23:00 | Domingo 16 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 07-01-2023 / 09:01

LA RELACIÓN LABORAL CON EL LARRETISMO ES INCOMPATIBLE CON SU FUNCIÓN COMO MAGISTRADA

Los vínculos con el PRO de Capuchetti, la jueza que traba la investigación del atentado contra Cristina

El colmo: Capuchetti cobra un sueldo de la CABA. Es "investigadora senior" dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad que manejaba el ministro de los chats, Marcelo D’Alessandro, que está gozando de una extraña "licencia". La jueza que traba sistemáticamente la investigación para determinar quién estuvo detrás del atentado a Cristina, resulta que cobra un sueldo por la changuita en el área que gestionaba Marcelo D'Alessandro, el ministro que protagonizó el viaje a Lago Escondido. Por su cargo de investigadora senior, Capuchetti cobra unos $213.961,27 por mes. En esa área suelen impartir clases los macristas Cristian Ritondo y Laura Alonso. También cobra de ahí Romina Aldana Diago, la esposa del propio Ritondo.

María Eugenia Capuchetti es una de las juezas federales que concentra todas las miradas en su trabajo, como la magistrada que tiene la investigación por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Capuchetti también tiene un "carguito" pagado por el macrismo, se desempeña como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que está encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los funcionarios, dedicados a esta temática, en el distrito que actualmente gobierna Horacio Rodríguez Larreta. El doble rol de Capuchetti como jueza e investigadora es contrario a la ley y deja en evidencia que hay "relaciones promiscuas" entre Comodoro Py y el PRO. En esa área suelen impartir clases los macristas Cristian Ritondo y Laura Alonso. También cobra de ahí Romina Aldana Diago, la esposa del propio Ritondo.

Desde 2017, Capuchetti funge como investigadora del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y cobra por esa función actualmente una remuneración de $213.961,27 por mes. Las autoridades porteñas se preocupan por decir que el ISSP es autárquico, pero los lazos entre el organismo y el gobierno porteño son evidentes. De hecho, en su página web se explica: "En esta institución se forma y capacita a profesionales interesados en el diseño y la implementación de políticas de seguridad pública y a personal de la Ciudad. Es, además, una instancia de apoyo a la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública". El vicerrector del ISSP es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, anterior enlace de Macri con los tribunales y uno de los que viajó en octubre pasado a Lago Escondido.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó a los lazos que tendría con el PRO la magistrada que debe investigar el intento de magnicidio de CFK, la mesa judicial del macrismo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revelación de Soria terminó siendo confirmada por un comunicado del ISSP que distribuyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño -cantera de escándalos durante los últimos días particularmente después de que se filtraran los chats de Marcelo D'Alessandro, lo que terminó obligando al funcionario a tomarse licencia como ministro-.

El ministro Soria resaltó que los magistrados únicamente pueden ejercer la docencia con autorización de las autoridades judiciales que ejerzan la superintendencia -por ejemplo, con el visto bueno de la Cámara Federal porteña-. Eso surge del decreto ley 1285 de 1958. Para Soria, la actividad de Capuchetti queda fuera de lo dispuesto en esa normativa. "Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", apuntó el titular de la cartera de Justicia.

"Esta relación contractual de la jueza disfrazada como supuesta investigadora en un instituto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que conduce D'Alessandro, demuestra una vez más los groseros vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py, el PRO y sus medios de comunicación", dijo Soria.

"Lo vimos con los jueces y camaristas que viajaron a Lago Escondido en un charter pagado por Clarín, o con Rosatti -que guarda silencio cómplice ante la revelación de los vínculos y el asesoramiento de su mano derecha Robles a la oposición- y ahora con la jueza Capuchetti. Todos ellos deberían seguir los pasos de D'Alessandro y tomarse un tiempo hasta que los escándalos que los involucran se esclarezcan", reclamó el ministro.

La Opinión Popular

ATENTADO A CRISTINA

Cristina Kirchner y Soria apuntaron al vínculo entre Capuchetti y la CABA

La vicepresidenta compartió información que dio a conocer el ministro de Justicia, quien acusó a la jueza que investiga el atentado a CFK de "estar contratada" por el gobierno porteño.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria, compartieron información que, sostuvo el funcionario, revela el vínculo de la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº5, María Eugenia Capuchetti, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro nacional acusó a Capuchetti de trabajar para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, para el Ministerio de Seguridad de Marcelo D'Alessandro, ahora de licencia tras el escándalo de los supuestos chats con el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Soria aseguró que Capuchetti está contratada desde 2019 como "investigadora senior" en el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que es un ente autárquico que depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad.

La magistrada, según esta información, es investigadora en el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", afirmó Soria en una serie de tuits.

"El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de "la magistratura judicial con toda actividad política" y "cualquier actividad profesional". Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", continuó el ministro. La información fue compartida también por Cristina Kirchner.

El funcionario cerró su mensaje sobre el tema: "Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".

Soria, además, destacó que el vicedirector del Instituto de Seguridad Pública de CABA es Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y parte del vuelo del lawfare en el que participaron D'Alessandro, jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín en el sur del país, en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.

En mayo de 2019, Capuchetti reemplazó al juez Norberto Oyarbide. La ex secretaria letrada del juez Sergio Torres quedará a cargo del juzgado federal 5. En mayo de ese 2019 fue nombrada por el gobierno de CABA como investigadora de este Instituto que forma policías de la Ciudad.

Recusada

En noviembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti quien investiga el intento de magnicidio perpetrado el 1º de septiembre en las puertas de su casa en Recoleta. El motivo es que la ex presidenta consideró que Capuchetti no investigó al diputado Gerardo Milman, quien -según un testigo- dijo conocer que iban a atentar contra su vida.

Días después, Capuchetti rechazó apartarse de la causa. La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.

En la resolución judicial, Capuchetti alegó que "la causal invocada por esa parte no guarda correlato con lo actuado en la causa". La ex mandataria había acusado a la magistrada de diversas "irregularidades y arbitrariedades" desde el inicio de la investigación.

Además, la jueza señaló que no se exhibe en su actuar "una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar". De los cuestionamientos realizados por la defensa de Fernández de Kirchner, la magistrada señaló que "no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos".

Fuente: El Destape

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.

14-11-2025 / 09:11

Yes, bwana: Acuerdo del Loco Milei con Trump para convertir Argentina en colonia yanqui

La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.

Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.

El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.

Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.

Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.

La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11

La reforma laboral esclavista, promovida por el Loco Milei, ni moderniza ni crea empleo

Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.

El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?

Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.

Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.

Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.

No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.

¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...

Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres.

La Opinión Popular