(ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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'/> Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas / La Opinión Popular
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                  11:32  |  Martes 16 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 11-01-2023 / 09:01
GOLPE PARLAMENTARIO EN EL CONGRESO PARA EVITAR QUE SE VENTILEN LAS OPERACIONES CONJUNTAS CONTRA EL PERONISMO

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas
Los jerarcas de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se abroquelaron en defensa de la Corte Suprema macrista frente al juicio político que planteó el oficialismo. Quieren evitar que se ventilen las operaciones conjuntas contra el peronismo, que dejaron expuestas los escandalosos chats del macrista D’Alessandro. Para conseguirlo, prometen paralizar el Congreso, algo que ya vienen haciendo sin anunciarlo.
Los principales jerarcas del PRO, la UCR y la CC consensuaron una defensa corporativa y partidista que harán del presidente de su Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás jueces del tribunal en el Congreso, ante el pedido de juicio político impulsado por el oficialismo por la connivencia obscena entre magistrados y funcionarios de la alianza opositora. También amenazaron con bloquear por completo el funcionamiento del Parlamento. No hubo voces discordantes entre los dirigentes a la hora de definir que intentarán cortar de raíz el intento del oficialismo de avanzar con una investigación parlamentaria porque una vez que se presenten pruebas contra los integrantes de la Corte va a ser muy difícil votar en contra. Por eso buscarán frenar todo en la comisión de origen.
 
Los motivos son muchos: lo que más se ventilaría en esas sesiones son las relaciones peligrosas entre el Corte y funcionarios del PRO. Además, ratificaron un virtual bloqueo legislativo a absolutamente todo lo que proponga el Gobierno, que solo se levantará si cesa el pedido de juicio político a la Corte. Si bien la estrategia de bloquear leyes viene funcionando desde 2020, es la primera vez que admiten que su intención es paralizar el Congreso para que gobierne la Corte.
 
Pese a lo previsible de la postura, no deja de llamar la atención la nula mención al escándalo de los chats que involucran a altos funcionarios del Poder Judicial, miembros de Juntos por el Cambio como el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D'Alessandro (ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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UNA DECISIÓN ANUNCIADA
 
Juntos por el Cambio se alinea con la Corte para resistir el pedido de juicio político en el Congreso
 
Tras una cumbre de la dirigencia de la coalición opositora, se acordó no dar quórum a las reuniones de comisión y tampoco al debate de cualquier proyecto que impulse el gobierno nacional o el Frente de Todos.
 
Por: Verónica Benaim
 
A la espera de la presentación formal del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantaron que no darán quórum en las reuniones de la Comisión que tendrá que tratar el proyecto, pero que sí darán el debate. Además, desde el bloque Evolución Radical anticiparon que pedirán el apartamiento de la presidenta de la comisión de juicio político, la oficialista Carolina Gaillard, bajo el argumento de que "no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso".
 
Las autoridades de la principal fuerza opositora al gobierno se reunieron este martes y emitieron un comunicado en el que la principal bancada opositora reafirmó la "gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho".
 
A la vez, advirtieron: "Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos".
 
"Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten", sumaron, y concluyeron con un mensaje de campaña: "Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023".
 
Participaron de la reunión, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (Pro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el Pro María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni. Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.
 
Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López. Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
 
Por otro lado, Rodrigo de Loredo, titular de la bancada de Evolución informó que "el adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial".
 
Según analiza la oposición "no se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara, pero ya hay un final cantado". "No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados", planteó.
 
Desde el oficialismo circula que este miércoles podría llevarse a cabo un encuentro entre los miembros de la comisión para comenzar a diagramar el esquema de trabajo en un plazo de 60 días cuando ingrese el proyecto, que todavía no está claro si será impulsado por el Ejecutivo o por los propios diputados del Frente de Todos. El objetivo es garantizar el apoyo al pedido de enjuiciamiento dentro de la Comisión, donde el oficialismo tiene una mayoría ajustada.
 
Fuente: Tiempo Argentino 
 

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16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
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