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Entre Ríos - 09-02-2012 / 10:02
EL SENADO PROVINCIAL APROBÓ AYER EL TEXTO DE DEROGACIÓN DEL EJECUTIVO

Recule U: Los diputados derogaron la Ley de Explotación de Islas Fiscales

Recule U: Los diputados derogaron la Ley de Explotación de Islas Fiscales
Los diputados derogaron la Ley de Explotación de Islas Fiscales. Foto AIM Digital
Tras la media sanción del Senado, los legisladores de la Cámara Baja provincial aprobaron este miércoles el proyecto de derogación de la Ley Nº 10.092 de Explotación de Islas Fiscales.
 
Durante la sesión, el presidente de la Cámara, José Ángel Allende (FpV-Paraná), tomó la palabra y expresó que "el gobernador pide derogar una ley en la que cree profundamente". Asimismo, manifestó que se "abrirá el juego a todas las personas comprometidas" para estudiar la cuestión.
 
Por su parte, Lisandro Viale (FPCyS-Paraná) sostuvo que "un gobierno popular como éste no necesitaba manejarse de ésta manera", a la vez que consideró que "aparece un gobernador que ni siquiera asume la responsabilidad, sino que la traslada a la Legislatura". Mientras, Agustín Federik (UCR-Paraná) subrayó que "tenemos que pagar el costo político de lo que derogamos. Estamos corrigiendo un error que se cometió y lo debería haber corregido el Poder Ejecutivo".

Diputados derogó la ley de las islas fiscales 
   
Con presencia de organizaciones ambientalistas y políticas en el recinto, la Cámara baja sancionó la derogación de la ley de islas fiscales. 
 
 
Por unanimidad, aunque con argumentos disímiles entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados sancionó anoche la derogación de la ley de las islas fiscales.
El texto había sido enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, tras las críticas que recibió la Ley Nº 10.092. La norma anulada contemplaba un proyecto productivo en esa zona, a través de la concesión de esas tierras a una sociedad anónima creada por la norma, "Arroz del Delta Entrerriano".
 
Alrededor de las 22, con encendidos aplausos, celebraron la decisión de la Legislatura militantes de distintas organizaciones ambientalistas, sociales y partidos políticos que estuvieron presentes en el recinto con banderas reclamando por la protección del delta.
 
 
ARGUMENTOS
 
El diputado Juan Navarro tomó estrictamente los argumentos esgrimidos por el gobernador Sergio Urribarri al fundamental el por qué de propiciar la derogación de la Ley Nº 10.092.
 
"Estamos profundizando acciones que este gobierno ha llevado adelante, que tiene que ver con recuperar un millón de hectáreas", dijo y apuntó a "mafias organizadas" que ocupan el territorio entrerriano. Dijo que la política de recuperación de esos terrenos tiene dos funciones básicas: "la ambiental, sin perder de vista la productiva".
 
A diferencia de las bancadas opositoras, el oficialismo remarcó su "convencimiento" en "el espíritu de la ley" por lo cual tanto Navarro, como luego José Allende, enfatizaron que se insistirá con la idea tras "convocar a las organizaciones que de buena fe" pusieron en duda y cuestionaron el objetivo planteado.
 
Fue clave en el debate la recuperación de la vigencia, a partir de ahora, de una ley anterior, la Nº 9.603, que impedía la fumigación en las islas y contemplaba proyectos productivos que sólo se abocaran a la apicultura, la ganadería o el turismo.
 
El oficialismo aseguró que esa norma recupera su pleno vigor, tal como lo pretenden los ambientalistas con el fin de proteger esos territorios.
 
Allende, al cierre del debate, fue duro contra las voces de las bancadas opositoras, las acusó de subirse a consignas ajenas para "el aplauso de la tribuna", los asoció a la explotación de la soja y la contaminación que trae aparejada y reeditó la consigna oficialista en contra de "los terratenientes" que "se enriquecieron pero hay tres semanas sin lluvia y ya no quieren pagar impuestos".
 
REVÉS. Los socialistas María Emma Bargana, del bloque FAP-GEN; y Lisandro Viale de la bancada del PS, fueron los más duros en contra de la ley derogada. También cuestionaron, junto con el radical Agustín Federik, el modo en que el oficialismo habría clausurado el debate de la polémica ley.
 
Los tres legisladores coincidieron en reclamar al oficialismo una autocrítica en vez de "una descalificación" a los que levantaron la voz para criticar la iniciativa.
 
La posición de Rosario Romero, del FEF, fue en cambio la de saludar que la Legislatura asuma "que hubo un error". Bargagna cuestionó a la gestión provincial por haber propiciado "un proyecto contrario al discurso del gobierno que dice tener como meta la inclusión social". Llamó a "reflexionar acerca de que este viraje en el camino que ahora se ha enderezado se ha logrado por la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones de la sociedad civil".
 
Para Viale, el oficialismo buscó beneficiar a "un grupito de productores grandes" y "se armaron de una ley para darle la administración por cien años". Aseguró que hubo un intento por "tirar las cosas arriba del tapete para ver. Si pasa, pasa. Pero esta se convertirá en la ley más breve de la historia". El socialista criticó que Urribarri, en vez de vetar la norma, derive el tema a las cámaras "llamando a desvotar lo que se votó".
 
Federik, a su turno, subrayó "la mayoría inédita" del PJ en las cámaras y exhortó a que "se advierta que cuanto más es el poder, más se requiere sensatez en las decisiones".
 
Fuente: La Noticia Digital

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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