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Por Fundavida* - 08-02-2012 / 18:02

Urribarri no podrá concretar la Ley 10.092

Urribarri no podrá concretar la Ley 10.092
"También constituye un escándalo la opinión del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien dijo que "con este proyecto no se privatizará ni un centímetro de las tierras públicas de la provincia" y el silencio oprobioso del Secretario de la Producción, Roberto Schunk, y el de Ambiente Sustentable, Fernando Raffo, cómplices necesarios, por responsabilidad institucional, de este proyecto nefasto", afirman desde Fundavida.
A pocos días de sancionada en la legislatura entrerriana la Ley 10.092, que habilita la creación de "Arroz del Delta Entrerriano S.A.", se desató una cadena de rechazos masivos que no sólo parten de esta provincia sino que alcanza a todo el país.
 
El malhadado proyecto es definitivamente un escándalo porque dispone la privatización y entrega a particulares de todas las tierras fiscales de Entre Ríos y sus puertos, a una ignota sociedad anónima.
 
Lo ocurrido en La Rioja, donde Beder Herrera tuvo que suspender su habilitación a la minería en el Famatina, es antecedente directo de lo que ocurrirá con la Ley que entrega tierras públicas a particulares.
Centenares de miles de hectáreas, entre las se destacan los humedales del Delta entrerriano serían tomados, de cumplirse esta ley, por la agricultura industrial que está haciendo catástrofes en toda la Pampa Húmeda.
 
El proyecto aprobado es de una desprolijidad notable, lo que revela la impunidad que pretenden algunos sectores de intereses que abiertamente buscan apropiarse del patrimonio público.
 
Esto se revela evidente cuando la ley refiere sin precisarlas a "las tierras fiscales" de la provincia, por lo que se habilita, no sólo los humedales sino también otros predios que serían traspasados sin demora ni costos a los sospechosos beneficiarios de la norma.
 
También es grotesco y desprolijo que se derogue toda legislación que se oponga a la ley sancionada, cuando entre esta legislación se encuentra la lograda a través de las luchas populares para preservar los santuarios naturales de la contaminación y la agresión con agrotóxicos.
 
Para colmo de osadía y desparpajo, el mismo instrumento legal pretende transferir un crédito de 50 millones de dólares, a tomar por el Estado Provincial con garantía de la Coparticipación Federal, a los mismos "anónimos" beneficiarios particulares de este inconcebible proyecto.
 
También constituye un escándalo la opinión del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien dijo que "con este proyecto no se privatizará ni un centímetro de las tierras públicas de la provincia" y el silencio oprobioso del Secretario de la Producción, Roberto Schunk, y el de Ambiente Sustentable, Fernando Raffo, cómplices necesarios, por responsabilidad institucional, de este proyecto nefasto.
 
La ciudadanía provincial ha manifestado a través de organizaciones sociales, políticas y ambientales, en forma unánime, rechazo a este proyecto y las presentaciones ante la justicia han comenzado en lo que pensamos podría llegar a ser una catarata de recursos legales de persistir las autoridades provinciales con esta iniciativa claramente inconstitucional.
 
Tal el escenario planteado, no tenemos ninguna duda que finalmente esta norma deberá ser derogada y el tiempo que se tome el gobierno en hacerlo, será directamente proporcional al costo político que deberá pagar, por haber propiciado esta escandalosa Ley.
 
Lo sucedido en La Rioja, donde el gobernador Beder Herrera tuvo que dar marcha atrás con el proyecto de minería a cielo abierto que había habilitado en el cerro Famatina, es un antecedente directo de lo que finalmente ocurrirá aquí.
 
En La Rioja, Herrera, quien había cambiado radicalmente de opinión respecto de la minería a cielo abierto, accedió al gobierno provincial prometiendo la intangibilidad de la naturaleza provincial y luego de conocerse que posee cuentas en bancos extranjeros por 50 millones de dólares apareció haciendo lobby por estos proyectos rechazados masivamente, no sólo por los riojanos sino también en todo el país, lo que generó manifestaciones multitudinarias en toda la geografía nacional.
 
No se puede gobernar tan abiertamente contra los intereses de la gente, tampoco se podrá frenar a las organizaciones sociales en todo el país que se están manifestando contra esta norma.
 
A fin de mes, en la capital de Corrientes tendrá lugar un encuentro ecuménico de organizaciones sociales, políticas y ambientales, para manifestarse a favor de la naturaleza y en oposición contra las agresiones que se están planeando contra ella en el litoral.
 
En la agenda de ese encuentro, auspiciado entre otros por Fundavida, se encuentra en lugar destacado el rechazo a la ley 10.092, que no dudamos finalmente deberá ser derogada.
 
*www.fundavida.org.ar
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