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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 29-01-2023 / 12:01
LAS PROVINCIAS DÍSCOLAS NO ACATAN EL LLAMADO A LA UNIDAD DE JUNTOS Y PUEDEN PERDER 5 DISTRITOS QUE CREÍAN GANADOS

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza
La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
 
Las provincias díscolas no acatan el llamado a la unidad de Juntos y los más pesimistas en creen que si no se resuelven las internas, las provincias que creían ganadas o con serias chances de conseguir el triunfo seguirán en manos del peronismo. Tras el clima triunfalista por la victoria en 19 provincias en las elecciones legislativas de 2021, el panorama se complicó en varios distritos como Tucumán, Chubut, Salta, Córdoba y Río Negro.
 
La Mesa se reunió el miércoles recién luego de semanas del conflicto desatado en Río Negro y en Neuquén, en donde el frente opositor se rompió por acuerdos locales. En Neuquén el PRO decidió apoyar a Rolando Figueroa, ex MPN, y en Río Negro los radicales acordaron con el ex gobernador Alberto Weretilneck. Otras provincias como Córdoba, Chubut, Tucumán y Salta atraviesan situaciones críticas en las que los dos partidos principales de la alianza no se ponen de acuerdo para definir un candidato sin la herramienta de las PASO. Y en Mendoza, donde hay primarias, los radicales temen que Omar de Marchi, del PRO vaya por afuera de Juntos y sea funcional al peronismo.
 
Por eso en la reunión del miércoles amenazaron con "sancionar" a los candidatos que no compitan en internas del frente. La sanción sería la "expulsión" del frente, una medida un tanto burlesca si el candidato en cuestión ya eligió competir por fuera de Juntos y en definitiva se auto expulsó. "Parece que algunos referentes de JxC anduvieron haciendo pucherito en Bs As para que la mesa nacional saque un comunicado intrascendente e inaplicable", ironizó el radical Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Chubut.
 
En esa provincia, por caso, un sector del radicalismo no quiere apoyar a Ignacio "Nacho" Torres, el candidato del PRO que tiene mayores chances en las encuestas. El ex senador radical Mario Cimadevilla salió a respaldar la fórmula Damián Biss-Gustavo Menna, que según el PRO nació de un acuerdo subterráneo con el gobierno del massista Mariano Arcioni.
 
En Córdoba, Luis Juez se niega a firmar un reglamento para ir a internas con Rodrigo de Loredo y complica todo el armado de Juntos. En tanto que en Tucumán los radicales están partidos en tres: algunos apoyan Germán Alfaro, el candidato de Larreta y Patricia Bullrich; otros apoyan al diputado nacional Roberto Sánchez y otros juegan para el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, que tiene a varios radicales nombrados en el Ejecutivo.
 
En el seno de Juntos se quejan de que la Mesa llega tarde a los conflictos y se mete una vez que explotaron. "Se tomaron demasiadas vacaciones", dijeron en el frente opositor. "El problema de la Mesa es que la integran todos candidatos a presidente que terminan jugando en pos de sus intereses y no para garantizar el triunfo de Juntos por el Cambio", dicen las fuentes.
 
En conclusión: la oposición de derecha se resquebraja en disputas internas, se está dividiendo en varias provincias, por desacuerdos en candidaturas y cargos. Está en duda que Juntos pueda volver a salir primero como ocurrió en las legislativas del 2021. Ya lo había dicho el empresario Paolo Rocca: "Juntos por el Cambio no está en condiciones para gobernar en 2023".
 
La Opinión Popular
 

 
LA PELEA POR LAS CANDIDATURAS
 
Se agudizan las internas de Juntos por el Cambio en varias provincias y no se diluyen los riesgos de rupturas
 
La Mesa Nacional de la coalición opositora intentó disciplinar los distritos. Los casos de La Pampa, Córdoba, Mendoza y distintos puntos patagónicos. El acuerdo que beneficia a Bullrich y la UCR.
 
Por: Claudio Mardones
 
Con la finalización de enero el cronograma electoral de 2023 quedó a un parpadeo de arrancar. La primera escala se concretará el próximo 12 de febrero, con las primarias en La Pampa, que definirán a los candidatos a gobernador que se medirán en las generales del 14 de mayo. Las PASO pampeanas serán la primera visita a las urnas de este año, en un territorio donde el peronismo nunca perdió su control desde la recuperación democrática. Para JxC significará un primer examen. Se espera una interna segura entre el PRO y la UCR, pero en un momento donde la Mesa Nacional de JxC busca disciplinar algunos distritos del interior.
 
Este miércoles los titulares de los cuatro partidos de la coalición opositora tuvieron que reunirse de urgencia para dar una respuesta a las internas y rupturas en distintas provincias. Acordaron que los que rompan y no se midan dentro de las reglas internas de la coalición «serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas». 
 
El acuerdo cosechó turbulencias internas y surgieron versiones de un presunto malestar por parte del alcalde Horacio Rodríguez Larreta contra Patricia Bullrich por haber sellado un pacto que la beneficia a ella y a la UCR. En diálogo con Tiempo, una de las autoridades partidarias, cercana a Bullrich, confirmó que existieron las quejas. Fueron «desde el desconocimiento y la propia interna que generó algunos cruces». Sin embargo buscó bajarle el tono.
 
«Muchas veces en los distritos tenemos miradas demasiado locales y perdemos de vista el eje de lo nacional, y en JxC a nivel nacional la prioridad es ganar las elecciones. Nada de lo que se acordó está por fuera de lo que se acordó con Bullrich, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal», remarcó el dirigente.
 
 
El malestar podría escalar la semana próxima con posibles impugnaciones contra Bullrich al frente del partido amarillo por falta de ecuanimidad. Cerca del alcalde recordaron que no fue una reunión de la Mesa Nacional sino de los presidentes de los partidos. «No es el larretismo sino la gran mayoría de los presidentes del PRO de cada provincia quienes están en desacuerdo con las atribuciones que se tomó Bullrich», indicó la fuente.
 
«Viola el reglamento en primer lugar la UCR. No aceptó el mecanismo de encuestas ni el de interna abierta que había acordado la Mesa Nacional. Por otra parte el PRO, en Neuquén, no abandonó la coalición y por eso no es pasible perder el uso de la marca: de los cuatro partidos que conforman JxC se fracturaron dos de cada lado. Lo razonable sería que ninguno use la marca JxC», aseguraron en la sede de Parque Patricios. Y advirtieron que «los presidentes de los partidos», que se reunieron el miércoles, «no tienen atribuciones delegadas por la Mesa Nacional.  Están avasallando las facultades de un distrito».
 
La decisión de este miércoles sigue en pie. Fue un mensaje disciplinador destinado a dos internas patagónicas que no pudieron ordenar, mientras se aprieta el calendario y aparecen otros nubarrones más densos. Ese mapa de arena será el menú principal de la próxima reunión de la Mesa Nacional, prevista para el 6 de febrero.
 
En Neuquén la coalición se rompió de hecho porque un sector del radicalismo impulsa al diputado y empresario frutícola, Pablo Cervi, que forma parte del sector Evolución Radical, liderado por el senador porteño Martín Lousteau. El macrismo local no está de acuerdo y pactó con el diputado nacional Rolando Figueroa, que rompió con el Movimiento Popular Neuquino, pero fue vicegobernador de Omar Gutiérrez entre 2015 y 2019. Llevará su candidatura por afuera y cuenta con el respaldo del PRO de esa provincia, aunque también hay otro cisma protagonizado por el empresario de medios Carlos Eguía que impulsaba la candidatura de Macri pero ahora es el candidato local de «La Libertad Avanza», la fuerza de ultraderecha que lidera el diputado Javier Milei.
 
También hay una controversia irresoluble en Río Negro: una parte de la UCR acordó una colectora con el oficialismo provincial, que impulsará el regreso del exgobernador Alberto Weretilneck, actual senador nacional y un aliado clave para el Frente de Todos en la Cámara Alta. En las dos provincias se vota el 16 de abril y los dos resultados impactarán con más fuerza que la performance que tendrán en La Pampa dentro de dos semanas. Se espera una interna entre el diputado macrista Martín Maquieyra y su  tocayo boiniblanco Martín Berhongaray, que también integra la bancada de JxC en la Cámara Baja. El legislador podría quedarse con la candidatura y repetir la interna de 2019, donde el macrista Carlos MacAllister perdió con el radical Daniel Kroneberger.
 
El problema promete ramificarse a distritos más importantes, como Mendoza, donde el radicalismo se estaría ordenando para que Alfredo Cornejo busque volver a la gobernación y pelee por la sucesión de Rodolfo Suárez. El macrista Omar De Marchi  no está dispuesto a convalidar la hegemonía radical en su provincia y amenazó con pelear la conducción de la provincia, pero por afuera de JxC. Desde el año pasado es uno de los armadores nacionales de la candidatura presidencial Rodríguez Larreta. Empoderado con esa investidura, el mendocino no se ha mostrado dispuesto a ceder.
 
La mayor de las provincias cuyanas tiene PASO el 11 de junio y generales el 24 de septiembre. En ese caso todavía hay tiempo para evitar una ruptura a cielo abierto, pero no es la única complicación en ciernes que tiene JxC. También aparecen incógnitas sobre Córdoba. El senador Luis Juez está decidido a pelear por la gobernación y se encamina a confrontar con el radical Rodrigo De Loredo, que responde a Martín Lousteau. Ese tablero no está definido y sucede en una provincia donde el gobernador Juan Schiaretti todavía no definió fecha de realización de los comicios.
 
El código electoral cordobés establece que «la elección del gobernador y vice debe realizarse, como mínimo, con 60 días de anticipación a la fecha de finalización de mandato y, como máximo, dentro de los 180 días de esa fecha». En medio de los tironeos internos entre Juez y De Loredo y la especulación del schiarettismo para elegir la fecha, este viernes JxC le exigió al gobierno provincial que no adelante las elecciones y las convoque seis meses antes de finalizar su función. El «gringo» Schiaretti termina su tercer mandato el 10 de diciembre y JxC quiere que convoque a los comicios ejecutivos para junio.
 
La elección de esa fecha será gravitante para la contienda nacional. En Córdoba hay un antecedente ineludible para el oficialismo y la oposición, que explica también la interna feroz de JxC. En las presidenciales de 2019 Macri sumó la cifra más alta de todo el país. Obtuvo el 61,30% de los votos y Alberto Fernández el 29,27%.
 
En Tucumán también hay chispazos. Las elecciones se concretarán el 14 de mayo y se desarrolla un duelo sordo con el radical Roberto Sánchez, que trabaja para quedarse con la candidatura a gobernador de JxC. No la tiene fácil. En frente tiene al intendente de la capital, Germán Alfaro, que cuenta con el respaldo de Rodríguez Larreta y si no hay acuerdo podría protagonizar otra fractura provincial.
 
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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