15:26 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 24-11-2022 / 09:11

NO INVESTIGA EL ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA

Cercada por los reclamos de apartamiento, la jueza macrista Capuchetti delegó la causa en el fiscal macrista Rívolo

Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por Cristina Kirchner debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza Capuchetti dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal Rívolo. Los abogados de la vicepresidenta demostraron ante el polémico juez Bruglia que la magistrada no tuvo voluntad de ampliar la investigación para conocer quienes incentivaron a la banda de Los Copitos a realizar un magnicidio.

Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por Cristina debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza macrista María Capuchetti dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal macrista Carlos Rívolo. Para "confirmar" lo dicho en la recusación, en el mismo escrito rechazó los pedidos realizados por los abogados de CFK para impulsar la búsqueda de la verdad.

En la tarde de este miércoles Capuchetti presentó un escrito mediante el cual delegó en Rívolo la causa que investiga el ataque a la vicepresidenta. Desde hace una semana, la querella de Cristina Kirchner viene pidiendo la recusación de la magistrada por no seguir líneas de investigación propuestas y "tener frenada la causa". Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación.

Aquella recusación fue rechazada por Capuchetti la semana pasada y presentó un informe con el que buscó contrarrestar las críticas recibidas. Con la actual decisión de delegar la causa, la jueza apuntaría a descomprimir la tensión generada por los pedidos de apartamiento en su contra.

En el escrito presentado que delega la instrucción a Rívolo, Capuchetti sostuvo que "Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte".

La delegación en manos de la fiscalía se da a 83 días del comienzo de la causa y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con información extraída del celular de Nicolás Carrizo, en el que se encontraron una serie de mensajes enviados durante la noche del atentado: "Recién intentamos matar a Cristina", "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", entre otros mensajes comprometedores.

Los abogados de Cristina consideran que estos mensajes ameritan a que Carrizo se considerado coautor del atentado, en lugar de cómplice, que es como viene siendo procesado hasta el momento. Junto con ello, los abogados de la vicepresidenta, reclamaron que los acusados sean juzgados por la figura de asociación ilícita.

La crítica central de la querella de la vicepresidenta a Capuchetti es que no se están investigando ninguna de las hipótesis que vinculan el atentado a figuras prominentes del macrismo como el diputado Gerardo Millman, la familia Caputo, o a "La Nueva Centro Derecha", agrupación de Hernán Carrol.

Con la decisión de la jueza, será Rívolo quien lleve adelante las líneas de investigación y medidas de prueba; así como quien tome declaración a los testigos, convoque a peritos o solicite informes. Mientras que Capuchetti intervendrá cuando la Fiscalía le pida allanamientos, detenciones e indagatorias.

Mientras tanto, la Cámara Federal debe resolver dos cuestiones centrales para la causa. Una es la propia recusación de Capuchetti, sobre la cual decidirá el cuestionado camarista Leopoldo Bruglia. La otra, es el pedido de Cristina Kirchner para que se le secuestren y abran los teléfonos celulares a las dos asesoras de Milman; el cual está a cargo de los tres jueces de la Sala I de la Cámara.

La Opinión Popular

LA JUEZA HIZO EL ANUNCIO CUANDO LA QUERELLA INSISTÍA CON SU DESPLAZAMIENTO

Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti se corrió y delegó la instrucción en el fiscal Rívolo

A casi tres meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti, cercada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella, decidió delegar la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo. La jugada de la magistrada buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Leopoldo Bruglia -uno de los nombrados a dedo por Mauricio Macri-: si la aparta o la confirma en el caso.

Ella lo presenta como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que ponen en duda su imparcialidad, y para evitar futuras nulidades. Lo llamativo es que en el mismo escrito da señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrizo y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no había analizado. Ante Bruglia, los abogados de CFK insistieron en que la jueza sea apartada de la causas por haber frenado distintas líneas de investigación.

La magistrada tomó la decisión luego que se realizara la audiencia en la Cámara Federal, en la que los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, expusieron las razones del planteo de la vicepresidenta ante el juez Bruglia. "La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo", afirmó Ubeira.

Aldazabal se ocupó de desarrollar punto por punto los motivos para desplazar a Capuchetti. Por caso, dijo que no dio explicaciones sobre la ruptura de la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel, del que se perdió información, y argumentó que avanzaría sobre las responsabilidades penales de la Policía Federal una vez que la fuerza termine el sumario interno.

También le criticaron la falta de explicación de la jueza respecto a la demora en la detención de Brenda Uliarte y en especial que mandó a la Federal a hacer escuchas directas sobre ella y los agentes tardaron tres horas en llegar al locutorio para hacerlas. Es más, Uliarte casi se escapa: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) avisó que se estaba moviendo pese a que debía haber efectivos de la Federal donde estaba ella.

Los abogados subrayaron que Capuchetti rechazó la mayoría de las medidas pedidas por la querella y no agotó las líneas de investigación que aparecieron. Por caso, citó a Hernán Carrol, referente de Nueva Centro Derecha, con un mes de demora. Le retuvo uno de sus dos celulares por insistencia de Aldazabal y resulta que estaba todo borrado. El nombre de Carrol había aparecido en el expediente cuando Sabag Montiel le mandó un manuscrito a la jueza diciendo que él era la persona que debía designarle una abogado particular y pagárselo. El dirigente, con lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, tenía contacto con Uliarte.

Capuchetti tampoco quiso investigar la pista que lleva a Gerardo Milman, quien parecía conocer que podía haber un ataque a CFK, tal como lo puso en un proyecto de resolución donde dijo que sería un auto atentado. Un testigo lo escuchó decir, dos días antes del ataque, "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Pero Capuchetti se puso del lado de Milman y denunció, a pedido suyo, al testigo. No quiso secuestrar los celulares de las colaboradoras que estaban con él, que llegaron a mentir al testificar y hasta contradecirse. Una de ellas es Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina 2012 que estuvo a cargo de la Escuela de Inteligencia del ministerio de Seguridad de Bullrich cuando Milman era su vice.

Frente a Bruglia, los abogados de la querella también aludieron a los chats de Carrizo que aparecieron en un análisis de su celular que hizo un órgano del Ministerio Público Fiscal y que el juzgado no investigó. En uno de ellos, Carrizo escribió apenas unas horas después del intento de magnicidio contra CFK: "Recién intentamos matar a Cristina". A raíz de estos datos, la querella pidió que Carrizo fuera indagado como "coautor" del intento de magnicidio (está procesado como partícipe) y que se incorpore la figura de asociación ilícita y se amplíe por esto la indagatoria de todos, ya que las conversaciones mostraban que querían alterar el orden público y forzar la renuncia de Alberto Fernández.

Lo sorprendente fue que la jueza se refirió a este tema en su presentación al delegar la investigación. Sobre el nuevo material y el pedido de imputar a Carrizo junto a Sabag y Uliarte por asociación ilícita dijo que se plantea "la necesidad de realizar modificaciones a imputaciones o calificaciones legales que han sido consolidadas ya por los correspondientes autos de mérito que han adquirido firmeza, y debe señalarse, no fueron en su oportunidad impugnados por los presentantes".

"Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes ante el juez Bruglia.

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".