04:49 | Martes 23 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 24-10-2020 / 16:10

LA MINISTRA DE GOBIERNO Y JUSTICIA COMPARTIÓ CUÁL ES SU “SENSACIÓN” ANTE EL CASO Y LA DECISIÓN DEL JUEZ

Caso Etchevehere: Las partes deben respetar la decisión de la Justicia, afirmó Rosario Romero

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se refirió a las decisiones judiciales en el marco de la causa de disputa de propiedades de la familia Etchevehere en Santa Elena. “Las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar”, señaló.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se refirió a las decisiones judiciales en el marco de la causa de disputa de propiedades de la familia Etchevehere en Santa Elena. "Las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar", señaló.

"Desde un comienzo hemos situado este caso tal como lo hizo el juez, en un conflicto básicamente familiar que se pretendía presentar como una toma de tierras y que en realidad lo que hay es un fuerte debate en el seno de una familia, la madre y los hermanos contra Dolores Etchevehere; ese debate no saldado, esa puja judicial que todavía no ha terminado, es lo que motivaba y sigue motivando el conflicto", indicó la ministra Romero.

En ese sentido, recordó que como gobierno "siempre dijimos que íbamos a ser respetuosos, esperar la decisión judicial y colaborar, como de hecho lo hicimos y lo seguimos haciendo con la Policía de Entre Ríos, poniéndonos a disposición del juez y de los fiscales".

"Así hemos sostenido una presencia policial en la puerta de la estancia. Ello se debe precisamente a tratar de resguardar la seguridad de todas las partes", indicó y dijo que "la sentencia judicial naturalmente no iba a satisfacer a las dos partes en pugna, pero lo que se debe hacer respetando el Estado de Derecho, es acatarla. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de interponer un recurso".

Audios y orden de restricción

Consultada sobre algunos audios que circularon en la convocatoria a la marcha de productores rurales a la estancia, Romero sostuvo que "infundían miedo", y es por eso que "en el momento que los conocimos, en tanto resultaban despectivos respecto de la gente, segregacionistas, salimos a llamar a la serenidad, la razonabilidad, a situarse en el problema como un problema familiar y a la vista está que muchos lo comprendieron".

"Esos audios fueron, entre otros hechos, los que motivaron la denuncia penal de parte de Dolores Etchevehere que hoy termina con una orden de restricción del juez de Garantías que está actuando, la cual que es fundamentalmente una orden de no agresión en modo alguno, a la hermana de los Etchevehere que está dentro del inmueble", aseguró la ministra.

"La sensación que tengo es la siguiente: Si nos situamos en un Estado de Derecho y si pretendemos ser una República, tenemos que respetar las instituciones, lo que en este caso es decir la justicia. Acá hay una resolución del juez que rechaza ordenar un desalojo. Para el juez determinar un desalojo tenía que apreciar una semiplena prueba o por lo menos que surgiera la verosimilitud del derecho, no lo tuvo a su modo de entender. Lo argumentó en la resolución y la misma debe ser respetada, si bien es recurrible", indicó.

En ese sentido la ministra Romero precisó que "el juez, en una parte de su resolución, el punto séptimo, les dice a las partes que no se trata más que de bienes materiales, que van a quedar en la tierra, los insta a ponerse de acuerdo y a dialogar, ese es el mensaje de la justicia", señaló la ministra Romero.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos

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El silencio cómplice de Frigerio con Milei perjudica a Entre Ríos

Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.

La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).

Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.

Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:

- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.

- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.

- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.

Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias.

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