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Nacionales - 11-11-2022 / 10:11
EL JUEZ HIZO LUGAR A LAS MEDIDAS DE PRUEBA PROPUESTAS POR EL FISCAL

Espionaje ilegal: Batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani

Espionaje ilegal: Batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este jueves una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del ex presidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018. La decisión se tomó en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal.
 
El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno. En concordancia, remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los ex funcionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).
 
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas" a las mismas personas, según surge de las resoluciones. Además, solicitó a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018" de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", requirió el juez en el oficio.
 
El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó a Macri como supuesto responsable del armado de un "plan sistemático" de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández, y su hermana Florencia Macri. Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Arribas y Majdalani, ex jefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
 
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros. "Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas" por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
 
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ESPIONAJE ILEGAL
 
Espionaje al Instituto Patria: batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período. Por ahora no eleva el caso a juicio.
 
En el marco del caso en que se investiga el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este jueves una batería de medidas que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que mantuvieron el entonces presidente Mauricio Macri y los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre junio y noviembre de 2018. Por ahora no eleva el caso a juicio, como solicitó el fiscal Franco Picardi, por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.
 
Martínez de Giorgi le requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen los teléfonos asignados a Macri, Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye también al ex número 3 de la agencia, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, que era el director de Jurídicos; al ex espía Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros; y a Bernardo Miguens, un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo. El magistrado también solicitó a la Jefatura de Gabinete que entregue todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en el mismo período: junio-noviembre de 2018.
 
 
Las medidas
 
En este orden, el titular del juzgado federal Nº 8 requirió este jueves "a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia" que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Desechó que la AFI aporte los equipos de telefonía celular que utilizaron los acusados "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos". El magistrado consideró que no se puede "garantizar la preservación de su original contenido".
 
A su vez, el juez requirió a las empresas Claro, Telefónica y Telecom "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a los mismos acusados en el período junio-noviembre de 2018.
 
Con estas medidas busca determinar las líneas telefónicas que utilizaron los imputados para luego reconstruir el circuito de llamadas que se pudo haber dado mientras se daba el espionaje ilegal sobre CFK y el Instituto Patria. La investigación también apunta al armado de una coartada por parte de la AFI para poder darle una cobertura "legal" al espionaje que se estaba dando. La AFI justificó sus acciones ante la Justicia con presuntas amenazas en el marco del evento del G-20.
 
Para reconstruir los encuentros que se pudieron haber concretado mientras se daba el espionaje a CFK y el Instituto Patria, el magistrado pidió a la Jefatura de Gabinete que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Quiere saber si en ese lapso tiempo ingresaron Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberían detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", añadió el juez.
 
 
La elevación a juicio debe esperar
 
Por ahora, Martínez de Giorgi no eleva a juicio el caso del espionaje al Instituto Patria, tal como había reclamado el fiscal. Picardi había pedido la elevación a juicio de Arribas, Majdalani, Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste. "En relación al requerimiento de elevación a juicio formulado, téngaselo presente para el momento procesal oportuno", indicó el juez en la resolución que firmó este jueves.
 
El fiscal Franco Picardi había pedido elevar ese caso puntual a juicio e investigar el rol de Macri en un "esquema organizado" de espionaje ilegal desatado durante su presidencia. El representante del Ministerio Público Fiscal enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la AFI bajo la conducción de Arribas y Majdalani. En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de "un plan sistemático y organizado", que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.
 
El fiscal Picardi planteó que el expediente del espionaje a CFK y el Instituto Patria así como el conexo de los "Super Mario Bros", que incluye como víctimas a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, "revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos".
 
Para defender su postura de no elevar el caso del Patria a juicio, Martínez de Giorgi se tomó de las distintas medidas que había pedido Picardi: "En ese sentido, la solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace mas que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa". En concreto: lo que sostiene el juez es que todas las causas son conexas aunque tramiten por separado y que si bien el fiscal puede pedir la elevación de un caso, considera que hay medidas que se están haciendo en otros expedientes que pueden afectar el trámite del caso del Instituto Patria.
 
Con ese marco, ordenó las medidas de prueba que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que pudieron haber tenido Macri, Arribas, Majdalani, De Stéfano, Ruiz y Miguens.
 
Por FRANCO MIZRAHI y ARI LIJALAD
 
Fuente: El Destape
 

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14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular


12-11-2025 / 10:11
Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de la intervención del gobierno de Donald Trump en favor de Javier Milei para apuntalar el rendimiento electoral de los libertarios abren un nuevo abanico de sospechas y dudas acerca de las condiciones financieras de la operación y los favores prometidos a la potencia del Norte. Es más, fue Bessent quien habló de un swap activado, lo cual implica una operación de deuda de la que nadie en el gobierno argentino aporta un dato.
 
En medio del estruendoso silencio oficial, el secretario Bessent hizo público que Argentina activó el swap para devolverle inmediatamente a Estados Unidos su intervención para rescatar a Milei antes de las elecciones. Toto Caputo igual sigue sin decir palabra sobre los intereses que pagará el país por esa nueva deuda. Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina. Ganancias de los yanquis y silencio del gobierno libertario.
 
En medio de la total falta de transparencia en torno a la operación, fuentes del mercado hablan de unos 2 mil millones de dólares por el rescate de octubre, a lo que se sumarían casi 800 millones que se pagaron al FMI en concepto de cancelación de vencimientos de deuda, lo cual acercaría la cifra a la banda de los 2700-3000 millones de dólares.
 
Cuestionado por la prensa norteamericana por el despilfarro de recursos que para muchos votantes de ese país supuso la ayuda a la Argentina, Bessent confirmó que Estados Unidos "hizo dinero" con la operación, es decir que "entró y salió" del mercado cambiario local y sugirió que, de no haber favorecido a Milei, el otro camino era derribar lanchas de narcotraficantes.
 
La operación Trump-Milei deja mucha tela para cortar. Por un lado, expuso como nunca la fragilidad de la economía argentina bajo la conducción libertaria y deja establecida una suerte de amenaza, bastante explícita, acerca de que, si se llegara a dar un cambio de signo político, el apoyo se esfuma y, por lo tanto, se desataría una crisis cambiaria fulminante.
 
En segundo lugar, hay un fuerte componente de opacidad respecto de en qué consiste la operación. ¿Cuáles fueron las condiciones financieras acordadas? ¿y cuáles las no financieras, asociadas a por ejemplo la reducción de la presencia de China en el país, algo que Bessent dijo con todas las letras?
 
El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, lo aclaró: "1) Bessent trajo dólares. 2) Los cambió por pesos con una ¿tasa privilegiada del Gobierno? 3) Esos pesos los volvió a cambiar a dólares (después de las elecciones) que el país había pedido prestados (el swap). Resultado: Bessent no prestó plata, sólo hizo un cambio que nos dejó con más deuda en dólares", y le pidió al ministro Caputo que explique públicamente la operación.
 

11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

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