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Nacionales - 26-11-2022 / 19:11
DESPUÉS DE TRES MESES DEL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado
La violencia política una desgracia que se creía superada con la retirada de la última dictadura cívico-militar y el retorno de la vida democrática en diciembre de 1983, acecha nuevamente a la sociedad argentina. El intento de asesinato contra la Vicepresidenta de la Nación fue un golpe durísimo que puso en entredicho el pacto de convivencia pacífica asumido por todas las fuerzas políticas argentinas desde aquella fecha.
 
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado. Para los abogados de CFK, "es una victoria procesal", porque se tendrán que hacer varias medidas que venían reclamando, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero, por parte de altos dirigentes del PRO, por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.
 
Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.
 
Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial Macrista, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.
 
El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón.
 
Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas. Si la sociedad no reacciona, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.
 
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La Sala I de la Cámara Federal ordenó investigar la pista vinculada a Gerardo Milman en la causa sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, aunque después de casi tres meses, si había alguna prueba por rescatar será difícil de encontrar. Para los abogados de la querella de la vicepresidenta la resolución "es una victoria en términos procesales", porque las medidas que reclamaban se tendrán que hacer, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Lo que sucede es que los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sugieren casi una carrera de obstáculos: que primero le tomen una ampliación de su declaración al testigo que escuchó al diputado de Juntos por el Cambio decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa"; luego que le tomen testimonial a otros dos diputados y recién después, si es muy necesario, que se secuestren y analicen los celulares de las asesoras que estaban con él cuando se supone que dijo la frase en cuestión en la confitería Casablanca, y que seguramente a esta altura ya estarán borrados. 
 
 
Capuchetti confirmada, por ahora
 
En otra resolución, Bruglia rechazó la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, con el argumento de que la querella no demostró "la ausencia de imparcialidad invocada" y que sólo está en desacuerdo con la actuación de la jueza. La realidad es que la propia Cámara termina por reconocer, al menos, que fue selectiva en las pistas que siguió y las que abandonó. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal apelarán ante la Cámara de Casación Penal para insistir con el apartamiento.
 
La magistrada, además, será denunciada por la querella ante el Consejo de la Magistratura y todo indica que CFK iniciará una demanda internacional "por la impunidad y la gravedad institucional que significa atentar contra la vida de la vicepresidenta por organizaciones fascistas sin ningún tipo de control de los organismos judiciales", explicó a Página/12 el abogado José Manuel Ubeira.
 
Esta semana, y como para anticiparse a la decisión que debía tomar Bruglia, Capuchetti delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo. Ella lo presentó como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que señalaban su parcialidad. Es esperable que, luego de tanto tiempo, no caiga simpática esta disposición en la fiscalía, que recibe una causa llena de cuestionamientos por todo lo que no se investigó y lo que se hizo mal: desde la pérdida de información del teléfono de Fernando Sabag Montiel (autor del fallido disparo) que llegó "reseteado de fábrica" a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras un peritaje de la Policía Federal; la demora en la detención de Brenda Uliarte y en hacer las escuchas directas de sus comunicaciones (la Federal tardó tres horas en empezarlas desde que recibió la orden), tanto que la mujer casi logra huir; la falta de investigación de pistas como la del dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol (vinculado con Patricia Bullrich y Javier Milei y, al parecer, con un funcionario de Milman con quien habría viajado, así como con Brenda Uliarte, con quien dio una charla en Instagram), quien citado con un mes de tardanza y a quien se le secuestró a regañadientes un celular que luego resultó estar borrado; el hallazgo reciente por parte de la querella de chats de Gabriel Carrizo donde decía "recién intentamos matar a Cristina"; y todo el capítulo de Milman, al que ahora se refiere la Cámara.
 
 
El caso Milman
 
Una de las cuestiones que Capuchetti ignoró, y que era conocida desde un comienzo, pero que la Cámara no mencionó, era que Milman, jefe del bloque del PRO en Diputados, había presentado un proyecto de resolución donde anticipaba el atentado, aunque lo definía como autoatentado, que ocurriría dos semanas después. El texto terminaba con la frase: "Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina". Horas antes del ataque presentó otro donde pedía información sobre la custodia de CFK e incluso impulsaba que fuera reducida.
 
Era evidente que Milman sabía algo, tenía un rumor o alguna información del ataque, que no detuvo. Por ende, lo fundamental era saber qué ocurrió, de dónde obtuvo esa información, pero antes del 30 de agosto, que fue cuando el testigo Jorge Abello dijo que lo escuchó decir la ya famosa frases "cuando la maten voy a estar camino a la costa".
 
Además, ¿Cuál era la trama de la relación de Milman con Revolución Federal (él mismo dijo que fue a la marcha donde llevaron la guillotina) y con Nueva Centro Derecha? Es evidente que el 1 de septiembre empezaron a cuidarse de lo que hacían y decían, por lo tanto todo analizar todo lo previo era fundamental.
 
La Sala I de la Cámara Federal --bautizada como la sala "M"--  tenía que resolver el reclamo de los abogados de la querella, que cuestionaron a la jueza Capuchetti por no secuestrar los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras de Milman que estaban con él cuando se supone que habló del atentado. Ambas, en un comienzo, al declarar intentaron negar haber estado en la confitería Casablanca, lo aceptaron al ver las imágenes de las cámaras cercanas, señalaron fechas muy anteriores y tuvieron contradicciones entre ellas.
 
Era el mejor camino para terminar de cotejar lo que había dicho el testigo Abello, asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Pero la jueza dijo que era una violación a la intimidad y las dejó irse lo más tranquilas. Gómez Mónaco es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que secundaba Milman y su hermana manejaba los fondos reservados.
 
Al resolver, Llorens, Bruglia y Bertuzzi señalaron "la gravedad institucional del hecho investigado"  y dijeron que por eso es "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego"- Por eso dicen que está bien lo que pide la querella, en cuanto a una investigación exhaustiva, pero que el secuestro de los celulares debe ser la última opción.
 
Después de tres meses, del paso de las asesoras por tribunales y de todo lo que se ventiló, suena improbable que alguien pueda encontrar información relevante en esos teléfonos. Igual, los camaristas dicen que antes de esas medidas, hay que hacer otras "menos lesivas", y si no aparece nada, entonces ahí sí incautar los teléfonos.
 
Entonces sugieren que declare el diputado Cleri quien, hace tiempo entregó una copia certificada por escribano de los chats que tuvo con Abello después del atentado, cuando éste le decía que había atado cabos sobre lo que había escuchado. El diputado ofrecía su teléfono y lo que fuera, pero nunca fue citado por la jueza. La Cámara dice que sería bueno que "se explaye sobre los detalles de dicha conversación" y que diga si habló del tema después con otras personas.
 
También apuntan a ampliar la testimonial de Abello ---a quien la jueza a pedido de Milman denunció por falso testimonio--, "con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas". Otro testigo que dicen que debería declarar es el diputado Mario Leito (FdT) quien se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Milman" como para verificar si escuchó a Milman referirse al atentado. Según lo que resulte de todo esto, dice el tribunal, ahí habría que verificar si en los celulares hay alguna mención a los dichos de Milman señalados por Abello.
 
 
"Una victoria con medidas tardías"
 
"Sentimos que ha sido una victoria, en términos procesales, porque en lo sustantivo lo que nos interesaba era que las medidas de prueba se hagan. Creemos que las medidas son absolutamente tardías y de poco efecto práctico", dijo Ubeira a Página/12, y subrayó que tampoco se habría logrado que avance nada esto sin "el empeño sistemático" de la querella. 
 
"La Cámara --continuó-- le da un indicativo para quien instruya en definitiva la causa, de que no puede haber ninguna pista que no sea analizada. Creemos que es una derrota de la impunidad con la que se venía manejando la jueza federal. No obstante vamos a apelar en la Cámara de Casación el no apartamiento de la jueza y dado que los elementos de prueba se han perdido creemos que ha incurrido en mal desempeño, lo cual habilita el juicio político. También evaluamos que la forma en que fue llevada la causa, con protección de la impunidad, afecta los derechos de la mujer. Si la víctima fuera un varón no pasaría lo mismo". El abogado anunció también que todo esto "será ventilado en los tribunales internacionales".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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