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Nacionales - 29-12-2011 / 11:12
PRÓRROGA DEL PLAZO PARA QUE COMIENCEN A ABONAR LA DEUDA QUE MANTIENEN CON LA NACIÓN

Las provincias tendrán dos años de gracia, pero con otras urgencias

Las provincias tendrán dos años de gracia, pero con otras urgencias
Infografía de ambito.com
La ampliación de la tregua para el pago de vencimientos de capital e intereses volverá a darle un respiro financiero a la mayoría de las provincias durante los próximos dos años, pero no resolverá, sin embargo, las urgencias financieras que amenazan con complicar a los gobernadores durante 2012.
 
Esta ecuación pondrá a prueba la capacidad de los ministros de Economía provinciales para ajustar la relación entre ingresos propios, coparticipación y gasto público, especialmente ante un contexto de eventual desaceleración de la economía, inflación y de fuerte presión de los gremios estatales por una recomposición salarial que pretenden cercana al 35%.
 
Condicionamiento
 
La dependencia de las provincias de la caja nacional condiciona también el mapa político. El período de gracia entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 tiene esa raíz: el próximo año comenzará a moverse el tablero de cara a las legislativas 2013, donde el Gobierno intentará ampliar su representación en ambas cámaras y para ello necesitará del acompañamiento y de las alianzas con los diferentes gobernadores.
 
Un caso reciente grafica esta expresión: el justicialista no kirchnerista José Manuel de la Sota, que no accedió a llevar en la fórmula para la gobernación de Córdoba a un referente de la Casa Rosada, dio de baja sobre la hora su lista de diputados nacionales para habilitar el ingreso de sectores afines al Gobierno, a cambio de la promesa de pago de una abultada deuda por más de $ 1.200 millones que la Nación mantiene con la provincia por la Caja de Jubilaciones. Más de dos meses después, el Gobierno mediterráneo aún espera la acreditación de esos fondos.
 
El otro ejemplo es el de Daniel Scioli, quien en las últimas semanas se vio involucrado en una serie de chisporroteos con su vicegobernador, el ultrakirchnerista Gabriel Mariotto, tras los incidentes que se registraron entre activistas de La Cámpora y efectivos de la Bonaerense el día de su jura ante la Legislatura. Scioli no sólo fue uno de los primeros convocados al acto de ayer, sino que fue el primer gobernador en suscribir el acta mediante la cual el Gobierno nacional prorroga el plazo por dos años para el pago de los servicios de la deuda, que en el caso de Buenos Aires redundará en un beneficio cercano a los $ 6.000 millones.
 
 
Firmantes
 
Ayer, 17 mandatarios -incluido el único radical, el correntino Ricardo Colombi- convalidaron con su firma el acceso a un plan que, al menos en el corto plazo, hará que muchos de ellos esquiven por ahora el fantasma del ajuste. Hay, sin embargo, varias provincias para las que no es suficiente: en Río Negro, por caso, el gobernador justicialista Carlos Soria, devenido ahora kirchnerista, anunció que pasará a disponibilidad a más de 20 mil agentes del Estado debido a la imposibilidad para hacer frente al pago de la masa salarial.
 
No es el único recurso para optimizar el financiamiento. En los últimos meses, una decena de provincias lanzó diversos proyectos para aumentar drásticamente los impuestos el próximo año. Una peligrosa moda que puede terminar siendo asfixiante. 
 
Por: Florencia Arbeleche
 
Fuente: ambito.com
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20-09-2026 / 21:09
Detrás de la épica del equilibrio fiscal y la planilla de Excel que el gobierno libertario presenta ante el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 esconde una matriz conocida por la historia argentina: la vieja receta unitaria de fundir al interior profundo para concentrar la caja en el puerto y gobernar por extorsión.
 
Como lo demostró con precisión el diputado nacional entrerriano del PJ, Guillermo Michel, el plan se ejecuta mediante una doble pinza. Por un lado, la Nación se desprende brutalmente de sus obligaciones constitucionales: liquida el Fondo de Incentivo Docente (dejando el salario de los maestros librado a su suerte), desmantela el subsidio al transporte federal —mientras sostiene los privilegios en el AMBA— y abandona las rutas y la obra pública. El mensaje a los gobernadores es cínico: háganse cargo del costo social del ajuste sin un solo peso de financiamiento.
 
Por el otro lado, opera el dispositivo electoral. El Ejecutivo triplica los recursos de la opaca “Jurisdicción 91”, inflando a casi 8 billones de pesos el programa de “Otras Asistencias Financieras”. Una partida fantasma: sin metas físicas, sin control parlamentario y sin criterio objetivo de reparto. Es, lisa y llanamente, la caja negra con la que pretenden obligar a los mandatarios provinciales a desfilar por los despachos de la Rosada para mendigar los sueldos de sus empleados a cambio de sumisión política en las elecciones de 2027.
 
Para perfeccionar el despojo, la recaudación se concentra en tributos que no se coparticipan (retenciones al agro y a la industria), mientras se retienen fondos específicos de combustibles en fideicomisos paralizados. El saldo es un ataque directo a la Constitución Nacional y a la médula misma del federalismo. Frente a este intento de subordinación colonial de las provincias, el peronismo tiene la obligación doctrinaria de alzar la voz, articular con los sectores del trabajo y la producción, y poner un freno institucional: la Argentina es federal o no será.

20-09-2026 / 21:09
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