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Nacionales - 01-11-2022 / 10:11
LOS JUECES AMIGOS DE MACRI QUIEREN TAPAR TODO

Atentado a CFK: Un fallo que busca acotar la investigación y juzgar a tres locos sueltos

Atentado a CFK: Un fallo que busca acotar la investigación y juzgar a tres locos sueltos
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi le indicaron a la jueza que investiga el ataque a la vicepresidenta que avance hacia el juicio oral de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. También le sugieren que apunte a la custodia de CFK, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora. Quieren tapar todo.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi le indicaron a la jueza que investiga el ataque a la vicepresidenta que avance hacia el juicio oral de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. También le sugieren que apunte a la custodia de CFK, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora.
 
La decisión va en sentido opuesto a lo que reclaman los abogados de Cristina: es decir, profundizar la pesquisa sobre las relaciones de los atacantes con agrupaciones de ultraderecha y los halcones de Juntos por el Cambio, así como investigar el financiamiento de los procesados. Por otro lado, la Cámara Federal ordenó la libertad de Agustina Díaz y confirmó la imputación de Carrizo.
 
La Cámara Federal porteña, Sala I, se despachó este lunes con un fallo que podría sintetizarse así: "Señora jueza María Eugenia Capuchetti, en el caso del atentado contra Cristina Kirchner, avance hacia el juicio oral y mientras tanto siga investigando a ver si aparece algo de gravedad institucional que pueda relacionarse con este hecho. Ah, investigue a la custodia, a la Policía Federal y a los jóvenes de La Cámpora que le daban seguridad a la vicepresidenta". La resolución es asombrosa porque sugiere hacer cuanto antes un juicio para la tribuna, con un grupito de imputados, dejando a la sombra todas las conexiones de los atacantes.
 
Es una decisión que va en el sentido contrario de lo que vienen reclamando los abogados de CFK: profundizar la investigación, verificar las relaciones con los grupos neonazis, con otras fuerzas de ultraderecha y con los halcones de Juntos por el Cambio, unificar el expediente con el que se ocupa del financiamiento de Revolución Federal y otras fuentes de dinero de estos grupos.
 
En la parte que más trascendió en la mayoría de los medios, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -razonablemente- ordenaron la libertad de Agustina Díaz porque no está probado que formó parte del plan de matar a CFK y, en cambio, confirmaron la imputación contra el jefe de los vendedores de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, por ser cómplice del ataque.
 

 
Apure y mande a juicio
 
La resolución de la llamada Cámara M (por macrista, obvio) le indica a Capuchetti lo siguiente: "Con la premura que el caso impone, eleve estas actuaciones respecto de los imputados cuyas situaciones procesales se encuentran resueltas a la instancia del debate oral y público, esto sin perjuicio de continuar con las diligencias pertinentes en los demás legajos de investigación formados al efecto y profundizar agotando cualquier hipótesis que pueda vincularse con este hecho de gravedad institucional".
 
En este momento hay tres detenidos: el que gatilló, Fernando Sabag Montiel, la que parece haber impulsado el ataque, Brenda Uliarte, y Carrizo, el que tiene mensajes diciendo que el ataque estaba previsto para una semana más tarde y pensó que se iba a utilizar un arma calibre 22 que él mismo proveyó.
 
Los camaristas entonces sugieren que se los mande a juicio como si fueran un grupito aislado que emprendió el plan de matar a la vicepresidenta sin conexión alguna, sin participación ni financiamiento de nadie. Todo cerrado en ellos tres. La idea que parece haber detrás se sintetizaría así: "Hagamos un juicio cuanto antes y, de cara a la opinión pública, haremos un simulacro de que hicimos algo. Le daremos un corte a esto. Después, si aparece algo más, ya veremos".
 
 
Profundizar la pesquisa
 
El asombro es doble porque la Cámara M sorprende con un subtítulo: "profundización de la pesquisa". Y lo único que aparece en ese párrafo es lo siguiente: "ahondar las encuestas en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández". O sea, investigue a los efectivos de la custodia de la Policía Federal -que depende del Gobierno-, y los jóvenes de La Cámpora que rodeaban a la vicepresidenta. No profundice buscando en la derecha sino en lo relacionado con el peronismo.
 
A esta altura parece evidente que hubo fallas graves de la custodia, al punto que Sabag se acercó a 35 centímetros de CFK con un arma. Además, en todos los días previos estuvo el grupo de copos, con el carrito, lo que no llamó la atención de quienes debían ocuparse de la seguridad, siendo que era imposible que vendan copos a la noche, en un lugar en el que no había niños.
 
Pero parece notorio que profundizar la pesquisa no pasa ni remotamente por ahí. Pueden surgir ineficiencias graves, pero investigar el atentado pasa por otras cuestiones, como los cómplices, impulsores y financiadores. Mantener las causas separadas es toda una evidencia de la voluntad de cerrar la investigación rápidamente.
 
 
El jefe de los copos
 
El argumento del abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, también fue llamativo. Se podría sintetizar así: "Está bien, él sí habló de matar a Cristina Fernández, pero su plan se iba a llevar cabo una semana más tarde y con otra arma, una pistola calibre 22, que después hicieron desaparecer. Por lo tanto, no se lo puede responsabilizar de este ataque, él apostaba a otro ataque".
 
Los jueces, por supuesto, arrasaron con el argumento. "El objetivo propuesto, la modalidad del ataque y el lugar de su comisión no se vieron alterados, lo que lo ubica en la pesquisa, de momento, como cómplice secundario". La Cámara Federal tampoco le hizo lugar a otro argumento curioso: que como no había bala en la recámara cuando gatilló Sabag Montiel, entonces no hubo intención de matar. Ya se dijo que eso se debió a la inhabilidad del atacante, que en el nerviosismo del momento no supo mover la corredera del arma.
 
Los camaristas sí aceptaron que no hubo alevosía, es decir que consideraron que la vicepresidenta no estaba indefensa: los magistrados estimaron que la custodia y los jóvenes de La Cámpora le daban seguridad y Cristina Fernández no estaba en situación de vulnerabilidad. Alguien podrá discutir esa mirada: con un arma a 35 centímetros de la cabeza, nadie tiene defensa alguna.
 
Sobre la base de los ingredientes marcados, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens confirmaron la prisión preventiva de Carrizo.
 
 
Agustina Díaz, en libertad
 
Finalmente, los camaristas evaluaron que Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte, no participó del ataque a CFK. Las jóvenes llevaban meses sin verse y por mensaje Díaz le aconsejó a Uliarte que borre cosas de su celular, que se esconda y otras medidas para que no la apresen.
 
Para los magistrados ni siquiera hubo encubrimiento porque consideraron que Uliarte y Díaz mantenían "una amistad íntima". De manera que Agustina no tenía obligación de denunciar a Brenda cuando ésta le contó el 27 de agosto que había mandado (a Sabag Montiel) a matar a Cristina Fernández, pero que su novio falló en el intento. Fue aquel sábado en que CFK subió a un escenario improvisado y Sabag Montiel dijo que "ya se perdió la oportunidad porque había una cámara y demasiada gente". Cinco días más tarde, sí pudo acercarse y un milagro evitó la muerte de la vicepresidenta.
 
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

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