12:48 | Viernes 13 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 27-09-2022 / 08:09

QUIEREN IMPONER UN RÉGIMEN DE FACTO QUE NO ES REPRESENTATIVO NI REPUBLICANO NI FEDERAL

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia

La falta de pruebas que caracteriza la acusación contra Cristina y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar. Existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia.

El alegato de Cristina ante el tribunal que la juzga fue una clase magistral sobre el régimen legal y constitucional del país. Al que escribe le hubiera gustado escucharla cuando cursaba "Introducción al derecho", allá por el año setenta del siglo pasado. Y no es que recuerde mal al excelente grupo de profesores que tuve entonces: la cuestión es que el discurso de la ex presidenta no se limitó a establecer cuáles son los principios teóricos del orden jurídico, sino que estableció el modo en que esas reglas generales se expresan -o se violan- en la práctica política.

Es decir, no habló solamente del deber ser del orden jurídico sino de su ser, el modo en que funcionan los principios (o no funcionan en la realidad). Convirtió su propia experiencia, como víctima para mostrar la burla de ese orden constitucional, de modo sistemático y políticamente guiado, por segmentos decisivos de la estructura del poder judicial.

Ninguna de las referencias a las escandalosas conductas de sus fiscales resulta una novedad ni sorprende a los sectores políticamente activos que vienen oponiéndose al lawfare y a la descarada intervención de la potencia imperial en su accionar. Al fin y al cabo, los rasgos característicos de este operativo de cooptación de la estructura judicial para intereses que no son los que proclaman nuestra constitución y nuestras leyes fueron expresamente reconocidos por el ex embajador de Estados Unidos, Prado.

El diplomático, apenas llegó al país, en los primeros tiempos del gobierno de Macri y antes de asumir sus funciones, avisó que la tarea que tenía era "ayudar a mejorar" el servicio de justicia en el país. Por si faltara claridad en el aviso, agregó que ese "fortalecimiento" del poder judicial era una necesidad de su país para mejorar el comercio entre su país y el nuestro. A veces no es sinceridad lo que falta en el servicio exterior del país del norte...

Abundante en referencias a la falta de pruebas que caracteriza la acusación contra ella y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, el alegato tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país. Podría formularse así: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar; se lo podría mencionar así: existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia.

La estructura actual del poder judicial y su funcionamiento real permiten la posibilidad de instalar un régimen de facto cuyos órganos no sean los que el pueblo elige periódicamente sino determinados poderes fácticos que no necesitan validación electoral.

Una vez más recordamos en esta página la experiencia del "paper" que circuló en el país en plena crisis de fines del año 2001, redactado por sesudos economistas (de diferentes países, pero de un único sello ideológico) que decía entre otras cosas, lo siguiente: "Argentina debe resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria, por un período determinado [...]. Se decía, entonces, que todo esto tenía que empezar por el hecho de que el país se declarara "en quiebra".

La propuesta no funcionó. En su lugar hubo elecciones en 2003, se formó un gobierno soberano y el país fue recuperando en unos pocos años su normalidad institucional y encarando políticas de reparación social y autonomía en la toma de decisiones.

Daría la impresión, por los últimos reportajes en los que participó, que el ex presidente Macri se va proponiendo como mandatario "legal" de un régimen que de la democracia no guardaría más que una apariencia muy superficial y sería lisa y llanamente un gobierno de, por y para los poderosos.

¿Son importantes la constitución, las leyes, los códigos para un proceso que se oriente a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social? En algunos recodos del debate popular parece haber recobrado fuerza una suerte de "materialismo cínico", según el cual lo único que sería capaz de recuperar un rumbo popular sería una drástica transformación de la distribución del ingreso.

Está muy claro lo problemático que sería -y amenaza ser- que la fuerza hoy gobernante llegue al día previo a la elección sin algún tipo de mejora en los ingresos populares. El problema se presenta cuando, en nombre del "materialismo cínico" se sigue que la cuestión es "la única" y que los reclamos políticos -como el de una profunda reestructuración de la justicia- deben pasar a segundo plano "porque a la gente no les interesan".

Ese "cualunquismo popular" no termina de entender algo que la historia del país de los últimos más de cuarenta años ilustra con aplastante claridad: sin el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas no tiene anclaje duradero un programa de reformas populares.

Como la intervención de Cristina acaba de demostrar de modo contundente, el debilitamiento institucional (hoy particularmente pero no solamente de la institución judicial) es la palanca decisiva para desarmar al pueblo de todo recurso defensivo frente a la prepotencia de aquellos a los que Maquiavelo llamaba "los grandes" (hoy lo llamamos "el gran capital concentrado").

La pregunta es ¿cómo se hace para sostener un salario digno si el mejoramiento de nuestro poder judicial pasa, según los consejeros gringos, por debilitar el derecho laboral, reducir el rol del Estado en la regulación de la actividad económica, afianzar el peso del mercado monopólico en cuestiones tales como la energía, la minería, las aguas y otros de los insumos que, administrados democráticamente, (es decir por órganos estrictamente constitucionales y no por grupos de aventureros, lavadores de dinero y mafiosos de toda laya) podrían ser la base de una sólida y duradera recuperación nacional?.

El "materialismo cínico" no tiene gran cosa que decir al respecto. Y lo más grave es que el abandono de ese terreno principal de la lucha específicamente política se propone como receta para el campo popular en el mismo momento en que la cuestión de la defensa de la vida de la principal líder de ese espacio ha pasado a ocupar el rol excluyente como de eje articulador del conflicto político.

Ahora que los sectores más rancios de la derecha (para nada minoritarios hoy en su interior) han dejado de vender globos y prometer que no se iban a meter con ninguno de los derechos de la Argentina peronista y avisan que van por una contrarrevolución tan profunda como "legal", sostenida en la capacidad casi absoluta del sistema judicial en frenar (por "inconstitucional") cualquier reforma por mínima que sea, capaz de mejorar la vida de los trabajadores y la gente sencilla: el "secuestro" pedido por el grupo Clarín y ejecutado por el sistema judicial de la declaración de interés público de las tecnologías de la información y la comunicación resuelta por el actual gobierno es un claro ejemplo, pero no el único.

El sistema judicial es hoy un punto clave de la puja distributiva (o lucha de clases como se decía antes). Pero no solamente por sus fallos en temáticas económicas y sociales como acabamos de ejemplificar. Hoy lo es también y principalmente por la aptitud alcanzada (que ninguna ley entendida en el sentido constitucional autoriza) para someter al sistema político a un "control constitucional" que sistemáticamente organiza sus decisiones con arreglo al interés de los sectores más poderosos de la economía y de la sociedad en su conjunto.

Hace unos años decíamos que la derecha argentina había construido una herramienta electoral competitiva, la que ungió a Macri como presidente. De ese modo se suplantó la larga experiencia de golpes militares y/o cooptación oligárquica de alguna de las dos fuerzas políticas populares por la puesta en marcha de una coalición política con pretensiones de gobierno "legal".

Hoy la novedad es otra: la coalición de derecha en el país ya no recurre ni a cortinas de humo, ni a inocentes globos voladores. Ahora se siente con el poder de avisar, de adelantar lo que piensan hacer si ganan la próxima elección.

El menú incluye reprivatización de las AFJP, desaparición de la línea aérea nacional, reforma laboral, que es un santo y seña para presentar la absoluta desregulación del mercado laboral (virtual regreso "legalizado" de las condiciones de trabajo anteriores a la emergencia del peronismo). Y no es muy oportuna la afirmación de que esta desregulación ya está en marcha. Aunque así fuera, esto no puede usarse para la resignación al estado de cosas que nos quieren imponer.

El alegato de Cristina puede leerse en clave de reivindicación del estado de derecho en Argentina. Y en puesta al día de los riesgos enormes y cercanos de cierta "agonía" que hoy padece, desde que en algunos círculos de "países amigos" se sienten en el caso de imponernos (o de "ayudarnos a tener") un régimen de facto que no es representativo ni republicano ni federal. Aunque pudiera tener la fachada de tal.

Por Edgardo Mocca

Fuente: El Destape

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".