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Nacionales - 08-01-2012 / 11:01
COMIENZA EL AJUSTE K
Se acabó la fiesta kirchnerista
Seguramente, la presidenta se anotició, desde su lecho de enferma, de los acercamientos que se han producido, en las últimas horas, entre Hugo Moyano (que estaba dispuesto a conceder una tregua en su pelea con Cristina hasta abril o mayo, o hasta que se recupere totalmente de su dolencia) y el combativo Pablo Micheli, de la CTA disidente, para armar una estrategia destinada a resistir que el ajuste que viene arranque por el salario o el bolsillo de los trabajadores.
No alcanza el impresionante aparato de propaganda oficial para tapar el sol con la mano, para disimular lo indisimulable: que el ajuste para los argentinos ha llegado, un golpazo al bolsillo de la clase media y de las franjas menos pudientes de la sociedad.
El fin de fiesta del consumo a ultranza, del crecimiento a tasas chinas, y de servicios públicos baratos y subsidiados ha empezado a experimentarse en toda su crudeza.
Hay provincias que son un hervidero social; varias de ellas no podrán pagar los sueldos; y el destino de miles de trabajadores estatales podrían ser el despido o la rebaja de sus salarios.
En Córdoba, no se pagó el medio aguinaldo y hay dudas sobre el sueldo de enero; como Mendoza, según acaba de confesar el gobernador cristinista Pérez; y, de hecho, en Río Negro, donde la muerte de Soria dejó a un costado la atención sobre la decisión de desprenderse de miles de empleados públicos.
El peligro de verdaderos estallidos que recorre las provincias no es sólo una chicana política de los gobernadores para conseguir mayores fondos. Lo que acaba de ocurrir en Santa Cruz es el caso más elocuente de ese descontento.
Lo que haya que hacer del ajuste, el Gobierno K lo hará ahora mismo, porque hay menos chances de pagar costos políticos elevados cuando el efecto "simpatía" empiece a diluirse y los argentinos sufran plenamente las malas nuevas para sus economías hogareñas.
La decisión del Gobierno K de avanzar ahora mismo con todo el peso del ajuste y poner un tope del 18% a la negociación salarial, ha producido un acercamiento entre Moyano y el combativo Micheli, de la CTA disidente, para armar una estrategia destinada a resistir el ajuste que viene de arranque por el salario o el bolsillo de los trabajadores.
¿La presidenta tendrá espaldas suficientes para soportar el descrédito que supondrá la aplicación del ajuste a pleno?
El fin de fiesta del consumo a ultranza, del crecimiento a tasas chinas, y de servicios públicos baratos y subsidiados ha empezado a experimentarse en toda su crudeza.
Hay provincias que son un hervidero social; varias de ellas no podrán pagar los sueldos; y el destino de miles de trabajadores estatales podrían ser el despido o la rebaja de sus salarios.
En Córdoba, no se pagó el medio aguinaldo y hay dudas sobre el sueldo de enero; como Mendoza, según acaba de confesar el gobernador cristinista Pérez; y, de hecho, en Río Negro, donde la muerte de Soria dejó a un costado la atención sobre la decisión de desprenderse de miles de empleados públicos.
El peligro de verdaderos estallidos que recorre las provincias no es sólo una chicana política de los gobernadores para conseguir mayores fondos. Lo que acaba de ocurrir en Santa Cruz es el caso más elocuente de ese descontento.
Lo que haya que hacer del ajuste, el Gobierno K lo hará ahora mismo, porque hay menos chances de pagar costos políticos elevados cuando el efecto "simpatía" empiece a diluirse y los argentinos sufran plenamente las malas nuevas para sus economías hogareñas.
La decisión del Gobierno K de avanzar ahora mismo con todo el peso del ajuste y poner un tope del 18% a la negociación salarial, ha producido un acercamiento entre Moyano y el combativo Micheli, de la CTA disidente, para armar una estrategia destinada a resistir el ajuste que viene de arranque por el salario o el bolsillo de los trabajadores.
¿La presidenta tendrá espaldas suficientes para soportar el descrédito que supondrá la aplicación del ajuste a pleno?
Se acabó la fiesta
Tal vez el efecto "simpatía" que despertó Cristina Fernández en una amplia franja de la sociedad, a raíz de su internación como consecuencia del cáncer de tiroides que se le detectó (del que, felizmente, se está recuperando), se diluya mucho antes de lo que los estrategas oficiales imaginan.
Algunos se preguntan, incluso, si alcanzará para disimular lo indisimulable: que el ajuste para el bolsillo de los argentinos ha llegado mucho antes de lo previsto. Y que, por consiguiente, el fin de fiesta del consumo a ultranza, del crecimiento a tasas en las que sólo cree el INDEC de Guillermo Moreno, y de servicios públicos baratos y subsidiados ha empezado a experimentarse en toda su crudeza.
La decisión del gobierno de avanzar ahora mismo con todo el peso del ajuste, amparado en una sociedad adormilada y de vacaciones, y a caballo del "relato" oficial según el cual las críticas al modelo provienen de las corporaciones y de "ánimos destituyentes", además del aprovechamiento a ultranza de aquel efecto que despertaría una presidenta "dispuesta dar la salud por su país", podría estar empezando a mostrar algunas grietas que se profundizarán hacia mediados de año.
Puede que no alcance el impresionante aparato de propaganda oficial para coronar ese intento de tapar el sol con una mano: hay provincias que ahora mismo son un hervidero social; por primera vez, desde 2001, varias de ellas advierten que no podrán pagar los sueldos; el destino a corto plazo de miles de trabajadores estatales nacionales y provinciales podría ser el despido o la rebaja de sus salarios, y el Palacio de Hacienda acaba de reconocer que, para cubrir los vencimientos de la deuda de este año, no podrá echar mano a las reservas y deberá obtener los fondos de alguna otra caja.
El gobierno acaba de dar muestras del aprovechamiento de aquel sentimiento hacia la presidenta para autorizar, ahora mismo, un primer aumento en las tarifas de gas que promedia el 238 por ciento.
Y que, por supuesto, no incluye la quita de los subsidios que empezará a verse reflejada con más contundencia en las facturas que llegarán en el mes de marzo.
El economista Nadín Argañaraz estimó que, en total, sumando el aumento autorizado ahora, más la quita del subsidio dentro de dos meses (lo que significará que el usuario deba hacerse cargo directamente de esa suma que, hasta ahora, le financiaba el Estado), la suba promediará los 700 pesos por familia, cada bimestre.
Un golpazo al bolsillo de la clase media y de las franjas menos pudientes de la sociedad.
Obviamente, se trata de dinero que deberá sustraerse del consumo.
Vale refrescar, por la importancia que adquiere ahora mismo ese aumento (al que, en próximos días o semanas, le seguirían los del resto de los servicios, incluido el de pasajes de ómnibus y trenes), que el ministerio de Planificación maneja una cifra oficial sobre la plata que los argentinos dejarán de gastar en consumo para dedicarla al pago de ese tarifazo: unos 25 mil millones de pesos, durante todo 2012.
La duda que persiste es hasta dónde esa montaña de dinero, que constituirá una nueva caja de la que se servirá el gobierno, apurado por un déficit fiscal ingobernable, como consecuencia del exorbitante gasto público que demandó un año electoral como 2011, no terminará por convertirse en combustible para alimentar la hoguera del creciente malestar social.
El dato, que fue analizado al más alto nivel del gobierno, antes de que Cristina Fernández se internara en la clínica de Pilar, no sirvió para torcer el rumbo de las cosas: lo que haya que hacer se hará ahora mismo, porque hay menos chances de pagar costos políticos elevados que si, por caso, se realizase entrado el otoño, cuando el efecto "simpatía" empiece a diluirse y los argentinos sufran plenamente las malas nuevas para sus economías hogareñas.
La preocupación en algunos despachos oficiales se extiende a la jugada que se ideó para complicarle el futuro político a Mauricio Macri.
Consistía en traspasarle los subterráneos porteños manu militari y esperar a que, en algún momento, el jefe de gobierno porteño se viese obligado a aumentar el valor del pasaje en ese vital transporte que utilizan diariamente unos dos millones de trabajadores del área metropolitana.
Les salió el tiro por la culata: Por una vez, el líder de PRO se mostró más rápido de reflejos que sus adversarios de la Casa Rosada y lanzó su propia jugada: aumentó de inmediato el 127 por ciento la tarifa, con el indisimulado propósito de embretar al gobierno nacional y hacerle pagar parte del costo político que acarrea la medida.
"Si lo hacíamos en marzo, la culpa sería toda nuestra; de este modo, mostramos que es como consecuencia directa de que ellos lo único que querían era sacarse el elefante de encima y cargárnoslo a nosotros", dijeron, sin tapujos, cerca del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
Con rápidos sondeos en la mano, en el gobierno porteño mostraban, el viernes último, que, para el usuario en general, la bronca era tanto para el macrismo, por disponer el aumentazo, como para la Casa Rosada, por "soltarle la mano" a toda esa gente y restarle al sistema la mitad del subsidio que, hasta ahora, permitía mantener el boleto en un peso con diez centavos.
La estrategia podría terminar de complicarse si, tal como se admite en los pasillos del kirchnerismo, y al margen de un tibio desmentido del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, más temprano que tarde Cristina deberá autorizar una suba similar o mayor en trenes y colectivos.
La pregunta acerca de si la presidenta tendrá espaldas suficientes para soportar el descrédito que supondrá la aplicación del ajuste en todas sus líneas, y no en cuotas, sino de un solo golpe, como ha empezado a suceder, encontraba, el mismo viernes, variadas respuestas, en despachos del oficialismo.
A ese panorama complicado hay que agregar el estado de virtual ebullición social en el que se encuentra la mayoría de las provincias, algunas de las cuales vienen advirtiendo, desde antes de que el cáncer de tiroides de Cristina copara las primeras planas, que el peligro de verdaderos estallidos en sus jurisdicciones no es sólo una chicana política para conseguir mayores fondos.
Lo que acaba de ocurrir en Santa Cruz es, tal vez, el caso más elocuente de ese descontento.
No es menos grave la situación en Córdoba, donde no se pagó el medio aguinaldo y hay dudas sobre el sueldo de enero; o en Mendoza, según acaba de confesar el gobernador cristinista Francisco Pérez; y, de hecho, en Río Negro, donde la muerte de Carlos Soria dejó, por algunos días, a un costado la atención sobre la decisión de desprenderse de cientos de empleados públicos.
Para colmo de males, se sabe ahora en toda su amplitud que aquel compromiso que graciosamente firmaron antes de fin de año los mandatarios de diecisiete provincias con Cristina Fernández en la Casa Rosada, para refinanciar deudas provinciales, era, en realidad, un verdadero salvavidas de plomo.
Ese acuerdo las obliga a ajustar duramente sus cuentas fiscales y sus planteles de personal, además de ordenar una reducción de pagos extras de salarios y otros beneficios.
Y pesa sobre más de 300.000 agentes estatales nacionales la ley alumbrada al amparo de los festejos de fin de año, que dispuso revisar cientos de miles de empleos de personal contratado.
Seguramente, la presidenta se anotició, desde su lecho de enferma, de los acercamientos que se han producido, en las últimas horas, entre Hugo Moyano (que estaba dispuesto a conceder una tregua en su pelea con Cristina hasta abril o mayo, o hasta que se recupere totalmente de su dolencia) y el combativo Pablo Micheli, de la CTA disidente, para armar una estrategia destinada a resistir que el ajuste que viene arranque por el salario o el bolsillo de los trabajadores.
"No nos une el amor, sino el espanto", dijo Micheli, con impronta borgeana. "Hemos logrado que se junten el agua con el aceite", se quejó, con ceño fruncido, un operador con despacho en la Casa Rosada.
Ajenos a esos enjuagues, en importantes despachos del gabinete, celebran el rumbo que han tomado las cosas de la gestión y de la política.
Dicen que el problema de salud de la presidente la hizo regresar nuevamente a niveles de adhesión cercanos al 70 por ciento, y que la imagen positiva de la gestión del gobierno subió al 64 por ciento, tras haber caído por debajo de los 50 puntos antes del 10 de diciembre.
También, que Macri pagará él solito todos los costos del aumento en los subtes y que el ajuste en el orden nacional y en las provincias es necesario y forma parte de la "sintonía fina" para sincerar la economía.
Es el clásico "relato". La realidad está mostrando, como pocas veces, desde las trágicas jornadas de 2011, otra película...
Fuente: lanueva.com
Tal vez el efecto "simpatía" que despertó Cristina Fernández en una amplia franja de la sociedad, a raíz de su internación como consecuencia del cáncer de tiroides que se le detectó (del que, felizmente, se está recuperando), se diluya mucho antes de lo que los estrategas oficiales imaginan.
Algunos se preguntan, incluso, si alcanzará para disimular lo indisimulable: que el ajuste para el bolsillo de los argentinos ha llegado mucho antes de lo previsto. Y que, por consiguiente, el fin de fiesta del consumo a ultranza, del crecimiento a tasas en las que sólo cree el INDEC de Guillermo Moreno, y de servicios públicos baratos y subsidiados ha empezado a experimentarse en toda su crudeza.
La decisión del gobierno de avanzar ahora mismo con todo el peso del ajuste, amparado en una sociedad adormilada y de vacaciones, y a caballo del "relato" oficial según el cual las críticas al modelo provienen de las corporaciones y de "ánimos destituyentes", además del aprovechamiento a ultranza de aquel efecto que despertaría una presidenta "dispuesta dar la salud por su país", podría estar empezando a mostrar algunas grietas que se profundizarán hacia mediados de año.
Puede que no alcance el impresionante aparato de propaganda oficial para coronar ese intento de tapar el sol con una mano: hay provincias que ahora mismo son un hervidero social; por primera vez, desde 2001, varias de ellas advierten que no podrán pagar los sueldos; el destino a corto plazo de miles de trabajadores estatales nacionales y provinciales podría ser el despido o la rebaja de sus salarios, y el Palacio de Hacienda acaba de reconocer que, para cubrir los vencimientos de la deuda de este año, no podrá echar mano a las reservas y deberá obtener los fondos de alguna otra caja.
El gobierno acaba de dar muestras del aprovechamiento de aquel sentimiento hacia la presidenta para autorizar, ahora mismo, un primer aumento en las tarifas de gas que promedia el 238 por ciento.
Y que, por supuesto, no incluye la quita de los subsidios que empezará a verse reflejada con más contundencia en las facturas que llegarán en el mes de marzo.
El economista Nadín Argañaraz estimó que, en total, sumando el aumento autorizado ahora, más la quita del subsidio dentro de dos meses (lo que significará que el usuario deba hacerse cargo directamente de esa suma que, hasta ahora, le financiaba el Estado), la suba promediará los 700 pesos por familia, cada bimestre.
Un golpazo al bolsillo de la clase media y de las franjas menos pudientes de la sociedad.
Obviamente, se trata de dinero que deberá sustraerse del consumo.
Vale refrescar, por la importancia que adquiere ahora mismo ese aumento (al que, en próximos días o semanas, le seguirían los del resto de los servicios, incluido el de pasajes de ómnibus y trenes), que el ministerio de Planificación maneja una cifra oficial sobre la plata que los argentinos dejarán de gastar en consumo para dedicarla al pago de ese tarifazo: unos 25 mil millones de pesos, durante todo 2012.
La duda que persiste es hasta dónde esa montaña de dinero, que constituirá una nueva caja de la que se servirá el gobierno, apurado por un déficit fiscal ingobernable, como consecuencia del exorbitante gasto público que demandó un año electoral como 2011, no terminará por convertirse en combustible para alimentar la hoguera del creciente malestar social.
El dato, que fue analizado al más alto nivel del gobierno, antes de que Cristina Fernández se internara en la clínica de Pilar, no sirvió para torcer el rumbo de las cosas: lo que haya que hacer se hará ahora mismo, porque hay menos chances de pagar costos políticos elevados que si, por caso, se realizase entrado el otoño, cuando el efecto "simpatía" empiece a diluirse y los argentinos sufran plenamente las malas nuevas para sus economías hogareñas.
La preocupación en algunos despachos oficiales se extiende a la jugada que se ideó para complicarle el futuro político a Mauricio Macri.
Consistía en traspasarle los subterráneos porteños manu militari y esperar a que, en algún momento, el jefe de gobierno porteño se viese obligado a aumentar el valor del pasaje en ese vital transporte que utilizan diariamente unos dos millones de trabajadores del área metropolitana.
Les salió el tiro por la culata: Por una vez, el líder de PRO se mostró más rápido de reflejos que sus adversarios de la Casa Rosada y lanzó su propia jugada: aumentó de inmediato el 127 por ciento la tarifa, con el indisimulado propósito de embretar al gobierno nacional y hacerle pagar parte del costo político que acarrea la medida.
"Si lo hacíamos en marzo, la culpa sería toda nuestra; de este modo, mostramos que es como consecuencia directa de que ellos lo único que querían era sacarse el elefante de encima y cargárnoslo a nosotros", dijeron, sin tapujos, cerca del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
Con rápidos sondeos en la mano, en el gobierno porteño mostraban, el viernes último, que, para el usuario en general, la bronca era tanto para el macrismo, por disponer el aumentazo, como para la Casa Rosada, por "soltarle la mano" a toda esa gente y restarle al sistema la mitad del subsidio que, hasta ahora, permitía mantener el boleto en un peso con diez centavos.
La estrategia podría terminar de complicarse si, tal como se admite en los pasillos del kirchnerismo, y al margen de un tibio desmentido del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, más temprano que tarde Cristina deberá autorizar una suba similar o mayor en trenes y colectivos.
La pregunta acerca de si la presidenta tendrá espaldas suficientes para soportar el descrédito que supondrá la aplicación del ajuste en todas sus líneas, y no en cuotas, sino de un solo golpe, como ha empezado a suceder, encontraba, el mismo viernes, variadas respuestas, en despachos del oficialismo.
A ese panorama complicado hay que agregar el estado de virtual ebullición social en el que se encuentra la mayoría de las provincias, algunas de las cuales vienen advirtiendo, desde antes de que el cáncer de tiroides de Cristina copara las primeras planas, que el peligro de verdaderos estallidos en sus jurisdicciones no es sólo una chicana política para conseguir mayores fondos.
Lo que acaba de ocurrir en Santa Cruz es, tal vez, el caso más elocuente de ese descontento.
No es menos grave la situación en Córdoba, donde no se pagó el medio aguinaldo y hay dudas sobre el sueldo de enero; o en Mendoza, según acaba de confesar el gobernador cristinista Francisco Pérez; y, de hecho, en Río Negro, donde la muerte de Carlos Soria dejó, por algunos días, a un costado la atención sobre la decisión de desprenderse de cientos de empleados públicos.
Para colmo de males, se sabe ahora en toda su amplitud que aquel compromiso que graciosamente firmaron antes de fin de año los mandatarios de diecisiete provincias con Cristina Fernández en la Casa Rosada, para refinanciar deudas provinciales, era, en realidad, un verdadero salvavidas de plomo.
Ese acuerdo las obliga a ajustar duramente sus cuentas fiscales y sus planteles de personal, además de ordenar una reducción de pagos extras de salarios y otros beneficios.
Y pesa sobre más de 300.000 agentes estatales nacionales la ley alumbrada al amparo de los festejos de fin de año, que dispuso revisar cientos de miles de empleos de personal contratado.
Seguramente, la presidenta se anotició, desde su lecho de enferma, de los acercamientos que se han producido, en las últimas horas, entre Hugo Moyano (que estaba dispuesto a conceder una tregua en su pelea con Cristina hasta abril o mayo, o hasta que se recupere totalmente de su dolencia) y el combativo Pablo Micheli, de la CTA disidente, para armar una estrategia destinada a resistir que el ajuste que viene arranque por el salario o el bolsillo de los trabajadores.
"No nos une el amor, sino el espanto", dijo Micheli, con impronta borgeana. "Hemos logrado que se junten el agua con el aceite", se quejó, con ceño fruncido, un operador con despacho en la Casa Rosada.
Ajenos a esos enjuagues, en importantes despachos del gabinete, celebran el rumbo que han tomado las cosas de la gestión y de la política.
Dicen que el problema de salud de la presidente la hizo regresar nuevamente a niveles de adhesión cercanos al 70 por ciento, y que la imagen positiva de la gestión del gobierno subió al 64 por ciento, tras haber caído por debajo de los 50 puntos antes del 10 de diciembre.
También, que Macri pagará él solito todos los costos del aumento en los subtes y que el ajuste en el orden nacional y en las provincias es necesario y forma parte de la "sintonía fina" para sincerar la economía.
Es el clásico "relato". La realidad está mostrando, como pocas veces, desde las trágicas jornadas de 2011, otra película...
Fuente: lanueva.com
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