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Entre Ríos - 06-02-2012 / 14:02
“ESTA LEY DEL OFICIALISMO EN ENTRE RÍOS ESTÁ EN SINTONÍA MUY FINA CON LAS POLÍTICAS DE AJUSTE NEOLIBERAL”, DIJO MAURICIO CASTALDO

“La ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital”, afirmaron desde la CTA

“La ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital”, afirmaron desde la CTA
Castaldo afirmó que "la ley 10.092 "debe ser derogada, para que Entre Ríos vuelva a Latinoamérica y empiece a salir, alguna vez, de la Europa del capital, de la inquisición y del saqueo del mundo de la vida".
"Parecía el colmo de los colmos, pero el gobierno de Entre Ríos y la legislatura provincial superaron a los ultraneoliberales alemanes que, en medio de la crisis capitalista, propusieron a sus colegas griegos la privatización de las islas. La ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital, por lo que debe derogarse para que la provincia vuelva a Latinoamérica y salga, alguna vez, de la Europa del capital, de la inquisición y del saqueo del mundo de la vida", afirmó el secretario general de derechos humanos de la filial Paraná de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Mauricio Castaldo.
En diálogo con AIM Digital, el dirigente oriundo de María Grande recordó que "daba la impresión que la entrega y privatización de islas quedaría como una anécdota fuerte de los ultraneoliberales alemanes que, en medio de la crisis capitalista, propusieron a sus colegas griegos, sin piedad ni respeto por Sócrates, Platón, Pericles ni Aristóteles, que la venta de islas, monumentos y otros activos podría ayudar a Grecia a salir de la crisis", pero advirtió que "el gobierno de Entre Ríos y la legislatura provincial los superó: la ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital".
 
Castaldo recordó que la "sugerencia" a los griegos provino del democristiano alemán Josef Schlarmann y el liberal Frank Schäffler -socios en la coalición de gobierno- a principios de 2010. "Parecía el colmo de los colmos, pero el gobierno de Entre Ríos y la legislatura provincial los superó: la ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital".
 
El dirigente señaló que "esta ley aprobada por el oficialismo en Entre Ríos está en sintonía fina, muy fina, con las políticas de ajuste neoliberal que se llevan adelante en la maltrecha Europa, y le da la espalda, no sólo a la historia entrerriana de defensa de la tierra, si no a todos los avances y luchas que se vienen dando en Nuestra América para reafirmar la ética, la cultura y los derechos de nuestra Madre Naturaleza".
 
Castaldo, también secretario general de la filial María Grande de Agmer, indicó que "las luchas de las confederaciones de nuestros pueblos originarios y de los movimientos populares lograron, por ejemplo, que en los procesos de cambio constituyentes iniciados hace un tiempo en Bolivia y en Ecuador, se afirmen los 'derechos de la naturaleza' en sus leyes máximas y en sus complejos e intensos procesos políticos de revoluciones democráticas abiertas".
 
También evocó que esos movimientos generaron  también el nuevo corte epistemológico, político y cultural latinoamericano del "buen vivir", es decir, de una filosofía de acción política y cultural basada en la ética comunitaria de la tierra y en una propuesta de (de)crecimiento económico, social y ambiental equilibrado. "Los entrerrianos, los argentinos, los sudamericanos, y todos los pueblos del mundo, debemos pensar y decidir si queremos, en serio, salir del atolladero peligroso y sin salida en el que nos encontramos, o si queremos participar activamente de los debates y las luchas, en Latinoamérica y en el mundo por una alternativa superadora al capitalismo que nos permita además reencontrarnos con nosotros mismos".
 
Por eso afirmó que "la ley 10.092 "debe ser derogada, para que Entre Ríos vuelva a Latinoamérica y empiece a salir, alguna vez, de la Europa del capital, de la inquisición y del saqueo del mundo de la vida".
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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