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Nacionales - 26-11-2022 / 19:11
DESPUÉS DE TRES MESES DEL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA
Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado
La violencia política una desgracia que se creía superada con la retirada de la última dictadura cívico-militar y el retorno de la vida democrática en diciembre de 1983, acecha nuevamente a la sociedad argentina. El intento de asesinato contra la Vicepresidenta de la Nación fue un golpe durísimo que puso en entredicho el pacto de convivencia pacífica asumido por todas las fuerzas políticas argentinas desde aquella fecha.
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado. Para los abogados de CFK, "es una victoria procesal", porque se tendrán que hacer varias medidas que venían reclamando, pero saben que tiene mucho de simulacro.
Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero, por parte de altos dirigentes del PRO, por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.
Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.
Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial Macrista, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.
El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón.
Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas. Si la sociedad no reacciona, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.
La Opinión Popular
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado. Para los abogados de CFK, "es una victoria procesal", porque se tendrán que hacer varias medidas que venían reclamando, pero saben que tiene mucho de simulacro.
Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero, por parte de altos dirigentes del PRO, por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.
Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.
Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial Macrista, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.
El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón.
Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas. Si la sociedad no reacciona, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.
La Opinión Popular
La Sala I de la Cámara Federal ordenó investigar la pista vinculada a Gerardo Milman en la causa sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, aunque después de casi tres meses, si había alguna prueba por rescatar será difícil de encontrar. Para los abogados de la querella de la vicepresidenta la resolución "es una victoria en términos procesales", porque las medidas que reclamaban se tendrán que hacer, pero saben que tiene mucho de simulacro.
Lo que sucede es que los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sugieren casi una carrera de obstáculos: que primero le tomen una ampliación de su declaración al testigo que escuchó al diputado de Juntos por el Cambio decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa"; luego que le tomen testimonial a otros dos diputados y recién después, si es muy necesario, que se secuestren y analicen los celulares de las asesoras que estaban con él cuando se supone que dijo la frase en cuestión en la confitería Casablanca, y que seguramente a esta altura ya estarán borrados.
Capuchetti confirmada, por ahora
En otra resolución, Bruglia rechazó la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, con el argumento de que la querella no demostró "la ausencia de imparcialidad invocada" y que sólo está en desacuerdo con la actuación de la jueza. La realidad es que la propia Cámara termina por reconocer, al menos, que fue selectiva en las pistas que siguió y las que abandonó. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal apelarán ante la Cámara de Casación Penal para insistir con el apartamiento.
La magistrada, además, será denunciada por la querella ante el Consejo de la Magistratura y todo indica que CFK iniciará una demanda internacional "por la impunidad y la gravedad institucional que significa atentar contra la vida de la vicepresidenta por organizaciones fascistas sin ningún tipo de control de los organismos judiciales", explicó a Página/12 el abogado José Manuel Ubeira.
Esta semana, y como para anticiparse a la decisión que debía tomar Bruglia, Capuchetti delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo. Ella lo presentó como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que señalaban su parcialidad. Es esperable que, luego de tanto tiempo, no caiga simpática esta disposición en la fiscalía, que recibe una causa llena de cuestionamientos por todo lo que no se investigó y lo que se hizo mal: desde la pérdida de información del teléfono de Fernando Sabag Montiel (autor del fallido disparo) que llegó "reseteado de fábrica" a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras un peritaje de la Policía Federal; la demora en la detención de Brenda Uliarte y en hacer las escuchas directas de sus comunicaciones (la Federal tardó tres horas en empezarlas desde que recibió la orden), tanto que la mujer casi logra huir; la falta de investigación de pistas como la del dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol (vinculado con Patricia Bullrich y Javier Milei y, al parecer, con un funcionario de Milman con quien habría viajado, así como con Brenda Uliarte, con quien dio una charla en Instagram), quien citado con un mes de tardanza y a quien se le secuestró a regañadientes un celular que luego resultó estar borrado; el hallazgo reciente por parte de la querella de chats de Gabriel Carrizo donde decía "recién intentamos matar a Cristina"; y todo el capítulo de Milman, al que ahora se refiere la Cámara.
El caso Milman
Una de las cuestiones que Capuchetti ignoró, y que era conocida desde un comienzo, pero que la Cámara no mencionó, era que Milman, jefe del bloque del PRO en Diputados, había presentado un proyecto de resolución donde anticipaba el atentado, aunque lo definía como autoatentado, que ocurriría dos semanas después. El texto terminaba con la frase: "Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina". Horas antes del ataque presentó otro donde pedía información sobre la custodia de CFK e incluso impulsaba que fuera reducida.
Era evidente que Milman sabía algo, tenía un rumor o alguna información del ataque, que no detuvo. Por ende, lo fundamental era saber qué ocurrió, de dónde obtuvo esa información, pero antes del 30 de agosto, que fue cuando el testigo Jorge Abello dijo que lo escuchó decir la ya famosa frases "cuando la maten voy a estar camino a la costa".
Además, ¿Cuál era la trama de la relación de Milman con Revolución Federal (él mismo dijo que fue a la marcha donde llevaron la guillotina) y con Nueva Centro Derecha? Es evidente que el 1 de septiembre empezaron a cuidarse de lo que hacían y decían, por lo tanto todo analizar todo lo previo era fundamental.
La Sala I de la Cámara Federal --bautizada como la sala "M"-- tenía que resolver el reclamo de los abogados de la querella, que cuestionaron a la jueza Capuchetti por no secuestrar los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras de Milman que estaban con él cuando se supone que habló del atentado. Ambas, en un comienzo, al declarar intentaron negar haber estado en la confitería Casablanca, lo aceptaron al ver las imágenes de las cámaras cercanas, señalaron fechas muy anteriores y tuvieron contradicciones entre ellas.
Era el mejor camino para terminar de cotejar lo que había dicho el testigo Abello, asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Pero la jueza dijo que era una violación a la intimidad y las dejó irse lo más tranquilas. Gómez Mónaco es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que secundaba Milman y su hermana manejaba los fondos reservados.
Al resolver, Llorens, Bruglia y Bertuzzi señalaron "la gravedad institucional del hecho investigado" y dijeron que por eso es "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego"- Por eso dicen que está bien lo que pide la querella, en cuanto a una investigación exhaustiva, pero que el secuestro de los celulares debe ser la última opción.
Después de tres meses, del paso de las asesoras por tribunales y de todo lo que se ventiló, suena improbable que alguien pueda encontrar información relevante en esos teléfonos. Igual, los camaristas dicen que antes de esas medidas, hay que hacer otras "menos lesivas", y si no aparece nada, entonces ahí sí incautar los teléfonos.
Entonces sugieren que declare el diputado Cleri quien, hace tiempo entregó una copia certificada por escribano de los chats que tuvo con Abello después del atentado, cuando éste le decía que había atado cabos sobre lo que había escuchado. El diputado ofrecía su teléfono y lo que fuera, pero nunca fue citado por la jueza. La Cámara dice que sería bueno que "se explaye sobre los detalles de dicha conversación" y que diga si habló del tema después con otras personas.
También apuntan a ampliar la testimonial de Abello ---a quien la jueza a pedido de Milman denunció por falso testimonio--, "con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas". Otro testigo que dicen que debería declarar es el diputado Mario Leito (FdT) quien se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Milman" como para verificar si escuchó a Milman referirse al atentado. Según lo que resulte de todo esto, dice el tribunal, ahí habría que verificar si en los celulares hay alguna mención a los dichos de Milman señalados por Abello.
"Una victoria con medidas tardías"
"Sentimos que ha sido una victoria, en términos procesales, porque en lo sustantivo lo que nos interesaba era que las medidas de prueba se hagan. Creemos que las medidas son absolutamente tardías y de poco efecto práctico", dijo Ubeira a Página/12, y subrayó que tampoco se habría logrado que avance nada esto sin "el empeño sistemático" de la querella.
"La Cámara --continuó-- le da un indicativo para quien instruya en definitiva la causa, de que no puede haber ninguna pista que no sea analizada. Creemos que es una derrota de la impunidad con la que se venía manejando la jueza federal. No obstante vamos a apelar en la Cámara de Casación el no apartamiento de la jueza y dado que los elementos de prueba se han perdido creemos que ha incurrido en mal desempeño, lo cual habilita el juicio político. También evaluamos que la forma en que fue llevada la causa, con protección de la impunidad, afecta los derechos de la mujer. Si la víctima fuera un varón no pasaría lo mismo". El abogado anunció también que todo esto "será ventilado en los tribunales internacionales".
Por Irina Hauser
Fuente: Página 12
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