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Entre Ríos - 06-02-2012 / 14:02
“ESTA LEY DEL OFICIALISMO EN ENTRE RÍOS ESTÁ EN SINTONÍA MUY FINA CON LAS POLÍTICAS DE AJUSTE NEOLIBERAL”, DIJO MAURICIO CASTALDO

“La ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital”, afirmaron desde la CTA

“La ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital”, afirmaron desde la CTA
Castaldo afirmó que "la ley 10.092 "debe ser derogada, para que Entre Ríos vuelva a Latinoamérica y empiece a salir, alguna vez, de la Europa del capital, de la inquisición y del saqueo del mundo de la vida".
"Parecía el colmo de los colmos, pero el gobierno de Entre Ríos y la legislatura provincial superaron a los ultraneoliberales alemanes que, en medio de la crisis capitalista, propusieron a sus colegas griegos la privatización de las islas. La ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital, por lo que debe derogarse para que la provincia vuelva a Latinoamérica y salga, alguna vez, de la Europa del capital, de la inquisición y del saqueo del mundo de la vida", afirmó el secretario general de derechos humanos de la filial Paraná de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Mauricio Castaldo.
En diálogo con AIM Digital, el dirigente oriundo de María Grande recordó que "daba la impresión que la entrega y privatización de islas quedaría como una anécdota fuerte de los ultraneoliberales alemanes que, en medio de la crisis capitalista, propusieron a sus colegas griegos, sin piedad ni respeto por Sócrates, Platón, Pericles ni Aristóteles, que la venta de islas, monumentos y otros activos podría ayudar a Grecia a salir de la crisis", pero advirtió que "el gobierno de Entre Ríos y la legislatura provincial los superó: la ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital".
 
Castaldo recordó que la "sugerencia" a los griegos provino del democristiano alemán Josef Schlarmann y el liberal Frank Schäffler -socios en la coalición de gobierno- a principios de 2010. "Parecía el colmo de los colmos, pero el gobierno de Entre Ríos y la legislatura provincial los superó: la ley 10.092 pone a nuestro Delta al servicio del saqueo del capital".
 
El dirigente señaló que "esta ley aprobada por el oficialismo en Entre Ríos está en sintonía fina, muy fina, con las políticas de ajuste neoliberal que se llevan adelante en la maltrecha Europa, y le da la espalda, no sólo a la historia entrerriana de defensa de la tierra, si no a todos los avances y luchas que se vienen dando en Nuestra América para reafirmar la ética, la cultura y los derechos de nuestra Madre Naturaleza".
 
Castaldo, también secretario general de la filial María Grande de Agmer, indicó que "las luchas de las confederaciones de nuestros pueblos originarios y de los movimientos populares lograron, por ejemplo, que en los procesos de cambio constituyentes iniciados hace un tiempo en Bolivia y en Ecuador, se afirmen los 'derechos de la naturaleza' en sus leyes máximas y en sus complejos e intensos procesos políticos de revoluciones democráticas abiertas".
 
También evocó que esos movimientos generaron  también el nuevo corte epistemológico, político y cultural latinoamericano del "buen vivir", es decir, de una filosofía de acción política y cultural basada en la ética comunitaria de la tierra y en una propuesta de (de)crecimiento económico, social y ambiental equilibrado. "Los entrerrianos, los argentinos, los sudamericanos, y todos los pueblos del mundo, debemos pensar y decidir si queremos, en serio, salir del atolladero peligroso y sin salida en el que nos encontramos, o si queremos participar activamente de los debates y las luchas, en Latinoamérica y en el mundo por una alternativa superadora al capitalismo que nos permita además reencontrarnos con nosotros mismos".
 
Por eso afirmó que "la ley 10.092 "debe ser derogada, para que Entre Ríos vuelva a Latinoamérica y empiece a salir, alguna vez, de la Europa del capital, de la inquisición y del saqueo del mundo de la vida".
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17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

17-05-2026 / 13:05
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