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Nacionales - 04-01-2012 / 09:01
LA CGT CRITICÓ AL GOBIERNO K POR LA REVISIÓN DE LOS SALARIOS. EL GREMIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SE DECLARÓ EN ESTADO DE ALERTA

Desde la CGT y ATE repudiaron la revisión de los sueldos estatales

Desde la CGT y ATE repudiaron la revisión de los sueldos estatales
En alerta. Los estatales enrolados en ATE denunciaron un ajuste salarial.
Antes de finalizar 2011, Cristina firmó una autorización del gasto estatal, pero el artículo 8 permite una revisión de las remuneraciones y, si se juzgara necesario, "limitar" el "alcance" de los pagos extra. El decreto del Gobierno K que pone bajo revisión los sueldos de más de 300.000 empleados públicos provocó una dura reacción gremial.
 
El sindicalista judicial Julio Piumato, uno de los hombres de confianza de Hugo Moyano, cuestionó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia que abre puertas a la eventual revisión de los sueldos en el sector público."¿Hacía falta, a un día de la operación a la presidenta sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales? ¿Quién quiere instalar la confusión?", se preguntó, a través de su cuenta en Twitter.
 
Ayer, el Secretariado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el "estado de alerta" en rechazo al DNU "del ajuste salarial", sostuvo el secretario general del gremio, Julio Fuentes.
 
La central obrera no le da tregua al Gobierno K ni siquiera a horas de la operación de cáncer a la que se someterá Cristina.
 
La Opinión Popular

 
El dirigente de la CGT y del gremio de judiciales, Julio Piumato, cuestionó el decreto firmado por Cristina: "Otra vez la demonización de los salarios, esa película ya la vimos y sabemos como termina". Y agregó: "¿Hacía falta a un día de la operación a la presidente (Cristina Kichner) sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales? ¿Quién quiere instalar la confusión?", advirtió a través de su cuenta en Twitter.
 
En tanto -y luego de admitir que muchas veces esas sumas eran otorgadas por funcionarios "con discrecionalidad"- Andrés Rodríguez, de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), le dijo a Clarín que "cualquier ingreso del trabajador debe darse en el contexto de la paritaria de manera tal que el logro económico tenga carácter general y sea remunerativo".
 
Estas posturas sindicales se conocieron luego que Clarín revelara ayer en exclusiva que en el último día hábil del año pasado, la presidenta Cristina Kirchner firmó un DNU aumentando en más de $ 21.000 millones el gasto público.
 
Pero hizo un agregado no común en ese tipo de decretos: incorporó un artículo que establece que a partir del 1° de enero de 2012 los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance".
 
Con ese propósito, el decreto fija que "los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos". Y va más allá porque precisa que "los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto".
 
El sindicalista Fuentes, de ATE, dijo: "Las sumas y pagos que se consiguen a nivel individual o sectorial, al margen de las denominación que lleven, integran el salario normal y habitual de los trabajadores.
 
Y cualquier intento de restringirlos o eliminarlos implica una reducción salarial . Todo lo que cobra el trabajador es parte del salario y no permitiremos que se eliminen de las remuneraciones cualquier rubro o suma que esté siendo percibida ".
 
El dirigente sindical agregó que el decreto dispone la revisión unilateral, por parte del Estado como empleador, de los beneficios de los trabajadores, contrariando la negociación colectiva y las "paritarias libres".
 
Para ATE, "ninguna crisis ni emergencia económica se enfrenta congelando o rebajando salarios ni con ajustes al estilo Santa Cruz Rio Negro", disponiendo el "estado de alerta" en defensa irrestricta de los salarios y demás derechos laborales y sociales.
 
 
Qué dice el decreto
 
El artículo 8 del DNU pone bajo revisión los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados y de las instituciones de Seguridad Social.
 
Los pagos deberán adecuarse a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance". Si no lo hacen, "quedarán sin efecto".
 
Por Ismael Bermúdez
 
Fuente: Clarín

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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