16:02 | Lunes 18 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 11-11-2022 / 10:11
EL JUEZ HIZO LUGAR A LAS MEDIDAS DE PRUEBA PROPUESTAS POR EL FISCAL
Espionaje ilegal: Batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este jueves una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del ex presidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018. La decisión se tomó en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal.
El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno. En concordancia, remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los ex funcionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas" a las mismas personas, según surge de las resoluciones. Además, solicitó a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018" de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", requirió el juez en el oficio.
El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó a Macri como supuesto responsable del armado de un "plan sistemático" de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández, y su hermana Florencia Macri. Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Arribas y Majdalani, ex jefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros. "Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas" por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
La Opinión Popular
El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno. En concordancia, remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los ex funcionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas" a las mismas personas, según surge de las resoluciones. Además, solicitó a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018" de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", requirió el juez en el oficio.
El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó a Macri como supuesto responsable del armado de un "plan sistemático" de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández, y su hermana Florencia Macri. Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Arribas y Majdalani, ex jefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros. "Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas" por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
La Opinión Popular
ESPIONAJE ILEGAL
Espionaje al Instituto Patria: batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período. Por ahora no eleva el caso a juicio.
En el marco del caso en que se investiga el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este jueves una batería de medidas que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que mantuvieron el entonces presidente Mauricio Macri y los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre junio y noviembre de 2018. Por ahora no eleva el caso a juicio, como solicitó el fiscal Franco Picardi, por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.
Martínez de Giorgi le requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen los teléfonos asignados a Macri, Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye también al ex número 3 de la agencia, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, que era el director de Jurídicos; al ex espía Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros; y a Bernardo Miguens, un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo. El magistrado también solicitó a la Jefatura de Gabinete que entregue todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en el mismo período: junio-noviembre de 2018.
Las medidas
En este orden, el titular del juzgado federal Nº 8 requirió este jueves "a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia" que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Desechó que la AFI aporte los equipos de telefonía celular que utilizaron los acusados "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos". El magistrado consideró que no se puede "garantizar la preservación de su original contenido".
A su vez, el juez requirió a las empresas Claro, Telefónica y Telecom "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a los mismos acusados en el período junio-noviembre de 2018.
Con estas medidas busca determinar las líneas telefónicas que utilizaron los imputados para luego reconstruir el circuito de llamadas que se pudo haber dado mientras se daba el espionaje ilegal sobre CFK y el Instituto Patria. La investigación también apunta al armado de una coartada por parte de la AFI para poder darle una cobertura "legal" al espionaje que se estaba dando. La AFI justificó sus acciones ante la Justicia con presuntas amenazas en el marco del evento del G-20.
Para reconstruir los encuentros que se pudieron haber concretado mientras se daba el espionaje a CFK y el Instituto Patria, el magistrado pidió a la Jefatura de Gabinete que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Quiere saber si en ese lapso tiempo ingresaron Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberían detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", añadió el juez.
La elevación a juicio debe esperar
Por ahora, Martínez de Giorgi no eleva a juicio el caso del espionaje al Instituto Patria, tal como había reclamado el fiscal. Picardi había pedido la elevación a juicio de Arribas, Majdalani, Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste. "En relación al requerimiento de elevación a juicio formulado, téngaselo presente para el momento procesal oportuno", indicó el juez en la resolución que firmó este jueves.
El fiscal Franco Picardi había pedido elevar ese caso puntual a juicio e investigar el rol de Macri en un "esquema organizado" de espionaje ilegal desatado durante su presidencia. El representante del Ministerio Público Fiscal enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la AFI bajo la conducción de Arribas y Majdalani. En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de "un plan sistemático y organizado", que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.
El fiscal Picardi planteó que el expediente del espionaje a CFK y el Instituto Patria así como el conexo de los "Super Mario Bros", que incluye como víctimas a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, "revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos".
Para defender su postura de no elevar el caso del Patria a juicio, Martínez de Giorgi se tomó de las distintas medidas que había pedido Picardi: "En ese sentido, la solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace mas que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa". En concreto: lo que sostiene el juez es que todas las causas son conexas aunque tramiten por separado y que si bien el fiscal puede pedir la elevación de un caso, considera que hay medidas que se están haciendo en otros expedientes que pueden afectar el trámite del caso del Instituto Patria.
Con ese marco, ordenó las medidas de prueba que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que pudieron haber tenido Macri, Arribas, Majdalani, De Stéfano, Ruiz y Miguens.
Por FRANCO MIZRAHI y ARI LIJALAD
Fuente: El Destape
Espionaje al Instituto Patria: batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período. Por ahora no eleva el caso a juicio.
En el marco del caso en que se investiga el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este jueves una batería de medidas que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que mantuvieron el entonces presidente Mauricio Macri y los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre junio y noviembre de 2018. Por ahora no eleva el caso a juicio, como solicitó el fiscal Franco Picardi, por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.
Martínez de Giorgi le requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen los teléfonos asignados a Macri, Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye también al ex número 3 de la agencia, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, que era el director de Jurídicos; al ex espía Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros; y a Bernardo Miguens, un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo. El magistrado también solicitó a la Jefatura de Gabinete que entregue todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en el mismo período: junio-noviembre de 2018.
Las medidas
En este orden, el titular del juzgado federal Nº 8 requirió este jueves "a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia" que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Desechó que la AFI aporte los equipos de telefonía celular que utilizaron los acusados "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos". El magistrado consideró que no se puede "garantizar la preservación de su original contenido".
A su vez, el juez requirió a las empresas Claro, Telefónica y Telecom "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a los mismos acusados en el período junio-noviembre de 2018.
Con estas medidas busca determinar las líneas telefónicas que utilizaron los imputados para luego reconstruir el circuito de llamadas que se pudo haber dado mientras se daba el espionaje ilegal sobre CFK y el Instituto Patria. La investigación también apunta al armado de una coartada por parte de la AFI para poder darle una cobertura "legal" al espionaje que se estaba dando. La AFI justificó sus acciones ante la Justicia con presuntas amenazas en el marco del evento del G-20.
Para reconstruir los encuentros que se pudieron haber concretado mientras se daba el espionaje a CFK y el Instituto Patria, el magistrado pidió a la Jefatura de Gabinete que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Quiere saber si en ese lapso tiempo ingresaron Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberían detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", añadió el juez.
La elevación a juicio debe esperar
Por ahora, Martínez de Giorgi no eleva a juicio el caso del espionaje al Instituto Patria, tal como había reclamado el fiscal. Picardi había pedido la elevación a juicio de Arribas, Majdalani, Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste. "En relación al requerimiento de elevación a juicio formulado, téngaselo presente para el momento procesal oportuno", indicó el juez en la resolución que firmó este jueves.
El fiscal Franco Picardi había pedido elevar ese caso puntual a juicio e investigar el rol de Macri en un "esquema organizado" de espionaje ilegal desatado durante su presidencia. El representante del Ministerio Público Fiscal enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la AFI bajo la conducción de Arribas y Majdalani. En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de "un plan sistemático y organizado", que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.
El fiscal Picardi planteó que el expediente del espionaje a CFK y el Instituto Patria así como el conexo de los "Super Mario Bros", que incluye como víctimas a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, "revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos".
Para defender su postura de no elevar el caso del Patria a juicio, Martínez de Giorgi se tomó de las distintas medidas que había pedido Picardi: "En ese sentido, la solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace mas que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa". En concreto: lo que sostiene el juez es que todas las causas son conexas aunque tramiten por separado y que si bien el fiscal puede pedir la elevación de un caso, considera que hay medidas que se están haciendo en otros expedientes que pueden afectar el trámite del caso del Instituto Patria.
Con ese marco, ordenó las medidas de prueba que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que pudieron haber tenido Macri, Arribas, Majdalani, De Stéfano, Ruiz y Miguens.
Por FRANCO MIZRAHI y ARI LIJALAD
Fuente: El Destape
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