagón y un atentado que buscó efecto usando el nombre de Messi / La Opinión Popular
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                  20:37  |  Viernes 18 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 04-03-2023 / 08:03
¿CASUALIDADES?

Después del informe de Alberto en el Congreso se produjo un apagón y un atentado que buscó efecto usando el nombre de Messi

Después del informe de Alberto en el Congreso se produjo un apagón y un atentado que buscó efecto usando el nombre de Messi
En menos de 24 horas después del informe de gestión del presidente Alberto Fernández en el Congreso, se produjeron un apagón en medio país y un atentado que buscó repercusión usando el nombre del capitán de la Selección Nacional, Lionel Messi.
El inmenso apagón originado en la propiedad de un ex funcionario macrista, Ricardo Elliot, y un atentado en Rosario cuya intención más que evidente fue provocar el escándalo y la desestabilización fueron el encuadre fantásmico --el destino, la casualidad o una mano negra-- al informe presidencial de Alberto Fernández ante el Congreso de la Nación.
 
"En medio del corte de luz masivo, Alberto Fernández tuiteó su discurso con una insólita frase: 'Argentina es un gran país'" fue el titular de Clarín en la tarde de ese día. Argentina no es un gran país, según este titular que buscó refutar el discurso de presidencial, aprovechándose de ese contexto misteriosamente negativo que se produjo ese día.
 
El atentado contra el supermercado del suegro de Lionel Messi deja mucho para pensar. Unas horas después del discurso presidencial, dos hombres se bajaron de una moto y dispararon 14 veces contra las cortinas del comercio, dejaron una nota con amenazas al capitán de la selección nacional y huyeron.
 
El suegro de Messi no participa en política ni en la interna de ningún equipo de fútbol. El objetivo fue realizar un atentado que tuviera tremenda repercusión. Y eligieron hacerlo unas horas después del discurso de Alberto Fernández, en el que se refirió, entre otros puntos, a la inseguridad en esa ciudad.
 
¿Fue Messi el objetivo? Aunque la amenaza mencionó a Messi, no está claro que el astro futbolístico ni su suegro fueran los objetivos. Rosario es el escenario de una guerra de narcos, es una ciudad azotada por la violencia, con un record de asesinatos muy por encima del resto del país. Pero además, esa realidad es el eje de un debate donde todos se echan la culpa.
 
Lo real es que Rosario fue gobernado desde 2007 por la oposición socialista, que a nivel nacional, por lo general vota junto a la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero en 2019 asumió la gobernación el peronista Omar Perotti, que fue en las listas del Frente de Todos.
 
Tanto el macrismo como el socialismo afirmaron, sin evidencias ni pruebas, que cuando fueron gobierno nacional o provincial habrían logrado controlar el fenómeno narco. Ahora le cargan la romana a Perotti y a Fernández.
 
En su discurso, el Presidente había acusado a la Corte y a la oposición de congelar a la Magistratura que debería designar a los jueces y fiscales faltantes en Santa Fe. Son los tribunales que faltan para agilizar la lucha contra esta lacra. Horas después se produjo el atentado que repercutió en todo el planeta.
 
La responsabilidad del macrismo y la Corte en la parálisis de la Magistratura es indiscutible. Y también lo es a esta altura, que la injerencia del narco en Rosario ha tomado una envergadura que necesariamente compromete a sectores de la política, de las fuerzas de seguridad y hasta a funcionarios judiciales. El ala dura del macrismo habla de enviar al ejército, pero ya no se trata solamente de un tema militar, sino económico, geopolítico y social.

 
El Ejército y las drogas
 
El envío por sí solo de más gendarmes o tropas del ejército sin un enfoque más amplio, puede conducir al fracaso que ocurrió donde se han aplicado esos métodos, como en México.
 
La semana pasada el ministro del gobierno derechista del PAN de principios del milenio, encargado de combatir a los narcos mexicanos, Genaro García Luna, fue condenado en los Estados Unidos por introducir a ese país 53 toneladas de cocaína del cartel de Sinaloa.
 
El año pasado fue condenado el jefe de la Policía Federal de México, Iván Reyes Arzate por el mismo delito. Cuatro generales y un teniente coronel fueron procesados por dar protección a un alto jefe narco que después cayó en desgracia.
 
En Santa Fe, Argentina, hay varios ex jefes de la división antidrogas detenidos por colaborar con las bandas. El ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, fue procesado por el mismo delito. En un problema tan complejo y tan grave es suicida tratar de sacarle rédito político con acusaciones al bulto o con soluciones milagrosas.
 
No se puede combatir una mafia con otra mafia como propone Patricia Bullrich. En esa fórmula las fuerzas de seguridad o militares se exponen a la corrupción y aumentan las víctimas jóvenes y pobres entre la población civil, como sucedió en el sur con los crímenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
 
Es un país de demasiadas "casualidades", como que una organización utraderechista, relacionada con el grupito de lúmpenes que intentó asesinar a Cristina Kirchner, haya sido financiada por empresas de la familia de Luis Caputo, amigo de Mauricio Macri; o donde la casualidad hizo que espías aleccionados por el macrismo hayan decidido espiar por cuenta propia a enemigos y críticos de Macri; o donde la casualidad hizo que la gran mayoría de las causas contra Cristina Kirchner cayeran en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio y su compadre Carlos Stornelli.
 
 
El papel del incendio
 
En un país de tantas casualidades sería conspiranoico suponer que un incendio en campos de un ex funcionario macrista destruyera un cable de alta tensión que sacaría de servicio a la central atómica de Atucha para dejar sin luz a medio país pocos minutos después del discurso presidencial. Por "casualidad", el incendio se inició en sitios estratégicos muy puntuales debajo de la línea de alta tensión, en campos del macrista Ricardo Elliot, ex funcionario en Pilar.
 
En la información de los medios corporativos, el discurso presidencial fue rápidamente sobrepasado por las amenazas a Messi y por el apagón. Esta casualidad alcanzó para contradecir al discurso presidencial cuando dijo que "la Argentina es un gran país".
 
Cuando Alberto Fernández lanzó su crítica al funcionamiento de la Corte y la realización del lawfare por el macrismo, la oposición macrista comenzó a rechiflar y a gritar en forma desaforada. Pareció una escena arreglada incluso con los dos únicos miembros de la Corte que asistieron y que son los dos que fueron designados por Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
 
 
La complicidad entre la oposición y la Corte
 
La intención fue mostrar a la oposición defendiendo a capa y espada a los inmaculados jueces de la Corte del ataque populista patotero. Pero el griterío, las chiflatinas y las actitudes burdas de los legisladores de la oposición los mostraron a ellos como patota y dieron vuelta el sentido de la escena. En vez de concitar indignación confirmaron la acusación que había formulado el Presidente de complicidad entre unos y otros.
 
La persecución judicial a Cristina Kirchner estuvo presente en el discurso presidencial que se emitió por cadena nacional. La credibilidad o expectativa que tuvo de punto de partida el complot judicial se esfuma con rapidez después de una condena sin pruebas y con tantas irregularidades.
 
Esa condena fue el punto de inflexión. Un síntoma fue la inmediata denuncia de Cristina Kirchner contra su proscripción. Se le sumó el discurso presidencial. La reunión que mantuvo la vicepresidenta el jueves con las integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sugiere el comienzo de una campaña internacional.
 
La condena a seis años con inhabilitación para ocupar cargos públicos fue el disparador de artículos periodísticos en medios internacionales que comenzaron a tomar el caso de Cristina Kirchner como paradigma del lawfare o guerra judicial.
 
Los jueces, fiscales y la Corte de Argentina empiezan a configurar un ejemplo negativo en el mundo. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la condena y ya se está trabajando en la convocatoria a un acto popular para el 11. Era inevitable que el lawfare y la manipulación de la Justicia concluyeran por resquebrajar al Poder Judicial.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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