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Nacionales - 05-01-2012 / 08:01
DENUNCIAN QUE LA MEDIDA BUSCA RECORTAR SALARIOS

ATE amenaza con paro contra decreto de revisión de los sueldos estatales

ATE amenaza con paro contra decreto de revisión de los sueldos estatales
Pablo Micheli, Secretario general de la CTA y titular de la ATE.
En medio de la fuerte polémica sindical que desató el decreto que establece la revisión de los pagos extras que percibe el personal de la administración pública nacional, desde la conducción de la Asociación de Trabajadores Argentinos (ATE) amenazaron ayer con la posibilidad de convocar a un paro nacional en contra de la medida, a la que consideran como un intento de recortar los sueldos del sector.
 
La advertencia de la medida de fuerza fue anticipada ayer por el titular de ATE Capital, José Luis Matassa, quien integra la conducción nacional del gremio en manos de Pablo Micheli, también titular de la CTA disidente.

Matassa aseguró que se está evaluando un paro nacional en rechazo al decreto que, en su opinión, implica la posibilidad concreta de "un decrecimiento salarial a partir de este año". No nos imaginábamos que el ajuste iba a empezar por el bolsillo de los trabajadores estatales", criticó el dirigente en declaraciones radiales.
 
En el último día hábil de 2011, la Presidenta firmó un decreto de necesidad y urgencia que dispuso una ampliación presupuestaria de $ 22.000 millones y en uno de sus artículos estableció que desde el 1 de enero los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia o, en su caso, limitar su alcance".
 
La decisión del Ejecutivo generó el rechazo inmediato de ATE, al que se sumó también la dirigencia de la CGT alineada con Hugo Moyano, que consideró que el decreto presidencial constituye una nueva "demonización" de los salarios del sector público y "una película que vimos los argentinos" en clara referencia a las políticas de ajuste de la década del '90.
 
El repudio moyanista a la medida contrastó con la posición asumida por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio más numeroso de la administración pública e integrante de la cúpula de la CGT, que apoyó la decisión del Gobierno al considerar que ordena la situación de "anarquía" que se registra entre los sueldos estatales.
 
"Acá hay organismos descentralizados que otorgaban a piacere bonos o premios sin autorización, generando situaciones de conflicto con la mayoría de los trabajadores que no recibía el mismo beneficio", explicó el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
 
Fuente: El Cronista

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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