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                  07:59  |  Lunes 18 de Mayo de 2013  |  Entre Ríos
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Entre Ríos - 13-02-2012 / 12:02
DE REPENTE SE ACUERDAN DE QUE EXISTEN

Ahora, el gobierno convoca a organizaciones ambientalistas por las tierras fiscales

Ahora, el gobierno convoca a organizaciones ambientalistas por las tierras fiscales
Concurrió la Fundación M’Biguá, la primera que lanzó una voz de alerta al que se fueron sumando otras entidades ambientalistas y sociales de ambas orillas y hasta el Senado santafesino. Miembros de la organización estuvieron en Casa de Gobierno junto al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el ministro de Producción, Roberto Schunk.
La ley de tierras fiscales apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria privada en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el país.
 
Tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos, la Legislatura entrerriana derogó la ley luego de un mes de haberla creado, ante la fuerte resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el uso de agroquímicos.
 
Después de haber reculado con la polémica ley 10.092, una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico, que se convirtió en una de las leyes más fugaces que se recuerden, el gobernador Sergio Urribarri volvió al punto de inicio el debate sobre el destino de las islas que pertenecen al Estado entrerriano y convocó a todos los sectores que tengan intención de cooperar en un proyecto común.
 
Concurrió la Fundación M'Biguá, la primera que lanzó una voz de alerta al que se fueron sumando otras entidades ambientalistas y sociales de ambas orillas y hasta el Senado santafesino. La Fundación M'Biguá sostuvo que el hecho de abrir una discusión amplia sobre un nuevo proyecto de regulación de usos de tierras públicas "es un camino muy saludable".
 
Más vale tarde que nunca.
 
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Miembros de la organización estuvieron en Casa de Gobierno junto al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el ministro de Producción, Roberto Schunk. "Fijamos unos plazos para sistematizar contenidos y trabajar en un proyecto consensuado con las distintas organizaciones. El gobernador nos instruyó a no esperar un solo día y convocar a todas las instituciones con el fin de empezar a trabajar en un proyecto como el que se planteó originariamente: con sustentabilidad pero que tengamos realmente la posibilidad de a aprovecharlo para las islas, para que no sean usurpadas por cualquiera, inclusive por mucha gente de afuera de la provincia", señaló Schunk.
 
"Vamos a incorporar al debate al INTA, la UNER, la Uader y otros organismos del Estado como Medio Ambiente. Primero nos propusimos ir encontrando toda la documentación para hacer una biblioteca, respecto de todo lo que tenga que ver con el Delta y a partir de ahí hacer la sistematización y la generación de un proyecto de Ley, con el mismo espíritu del anterior, y en concordancia con las distintas instituciones", agregó el funcionario.
 
 
Camino muy saludable
 
Por su parte, Diego Rodríguez, director Ejecutivo de la fundación, manifestó que en su momento "fuimos bastante críticos de la llamada Ley de Arrendamiento de Fiscal de Tierras Fiscales. También nos parecía que cualquier norma que intervenga sobre estos territorios, necesariamente tiene que ser debatida, discutida y tiene que incorporar visiones, no sólo del sector ambientalista sino de sectores que están especialmente interesados por esos territorios".
 
Rodríguez aseguró que "sin duda el hecho de abrir una discusión amplia y transparente sobre un nuevo proyecto de regulación de usos de tierras públicas nos parece que es un camino muy saludable".
 
M'Biguá, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en febrero de 2006, que tiene por objetivo fundamental la generación de iniciativas de sociedades sustentables de manera integral en el ámbito local y regional de conformidad a lo estipulado en la Constitución Nacional.
 
Del encuentro también participaron Raúl Suárez Montórfano; Carina Medina y Alfredo Serra.

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17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

17-05-2026 / 13:05
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