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Nacionales - 01-11-2022 / 10:11
LOS JUECES AMIGOS DE MACRI QUIEREN TAPAR TODO

Atentado a CFK: Un fallo que busca acotar la investigación y juzgar a tres locos sueltos

Atentado a CFK: Un fallo que busca acotar la investigación y juzgar a tres locos sueltos
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi le indicaron a la jueza que investiga el ataque a la vicepresidenta que avance hacia el juicio oral de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. También le sugieren que apunte a la custodia de CFK, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora. Quieren tapar todo.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi le indicaron a la jueza que investiga el ataque a la vicepresidenta que avance hacia el juicio oral de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. También le sugieren que apunte a la custodia de CFK, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora.
 
La decisión va en sentido opuesto a lo que reclaman los abogados de Cristina: es decir, profundizar la pesquisa sobre las relaciones de los atacantes con agrupaciones de ultraderecha y los halcones de Juntos por el Cambio, así como investigar el financiamiento de los procesados. Por otro lado, la Cámara Federal ordenó la libertad de Agustina Díaz y confirmó la imputación de Carrizo.
 
La Cámara Federal porteña, Sala I, se despachó este lunes con un fallo que podría sintetizarse así: "Señora jueza María Eugenia Capuchetti, en el caso del atentado contra Cristina Kirchner, avance hacia el juicio oral y mientras tanto siga investigando a ver si aparece algo de gravedad institucional que pueda relacionarse con este hecho. Ah, investigue a la custodia, a la Policía Federal y a los jóvenes de La Cámpora que le daban seguridad a la vicepresidenta". La resolución es asombrosa porque sugiere hacer cuanto antes un juicio para la tribuna, con un grupito de imputados, dejando a la sombra todas las conexiones de los atacantes.
 
Es una decisión que va en el sentido contrario de lo que vienen reclamando los abogados de CFK: profundizar la investigación, verificar las relaciones con los grupos neonazis, con otras fuerzas de ultraderecha y con los halcones de Juntos por el Cambio, unificar el expediente con el que se ocupa del financiamiento de Revolución Federal y otras fuentes de dinero de estos grupos.
 
En la parte que más trascendió en la mayoría de los medios, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -razonablemente- ordenaron la libertad de Agustina Díaz porque no está probado que formó parte del plan de matar a CFK y, en cambio, confirmaron la imputación contra el jefe de los vendedores de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, por ser cómplice del ataque.
 

 
Apure y mande a juicio
 
La resolución de la llamada Cámara M (por macrista, obvio) le indica a Capuchetti lo siguiente: "Con la premura que el caso impone, eleve estas actuaciones respecto de los imputados cuyas situaciones procesales se encuentran resueltas a la instancia del debate oral y público, esto sin perjuicio de continuar con las diligencias pertinentes en los demás legajos de investigación formados al efecto y profundizar agotando cualquier hipótesis que pueda vincularse con este hecho de gravedad institucional".
 
En este momento hay tres detenidos: el que gatilló, Fernando Sabag Montiel, la que parece haber impulsado el ataque, Brenda Uliarte, y Carrizo, el que tiene mensajes diciendo que el ataque estaba previsto para una semana más tarde y pensó que se iba a utilizar un arma calibre 22 que él mismo proveyó.
 
Los camaristas entonces sugieren que se los mande a juicio como si fueran un grupito aislado que emprendió el plan de matar a la vicepresidenta sin conexión alguna, sin participación ni financiamiento de nadie. Todo cerrado en ellos tres. La idea que parece haber detrás se sintetizaría así: "Hagamos un juicio cuanto antes y, de cara a la opinión pública, haremos un simulacro de que hicimos algo. Le daremos un corte a esto. Después, si aparece algo más, ya veremos".
 
 
Profundizar la pesquisa
 
El asombro es doble porque la Cámara M sorprende con un subtítulo: "profundización de la pesquisa". Y lo único que aparece en ese párrafo es lo siguiente: "ahondar las encuestas en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández". O sea, investigue a los efectivos de la custodia de la Policía Federal -que depende del Gobierno-, y los jóvenes de La Cámpora que rodeaban a la vicepresidenta. No profundice buscando en la derecha sino en lo relacionado con el peronismo.
 
A esta altura parece evidente que hubo fallas graves de la custodia, al punto que Sabag se acercó a 35 centímetros de CFK con un arma. Además, en todos los días previos estuvo el grupo de copos, con el carrito, lo que no llamó la atención de quienes debían ocuparse de la seguridad, siendo que era imposible que vendan copos a la noche, en un lugar en el que no había niños.
 
Pero parece notorio que profundizar la pesquisa no pasa ni remotamente por ahí. Pueden surgir ineficiencias graves, pero investigar el atentado pasa por otras cuestiones, como los cómplices, impulsores y financiadores. Mantener las causas separadas es toda una evidencia de la voluntad de cerrar la investigación rápidamente.
 
 
El jefe de los copos
 
El argumento del abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, también fue llamativo. Se podría sintetizar así: "Está bien, él sí habló de matar a Cristina Fernández, pero su plan se iba a llevar cabo una semana más tarde y con otra arma, una pistola calibre 22, que después hicieron desaparecer. Por lo tanto, no se lo puede responsabilizar de este ataque, él apostaba a otro ataque".
 
Los jueces, por supuesto, arrasaron con el argumento. "El objetivo propuesto, la modalidad del ataque y el lugar de su comisión no se vieron alterados, lo que lo ubica en la pesquisa, de momento, como cómplice secundario". La Cámara Federal tampoco le hizo lugar a otro argumento curioso: que como no había bala en la recámara cuando gatilló Sabag Montiel, entonces no hubo intención de matar. Ya se dijo que eso se debió a la inhabilidad del atacante, que en el nerviosismo del momento no supo mover la corredera del arma.
 
Los camaristas sí aceptaron que no hubo alevosía, es decir que consideraron que la vicepresidenta no estaba indefensa: los magistrados estimaron que la custodia y los jóvenes de La Cámpora le daban seguridad y Cristina Fernández no estaba en situación de vulnerabilidad. Alguien podrá discutir esa mirada: con un arma a 35 centímetros de la cabeza, nadie tiene defensa alguna.
 
Sobre la base de los ingredientes marcados, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens confirmaron la prisión preventiva de Carrizo.
 
 
Agustina Díaz, en libertad
 
Finalmente, los camaristas evaluaron que Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte, no participó del ataque a CFK. Las jóvenes llevaban meses sin verse y por mensaje Díaz le aconsejó a Uliarte que borre cosas de su celular, que se esconda y otras medidas para que no la apresen.
 
Para los magistrados ni siquiera hubo encubrimiento porque consideraron que Uliarte y Díaz mantenían "una amistad íntima". De manera que Agustina no tenía obligación de denunciar a Brenda cuando ésta le contó el 27 de agosto que había mandado (a Sabag Montiel) a matar a Cristina Fernández, pero que su novio falló en el intento. Fue aquel sábado en que CFK subió a un escenario improvisado y Sabag Montiel dijo que "ya se perdió la oportunidad porque había una cámara y demasiada gente". Cinco días más tarde, sí pudo acercarse y un milagro evitó la muerte de la vicepresidenta.
 
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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