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Nacionales - 26-12-2011 / 08:12
LA EMBESTIDA PREOCUPA A GOBERNADORES, QUE ESPERAN UN 2012 DE ESTRECHEZ FINANCIERA

Empleados públicos de las provincias exigen piso salarial del 20% y subas de hasta el 35%

Empleados públicos de las provincias exigen piso salarial del 20% y subas de hasta el 35%
Antonio Bonfatti, José Manuel de la Sota, Sergio Urribarri, Martín Buzzi.
Los combativos gremios de empleados públicos de las provincias advirtieron a los gobernadores la necesidad de comenzar a discutir en paritarias -a más tardar en febrero- un aumento salarial, que en ningún caso estaría por debajo del 20% y que, en algunos distritos, incluso, trepa hasta un techo del 35%.
 
El reclamo preocupa a los gobernadores, que deben enfrentar un inicio de mandato con cuentas deficitarias, vencimientos de deuda que aún no fueron refinanciados por el Gobierno K y de probables sacudidas en la actividad económica por la crisis financiera internacional.
 
Este anticipo marca el nivel de conflictividad que deberán enfrentar los gobernadores, y quizás también el sector privado y el Estado nacional. La postura gremial en el interior se da en sintonía con la estrategia de Hugo Moyano, de poner un piso del 25% de incremento salarial para discutir en paritarias.
 
Otra discusión difícil será la que se dará con los docentes de todo el país.

 
Estatales exigen piso salarial del 20% y subas de hasta el 35%
 
Como pesado presente de fin de año, los gremios de la administración pública de las provincias comenzaron a advertir a los gobernadores que no aceptarán una negociación salarial que contemple un incremento menor al 20 por ciento, aunque los primeros planteos incluyen el reclamo de aumentos de hasta el 35%.
 
El escenario preocupa a los Ejecutivos locales, que deben enfrentar un inicio de mandato resbaladizo de la mano de cuentas deficitarias masivas, de vencimientos de deuda que aún no fueron refinanciados por Nación y de potenciales coletazos en la actividad económica de la crisis financiera internacional.
 
La postura gremial en el interior se da en sintonía con la estrategia del titular de la CGT nacional, Hugo Moyano, de poner un piso del 25% de incremento salarial para discutir en paritarias.
 
Un caso testigo se vive en Santa Fe, donde los trabajadores estatales adelantaron que exigirán un piso de entre el 20% y el 23% de aumento al flamante Gobierno del socialista Antonio Bonfatti.
 
En esa línea, el titular de la seccional local de la Unión del Personal Civil de la Nación, Alberto Maguid, señaló que no se van «a sentar por menos del 20% en la Comisión Paritaria Central».
 
Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Jorge Hoffmann, consideró que el aumento «tiene que rondar» entre el 23% y el 24%, ya que -dijo- «el Gobierno (provincial) ha fijado esa pauta para el aumento de las tarifas de los servicios».
 
En la vereda oficial, Bonfatti se negó a «tirar una cifra por tirar» porque -evaluó- sería «aventurado, no sabiendo cuál va a ser el comportamiento de la economía y teniendo presente que después a los sueldos hay que pagarlos». No obstante, adelantó que su administración discutirá salarios en las paritarias de febrero y recalcó que la premisa será que los trabajadores «no pierdan poder adquisitivo respecto de la inflación».
 
En Chubut, en tanto, el mandatario Martín Buzzi -dasnevista devenido K- se topó a poco de asumir con una movilización de los trabajadores nucleados en ATE, que exigen el inicio de las negociaciones salariales 2012 y el pago de un plus navideño (que ya fue descartado sin embargo por la cartera económica local).
 
Los estatales exigen una suba salarial del 35%. «Se le elevó al gobernador un pedido de incremento del 35% para la generalidad de los empleados públicos, pero hay que discutir algunas particularidades», afirmó el secretario general del gremio, Edgardo Hompanera.
 
 
Diálogo
 
Por su parte, y en un intento de domar la tensa conflictividad gremial que aqueja a Córdoba, el justicialista crítico José Manuel de la Sota inició días atrás una ronda de diálogos con los sindicatos en conflicto. Sin embargo, en las últimas horas volvieron a estallar las protestas en el combativo ámbito de la salud, que declara una huelga por tiempo indeterminado. En este contexto, el viernes el gremio de los agentes públicos acordó con el Gobierno cordobés postergar hasta febrero los reclamos de mejoras salariales. Hasta ese momento se mantendrá el ámbito permanente de negociación, para luego avanzar hacia acuerdos de reajuste trimestral.
 
En Neuquén, en tanto, el Gobierno de Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino) ya selló un temprano entendimiento con los docentes nucleados en ATEN, que incluye un incremento salarial del 15%. Pero desató luego la reacción de los dirigentes de ATE. «Se fijó el techo salarial que quiere el Gobierno», cuestionó el delegado Jorge Marillán.
 
En rigor, el grueso de las discusiones salariales entre los gremios de la administración pública y los gobernadores se iniciará recién en febrero.
 
Esas conversaciones, junto con las paritarias docentes, marcarán el grado de estrechez que ostentarán las cuentas locales 2012, a partir del hecho del alto impacto que genera el pago de sueldos en los presupuestos de las provincias. 
 
Fuente: ambito.com

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20-09-2026 / 21:09
Detrás de la épica del equilibrio fiscal y la planilla de Excel que el gobierno libertario presenta ante el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 esconde una matriz conocida por la historia argentina: la vieja receta unitaria de fundir al interior profundo para concentrar la caja en el puerto y gobernar por extorsión.
 
Como lo demostró con precisión el diputado nacional entrerriano del PJ, Guillermo Michel, el plan se ejecuta mediante una doble pinza. Por un lado, la Nación se desprende brutalmente de sus obligaciones constitucionales: liquida el Fondo de Incentivo Docente (dejando el salario de los maestros librado a su suerte), desmantela el subsidio al transporte federal —mientras sostiene los privilegios en el AMBA— y abandona las rutas y la obra pública. El mensaje a los gobernadores es cínico: háganse cargo del costo social del ajuste sin un solo peso de financiamiento.
 
Por el otro lado, opera el dispositivo electoral. El Ejecutivo triplica los recursos de la opaca “Jurisdicción 91”, inflando a casi 8 billones de pesos el programa de “Otras Asistencias Financieras”. Una partida fantasma: sin metas físicas, sin control parlamentario y sin criterio objetivo de reparto. Es, lisa y llanamente, la caja negra con la que pretenden obligar a los mandatarios provinciales a desfilar por los despachos de la Rosada para mendigar los sueldos de sus empleados a cambio de sumisión política en las elecciones de 2027.
 
Para perfeccionar el despojo, la recaudación se concentra en tributos que no se coparticipan (retenciones al agro y a la industria), mientras se retienen fondos específicos de combustibles en fideicomisos paralizados. El saldo es un ataque directo a la Constitución Nacional y a la médula misma del federalismo. Frente a este intento de subordinación colonial de las provincias, el peronismo tiene la obligación doctrinaria de alzar la voz, articular con los sectores del trabajo y la producción, y poner un freno institucional: la Argentina es federal o no será.

20-09-2026 / 21:09
30-08-2026 / 09:08
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