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Nacionales - 24-11-2022 / 09:11
NO INVESTIGA EL ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA

Cercada por los reclamos de apartamiento, la jueza macrista Capuchetti delegó la causa en el fiscal macrista Rívolo

Cercada por los reclamos de apartamiento, la jueza macrista Capuchetti delegó la causa en el fiscal macrista Rívolo
Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por Cristina Kirchner debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza Capuchetti dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal Rívolo. Los abogados de la vicepresidenta demostraron ante el polémico juez Bruglia que la magistrada no tuvo voluntad de ampliar la investigación para conocer quienes incentivaron a la banda de Los Copitos a realizar un magnicidio.
Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por Cristina debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza macrista María Capuchetti dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal macrista Carlos Rívolo. Para "confirmar" lo dicho en la recusación, en el mismo escrito rechazó los pedidos realizados por los abogados de CFK para impulsar la búsqueda de la verdad.
 
En la tarde de este miércoles Capuchetti presentó un escrito mediante el cual delegó en Rívolo la causa que investiga el ataque a la vicepresidenta. Desde hace una semana, la querella de Cristina Kirchner viene pidiendo la recusación de la magistrada por no seguir líneas de investigación propuestas y "tener frenada la causa". Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación.
 
Aquella recusación fue rechazada por Capuchetti la semana pasada y presentó un informe con el que buscó contrarrestar las críticas recibidas. Con la actual decisión de delegar la causa, la jueza apuntaría a descomprimir la tensión generada por los pedidos de apartamiento en su contra.
 
En el escrito presentado que delega la instrucción a Rívolo, Capuchetti sostuvo que "Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte".
 
La delegación en manos de la fiscalía se da a 83 días del comienzo de la causa y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con información extraída del celular de Nicolás Carrizo, en el que se encontraron una serie de mensajes enviados durante la noche del atentado: "Recién intentamos matar a Cristina", "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", entre otros mensajes comprometedores.
 
Los abogados de Cristina consideran que estos mensajes ameritan a que Carrizo se considerado coautor del atentado, en lugar de cómplice, que es como viene siendo procesado hasta el momento. Junto con ello, los abogados de la vicepresidenta, reclamaron que los acusados sean juzgados por la figura de asociación ilícita.
 
La crítica central de la querella de la vicepresidenta a Capuchetti es que no se están investigando ninguna de las hipótesis que vinculan el atentado a figuras prominentes del macrismo como el diputado Gerardo Millman, la familia Caputo, o a "La Nueva Centro Derecha", agrupación de Hernán Carrol.
 
Con la decisión de la jueza, será Rívolo quien lleve adelante las líneas de investigación y medidas de prueba; así como quien tome declaración a los testigos, convoque a peritos o solicite informes. Mientras que Capuchetti intervendrá cuando la Fiscalía le pida allanamientos, detenciones e indagatorias.
 
Mientras tanto, la Cámara Federal debe resolver dos cuestiones centrales para la causa. Una es la propia recusación de Capuchetti, sobre la cual decidirá el cuestionado camarista Leopoldo Bruglia. La otra, es el pedido de Cristina Kirchner para que se le secuestren y abran los teléfonos celulares a las dos asesoras de Milman; el cual está a cargo de los tres jueces de la Sala I de la Cámara.
 
La Opinión Popular


 
LA JUEZA HIZO EL ANUNCIO CUANDO LA QUERELLA INSISTÍA CON SU DESPLAZAMIENTO
 
Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti se corrió y delegó la instrucción en el fiscal Rívolo
 
A casi tres meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti, cercada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella, decidió delegar la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo. La jugada de la magistrada buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Leopoldo Bruglia -uno de los nombrados a dedo por Mauricio Macri-: si la aparta o la confirma en el caso.
 
Ella lo presenta como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que ponen en duda su imparcialidad, y para evitar futuras nulidades. Lo llamativo es que en el mismo escrito da señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrizo y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no había analizado. Ante Bruglia, los abogados de CFK insistieron en que la jueza sea apartada de la causas por haber frenado distintas líneas de investigación.
 
La magistrada tomó la decisión luego que se realizara la audiencia en la Cámara Federal, en la que los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, expusieron las razones del planteo de la vicepresidenta ante el juez Bruglia. "La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo", afirmó Ubeira.
 
Aldazabal se ocupó de desarrollar punto por punto los motivos para desplazar a Capuchetti. Por caso, dijo que no dio explicaciones sobre la ruptura de la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel, del que se perdió información, y argumentó que avanzaría sobre las responsabilidades penales de la Policía Federal una vez que la fuerza termine el sumario interno.
 
También le criticaron la falta de explicación de la jueza respecto a la demora en la detención de Brenda Uliarte y en especial que mandó a la Federal a hacer escuchas directas sobre ella y los agentes tardaron tres horas en llegar al locutorio para hacerlas. Es más, Uliarte casi se escapa: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) avisó que se estaba moviendo pese a que debía haber efectivos de la Federal donde estaba ella.
 
Los abogados subrayaron que Capuchetti rechazó la mayoría de las medidas pedidas por la querella y no agotó las líneas de investigación que aparecieron. Por caso, citó a Hernán Carrol, referente de Nueva Centro Derecha, con un mes de demora. Le retuvo uno de sus dos celulares por insistencia de Aldazabal y resulta que estaba todo borrado. El nombre de Carrol había aparecido en el expediente cuando Sabag Montiel le mandó un manuscrito a la jueza diciendo que él era la persona que debía designarle una abogado particular y pagárselo. El dirigente, con lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, tenía contacto con Uliarte.
 
Capuchetti tampoco quiso investigar la pista que lleva a Gerardo Milman, quien parecía conocer que podía haber un ataque a CFK, tal como lo puso en un proyecto de resolución donde dijo que sería un auto atentado. Un testigo lo escuchó decir, dos días antes del ataque, "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Pero Capuchetti se puso del lado de Milman y denunció, a pedido suyo, al testigo. No quiso secuestrar los celulares de las colaboradoras que estaban con él, que llegaron a mentir al testificar y hasta contradecirse. Una de ellas es Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina 2012 que estuvo a cargo de la Escuela de Inteligencia del ministerio de Seguridad de Bullrich cuando Milman era su vice.
 
Frente a Bruglia, los abogados de la querella también aludieron a los chats de Carrizo que aparecieron en un análisis de su celular que hizo un órgano del Ministerio Público Fiscal y que el juzgado no investigó. En uno de ellos, Carrizo escribió apenas unas horas después del intento de magnicidio contra CFK: "Recién intentamos matar a Cristina". A raíz de estos datos, la querella pidió que Carrizo fuera indagado como "coautor" del intento de magnicidio (está procesado como partícipe) y que se incorpore la figura de asociación ilícita y se amplíe por esto la indagatoria de todos, ya que las conversaciones mostraban que querían alterar el orden público y forzar la renuncia de Alberto Fernández.
 
Lo sorprendente fue que la jueza se refirió a este tema en su presentación al delegar la investigación. Sobre el nuevo material y el pedido de imputar a Carrizo junto a Sabag y Uliarte por asociación ilícita dijo que se plantea "la necesidad de realizar modificaciones a imputaciones o calificaciones legales que han sido consolidadas ya por los correspondientes autos de mérito que han adquirido firmeza, y debe señalarse, no fueron en su oportunidad impugnados por los presentantes".
 
"Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes ante el juez Bruglia.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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