(ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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Nacionales - 11-01-2023 / 09:01
GOLPE PARLAMENTARIO EN EL CONGRESO PARA EVITAR QUE SE VENTILEN LAS OPERACIONES CONJUNTAS CONTRA EL PERONISMO

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas
Los jerarcas de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se abroquelaron en defensa de la Corte Suprema macrista frente al juicio político que planteó el oficialismo. Quieren evitar que se ventilen las operaciones conjuntas contra el peronismo, que dejaron expuestas los escandalosos chats del macrista D’Alessandro. Para conseguirlo, prometen paralizar el Congreso, algo que ya vienen haciendo sin anunciarlo.
Los principales jerarcas del PRO, la UCR y la CC consensuaron una defensa corporativa y partidista que harán del presidente de su Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás jueces del tribunal en el Congreso, ante el pedido de juicio político impulsado por el oficialismo por la connivencia obscena entre magistrados y funcionarios de la alianza opositora. También amenazaron con bloquear por completo el funcionamiento del Parlamento. No hubo voces discordantes entre los dirigentes a la hora de definir que intentarán cortar de raíz el intento del oficialismo de avanzar con una investigación parlamentaria porque una vez que se presenten pruebas contra los integrantes de la Corte va a ser muy difícil votar en contra. Por eso buscarán frenar todo en la comisión de origen.
 
Los motivos son muchos: lo que más se ventilaría en esas sesiones son las relaciones peligrosas entre el Corte y funcionarios del PRO. Además, ratificaron un virtual bloqueo legislativo a absolutamente todo lo que proponga el Gobierno, que solo se levantará si cesa el pedido de juicio político a la Corte. Si bien la estrategia de bloquear leyes viene funcionando desde 2020, es la primera vez que admiten que su intención es paralizar el Congreso para que gobierne la Corte.
 
Pese a lo previsible de la postura, no deja de llamar la atención la nula mención al escándalo de los chats que involucran a altos funcionarios del Poder Judicial, miembros de Juntos por el Cambio como el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D'Alessandro (ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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UNA DECISIÓN ANUNCIADA
 
Juntos por el Cambio se alinea con la Corte para resistir el pedido de juicio político en el Congreso
 
Tras una cumbre de la dirigencia de la coalición opositora, se acordó no dar quórum a las reuniones de comisión y tampoco al debate de cualquier proyecto que impulse el gobierno nacional o el Frente de Todos.
 
Por: Verónica Benaim
 
A la espera de la presentación formal del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantaron que no darán quórum en las reuniones de la Comisión que tendrá que tratar el proyecto, pero que sí darán el debate. Además, desde el bloque Evolución Radical anticiparon que pedirán el apartamiento de la presidenta de la comisión de juicio político, la oficialista Carolina Gaillard, bajo el argumento de que "no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso".
 
Las autoridades de la principal fuerza opositora al gobierno se reunieron este martes y emitieron un comunicado en el que la principal bancada opositora reafirmó la "gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho".
 
A la vez, advirtieron: "Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos".
 
"Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten", sumaron, y concluyeron con un mensaje de campaña: "Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023".
 
Participaron de la reunión, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (Pro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el Pro María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni. Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.
 
Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López. Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
 
Por otro lado, Rodrigo de Loredo, titular de la bancada de Evolución informó que "el adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial".
 
Según analiza la oposición "no se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara, pero ya hay un final cantado". "No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados", planteó.
 
Desde el oficialismo circula que este miércoles podría llevarse a cabo un encuentro entre los miembros de la comisión para comenzar a diagramar el esquema de trabajo en un plazo de 60 días cuando ingrese el proyecto, que todavía no está claro si será impulsado por el Ejecutivo o por los propios diputados del Frente de Todos. El objetivo es garantizar el apoyo al pedido de enjuiciamiento dentro de la Comisión, donde el oficialismo tiene una mayoría ajustada.
 
Fuente: Tiempo Argentino 
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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