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Entre Ríos - 07-10-2022 / 19:10
RELEVAMIENTO DE AGMER

Un tercio de los docentes viaja a la escuela: piden que se amplíe el adicional por traslado

Un tercio de los docentes viaja a la escuela: piden que se amplíe el adicional por traslado
El Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó en 2021 un relevamiento sobre las condiciones de trabajo docente en el marco de la vuelta a la presencialidad en las escuelas luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
 
El Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó en 2021 un relevamiento sobre las condiciones de trabajo docente en el marco de la vuelta a la presencialidad en las escuelas luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
 
De las 2.490 respuestas obtenidas por los encuestadores, surgió que un 36% de docentes viaja fuera de su ciudad para desarrollar su tarea; y sobre ese 36% (que comprende a 695 docentes que se trasladan), un 65% lo hace en vehículo particular, ya sea propio o compartido; otro 20% lo hace "a dedo", y apenas un 15% utiliza el transporte público.
 
¿Por qué hacen dedo los docentes? La respuesta es sencilla: porque lo que les paga el Estado no les alcanza para cubrir el total de viajes que realizan. El denominado código 029, que remunera los gastos de transporte que realiza un docente que viaja de una ciudad a otra para dar clase, tiene un tope de 30 kilómetros por día; la mayoría viaja distancias mucho más largas.
 
Ese código 029 por traslado se actualiza en función de los acuerdos salariales que firma el Gobierno con los sindicatos docentes.
 
El decreto Nº 811 del 11 de abril de este año, fijó una actualización del adicional por traslado en la misma proporción que lo hicieron los salarios: un 21,21% en marzo; un 8,08% en mayo; y un 16,16% en agosto. De ese modo, el tope máximo que se paga al docente que viaja evolucionó así: $10.411, $11.105, $12.493.
 
Con la última recomposición conseguida en paritarias entre agosto y septiembre, ese monto subió a $14.554.
 
En la última reunión de la Comisión sobre Transporte y Movilidad Docente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) planteó al Consejo General de Educación (CGE) una nueva estructura del adicional por transporte.
 
El gremio plantea que se dé un "reconocimiento efectivo en general y sobre puestos de trabajo docente que requieren una movilidad específica", como los casos de los equipos de orientación educativa (EOE), del Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educativo (SAIE), docentes domiciliarios y de supervisores, que también necesitan trasladarse y hoy no están contemplados en el pago de ese adicional.
 
El adicional por traslado tiene un tope, que es el máximo, 300 km semanales: 60 km diarios, 30 de ida y 30 de vuelta.
 
Si se viaja más, no se cubre. Hay un reclamo histórico de que se quite ese tope y un acuerdo en comisión con el Consejo de Educación de que el valor se fije de acuerdo al valor de la nafta. Ese compromiso viene desde el año 2018, pero el Gobierno no lo cumple.
 
"En realidad lo que estamos reclamando es la liberación de los topes, sólo se contempla hasta 30 km del domicilio, muchos tienen que viajar el doble y tienen que poner el resto de su bolsillo", dice Víctor Hutt, el dirigente docente que mejor conoce de salarios en Agmer. "Si eso no se contempla, las escuelas alejadas se van a quedar sin maestros", evalúa.
 
Mientras, Agmer, el CGE y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) acordaron realizar un relevamiento sobre el personal docente que necesita la movilidad para llegar hasta sus lugares de trabajo y el regreso hasta su domicilio u otra escuela. Y se estableció el compromiso de realizar reuniones en forma periódica, y se fijó la fecha del próximo encuentro para el jueves 20 de octubre.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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