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Nacionales - 31-01-2023 / 11:01
SÉPTIMA MARCHA POR LA SOBERANÍA DE LAGO ESCONDIDO

Peones de Lewis, el amigo de Macri, impidieron el acceso a las columnas de la marcha

Peones de Lewis, el amigo de Macri, impidieron el acceso a las columnas de la marcha
En el lugar, los caminantes se encontraron con un grueso portón de hierro, con candados y cadenas, como primera barrera para impedir el ingreso de manifestantes, en tanto que en el interior del Tacuifí se ubicaron más de 30 peones montados a caballo, con rebenques y gomeras, y otros tantos hombres y mujeres a las órdenes de Lewis. Todos en una posición violenta y provocativa, con la presencia pasiva de una docena de efectivos de la Policía de Río Negro, aparentemente del lado de Lewis.
Los referentes sociales, gremiales y políticos que integran la séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, iniciaron este lunes por la tarde la movilización desde el paraje Foyel, sobre la Ruta 40, hacia la tranquera que habilita el acceso al espejo de agua, según contaron desde las entidades convocantes.
 
Esa expedición, en la que participará la mayor parte de los manifestantes, transitará el llamado Camino de Tacuifí, que se supone debe estar habilitado por orden judicial, pero que en un tramo de su recorrido está bloqueado por una tranquera instalada por la empresa Hidden Lake, de propiedad del millonario británico Joe Lewis, el amigo de Mauricio Macri.
 
Otro grupo de los participantes continuó su marcha hacia Lago Escondido, pero por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, en una columna de la que forman parte el sacerdote Francisco "Paco" Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, y el médico sanitarista Jorge Rachid.
 
Para preparar el inicio de la marcha por el Camino de Tacuifí, la multisectorial que organiza todos los años la Marcha por la Soberanía mantuvo un "encuentro preparatorio y organizativo" en la localidad de El Bolsón, con la coordinación del dirigente peronista Julio Urien, ex teniente de fragata de la Armada al que Néstor Kirchner le restituyó su grado militar tras haber sido echado de la fuerza por sublevarse en apoyo al regreso de Perón, en 1972.
 
En la reunión preparatoria, que empezó a las 12, se definieron distintos aspectos de la movilización que tendrá su epicentro en las cercanías de Lago Escondido. Por otra parte, otro grupo de organizaciones -encabezado por las CTA, la CCC, ATE- que también llaman a movilizarse se concentrará este martes en Bariloche para iniciar su propia marcha hacia el espejo de agua de más de 7 kilómetros cuadrados de superficie, ubicado entre la Ruta 40 y el límite con Chile.
 
Una vez agrupados, los integrantes de esas organizaciones iniciaron su propia marcha hacia El Bolsón "para intentar llegar a Lago Escondido", según remarcaron desde el gremio ATE de la ciudad de Bariloche. Y además informaron que uno de los reclamos de la movilización será exigirle al Gobierno de Río Negro que "cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua".
 
"Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos", aseguró en esa línea el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado.
 
Portando banderas y pasacalles, los manifestantes arribaron pasadas las 16 a la intersección de la ruta 40, altura Paraje Foyel, justo en el ingreso al Camino del Tacuifí, que en idioma mapuche significa "camino sinuoso".
 
En el lugar, los caminantes se encontraron con un grueso portón de hierro, con candados y cadenas, como primera barrera para impedir el ingreso de manifestantes, en tanto que en el interior del Tacuifí se ubicaron más de 30 peones montados a caballo, con rebenques y gomeras, y otros tantos hombres y mujeres a las órdenes de Lewis. Todos en una posición violenta y provocativa, con la presencia pasiva de una docena de efectivos de la Policía de Río Negro, aparentemente del lado de Lewis.
 
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En octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó a la Dirección de Vialidad de Río Negro "abrir y otorgar transitabilidad al Camino de Tacuifí, señalizar el Camino de Montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad"; este fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
 
Con dos columnas de manifestantes, la séptima Marcha por la Soberanía se propone llegar a orillas del Lago Escondido para denunciar que en esa zona, donde el magnate británico Lewis tiene su famosa estancia, existe un "enclave británico" que funciona como "la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia", según denunciaron los organizadores.
 
Por su parte, el coordinador de prensa de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Martín "Grifo" Adorno, confirmó en diálogo con Télam que "la columna de montaña Juana Azurduy avanzaba hoy en su marcha rumbo a Lago Argentino".
 
"Tras 9 horas de caminata y 13 Kilómetros de senderos que ascienden hasta los 650 metros sobre el nivel del mar, los 76 integrantes de la columna 'Juana Azurduy' cerraron la primera jornada de la Séptima Marcha Por La Soberanía en el refugio La Horqueta", informó.
 
Este contingente, con los coordinadores Alejandro "Vikingo" Meyer y Sergio Cuestas a la cabeza, lleva alrededor de una tonelada de equipamiento y está conformado por militantes de CABA, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Chubut, Río Negro, Mendoza, Misiones y Neuquén, entre quienes se encuentran el sanitarista Rachid, el párroco Olveira y el economista José "Pepe" Sbattella.
 
En la edición del año pasado, Rachid "debió ser rescatado en helicóptero tras ser hostigado mediante amenazas físicas y verbales por un grupo de cuarenta personas que responden a las órdenes de Nicolás Van Ditmar (administrador de las propiedades de Lewis), quienes no permitieron a la columna desembarcar en las costas del lago Soberanía, tratándose este lugar, de acceso público", recordó Adorno.
 
Urien, por su parte, advirtió en declaraciones a Télam que la presencia del "enclave británico" constituido por la estancia de Lewis en un área protegida de frontera constituye "un poder mafioso que define políticas para condicionar a gobiernos democráticos y condenar a dirigentes populares".
 
"Esta lucha es para que estos caminos públicos se habiliten para todos y para denunciar que existe un enclave británico allí", reiteró el exmarino, que dirige la organización Fipca, pionera en la realización de la Marcha por la Soberanía.
 
Otro de los participantes, el diputado del Parlasur (Frente de Todos) Gabriel Harispe, destacó a Télam que el bloque de legisladores del oficialismo en el Parlamento del Mercosur "apoya y respalda" esta movilización.
 
"Traigo además una declaración de solidaridad, afecto y compromiso", contó Harispe, secretario general del movimiento Octubres y confirmó que él mismo participará de una de las columnas.
 
Entre las organizaciones que integran la séptima edición de la Marcha a Lago Escondido se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, el sindicato de los gráficos (Federación Gráfica Bonaerense), CGT regional zona norte, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Movimiento Octubres.
 
También forman parte de la iniciativa referentes de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y del Canal Magdalena, La Cámpora, Causa Nacional, Grupo por la Soberanía, Grupo Bolívar, Argentinos para la Victoria Provincia 25, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Popular Los Pibes y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, entre otros espacios políticos.
 
Fuente: Noticias de Bariloche
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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