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Nacionales - 06-01-2012 / 08:01
LA FIESTA ELECTORAL SE TERMINÓ: LOS GOBERNADORES AVANZAN CON PLANES DE AJUSTE DEL GASTO PÚBLICO

Provincias en problemas: enfrentan dificultades en pago de salarios y reducen personal

Provincias en problemas: enfrentan dificultades en pago de salarios y reducen personal
A menos de un mes del inicio de las paritarias en las que debe definirse el aumento salarial para el personal de la administración pública, donde se prevén reclamos de subas del 25% promedio, el déficit de las provincias será este año de más de $10 mil millones, unos $ 1.000 millones superior al arrojado durante la crisis de 2009.
El aumento del gasto público que se registró en un 2011 marcado por las elecciones, combinado con la desaceleración de la economía, los reclamos de aumentos salariales no menores al 20%, y la sequía que amenaza los ingresos de varias economías regionales, constituyen un escenario complicado para las provincias.
 
Entre Ríos recién concluirá el cronograma de pagos el 17 de enero, Santa Fe postergó el pago de sueldos y la ciudad de Córdoba abonará en cuotas. De la Sota prevé reducir planta de 9.000 contratados. Río Negro ya cesanteó a 4.500, una medida que podría profundizarse en las próximas semanas. En Santa Cruz, Peralta decidió la suspensión de la designación de personal contratado y en planta transitoria.
 
Las provincias no arrancaron el 2012 de la mejor manera. Con un rojo en sus cuentas públicas que las estimaciones privadas proyectan en más de $ 10.000 millones para este año, la mayoría de las administraciones provinciales anunciaron severos programas de recorte del gasto público y preparan planes de racionalización de sus plantillas de personal para intentar prevenir situaciones críticas, como las que comenzaron a repetirse en varias jurisdicciones, donde enfrentan serias dificultades para pagar salarios.
 
Parece que la fiesta electoral se terminó y es hora de pagar la cuenta. Pero los fondos no alcanzan y el clima social se calienta, como quedó evidenciado con la crisis en Santa Cruz.
 
La Opinión Popular

 
Así, a menos de un mes del inicio de las paritarias en las que debe definirse el aumento salarial para el personal de la administración pública, donde se prevén reclamos de subas del 25% promedio, la Gobernación de Santa Fe, a cargo de Antonio Bonfatti, difundió ayer un cronograma que posterga hasta mitad de mes el pago de haberes a los empleados estatales y jubilados provinciales.
 
La medida se tomó pese a que la Legislatura provincial autorizó a fines de diciembre una ampliación del Presupuesto por $ 1.405 millones para poder completar sin inconvenientes los pagos salariales de fin de año.
 
Las complicaciones también afectan a Córdoba, donde el gobernador José Manuel de la Sota anuncio un plan de austeridad que prevé la revisión integral de los contratos de unos 9.300 trabajadores temporarios –ya se evalúa la cesantía de unos 4.800 trabajadores cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre–, y adelantó a los gremios estatales que no estará en condiciones de negociar aumentos salariales hasta tanto el gobierno nacional no defina la forma en que cancelará la deuda que mantiene con la provincia.
 
En paralelo, se profundizaron en las últimas semanas las medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores de la salud y que mantienen prácticamente paralizada la atención al público en los hospitales provinciales en reclamo de deudas salariales y una recomposición de los haberes del sector.
 
Pero la situación más conflictiva se registra en la propia capital cordobesa. Ayer el intendente radical Ramón Mestre anunció el pago desdoblado de los salarios de diciembre, un anuncio que generó el repudio generalizado de los gremios.
 
"El municipio tiene un poco más de $ 40 millones en sus cuentas, y todo ese dinero va a ser depositado en las cuentas de los empleados. Y la que se recaude mañana, también va a ser depositada", explicó el secretario general del municipio, Sergio Torres.
 
A pesar de ese compromiso, los gremios estatales decidieron iniciar a partir de hoy un plan de lucha con retención de tareas, asambleas y cortes de calles para exigir el urgente pago de los sueldos.
 
También Río Negro, a pesar de la muerte del gobernador Carlos Soria, sigue adelante con la aplicación de la ley que puso en disponibilidad al total de la plantilla de agentes públicos. En ese marco, se resolvió el cese de los contratos de unos 4.500 trabajadores temporarios, una medida que podría profundizarse en las próximas semanas.
 
En tanto, después de los violentos incidentes de la semana pasada que impidieron la sanción de la ley de emergencia provincial y que provocaron la renuncia de la mitad de su gabinete, el gobernador Daniel Peralta decidió disponer por decreto el miércoles la suspensión de la "designación de personal contratado y en planta transitoria" y "las contrataciones de locación de obra de personal en cualquiera de sus formas o modalidades". "No son tiempos fáciles", advirtió ayer Peralta en referencia a las dificultades económicas que atraviesa la provincia.
 
Fuente: El Cronista

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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