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Nacionales - 09-06-2011 / 10:06
RESISTENCIA PERONISTA, REBELIÓN DEL GENERAL VALLE, FUSILAMIENTO ILEGALES DE MÁS TREINTA PERONISTAS SUBLEVADOS. EL COMIENZO DEL TERRORISMO DE ESTADO.

Operación Masacre: Sublevación peronista y fusilamientos ilegales en basurales y cárceles

Operación Masacre: Sublevación peronista y fusilamientos ilegales en basurales y cárceles
Los fusilamientos de la Moncloa, pintura del aragonés Francisco Goya y Lucientes, titulada El tres de Mayo de 1808 (Pintada en 1814)
¿Por qué conmemoramos el 9 de Junio como el Día de la Resistencia? Porque el 9 de junio de 1956 se desencadenó una sublevación cívico-militar, encabezada por el general Juan José Valle, en contra de la dictadura militar, antipopular y gorila, de Aramburu y Rojas. El objetivo era exigir la vuelta al sistema democrático y la restauración de las conquistas sociales obtenidas por la clase trabajadora durante el gobierno peronista.
 
La rebelión fue la respuesta natural del pueblo ante la agresión de los militares que en junio de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo, asesinando a más de 300 personas y en septiembre del mismo año derrocaron a Perón, iniciando una feroz persecución de militantes y simpatizantes justicialistas.

Escribe: Blas García

El Cordobazo, crónica de una insurrección popular
Blas Garcia
La conspiración de 1955
  
Con el correr del año 1955 la actividad conspirativa de los sectores liberales dentro de las Fuerzas Armadas se había incrementado. Se produjeron movimientos contrarios al gobierno en diversas bases militares que culminaron el 16 de junio, con un bombardeo de sediciosos pilotos navales y de la fuerza aérea, en horas del mediodía, a la Plaza de Mayo, colmada de gente, con la confesada intención de asesinar al Presidente Juan Perón.
 
Como saldo del ataque quedaron cientos de civiles heridos y muertos. El gobierno logró detener el golpe de Estado, pero la conspiración antiperonista se había ampliado. En ese momento el único sector social decidido a sostener a Perón era la clase trabajadora.

 
El golpe gorila
  
El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe militar contra el gobierno constitucional de Perón. Los jefes del levantamiento, autodenominado "Revolución Libertadora", son los generales Pedro Eugenio Aramburu, Eduardo Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas.
 
El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia de la República con una frase que luego fue desvirtuada por la realidad de los hechos: "Ni vencedores, ni vencidos".
 
Los partidos políticos gorilas festejaban en las calles. El Comité Nacional de la UCR brindó su apoyo al gobierno militar explicitando textualmente que "la revolución triunfante por el sacrificio de soldados, marinos, aviadores y civiles unidos por su patriotismo y amor a la libertad, abre una gran esperanza".
 
Incluso notorios radicales como los doctores Roque Carranza, Carlos Alconada Aramburú, y en Entre Ríos, Sergio Montiel, resultaron ser relevantes conspiradores y comandos civiles.
 
Mientras tanto, el Movimiento Peronista se encuentra desorganizado y lo previsible ocurre. Con  la caída de Perón se produce el desbande general de los viejos dirigentes; muy pocos permanecerán en sus puestos de lucha.
 
Los comandos civiles atacan los locales obreros y los ocupan a punta de pistola (se interviene la CGT, se asaltan los locales partidarios y se encarcela a sus dirigentes más representativos). Pero la resistencia surgió rápida y espontánea en las bases populares indignadas por el derrocamiento de Perón, aunque sus dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos.

 
Política de los "libertadores"
  
El nuevo gobierno "de facto" toma medidas de neto corte antipopular que tiende a sustituir el sistema de bienestar del peronismo.
 
El Plan Prebisch, alentado por el nuevo gobierno de facto, considera que existe una crisis económica en el país. Para salir de ella, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, propone y efectiviza: fuerte incentivo a la producción agropecuaria, restablecimiento del mercado libre de cambios, acudir al crédito exterior, congelar sueldos y salarios, admitir la entrada de capital extranjero y la devaluación del peso argentino.
 
Consecuentemente, dispone el ingreso como país-socio al Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pero grupos de militares cerradamente antiperonistas (llamados "gorilas") entienden que Lonardi es demasiado blando y no lleva a cabo la tarea de "desperonizar" al país con suficiente energía y lo remplazan por Aramburu.

 
Se deroga la Constitución de 1949
  
Con Aramburu comienza una etapa de mayor represión. Se disuelve el Partido Peronista y se intervienen más sindicatos. El 1º de Mayo de 1956 se vuelve a poner en vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas sociales realizadas en 1949.
 
En la Constitución de 1949 se habían incorporado los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte.
 

Recrudece la política represiva
  
Paralelamente al cambio presidencial, se agudiza la represión, llevándose a la práctica decretos leyes como el 4.161, que desautoriza toda actividad peronista (se prohíbe nombrar a Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc.) también se proscribe electoralmente al peronismo y se secuestran los restos mortales de Evita.
 
El 22 de Febrero de 1956 estalla un polvorín militar en el Gran Buenos Aires, cerca de la Av. General Paz, y se suceden diferentes atentados: comienza a hablarse de la Resistencia Peronista.
 
Empieza una sorda resistencia inorgánica, con tres polos de desarrollo: la fábrica, el barrio y los militares peronistas. Desde el exilio, Perón envía "directivas secretas" a los dirigentes peronistas para intentar organizar la Resistencia, menciona especialmente a la Juventud Peronista y nombra a John William Cooke su delegado personal para coordinar la Resistencia.

 
La resistencia peronista
  
El año 1956 se caracteriza por el aumento de la oposición peronista al gobierno de Aramburu, la creciente tensión social y la crisis profunda que sacude al régimen.
 
En el 56 comienzan a organizarse en forma embrionaria agrupaciones gremiales ligadas a jóvenes peronistas, nucleados fundamentalmente en los barrios. Estos grupos juveniles se organizarán progresivamente hasta confluir al año siguiente en la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Spina, Felipe Vallese y otros. Aparecen varios periódicos ligados a ese sector (Norte, Línea Dura, etc.)

 
Se amplia la intransigencia
  
La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y críticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.
 
El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov".
 

Experiencias insurreccionales
  
En esta etapa se realizaron alzamientos cívico-militares -la revolución del general Juan José Valle y, posteriormente, la asonada del general Iñiguez- y se probaron otras formas de lucha que incluyeron experiencias insurreccionales -la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, encabezada por Sebastián Borro, que puso en pie de guerra al barrio de Mataderos durante una semana-, y experiencias guerrilleras rurales como fue la de los Uturuncos desarrollada en Tucumán y Santiago del Estero entre octubre de 1959 y junio de 1960.
 
Además, el peronismo participaba, aunque estaba proscripto, en las elecciones apoyando a otros candidatos en contra de los radicales, que eran los representantes civiles de la dictadura militar.

 
La conducción de Perón
  
La habilidad conductora de nuestro Líder, consistió en incluir dentro de su Movimiento a todos los que criticaban al sistema político-social, impulsando la organización frente a la proscripción del peronismo, y la pelea contra una dictadura que los perseguía, encarcelaba y fusilaba.
 
Perón combinaba todas las formas de lucha, las aprovechaba a todas, porque no confundía táctica con estrategia, ni objetivos inmediatos con objetivos fundamentales. El régimen gorila retenía el poder, pero la presencia del peronismo que lo hostigaba, lo acechaba y lo combatía, le impedía hacerlo funcionar plácidamente.
 
Con la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre termina la etapa del Peronismo de la Resistencia, y le sucede el Peronismo Revolucionario, cuyo nacimiento simbólico fue la toma, en 1961, de un cuartel de guardia aeronáutico en Ezeiza por parte de un grupo dirigido por el legendario Jefe de la JP, Gustavo Rearte, y donde participan "Cacho" El Kadri, "El Petiso" Spina, Carlitos Caride y Felipe Vallese, entre otros. Pero esa es otra historia.
 

La revolución del General Valle
  
En el marco de la resistencia anti-oligárquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.
 
El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.
 
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.
 

El escarmiento: Operación Masacre
  
Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados 31 patriotas revolucionarios peronistas. En estos hechos, conocidos como "Operación Masacre", fueron ultimados, en horas de la madrugada del 10 de Junio: Mario Brión, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti.
 
El asesinato se realizó en total desorden, en un descampado que servía de basural, en José León Suárez. Los detenidos fueron bajados de los camiones, no se los hizo formar ni se armó el pelotón correspondiente y se les disparó por la espalda. El desconcierto permitió que, aunque algunos murieran, otros pudieran escapar y, en algunos casos, sin recibir ni un impacto de bala. Los que escaparon fueron los testigos de la saña y el sadismo de los represores.
 
El Capitán Jorge M. Costales y los civiles Osvaldo Alvedro, Dante H. Lugo, Clemente Ros y Norberto Ros, que al mando del Coronel José A. Irigoyen, pretendieron instalar en Avellaneda el comando Valle, fueron capturados y asesinados en la Unidad Regional de la Policía de Lanús en la madrugada de ese mismo día 10 de junio.
 
El Coronel Oscar L. Cogorno, jefe del levantamiento en La Plata, fue ejecutado en el cuartel del Regimiento 7. El Subteniente de Reserva Alberto Abadíe, herido en la refriega, es previamente curado y al anochecer del 12 de Junio, considerado apto para el pelotón, al cual se enfrentó en el Bosque. También murieron en manos de las fuerzas de represión Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zaneta.
 
El 10 de Junio, fueron juzgados en Campo de Mayo los Coroneles Alcibíades E. Cortínez y Ricardo Salomón Ibazeta, junto a cuatro oficiales subalternos: Dardo N. Cano, Eloy L. Caro, Jorge L. Noriega y Néstor M. Videla.
 
El tribunal resolvió que no se condene a muerte a los siete acusados, pero el Almirante Isaac Rojas  ordena por decreto el fusilamiento pasando por sobre la cosa juzgada.
 
Al mismo tiempo fueron fusilados en la Escuela de Mecánica del Ejército los cuatro suboficiales que la habían tomado: Miguel A. Paolini, Ernesto Gareca, Isauro Costa y Luís Pugnetti.
 
En la Penitenciaría Nacional, de la Av. Las Heras, se fusila a los tres suboficiales del Regimiento 2 de Palermo que intentaron tomarlo: Hugo E. Quiroga, Luciano I. Rojas y  José M. Rodríguez.
 
Ese mismo 11 de Junio es ametrallado y herido de muerte frente a las instalaciones del Automóvil Club Argentino Miguel Ángel Mauriño, quien es dejado en el Hospital Fernández, donde falleció.
 
El 12 de Junio se entregó el General Juan José Valle, a cambio de que cese la matanza, ante la amenaza de asesinar a un detenido por día hasta su detención. Fue fusilado esa misma noche en la Penitenciaría Nacional pese a que ya se había levantado Ley Marcial.
 
"Se acabó la leche de la clemencia" dirá después el dirigente socialista Américo Ghioldi.

 
Terrorismo de Estado
  
Todas estas ejecuciones se sucedieron en menos de 72 horas, en seis lugares distintos; todas ellas estaban descalificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional: "...queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos..."
 
No hubo juicio previo, ni derecho a defensa de ningún tipo, ni ninguna posibilidad de indulto, sino que la misma madrugada del alzamiento se empezó a ejecutar peronistas a mansalva, sin contemplaciones.
 
En algunos casos se aplicó retroactivamente la Ley Marcial a quienes habían sido detenidos con anterioridad a su dictado, en otros se pasó por sobre la cosa juzgada, en otros no se tomó en cuenta el desistimiento de la acción armada, que hacen a la primera intimación los acusados; en otros se aplicó la Ley Marcial  cuando ya no estaba en vigencia. Se trató, en definitiva, de un asesinato bárbaro, arbitrario e ilegal.
 
De esa acción criminal nacieron muchos de los odios que perduraron en las décadas siguientes. Hubo también mucho de simbolismo en todas estas muertes "ejemplificadoras", porque allí, en los basurales de José León Suárez,  comienza a dibujarse la siniestra cara de lo que luego seria el Terrorismo de Estado.
 
Los fusilamientos de junio de 1956 tienen muchas similitudes con la represión desatada veinte años más tarde que puede considerárselos un anticipo del Genocidio de Estado y no como una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional "de mano dura", en una época de fuertes tensiones sociales.
 
Se trató de la instalación del terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida a favor del gran capital nacional y extranjero.
 
Como señala el historiador Norberto Galazo, la barbarie de las ejecuciones al margen de la ley emparentó esa tragedia de 1956 con la matanza que siguió a marzo de 1976.
 
En las décadas siguientes al 55, el peronismo es proscrito y perseguido por gobiernos militares y civiles seudo-democráticos que durarían hasta 1973. Ese año, y en elecciones libres, el peronismo, por amplia mayoría, volvió a ser gobierno por tercera vez desde su nacimiento en 1945.
 
Escribe: Blas García

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Operación Masacre: Sublevación peronista y fusilamientos ilegales en basurales y cárceles
Infografía del diario Clarín.
21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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