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Nacionales - 04-11-2022 / 09:11
CORRUPCIÓN: CON EL MISMO MONTO QUE COMPRÓ LAS 4 SE PODRÍAN HABER CONSTRUIDO 20 LANCHAS SIMILARES

Denuncian penalmente a Bullrich por sobreprecios en la compra de 4 lanchas a Israel

Denuncian penalmente a Bullrich por sobreprecios en la compra de 4 lanchas a Israel
Durante el primer año de Macri, el ministerio de Patricia Bullrich pagó 50 millones de dólares a un astillero israelí por embarcaciones de patrullaje. La Oficina Anticorrupción detectó que la actual Presidenta del PRO burló procedimientos legales para contratar a un proveedor previamente seleccionado y pagó 29 millones más de lo que debía pagar. Valían 21 y las pagó 50, casi nada.
En el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Seguridad que encabezaba Patricia Bullrich pagó 50 millones de dólares a un astillero israelí para comprar cuatro lanchas para patrullar vías navegables. En ese momento, la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) advirtió que con el mismo monto se podrían haber construido 20 lanchas similares.
 
Del estudio de ese expediente administrativo y las declaraciones de prefectos que intervinieron en la operación surge que la actual presidenta del PRO burló todos los procedimientos legales previstos para las compras del Estado y contrató directamente a un proveedor previamente seleccionado, al que además le pagó un sobreprecio del 138%: 29 millones de dólares por encima del valor de las embarcaciones.
 
La Oficina Anticorrupción denunció a la bolsonarista Bullrich, al secretario que elaboró el expediente con el que se pretendió justificar la adjudicación, Alberto Fernando Föhrig, y al ex jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, por incumplimiento de deberes de funcionarios público, negociaciones incompatibles con la función pública y posible defraudación a la administración pública. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.
 
La compra de cuatro lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd., se concretó el 15 de diciembre de 2016 a través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad argentino y el Ministerio de Defensa de Israel, incumpliendo las normas de compras y contrataciones que disponen como principio general (decreto 1023/01) la licitación pública y el envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores.
 
Para burlar ese procedimiento se invocó un decreto (228/16) del primer mes de gestión de Macri que declaró la "emergencia en seguridad pública" y habilitó la posibilidad de contratación directa en dos supuestos (razones de urgencia o necesidad de secreto por razones de seguridad o defensa), que sin embargo tampoco se cumplieron en el caso.
 
La polémica Bullrich evitó aplicar ambas normas y "recurrió a la celebración de un convenio de implementación con un Estado Extranjero", a fin de "eludir requerimientos normativos y de ese modo adquirir las lanchas a un proveedor que se encontraba previamente seleccionado", denuncia la OA.
 

 
La sumatoria de irregularidades observadas en el expediente indican que ese trámite "no resultó más que una ficción para intentar justificar la adjudicación al astillero" israelí decidida de antemano. El expediente -al que le faltan 28 fojas- se inicia formalmente en enero de 2016 pero la primera actuación data de septiembre, cuando el director de Logística de Prefectura, Juan José Spiazzi, incorpora un informe en el que plantea la necesidad de embarcaciones para fortalecer el Sistema Integrado de Vigilancia Fronteriza y presenta un análisis comparativo de lanchas, sin fundamentar sus conclusiones y admitiendo que se realizó "con información básica suministrada por los astilleros o sus páginas institucionales".
 
El informe pone en evidencia el contacto puntual "con el Astillero Israel Shipyards LTD, ubicado en la Bahía de Haifa, en el Estado de Israel, que demostró interés" en hacer una propuesta.
 
El director de Material de Prefectura, Osvaldo Ríos, admitió ante la OA que las conversiones con esa firma comenzaron en abril de 2016. El 7 de junio -según el registro de audiencias del Ministerio del Interior, no incluido en el expediente- otro prefecto, Eduardo René Scarzello, recibió al vicepresidente de marketing del astillero, Breier Oded, quien expuso "la gama de productos que ofrece la empresa" (Oded sería detenido en 2018 en Israel por presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria).
 
Pero la constancia más elocuente de que el negocio se había concertado de antemano data de enero de 2016, cuando Bullrich se reunió con la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval, a la que le "hizo conocer la decisión de explorar la compra de lanchas rápidas en Israel para luchar contra el narcotráfico", según consta en el libro Industria Naval Argentina: 100 años, de Raúl Podetti (padre e hijo).
 
En diciembre el expediente "avanzó en un derrotero aún más caótico" que culminó con la firma del convenio por parte de Bullrich, el día 15, y su aprobación por parte de Marcos Peña, el día 30. Antes, el área jurídica dictaminó a favor, sin que conste sobre qué proyecto de convenio se pronunció. La elevación la firmó el secretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Föhrig, y la recibió Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Bullrich y actor protagónico en la represión que culminó con la muerte de Santiago Maldonado.
 
El análisis del proceso de compra no es menos irregular. No hay constancias de ningún llamado a cámara o agrupación de proveedores del rubro en cuestión. Apenas se menciona la consulta a "determinados astilleros", y la única constancia de oferta es la formulada por la compañía que se quedaría con el negocio.
 
Todas las personas que declararon en la OA afirmaron que desde el inicio de la tramitación del expediente el Ministerio acercó la propuesta del astillero israelí al personal de Prefectura, y que todas las reuniones fueron con esa empresa, omitiendo pedir otras ofertas o explorar otras opciones. Bullrich y Föhrig eludieron inclusive las pautas que ellos mismos habían aplicado en un convenio anterior, también en 2016, cuando para comprar sistemas de seguridad de pasos fronterizos analizaron tres ofertas de empresas israelíes antes de optar por una de ellas.
 
El último tramo de la denuncia se refiere a la comparación de valores y el probable sobreprecio pagado por el gobierno de Macri. Un detalle llamativo es que originalmente el expediente está destinado a comprar lanchas para patrullar vías navegables, y luego de recibir la propuesta de Israel Shipyards Ltd. se incorpora un documento de otra firma, Rafael Ltd., con una descripción de armas para esas embarcaciones. La OA encontró constancias de una reunión celebrada el 29 de noviembre de 2016 entre funcionarios de Bullrich y del Estado de Israel, vinculadas con ese armamento.
 
El 2017 la República Federal de Nigeria le compró al astillero israelí tres lanchas Shaldag, más modernas que las que compraría Bullrich, a 6,33 millones de dólares cada una. El gobierno de Macri, por la misma época, pagó 12,25 millones cada una, prácticamente el doble. Un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires concluyó que el precio contratado por las lanchas para Prefectura "debió ser del orden de 5,25 millones de dólares", por lo que hubo "un sobreprecio del orden del 138%", que implicó el pago de 29 millones de dólares de más.
 
"La abultada diferencia habilita a presumir que el costo de las lanchas adquiridas por el Estado Nacional podría haber sido indebidamente sobrevaluado, y que el delito de cohecho imputado a funcionarios del Astillero Israel Shipyards Ltd. respecto de las lanchas vendidas a la República de Nigeria podría haberse repetido en el presente caso, circunstancias que deberán ser profundizadas en sede penal", denunció la OA.
 
Fuente: Página12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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