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Nacionales - 04-01-2012 / 09:01
LA CGT CRITICÓ AL GOBIERNO K POR LA REVISIÓN DE LOS SALARIOS. EL GREMIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SE DECLARÓ EN ESTADO DE ALERTA

Desde la CGT y ATE repudiaron la revisión de los sueldos estatales

Desde la CGT y ATE repudiaron la revisión de los sueldos estatales
En alerta. Los estatales enrolados en ATE denunciaron un ajuste salarial.
Antes de finalizar 2011, Cristina firmó una autorización del gasto estatal, pero el artículo 8 permite una revisión de las remuneraciones y, si se juzgara necesario, "limitar" el "alcance" de los pagos extra. El decreto del Gobierno K que pone bajo revisión los sueldos de más de 300.000 empleados públicos provocó una dura reacción gremial.
 
El sindicalista judicial Julio Piumato, uno de los hombres de confianza de Hugo Moyano, cuestionó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia que abre puertas a la eventual revisión de los sueldos en el sector público."¿Hacía falta, a un día de la operación a la presidenta sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales? ¿Quién quiere instalar la confusión?", se preguntó, a través de su cuenta en Twitter.
 
Ayer, el Secretariado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el "estado de alerta" en rechazo al DNU "del ajuste salarial", sostuvo el secretario general del gremio, Julio Fuentes.
 
La central obrera no le da tregua al Gobierno K ni siquiera a horas de la operación de cáncer a la que se someterá Cristina.
 
La Opinión Popular

 
El dirigente de la CGT y del gremio de judiciales, Julio Piumato, cuestionó el decreto firmado por Cristina: "Otra vez la demonización de los salarios, esa película ya la vimos y sabemos como termina". Y agregó: "¿Hacía falta a un día de la operación a la presidente (Cristina Kichner) sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales? ¿Quién quiere instalar la confusión?", advirtió a través de su cuenta en Twitter.
 
En tanto -y luego de admitir que muchas veces esas sumas eran otorgadas por funcionarios "con discrecionalidad"- Andrés Rodríguez, de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), le dijo a Clarín que "cualquier ingreso del trabajador debe darse en el contexto de la paritaria de manera tal que el logro económico tenga carácter general y sea remunerativo".
 
Estas posturas sindicales se conocieron luego que Clarín revelara ayer en exclusiva que en el último día hábil del año pasado, la presidenta Cristina Kirchner firmó un DNU aumentando en más de $ 21.000 millones el gasto público.
 
Pero hizo un agregado no común en ese tipo de decretos: incorporó un artículo que establece que a partir del 1° de enero de 2012 los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance".
 
Con ese propósito, el decreto fija que "los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos". Y va más allá porque precisa que "los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto".
 
El sindicalista Fuentes, de ATE, dijo: "Las sumas y pagos que se consiguen a nivel individual o sectorial, al margen de las denominación que lleven, integran el salario normal y habitual de los trabajadores.
 
Y cualquier intento de restringirlos o eliminarlos implica una reducción salarial . Todo lo que cobra el trabajador es parte del salario y no permitiremos que se eliminen de las remuneraciones cualquier rubro o suma que esté siendo percibida ".
 
El dirigente sindical agregó que el decreto dispone la revisión unilateral, por parte del Estado como empleador, de los beneficios de los trabajadores, contrariando la negociación colectiva y las "paritarias libres".
 
Para ATE, "ninguna crisis ni emergencia económica se enfrenta congelando o rebajando salarios ni con ajustes al estilo Santa Cruz Rio Negro", disponiendo el "estado de alerta" en defensa irrestricta de los salarios y demás derechos laborales y sociales.
 
 
Qué dice el decreto
 
El artículo 8 del DNU pone bajo revisión los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados y de las instituciones de Seguridad Social.
 
Los pagos deberán adecuarse a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance". Si no lo hacen, "quedarán sin efecto".
 
Por Ismael Bermúdez
 
Fuente: Clarín

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20-09-2026 / 21:09
Detrás de la épica del equilibrio fiscal y la planilla de Excel que el gobierno libertario presenta ante el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 esconde una matriz conocida por la historia argentina: la vieja receta unitaria de fundir al interior profundo para concentrar la caja en el puerto y gobernar por extorsión.
 
Como lo demostró con precisión el diputado nacional entrerriano del PJ, Guillermo Michel, el plan se ejecuta mediante una doble pinza. Por un lado, la Nación se desprende brutalmente de sus obligaciones constitucionales: liquida el Fondo de Incentivo Docente (dejando el salario de los maestros librado a su suerte), desmantela el subsidio al transporte federal —mientras sostiene los privilegios en el AMBA— y abandona las rutas y la obra pública. El mensaje a los gobernadores es cínico: háganse cargo del costo social del ajuste sin un solo peso de financiamiento.
 
Por el otro lado, opera el dispositivo electoral. El Ejecutivo triplica los recursos de la opaca “Jurisdicción 91”, inflando a casi 8 billones de pesos el programa de “Otras Asistencias Financieras”. Una partida fantasma: sin metas físicas, sin control parlamentario y sin criterio objetivo de reparto. Es, lisa y llanamente, la caja negra con la que pretenden obligar a los mandatarios provinciales a desfilar por los despachos de la Rosada para mendigar los sueldos de sus empleados a cambio de sumisión política en las elecciones de 2027.
 
Para perfeccionar el despojo, la recaudación se concentra en tributos que no se coparticipan (retenciones al agro y a la industria), mientras se retienen fondos específicos de combustibles en fideicomisos paralizados. El saldo es un ataque directo a la Constitución Nacional y a la médula misma del federalismo. Frente a este intento de subordinación colonial de las provincias, el peronismo tiene la obligación doctrinaria de alzar la voz, articular con los sectores del trabajo y la producción, y poner un freno institucional: la Argentina es federal o no será.

20-09-2026 / 21:09
30-08-2026 / 09:08
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