21:12 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 29-01-2023 / 12:01

LAS PROVINCIAS DÍSCOLAS NO ACATAN EL LLAMADO A LA UNIDAD DE JUNTOS Y PUEDEN PERDER 5 DISTRITOS QUE CREÍAN GANADOS

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza

La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.

La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.

Las provincias díscolas no acatan el llamado a la unidad de Juntos y los más pesimistas en creen que si no se resuelven las internas, las provincias que creían ganadas o con serias chances de conseguir el triunfo seguirán en manos del peronismo. Tras el clima triunfalista por la victoria en 19 provincias en las elecciones legislativas de 2021, el panorama se complicó en varios distritos como Tucumán, Chubut, Salta, Córdoba y Río Negro.

La Mesa se reunió el miércoles recién luego de semanas del conflicto desatado en Río Negro y en Neuquén, en donde el frente opositor se rompió por acuerdos locales. En Neuquén el PRO decidió apoyar a Rolando Figueroa, ex MPN, y en Río Negro los radicales acordaron con el ex gobernador Alberto Weretilneck. Otras provincias como Córdoba, Chubut, Tucumán y Salta atraviesan situaciones críticas en las que los dos partidos principales de la alianza no se ponen de acuerdo para definir un candidato sin la herramienta de las PASO. Y en Mendoza, donde hay primarias, los radicales temen que Omar de Marchi, del PRO vaya por afuera de Juntos y sea funcional al peronismo.

Por eso en la reunión del miércoles amenazaron con "sancionar" a los candidatos que no compitan en internas del frente. La sanción sería la "expulsión" del frente, una medida un tanto burlesca si el candidato en cuestión ya eligió competir por fuera de Juntos y en definitiva se auto expulsó. "Parece que algunos referentes de JxC anduvieron haciendo pucherito en Bs As para que la mesa nacional saque un comunicado intrascendente e inaplicable", ironizó el radical Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Chubut.

En esa provincia, por caso, un sector del radicalismo no quiere apoyar a Ignacio "Nacho" Torres, el candidato del PRO que tiene mayores chances en las encuestas. El ex senador radical Mario Cimadevilla salió a respaldar la fórmula Damián Biss-Gustavo Menna, que según el PRO nació de un acuerdo subterráneo con el gobierno del massista Mariano Arcioni.

En Córdoba, Luis Juez se niega a firmar un reglamento para ir a internas con Rodrigo de Loredo y complica todo el armado de Juntos. En tanto que en Tucumán los radicales están partidos en tres: algunos apoyan Germán Alfaro, el candidato de Larreta y Patricia Bullrich; otros apoyan al diputado nacional Roberto Sánchez y otros juegan para el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, que tiene a varios radicales nombrados en el Ejecutivo.

En el seno de Juntos se quejan de que la Mesa llega tarde a los conflictos y se mete una vez que explotaron. "Se tomaron demasiadas vacaciones", dijeron en el frente opositor. "El problema de la Mesa es que la integran todos candidatos a presidente que terminan jugando en pos de sus intereses y no para garantizar el triunfo de Juntos por el Cambio", dicen las fuentes.

En conclusión: la oposición de derecha se resquebraja en disputas internas, se está dividiendo en varias provincias, por desacuerdos en candidaturas y cargos. Está en duda que Juntos pueda volver a salir primero como ocurrió en las legislativas del 2021. Ya lo había dicho el empresario Paolo Rocca: "Juntos por el Cambio no está en condiciones para gobernar en 2023".

La Opinión Popular

LA PELEA POR LAS CANDIDATURAS

Se agudizan las internas de Juntos por el Cambio en varias provincias y no se diluyen los riesgos de rupturas

La Mesa Nacional de la coalición opositora intentó disciplinar los distritos. Los casos de La Pampa, Córdoba, Mendoza y distintos puntos patagónicos. El acuerdo que beneficia a Bullrich y la UCR.

Por: Claudio Mardones

Con la finalización de enero el cronograma electoral de 2023 quedó a un parpadeo de arrancar. La primera escala se concretará el próximo 12 de febrero, con las primarias en La Pampa, que definirán a los candidatos a gobernador que se medirán en las generales del 14 de mayo. Las PASO pampeanas serán la primera visita a las urnas de este año, en un territorio donde el peronismo nunca perdió su control desde la recuperación democrática. Para JxC significará un primer examen. Se espera una interna segura entre el PRO y la UCR, pero en un momento donde la Mesa Nacional de JxC busca disciplinar algunos distritos del interior.

Este miércoles los titulares de los cuatro partidos de la coalición opositora tuvieron que reunirse de urgencia para dar una respuesta a las internas y rupturas en distintas provincias. Acordaron que los que rompan y no se midan dentro de las reglas internas de la coalición «serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas».

El acuerdo cosechó turbulencias internas y surgieron versiones de un presunto malestar por parte del alcalde Horacio Rodríguez Larreta contra Patricia Bullrich por haber sellado un pacto que la beneficia a ella y a la UCR. En diálogo con Tiempo, una de las autoridades partidarias, cercana a Bullrich, confirmó que existieron las quejas. Fueron «desde el desconocimiento y la propia interna que generó algunos cruces». Sin embargo buscó bajarle el tono.

«Muchas veces en los distritos tenemos miradas demasiado locales y perdemos de vista el eje de lo nacional, y en JxC a nivel nacional la prioridad es ganar las elecciones. Nada de lo que se acordó está por fuera de lo que se acordó con Bullrich, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal», remarcó el dirigente.

El malestar podría escalar la semana próxima con posibles impugnaciones contra Bullrich al frente del partido amarillo por falta de ecuanimidad. Cerca del alcalde recordaron que no fue una reunión de la Mesa Nacional sino de los presidentes de los partidos. «No es el larretismo sino la gran mayoría de los presidentes del PRO de cada provincia quienes están en desacuerdo con las atribuciones que se tomó Bullrich», indicó la fuente.

«Viola el reglamento en primer lugar la UCR. No aceptó el mecanismo de encuestas ni el de interna abierta que había acordado la Mesa Nacional. Por otra parte el PRO, en Neuquén, no abandonó la coalición y por eso no es pasible perder el uso de la marca: de los cuatro partidos que conforman JxC se fracturaron dos de cada lado. Lo razonable sería que ninguno use la marca JxC», aseguraron en la sede de Parque Patricios. Y advirtieron que «los presidentes de los partidos», que se reunieron el miércoles, «no tienen atribuciones delegadas por la Mesa Nacional. Están avasallando las facultades de un distrito».

La decisión de este miércoles sigue en pie. Fue un mensaje disciplinador destinado a dos internas patagónicas que no pudieron ordenar, mientras se aprieta el calendario y aparecen otros nubarrones más densos. Ese mapa de arena será el menú principal de la próxima reunión de la Mesa Nacional, prevista para el 6 de febrero.

En Neuquén la coalición se rompió de hecho porque un sector del radicalismo impulsa al diputado y empresario frutícola, Pablo Cervi, que forma parte del sector Evolución Radical, liderado por el senador porteño Martín Lousteau. El macrismo local no está de acuerdo y pactó con el diputado nacional Rolando Figueroa, que rompió con el Movimiento Popular Neuquino, pero fue vicegobernador de Omar Gutiérrez entre 2015 y 2019. Llevará su candidatura por afuera y cuenta con el respaldo del PRO de esa provincia, aunque también hay otro cisma protagonizado por el empresario de medios Carlos Eguía que impulsaba la candidatura de Macri pero ahora es el candidato local de «La Libertad Avanza», la fuerza de ultraderecha que lidera el diputado Javier Milei.

También hay una controversia irresoluble en Río Negro: una parte de la UCR acordó una colectora con el oficialismo provincial, que impulsará el regreso del exgobernador Alberto Weretilneck, actual senador nacional y un aliado clave para el Frente de Todos en la Cámara Alta. En las dos provincias se vota el 16 de abril y los dos resultados impactarán con más fuerza que la performance que tendrán en La Pampa dentro de dos semanas. Se espera una interna entre el diputado macrista Martín Maquieyra y su tocayo boiniblanco Martín Berhongaray, que también integra la bancada de JxC en la Cámara Baja. El legislador podría quedarse con la candidatura y repetir la interna de 2019, donde el macrista Carlos MacAllister perdió con el radical Daniel Kroneberger.

El problema promete ramificarse a distritos más importantes, como Mendoza, donde el radicalismo se estaría ordenando para que Alfredo Cornejo busque volver a la gobernación y pelee por la sucesión de Rodolfo Suárez. El macrista Omar De Marchi no está dispuesto a convalidar la hegemonía radical en su provincia y amenazó con pelear la conducción de la provincia, pero por afuera de JxC. Desde el año pasado es uno de los armadores nacionales de la candidatura presidencial Rodríguez Larreta. Empoderado con esa investidura, el mendocino no se ha mostrado dispuesto a ceder.

La mayor de las provincias cuyanas tiene PASO el 11 de junio y generales el 24 de septiembre. En ese caso todavía hay tiempo para evitar una ruptura a cielo abierto, pero no es la única complicación en ciernes que tiene JxC. También aparecen incógnitas sobre Córdoba. El senador Luis Juez está decidido a pelear por la gobernación y se encamina a confrontar con el radical Rodrigo De Loredo, que responde a Martín Lousteau. Ese tablero no está definido y sucede en una provincia donde el gobernador Juan Schiaretti todavía no definió fecha de realización de los comicios.

El código electoral cordobés establece que «la elección del gobernador y vice debe realizarse, como mínimo, con 60 días de anticipación a la fecha de finalización de mandato y, como máximo, dentro de los 180 días de esa fecha». En medio de los tironeos internos entre Juez y De Loredo y la especulación del schiarettismo para elegir la fecha, este viernes JxC le exigió al gobierno provincial que no adelante las elecciones y las convoque seis meses antes de finalizar su función. El «gringo» Schiaretti termina su tercer mandato el 10 de diciembre y JxC quiere que convoque a los comicios ejecutivos para junio.

La elección de esa fecha será gravitante para la contienda nacional. En Córdoba hay un antecedente ineludible para el oficialismo y la oposición, que explica también la interna feroz de JxC. En las presidenciales de 2019 Macri sumó la cifra más alta de todo el país. Obtuvo el 61,30% de los votos y Alberto Fernández el 29,27%.

En Tucumán también hay chispazos. Las elecciones se concretarán el 14 de mayo y se desarrolla un duelo sordo con el radical Roberto Sánchez, que trabaja para quedarse con la candidatura a gobernador de JxC. No la tiene fácil. En frente tiene al intendente de la capital, Germán Alfaro, que cuenta con el respaldo de Rodríguez Larreta y si no hay acuerdo podría protagonizar otra fractura provincial.

Fuente: Tiempo Argentino

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.