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Por Fernanda Vallejos. Diputada Nacional del Frente de Todos, economista - 27-12-2019 / 12:12
POR FERNANDA VALLEJOS. DIPUTADA NACIONAL DEL FRENTE DE TODOS, ECONOMISTA

Sobre las cenizas del neoliberalismo reconstruiremos una nación justa y solidaria

Sobre las cenizas del neoliberalismo reconstruiremos una nación justa y solidaria
Que una nueva ética de la solidaridad sea el cimiento para que todos, en proporción con nuestra capacidad, aportemos al bienestar general, para que nunca más tenga que avergonzarnos el hambre de un niño argentino, para que nunca más el egoísmo neoliberal corrompa el espíritu de la gran Nación que estamos empezando a reconstruir.
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La iniciativa dota al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de los instrumentos para empezar a dar respuesta a problemas urgentes que afectan a una enorme mayoría de argentinos y argentinas, golpeados por cuatro años de gobierno neoliberal, honrando el mandato popular para el que fue elegido: cambiar el modelo económico instaurado por Mauricio Macri y poner de pie a la Argentina.
 
La ley, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, social, sanitaria, previsional, tarifaria, energética, fiscal y administrativa, tiene como punto de partida el profundo deterioro de la economía del país, de las familias, empresas y comercios.
 
La gestión de Macri dejó como saldo:
 
-Una profunda recesión (sólo hubo crecimiento en 2017, sobre 4 años de gobierno), con un derrumbe del 9% del PBI per cápita en relación con 2015.
 
-Un dramático avance del desempleo, que sumó 4 puntos porcentuales a la tasa de desocupación abierta (la más alta de los últimos 12 años), además de la expansión de la informalidad y la precarización laboral.
 
-El permanente deterioro de los salarios de los trabajadores, que sufrieron una caída real de 21,5% entre diciembre de 2015 y septiembre de este año, con una notable heterogeneidad donde los trabajadores informales fueron los más perjudicados y los trabajadores públicos perdieron, también, bastante más que los del sector privado, tal que, para recuperar el poder de compra de 2015 los trabajadores privados deberían obtener incrementos del 23,3%, mientras que los públicos del 27,7% y los informales de 38,3%.
 
-Una fuerte erosión de las jubilaciones, cuya caída real, en 4 años, fue del 20%. Sólo desde el cambio de la fórmula de actualización en diciembre de 2017, los jubilados sufrieron una retracción, en términos monetarios, de $66.798 (en pesos de noviembre de 2019). Agravada, si se consideran otros conceptos que formaban parte del ingreso indirecto, entre los que la pérdida del derecho al acceso a los medicamentos gratuitos resulta la más significativa.
 
-Una trágica expansión de la pobreza y la indigencia. De acuerdo con Schteingart, Zack y Favata, que actualizaron la serie en base a la metodología introducida durante la gestión Todesca, en el cuarto trimestre de 2003, la pobreza alcanzaba al 59,3%% y la indigencia al 22%, en tanto que, para fines de 2015, la pobreza había descendido más de 32 puntos porcentuales, ubicándose en 26,9% y la indigencia, en 4,7%. Es inaceptable que 4 años más tarde la pobreza supere el 35%, según el INDEC, o el 40%, según la Universidad Católica Argentina.

 
Doblemente trágico si se considera que 6 de cada 10 niños, niñas y jóvenes han sido empujados a vivir por debajo de la línea de pobreza. O, si se toma el dato elaborado por Naciones Unidas, que habla de 15 millones de argentinos y argentinas con inseguridad alimentaria.
 
El obsceno avance de la desigualdad. Mientras la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 54 veces en 2003, mejorando notablemente hasta ubicarse en 16 veces en 2015, las políticas marcadamente regresivas de ingresos y precios implementadas durante la gestión Macri, ampliaron esa brecha hasta llevarla a 23 veces en el tercer trimestre de este año.
 
El genocidio productivo. En los últimos 4 años desaparecieron (en términos netos) más de 22.000 empresas, la mayoría de ellas PyMEs.
 
El irresponsable endeudamiento externo del país, que aumentó en más de U$S 100.000 millones. La grave situación de insustentabilidad a la que condujo ese proceso llevó la relación deuda sobre exportaciones, desde 212% en 2015, a 335% en 2019.
 
Con el agravante de que los dólares prestados no se destinaron a la expansión de la capacidad productiva, la mejora de la competitividad sistémica, la generación de capacidad de repago de la deuda que se contrajo, sino que se utilizaron, casi en su totalidad, para financiar una escandalosa fuga de U$S 90.000 millones.
 
La lista podría seguir hasta exceder largamente el espacio de esta columna. No obstante, esta sintética reseña ilustra la situación de emergencia del país.
 
Los instrumentos que surgen de la ley permitirán, entre sus puntos más destacables:
 
La disposición de mayores recursos para luchar contra el hambre y la pobreza.
 
La disposición de mayores recursos para financiar programas de la ANSES y prestaciones para jubilados y pensionados (70% del producido del impuesto del 30% sobre las operaciones con moneda extranjera).
 
El financiamiento de obras de vivienda social y de infraestructura económica y fomento del turismo nacional (30% del producido del mismo impuesto).
 
El congelamiento de las tarifas que, en los últimos 4 años, dificultaron el acceso a los servicios básicos a millones de familias, empresas y comercios.
 
Corregir inequidades tributarias que contribuyeron al avance de la desigualdad en los últimos 4 años, mediante las mejoras legisladas en materia de impuestos a los bienes personales, derechos de exportación, aportes patronales, internos o ganancias.
 
De acuerdo con estimaciones de Proyecto Económico, sólo por las modificaciones introducidas durante la gestión de Cambiemos en materia de Derechos de Exportación, Bienes Personales y Aportes patronales, el Estado Nacional transfirió a las personas más ricas, empresas y exportadores $700.000 millones, que privaron al Estado de redistribuir esos recursos hacia los sectores más vulnerables.
 
Fortalecer el sentido redistributivo de nuestro sistema previsional, mediante el pago de un bono (extra, al aumento vigente de diciembre) de $5.000 para quienes perciben los haberes mínimos, alcanzando la suma de $19.068, y un bono extra para quienes perciben haberes por encima del mínimo hasta alcanzar los $19.068.
 
En el mismo sentido percibirán un bono extra de $2.000 quienes perciben asignaciones. La ley asegura, también, aumentos trimestrales, por decreto, de los haberes para todos los jubilados, durante los 180 días en los que se suspende la aplicación de la fórmula de movilidad aprobada en diciembre de 2017 y que implicó, durante su vigencia, una caída real del 13% de los haberes previsionales.
 
Estos incrementos tenderán a una recomposición más fuerte para quienes perciben los ingresos más bajos. Es importante notar que la brecha de ingresos entre los jubilados en nuestro país se encuentra muy por encima de lo que sucede en otros países y, particularmente, en aquellos que gozan de los mejores índices de desarrollo humano, en tanto un 5% de beneficiarios captura el 20% de los recursos del sistema.
 
En ese marco, el presidente anunció que enviará un nuevo proyecto de ley para terminar con lo que se conoce como "jubilaciones de privilegio", referidas a la diplomacia y el poder judicial, donde los haberes promedio se ubican por encima de los $300.000 y $200.000, respectivamente. En el lapso de 180 días se trabajará en la elaboración de una ley de movilidad, procurando garantizar "una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución". También se convocará a una comisión para tratar las modificaciones que pudieran corresponder sobre los regímenes especiales vigentes.
 
Garantizar mejoras salariales para los trabajadores del sector privado, habilitando al poder ejecutivo a disponer que los empleadores otorguen incrementos salariales mínimos.
 
Promover la desdolarización de la economía, desestimulando las operaciones con divisas, como el atesoramiento de moneda extranjera o el turismo exterior, a través de un impuesto del 30% sobre esas transacciones.
 
Oxigenar la situación de las Pymes, mediante una amplia moratoria que les otorga una ventana temporal para, de la mano con la recuperación de la economía nacional, mejorar su situación antes de pagar.
 
Atender las dificultades de los deudores de préstamos UVA, a través del Banco Central.
 
Garantizar el acceso a la salud y a los medicamentos, promoviendo la equidad, el acceso y la calidad en la atención de la salud para la población en general y para los jubilados, que fueron privados de este derecho en los últimos 4 años. La ley repone el plan Remediar, con el objeto de universalizar el acceso a medicamentos esenciales, así como el monitoreo de los precios de los medicamentos.
 
Negociar la deuda pública, asegurando su sostenibilidad, en un marco de compatibilidad con la recuperación de la economía real y de los indicadores sociales de la Argentina.
 
Reestructurar el esquema tarifario del sistema energético, con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva.
 
El 10 de diciembre inauguramos un nuevo tiempo histórico en nuestro país. Para salir de la emergencia, detener el derrumbe de la economía, retomar el crecimiento y encaminarnos a un desarrollo sustentable. Pero también para volver a mirarnos como comunidad nacional, en el marco de una unidad sin exclusiones, en la que una nueva ética de la solidaridad sea el cimiento para que todos, en proporción con nuestra capacidad, aportemos al bienestar general, para que nunca más tenga que avergonzarnos el hambre de un niño argentino, para que nunca más el egoísmo neoliberal corrompa el espíritu de la gran Nación que estamos empezando a reconstruir.
 
Fuente: Ámbito Financiero
 

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