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Entre Ríos - 10-01-2012 / 10:01
LOS DIRIGENTES DE SINDICATOS AFIRMARON QUE NO PERMITIRÁN QUE “A LA CRISIS LA PAGUEN LOS TRABAJADORES”

Dirigentes de AJER y AGMER alarmados ante la posibilidad que el gobierno aumente la edad jubilatoria

Dirigentes de AJER y AGMER alarmados ante la posibilidad que el gobierno aumente la edad jubilatoria
La posibilidad de que el gobierno provincial aumente la edad para jubilarse a 65 años pone en estado de alerta a los sindicatos, que afirman que no permitirán que “la crisis la paguen los trabajadores”. Fernando Cañete, de AJER y Roque Santana, de Agmer se manifestaron al respecto. Edición fotográfica: Blas García
Ante la posibilidad de que se incremente la edad jubilatoria en la provincia, tal como lo adelantara el Semanario ANALISIS, el secretario adjunto de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), Fernando Cañete, dijo que esperan "tener la certeza de conocer si técnicos del gobierno están o no trabajando en un proyecto de ley para la modificación del régimen".
 
En tanto, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se resolvió en sucesivos congresos extraordinarios "defender la Caja de Jubilaciones provincial, el sistema jubilatorio previsional entrerriano y la ley 8.732, mientras que en los ordinarios, es parte de lo aprobado en la política gremial", confirmó el congresal por Paraná, Roque Santana.

 
Para Cañete, "si el gobierno avanza en la modificación de la norma vigente, entonces queremos sentarnos a debatir qué se cambiará, ya que nos preguntamos: ¿seguiremos teniendo el 82 por ciento móvil? ¿Seguiremos manteniendo la proporción de tres (activos) por un jubilado? ¿La edad (para jubilarse) será 65, 70 o 75? Hasta ahora, son todos interrogantes sin respuesta".
 
El dirigente judicial recordó que "el mismo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, tiene un discurso que convence en torno al tema y por eso queremos conocer los verdaderos números del organismo, para evaluar si es necesario el cambio del sistema previsional, ya que lo único que tenemos hasta ahora son los anuncios del funcionario sobre esta cuestión. Y luego, analizar cada uno de los regímenes: ¿cuál genera superávit? ¿cuál no? ¿cuáles se pueden modificar y cuáles no?", manifestó.
 
Cañete indicó que días atrás le consultaron si AJER estaba o no de acuerdo con la posible modificación del régimen previsional: "La verdad es que no sabemos qué pasa y por eso no tenemos certeza respecto de que si es necesario cambiarlo o si puede seguir tal como está".
 
"Lo que queremos es acceder a información certera, ya que el último dato económico es que el haber bruto del sector estatal es de 478 millones de pesos y de esa cifra, 159 millones ingresan a la Caja de Jubilaciones. De eso: ¿cuánto se paga? ¿Hay superávit o déficit? Tenemos que tener los elementos para analizar, pero además, si esto se lleva adelante, lo que pretendemos es que al costo político lo pague el gobierno y no los trabajadores", afirmó.
 
 
Municipios con cajas propias
 
El secretario adjunto de la organización sindical, evocó que tiempo atrás se autorizó a algunos municipios a que crearan cajas de jubilaciones propias.
 
"Esto significó que algunas comunas tuvieran aportes sólo de los activos, mientras que los jubilados quedaron dentro del sistema previsional de la provincia. Entonces, hay muchas cuestiones para discutir y evaluar si realmente es necesaria una modificación del régimen", opinó.
 
No obstante, Cañete aclaró que lo que pretenden "es conocer de qué se trata, ya que es una incógnita. Tenemos trascendidos, pero deben oficializarse por sí o por no. Si es sí, nos abocamos a trabajar en el tema, y si es no, entonces pasaremos el año tranquilos", reflexionó en declaraciones a AIM.
 
 
El aporte de los judiciales
 
El dirigente recordó que los judiciales "le pusimos plata a la Caja de Jubilaciones", y apuntó: "Primero arrancamos con un 11 por ciento, luego pasamos al 13; después fue el 19, y volvimos al 17 durante un año, cuando la ley establecía que era el 16 por ciento de aporte. Y luego, cuando hubo gobiernos que quisieron transferirla a la Nación, la defendimos en la calle. Por eso, autoridad tenemos de sobra para opinar respecto del sistema previsional", aseveró, y dijo que defenderán al organismo "a rajatablas".
 
 
AGMER: defensa irrestricta a la Caja de Jubilaciones
 
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió en sucesivos congresos extraordinarios "defender la Caja de Jubilaciones provincial, el sistema jubilatorio previsional entrerriano y la ley 8.732, mientras que en los ordinarios, es parte de lo aprobado en la política gremial", confirmó el congresal por Paraná en la entidad, Roque Santana.
 
El dirigente paranaense señaló que "no es tal el supuesto déficit previsional que originó que el poder político solicitara la armonización del sistema con el nacional. El sector docente supera la relación de proporcionalidad que sostiene con fondos genuinos el salario de los jubilados y en general, para toda la plantilla estatal, se proporción es de tres activos para un jubilado", detalló.
 
Santana afirmó que "desde fines de los años '90, los poderes ejecutivos firmaron estos convenios, inclusive, en algunos casos acompañados desde la Legislatura con votos del oficialismo y de la oposición, sin ningún aporte de los trabajadores y sus organizaciones sindicales".
 
Para el congresal de AGMER, "en Entre Ríos, el esquema de proporcionalidad, en el caso de los aportes personales y patronales, permite sostener y financiar un 82 por ciento de las jubilaciones con las edades que prevé la ley 8.732, a diferencia de los sistemas nacional y de otras provincias, donde los aportes son del 16 por ciento. Inclusive, durante la ley de Emergencia del ex gobernador Mario Moine fue del 18 por ciento por más de cinco años, mientras que el nacional es del 11 por ciento".
 
 
Reclamar lo que es propio
 
Para el ex secretario de la seccional Paraná, "si el poder político quisiera representar los intereses de los entrerrianos, debería reclamar los 200 millones de dólares que Nación le debe Entre Ríos por la transferencia de las escuelas secundarias y privadas, recibidas en el gobierno del ex presidente Carlos Menem".
 
En la actualidad, manifestó, "esos dólares equivalen a más de 800 millones de pesos, pero lo que no dicen nuestras autoridades es que cuando acordaron con Nación renunciaron a reclamar estos montos. De ninguna manera esta es una política federal de resguardo de los intereses entrerrianos", cuestionó.
 
Santana explicó que otro dato significativo es que "posterior a la reforma de la Constitución provincial, el Estado está obligado a pagar sumas salariales en blanco (remunerativas). Por esta razón, los docentes entrerrianos nos oponemos, no sólo a lo insuficiente de los fondos negros nacionales, como el Fonid, sino a lo ilegal del Fondo. En Entre Ríos, pagando salarios en blanco y revisando las jubilaciones obscenas de privilegio o anticipadas, otorgadas a los amigos del poder, estaríamos en una ecuación favorable a los trabajadores".
 
Además, agregó que "más allá de nuestro sistema, que está demostrado que no genera déficit, la pregunta es para qué necesita fondos la Nación, ya que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tampoco es deficitaria. La razón de su supuesto déficit es la utilización de los recursos de los jubilados para otros fines. En la Legislatura nacional se demostró que volviendo al aporte patronal histórico en nación, se podía sostener el 82 por ciento para los jubilados nacionales y a esta norma no sólo la vetó la presidenta, sino que el gobierno utiliza el dinero del Anses para otros fines".
 
El dirigente de AGMER destacó que "nuestro sistema jubilatorio es un ejemplo para otras provincias. Si quieren armonizar, lo que habría que hacer es homologar el sistema nacional con el nuestro", aconsejó. Por eso, y "porque es el mandato de los docentes entrerrianos a todos los dirigentes gremiales, nos opondremos y lucharemos frente a cualquier intento de modificación de la ley", advirtió.
 
Fuente: Análisis Digital

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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