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Nacionales - 06-04-2013 / 17:04
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 6 DE ABRIL DE 1994 ES HALLADO EL CUERPO SIN VIDA DEL CONSCRIPTO CARRASCO

El crimen del soldado Carrasco y el fin de la colimba

El crimen del soldado Carrasco y el fin de la colimba
Soldado conscripto Omar Carrasco.
El 6 de abril de 1994 aparece el cadáver del conscripto Omar Carrasco, asesinado en el cuartel de Zapala, Neuquén, por un oficial y dos ayudantes. El crimen fue repudiado por toda la sociedad.
 
El juicio posterior reveló la crueldad de los castigos y la red de encubrimientos. Se condenó a los culpables y Carlos Saúl Menem decreto el fin del servicio militar obligatorio, derogando la ley Nº 3948 e implementando un sistema voluntario rentado.
 
El soldado Carrasco fue el último conscripto.
 
La Opinión Popular

Desaparición de Carrasco
 
Tras salir sorteado para realizar el servicio militar obligatorio, Carrasco se incorpora el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala. Tres días después de su incorporación es reportado como desaparecido, y considerado desertor. Poco después sus padres lo van a visitar en su primer franco interno y se les comunica del hecho.
 
 
Aparición del cuerpo sin vida
 
Sus padres desconfiaron de la versión oficial pues conocían el carácter de Omar, quien sería relativamente sumiso: jamás haría eso. Ninguna instancia militar les dio respuestas. El diario regional Río Negro publicó que los padres lo buscaban con desesperación. La justicia Federal de Zapala demoraba imprudentemente la investigación. La opinión pública comenzó a movilizarse y ejercer presión. El 6 de abril, un mes después, fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar, en el fondo del cuartel.
 
 
Proceso judicial
 
La Justicia Federal no investigó y con ello permitió que el Ejército se adueñara de su investigación. En esa investigación clandestina, fueron señalados sin pruebas los responsables de la compañía de Omar a la fecha de su desaparición y la justicia federal la asumió como propia.
 
Un año y medio después de que terminara ese controvertido y sospechado proceso los condenaron en un juicio oral que profundizó el ya creciente escepticismo entre la opinión pública, pues en él se ventilaron numerosas irregularidades en la obtención de los indicios que se usaron para llegar a las condenas, pues allí tampoco se encontraron pruebas.
 
Las condenas a un subteniente a 15 años de prisión y dos soldados a 10 años calmaron el clamor popular que exigía juicio y castigo a los culpables, pero dejaron un sabor amargo porque no se pudieron corroborar efectivamente las acusaciones.
 
En las investigaciones que se siguieron por los encubrimientos del crimen, se descubrieron innumerables pruebas que chocaban con las sentencias que condenaron a los tres acusados. Pero en vez de profundizar las pesquisas se dejó caer el caso en el olvido, hasta su prescripción. Con ello se perdió la oportunidad de ratificar o rectificar las condenas y se profundizó la sensación de injusticia.
 
En febrero de 2009, el último de los acusados terminó de cumplir su condena, y hasta el día de hoy los tres siguen insistiendo en su inocencia.
 
El objeto de la suspicacia general fue que, aunque era evidente que Carrasco había sido golpeado, el hecho de que su agonía y muerte haya sucedido en un hospital militar, más el de haber estado oculto un mes en las instalaciones castrenses, señalaba claramente una intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, mientras que los tres condenados eran de la menor jerarquía existente, los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar y el subteniente Ignacio Canevaro.
 
En 2001 el tribunal oral de la provincia de Neuquén consideró inicialmente que no había prescripto la causa que se siguió por los encubrimientos del caso, denominada "Carrasco II", señalando a los cuadros superiores del cuartel, mas luego se retractó. En 2007 La Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto su sentencia.
 
 
Consecuencias políticas
 
Una semana después de la aparición del cadáver, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación del Servicio Militar Obligatorio y tiempo después fue suspendido, mediante un decreto firmado por el entonces Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem el 31 de agosto de 1994 y la implementación de un sistema de voluntariado rentado.
 
Fuente: Wikipedia

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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
La Opinión Popular
 
16-07-2025 / 09:07
Se publicó en el Boletín Oficial un protocolo que consolida la figura del "agente revelador digital", que puede crear perfiles falsos en las redes sociales para provocar a la gente a que diga cosas que después permitan acusarlos de delitos. "Con la excusa de combatir el crimen, la ministra legaliza la persecución política que ya está haciendo", cuestionan los especialistas.
 
Valijas que llegan al país y, sin problemas, no pasan por los controles. Manifestantes que son caracterizados como terroristas o, al menos, como delincuentes si osan cortar una calle, van presos. Mozos que son detenidos por tuitear contra el Presidente. Fuerzas federales que son reformadas por decreto sin permitir que el Congreso opine. Relatores de Naciones Unidas que advierten sobre la situación de la protesta social en Argentina.
 
En ese contexto se inserta la última movida de Patricia "Chaborra" Bullrich: la consolidación de su propio ejército de agentes infiltrados encubiertos que se moverán en las redes sociales, lo que implica que podrán interactuar también en conversaciones y chats de quienes son señalados como delincuentes desde el poder.
 
En un nuevo avance en el área de vigilancia estatal, el Gobierno anarco capitalista creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos. El organismo funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos del Ministerio de Seguridad, según la Resolución 829/2025 firmada por Bullrich y publicada en el Boletín Oficial.
 
El flamante consejo estará presidido por el juez Ricardo Ángel Basílico e integrado por miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas federales. Según la resolución, la excusa es "fortalecer la lucha contra delitos complejos y el crimen organizado", aunque la creación de esta estructura formaliza y profundiza mecanismos que, en los hechos, podrían habilitar prácticas de espionaje sobre la población.
 
En paralelo, el Ministerio aprobó también el "Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales", mediante la Resolución 828/2025. Este reglamento establece las condiciones de operación, confidencialidad y recolección de pruebas en entornos virtuales.
 
Bullrich despliega así un ejército de agentes encubiertos en redes sociales. Aunque se presenta como una respuesta al crecimiento del delito cibernético, el nuevo marco deja abierta la puerta al uso discrecional de estas herramientas, con un poder cada vez más autoritario y centralizado en el Ministerio de Seguridad y escasa supervisión externa. Así, se consolida un modelo de control dictatorial que avanza más rápido que el debate democrático sobre sus límites.
 
Todo indica que hay una interna feroz en el Gobierno libertario, donde cada sector se arma su propio grupo de inteligencia y eso es muy peligroso más allá de que, en este contexto de ajuste y donde los niños y niñas pasan hambre, es una ofensa mayor que gasten millones en su pequeña guerra de bolsillo y servicios para perseguir y espiar. Esto demuestra que el Gobierno está debilitado.
 
La Opinión Popular
 

15-07-2025 / 08:07
Una vez más, el sistema judicial yanqui avanza como ariete de los fondos buitre contra la soberanía de nuestro país. La jueza Loretta Preska, que es incapaz de distinguir entre países y empresas, rechazó este lunes el pedido del gobierno de Javier Milei para frenar la ejecución de una sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a los especuladores.
 
El fallo responde a una demanda impulsada por los fondos buitre: Burford Capital y Eton Park, quienes no son en realidad los "damnificados" por la expropiación de la petrolera estatal en 2012, sino capitales especulativos que "compraron" el derecho a litigar de los dueños originales. El cipayo Milei les dio la razón a los buitres.
 
La sentencia de Preska, quien durante todo el proceso ha mostrado sus vínculos con los buitres sin tapujo y que no ha tenido la menor consideración sobre el derecho de soberanía argentino, representa un ataque directo a la independencia política, jurídica y económica de nuestro país. Aunque el Gobierno de Milei ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y se prepara para llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos, Preska dejó en claro que la presión económica no dará tregua.
 
Su decisión de no suspender el fallo permite avanzar con medidas que, en los hechos, significarían un vaciamiento del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Todo esto, en nombre de una exorbitante "compensación" de más de 16 mil millones de dólares por una decisión soberana tomada por el Congreso argentino en 2012 con amplio respaldo legislativo.
 
La defensa argentina argumentó que se trata de un caso excepcional, sin antecedentes jurídicos claros, donde incluso el propio gobierno de Estados Unidos expresó reparos a la interpretación del tribunal. El temor en Washington no es menor: que una jurisprudencia tan agresiva siente un precedente peligroso, que habilite a otros países a embargar activos yanquis en futuros litigios. El fallo de Preska podría volverse un búmeran para el propio imperio que lo impulsa.
 
Además, los representantes legales de la Argentina advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional, ya que, según la ley de expropiación aprobada en 2012, las acciones de YPF no pueden transferirse sin una ley del Congreso votada por dos tercios. Preska estaría ordenando al Estado argentino a quebrantar su propio marco legal para cumplir con una orden foránea. Es una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un país soberano.
 
A todo esto, se suma el hecho de que los demandantes no demostrarían un perjuicio inmediato si se posterga la ejecución, mientras que la afectación al interés público argentino sería mayúscula: pérdida de control estratégico sobre recursos energéticos, impacto en provincias accionistas y en bonistas internacionales, y la posibilidad de activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.
 
Es evidente que la sentencia de Preska, lejos de hacer justicia, profundiza una lógica de subordinación colonial a los intereses del capital financiero internacional. En juego no está solo la propiedad de una empresa. Está la soberanía energética, el respeto a las decisiones democráticas y la dignidad de un país frente a tribunales que actúan como garantes del saqueo imperialista.
 
La Opinión Popular
 

14-07-2025 / 08:07
El presidente Javier "el Loco" Milei está preso de que un proyecto sin sustentos y eso quedó más que claro durante la semana que pasó. El entusiasmo mileísta, de a poco, abre paso a la resignación. Ahora resta saber si ese vacío de entusiasmo podrá ser llenado por un nuevo Nosotros.
 
No tiene mayor sentido detenerse en los aspectos técnicos, o de cálculos transeros, acerca de lo sucedido en el Congreso. Sí lo tiene comprender que la presunta aplanadora de las Fuerzas del Cielo comenzó a encontrar algunos límites.
 
Podrá acontecer que algunos favores presidenciales, a algunas provincias y aliados solícitos, alleguen votos para sostener vetos. Podrá ocurrir que nunca faltará un Kueider por acá, un símil por allá, dispuestos al qué pretende usted de mí. Podrán ofertar todas las Banelco de época que se quieran.
 
Pero ya no habría retorno, nodal, de que al Gobierno empezaron a entrarle las balas (propias). A uno no le gusta esa figura, y sobre todo cuando las guerrillas digitales del neofascismo convocan a la violencia. Se acepta por razones de imagen expresiva.
 
Es impactante la sucesión de errores y horrores ejecutivos que cometieron los adolescentes de Casa Rosada, tal vez porque se acumularon en una misma semana.
 
Puede admitirse, cómo no, que el capital de Javier Milei es permanecer como un intransigente disruptivo a toda costa. Pero de ahí a carecer de todo rasgo de inteligencia política, siquiera para tener fusibles que lo amparen, hay mucha distancia.
 
Podría mantener al personaje y dejar que por abajo negocien lo que fuere, a fines de salvar las papas en instancias determinadas. Por ejemplo, para haber evitado una derrota parlamentaria que se transformó -él transformó- en crisis de alcances inciertos.
 
Hubiera bastado con que no se sometiera al papelón de refugiarse en la niebla, para justificar su ausencia en Tucumán. Juntaba dos, tres, cuatro gobernadores, con algún caramelito de liberar fondos básicos, y prácticamente listo.
 
Pero Milei no sabe. No quiere. No entiende nada, porque siente que le sobra con que todo es cuestión de ganar en las redes, de que su hermana se cargue a quien viniere y de que un coro de bufones corporativos lo aplauda sin percibir que da vergüenza ajena.
 
Sin embargo, eso podría llevar a la conclusión de que el Presidente está preso de sí mismo. No. Eso es una mirada psicologista, que antes de válida es insuficiente. Está preso de que lo que encarna no tiene ni pies ni cabeza como proyecto sustentable. Y como incumbe a la Argentina, con su cultura bimonetaria, le saltó la ficha desde las perspectivas con el dólar.
 
El domingo pasado, bajo la pregunta de si se puede sostener el modelo cambiario, Hernán Letcher describe el panorama de los próximos meses con precisión quirúrgica. Comienza por la canchereada de Caputo Toto ("Si creés que está barato, agarrá los pesos y comprá dólares, campeón"). Fue apenas unos días antes de que el mismo Toto, con imagen desvencijada, apareciera de urgencia en uno de los programas de la televisión oficial.
 

13-07-2025 / 11:07
El presidente Javier "el Loco" Milei avanza contra el Congreso nacional y la democracia misma, opera para vaciar las instituciones y amenaza con cerrar el Legislativo si no logra imponer su voluntad; lejos de moderarse, su estrategia es profundizar la confrontación y tensar el sistema hasta forzar una ruptura o afianzarse en el poder absoluto.
 
Nadie podrá decir que no estaba prevenido. Milei avisó en campaña que las convicciones democráticas no eran parte de su repertorio. Una burda lectura del teorema de la imposibilidad de Arrow era la excusa en la que se refugiaba para no decir, con todas las letras, que su anarcocapitalismo ideal requiere de otras formas de gobierno, menos sensibles a las necesidades de las mayorías.
 
Para el presidente, el Poder Legislativo es un objetivo estratégico desde el primer día. Pero no a partir de la búsqueda de construcción de consensos para consolidar sus decisiones ejecutivas sino como un obstáculo a su poder que debía ser corrido o anulado. Esa escalada recrudeció este jueves, luego de sufrir una histórica paliza en el Senado, pero no es nueva, ni es casual, ni está fuera de libreto.
 
El 10 de diciembre de 2023 Milei asumió su cargo de espaldas al Congreso, rompiendo la tradición centenaria de inaugurar el mandato con una asamblea legislativa. Todavía era el presidente que venía a prender fuego el Banco Central y terminar con la casta. Hoy la imagen es muy distinta: el Central mantiene el dólar planchado y la casta finge demencia y se enriquece en medio de la destrucción.
 
Días más tarde anunciaba el DNU 70/23, con el que se adjudicó facultades legislativas en un espectro muy amplio, usurpando, de facto, el rol del Congreso. La ley de Bases, en tanto, con cientos de artículos, se trató en despachos exprés de sólo cuatro comisiones y, en el recinto, se votó por bloques para evitar que se cayeran los aspectos más escandalosos de la letra chica.
 
Durante el tratamiento de esa ley, que duró varios meses, Milei trató de ratas y de corruptos a los diputados y senadores mientras era el oficialismo el que cambiaba el sentido de algunos votos clave a partir de mecanismos nunca aclarados. Uno de ellos, el senador Eduardo Kueider, está detenido en Paraguay desde el año pasado. Lo encontraron tratando de cruzar la frontera con 200 mil dólares.
 
Cuando los aprietes y la corrupción no alcanzaban para frenar iniciativas contrarias a los intereses del gobierno, el presidente recurrió al veto. Para sostenerlo necesita un tercio de los votos en una de los dos cámaras. En el Senado siempre estuvo lejos. En la cámara baja pudo reunir 87 "héroes", con aliados radicales, del PRO y de algunas provincias, que le permitieron imponerse. Lo celebraron con un gran asado.
 
Esa pólvora está mojada. En la Casa Rosada admiten que no pueden garantizar el tercio que blinda las decisiones de Milei. Por eso recurren a otro recurso: bloquear el funcionamiento del Congreso, incluso mediante la violencia. Clausuran las comisiones para evitar dictámenes en proyectos que no quieren tratar e intentan levantar las sesiones por escándalo (esto es literal) para ahorrarse derrotas. Era una táctica con patas cortas. 
 

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