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Entre Ríos - 07-02-2012 / 18:02
LA “LEY RODRÍGUEZ SÍGNES” PROVOCÓ UN FUERTE RECHAZO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
Urribarri reculó con la ley de explotación de islas fiscales
El humedal entrerriano, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y de una riqueza invaluable, fue históricamente objeto de usurpaciones, negociados y depredación. La cuestionada ley ponía al Estado como socio y garante ambiental efectivo de eventuales futuras explotaciones.
El gobernador Sergio Urribarri propuso derogar la polémica ley de explotación de islas fiscales entrerrianas que promueve actividades agroindustriales en el humedal, a través de la conformación de una sociedad anónima conformada por accionistas privados y el Estado provincial.
De todas maneras, el mandatario ratificó su decisión de "poner en valor productivo esas tierras convocando a todos aquellos sectores que quieran aportar a este objetivo".
En el proyecto que elevó a la Legislatura desmiente "cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones sobre el Delta" y afirma que la norma, sancionada en diciembre con el Nº 10.092, "ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas".
La "ley Rodríguez Sígnes" generó un fuerte rechazo de organizaciones políticas y sociales, porque la nueva legislación anulaba las anteriores que prohibían realizar prácticas agrícolas en humedales preservando el medio ambiente.
La Opinión Popular
De todas maneras, el mandatario ratificó su decisión de "poner en valor productivo esas tierras convocando a todos aquellos sectores que quieran aportar a este objetivo".
En el proyecto que elevó a la Legislatura desmiente "cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones sobre el Delta" y afirma que la norma, sancionada en diciembre con el Nº 10.092, "ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas".
La "ley Rodríguez Sígnes" generó un fuerte rechazo de organizaciones políticas y sociales, porque la nueva legislación anulaba las anteriores que prohibían realizar prácticas agrícolas en humedales preservando el medio ambiente.
La Opinión Popular
CUESTIONADA LEGISLACIÓN
El gobernador propuso la derogación de la Ley de Tierras Fiscales
El gobernador Urribarri propuso derogar la ley de tierras fiscales y ratificó la decisión de "defender el patrimonio público y poner en valor productivo las islas entrerrianas convocando a todos aquellos sectores que quieran aportar a este objetivo".
La cuestionada ley ponía al Estado como socio y garante ambiental efectivo de eventuales futuras explotaciones. La iniciativa surge tras el rechazo que generó la norma en organizaciones ambientales y dirigentes políticos de la oposición.
En el proyecto que elevó a la Legislatura el Ejecutivo desmiente "cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones sobre el delta y afirma que la ley ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas".
La iniciativa deja en claro que "hay dos cuestiones en las que el Gobierno entrerriano no volverá atrás: una de ellas es la soberanía sobre su territorio". Y se agrega: "No dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio".
"La otra cuestión es que no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo", dice el texto firmado por Urribarri.
El Ejecutivo se encargó de dejar en claro que "nunca se postuló ninguna privatización como interesadamente se ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el delta, como ridículamente se ha expuesto y menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que hacen todo lo contrario".
En este marco, el Ejecutivo provincial encomienda la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado, profundizar las acciones penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial y la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el delta entrerriano.
La controversia
En el proyecto aprobado, se destacaba que "el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ha propuesto, desde la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2007, poner fin a una historia de despojo para ejercer la defensa y recuperación de las islas fiscales que pertenecen a su dominio público".
"En ese marco se han sancionado una serie de normas destinadas a cumplir ese objetivo e incluso se han promovido decenas de acciones judiciales con ese mismo propósito. También se ha profundizado la defensa judicial en acciones en las que el Estado ha pretendido ser despojado de tierras del dominio público".
"Pero no se trata sólo de la defensa legal. También procuramos poner en valor productivo esas superficies, ello en el marco de una política de sustentabilidad ambiental. Con esa finalidad, entre otras alternativas, se propuso la constitución de una sociedad anónima, como instrumento jurídico de administración para que el estado y los particulares concurrieran en la tarea de transformación productiva. El estado sería socio y garante ambiental efectivo de esas eventuales futuras explotaciones".
Desde el Ejecutivo remarcaron que "de ninguna manera se postuló ninguna privatización como interesadamente se ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el delta, como ridículamente se ha expuesto y menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que hacen todo lo contrario".
"A la inversa, en todo momento hemos sostenido el principio legal que las islas pertenecen al dominio público del estado y esto significa que las consideramos imprescriptibles e inalienables", enfatizaron.
"Sin embargo, la ley Nº 10092 ha sido blanco de toda clase de críticas. Muchas de ellas maliciosas y otras infundadas o peor aún, fundadas en conjeturas que sólo caben en la mente de quienes las elaboran", se remarcó desde el Ejecutivo.
"Como tenemos la franca decisión de defender el patrimonio público y a la vez la firme de decisión de poner en valor productivo las islas, proponemos volver la situación al punto inicial, derogando la ley Nº 10092", se indica.
"A la vez, convocando a todos aquellos sectores que de buena voluntad quieren aportar a estos objetivos a elaborar sus propuestas y proyectos, de modo concreto. Porque hay dos cuestiones sobre las que no volveremos atrás: la primera, es la soberanía sobre nuestro territorio. No dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio", destacaron desde el Ejecutivo.
"La segunda, es que no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo y contra esa necesidad imperiosa y cada vez más creciente de dar al agua dulce un mejor uso, justamente en la producción de alimentos, antes de que pierda en el mar. Todo ello reiteramos en el marco de la preservación del medio ambiente".
"Finalmente, Entre Ríos no necesita que nadie le recuerde que tiene jurisdicción sobre parte importante de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y ello, más la obligación de poner en valor productivo al menos parte de ese territorio insular, es lo que funda nuestra política de hacer las islas cada vez más públicas y más entrerrianas. Por los motivos expuestos el Poder Ejecutivo propicia la derogación de la referida ley", se señala en el proyecto.
La iniciativa
Artículo 1ª. Derógase la ley Nº 10092.
Artículo 2. Encomiéndese a la Unidad de Control de Inmuebles dependiente de la Fiscalía de Estado la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado indicando estado de ocupación y ubicación.
Artículo 3. Encomíéndase a la Fiscalía de Estado a profundizar las acciones penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial.
Artículo 4. Encomiéndase a los organismos de control la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el delta entrerriano e informe las conclusiones al Poder Legislativo.
Artículo 5. De forma.
Fuente: El Diario
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