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Nacionales - 27-09-2022 / 08:09
QUIEREN IMPONER UN RÉGIMEN DE FACTO QUE NO ES REPRESENTATIVO NI REPUBLICANO NI FEDERAL

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia
La falta de pruebas que caracteriza la acusación contra Cristina y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar. Existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia.
El alegato de Cristina ante el tribunal que la juzga fue una clase magistral sobre el régimen legal y constitucional del país. Al que escribe le hubiera gustado escucharla cuando cursaba "Introducción al derecho", allá por el año setenta del siglo pasado. Y no es que recuerde mal al excelente grupo de profesores que tuve entonces: la cuestión es que el discurso de la ex presidenta no se limitó a establecer cuáles son los principios teóricos del orden jurídico, sino que estableció el modo en que esas reglas generales se expresan -o se violan- en la práctica política.
 
Es decir, no habló solamente del deber ser del orden jurídico sino de su ser, el modo en que funcionan los principios (o no funcionan en la realidad). Convirtió su propia experiencia, como víctima para mostrar la burla de ese orden constitucional, de modo sistemático y políticamente guiado, por segmentos decisivos de la estructura del poder judicial.
 
Ninguna de las referencias a las escandalosas conductas de sus fiscales resulta una novedad ni sorprende a los sectores políticamente activos que vienen oponiéndose al lawfare y a la descarada intervención de la potencia imperial en su accionar. Al fin y al cabo, los rasgos característicos de este operativo de cooptación de la estructura judicial para intereses que no son los que proclaman nuestra constitución y nuestras leyes fueron expresamente reconocidos por el ex embajador de Estados Unidos, Prado.
 
El diplomático, apenas llegó al país, en los primeros tiempos del gobierno de Macri y antes de asumir sus funciones, avisó que la tarea que tenía era "ayudar a mejorar" el servicio de justicia en el país. Por si faltara claridad en el aviso, agregó que ese "fortalecimiento" del poder judicial era una necesidad de su país para mejorar el comercio entre su país y el nuestro. A veces no es sinceridad lo que falta en el servicio exterior del país del norte...
 
Abundante en referencias a la falta de pruebas que caracteriza la acusación contra ella y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, el alegato tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país. Podría formularse así: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar; se lo podría mencionar así: existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia. 
 

 
La estructura actual del poder judicial y su funcionamiento real permiten la posibilidad de instalar un régimen de facto cuyos órganos no sean los que el pueblo elige periódicamente sino determinados poderes fácticos que no necesitan validación electoral.
 
Una vez más recordamos en esta página la experiencia del "paper" que circuló en el país en plena crisis de fines del año 2001, redactado por sesudos economistas (de diferentes países, pero de un único sello ideológico) que decía entre otras cosas, lo siguiente: "Argentina debe resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria, por un período determinado [...]. Se decía, entonces, que todo esto tenía que empezar por el hecho de que el país se declarara "en quiebra".
 
La propuesta no funcionó. En su lugar hubo elecciones en 2003, se formó un gobierno soberano y el país fue recuperando en unos pocos años su normalidad institucional y encarando políticas de reparación social y autonomía en la toma de decisiones.
 
Daría la impresión, por los últimos reportajes en los que participó, que el ex presidente Macri se va proponiendo como mandatario "legal" de un régimen que de la democracia no guardaría más que una apariencia muy superficial y sería lisa y llanamente un gobierno de, por y para los poderosos.
 
¿Son importantes la constitución, las leyes, los códigos para un proceso que se oriente a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social? En algunos recodos del debate popular parece haber recobrado fuerza una suerte de "materialismo cínico", según el cual lo único que sería capaz de recuperar un rumbo popular sería una drástica transformación de la distribución del ingreso.
 
Está muy claro lo problemático que sería -y amenaza ser- que la fuerza hoy gobernante llegue al día previo a la elección sin algún tipo de mejora en los ingresos populares. El problema se presenta cuando, en nombre del "materialismo cínico" se sigue que la cuestión es "la única" y que los reclamos políticos -como el de una profunda reestructuración de la justicia- deben pasar a segundo plano "porque a la gente no les interesan".
 
Ese "cualunquismo popular" no termina de entender algo que la historia del país de los últimos más de cuarenta años ilustra con aplastante claridad: sin el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas no tiene anclaje duradero un programa de reformas populares.
 
Como la intervención de Cristina acaba de demostrar de modo contundente, el debilitamiento institucional (hoy particularmente pero no solamente de la institución judicial) es la palanca decisiva para desarmar al pueblo de todo recurso defensivo frente a la prepotencia de aquellos a los que Maquiavelo llamaba "los grandes" (hoy lo llamamos "el gran capital concentrado").
 
La pregunta es ¿cómo se hace para sostener un salario digno si el mejoramiento de nuestro poder judicial pasa, según los consejeros gringos, por debilitar el derecho laboral, reducir el rol del Estado en la regulación de la actividad económica, afianzar el peso del mercado monopólico en cuestiones tales como la energía, la minería, las aguas y otros de los insumos que, administrados democráticamente, (es decir por órganos estrictamente constitucionales y no por grupos de aventureros, lavadores de dinero y mafiosos de toda laya) podrían ser la base de una sólida y duradera recuperación nacional?.
 
El "materialismo cínico" no tiene gran cosa que decir al respecto. Y lo más grave es que el abandono de ese terreno principal de la lucha específicamente política se propone como receta para el campo popular en el mismo momento en que la cuestión de la defensa de la vida de la principal líder de ese espacio ha pasado a ocupar el rol excluyente como de eje articulador del conflicto político.
 
Ahora que los sectores más rancios de la derecha (para nada minoritarios hoy en su interior) han dejado de vender globos y prometer que no se iban a meter con ninguno de los derechos de la Argentina peronista y avisan que van por una contrarrevolución tan profunda como "legal", sostenida en la capacidad casi absoluta del sistema judicial en frenar (por "inconstitucional") cualquier reforma  por mínima que sea, capaz de mejorar la vida de los trabajadores y la gente sencilla: el "secuestro" pedido por el grupo Clarín y ejecutado por el sistema judicial de la declaración de interés público de las tecnologías de la información y la comunicación resuelta por el actual gobierno es un claro ejemplo, pero no el único.
 
El sistema judicial es hoy un punto clave de la puja distributiva (o lucha de clases como se decía antes). Pero no solamente por sus fallos en temáticas económicas y sociales como acabamos de ejemplificar. Hoy lo es también y principalmente por la aptitud alcanzada (que ninguna ley entendida en el sentido constitucional autoriza) para someter al sistema político a un "control constitucional" que sistemáticamente organiza sus decisiones con arreglo al interés de los sectores más poderosos de la economía y de la sociedad en su conjunto.
 
Hace unos años decíamos que la derecha argentina había construido una herramienta electoral competitiva, la que ungió a Macri como presidente. De ese modo se suplantó la larga experiencia de golpes militares y/o cooptación oligárquica de alguna de las dos fuerzas políticas populares por la puesta en marcha de una coalición política con pretensiones de gobierno "legal".
 
Hoy la novedad es otra: la coalición de derecha en el país ya no recurre ni a cortinas de humo, ni a inocentes globos voladores. Ahora se siente con el poder de avisar, de adelantar lo que piensan hacer si ganan la próxima elección.
 
El menú incluye reprivatización de las AFJP, desaparición de la línea aérea nacional, reforma laboral, que es un santo y seña para presentar la absoluta desregulación del mercado laboral (virtual regreso "legalizado" de las condiciones de trabajo anteriores a la emergencia del peronismo). Y no es muy oportuna la afirmación de que esta desregulación ya está en marcha. Aunque así fuera, esto no puede usarse para la resignación al estado de cosas que nos quieren imponer.
 
El alegato de Cristina puede leerse en clave de reivindicación del estado de derecho en Argentina. Y en puesta al día de los riesgos enormes y cercanos de cierta "agonía" que hoy padece, desde que en algunos círculos de "países amigos" se sienten en el caso de imponernos (o de "ayudarnos a tener") un régimen de facto que no es representativo ni republicano ni federal. Aunque pudiera tener la fachada de tal.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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