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Entre Ríos - 24-07-2009 / 10:07
Los desocupados demandan la implementación de un seguro de desempleo, a partir del artículo 24 de la nueva Constitución Provincial.

Bordet calificó de “metodología cuasi extorsiva” a la toma de la CAFESG

Bordet calificó de “metodología cuasi extorsiva” a la toma de la CAFESG
El intendente de Concordia calificó la protesta como "cuasi extorsiva".
El intendente de Concordia, Gustavo Bordet, rechazó la protesta de trabajadores desocupados:"estamos convencidos que estas no son prácticas conducentes a obtener objetivos"
El intendente de concordia calificó la protesta como "cuasi extorsiva" por lo que "no podemos de ninguna manera apoyar acciones de este tipo.
 

El intendente indicó: "ponemos a disposición nuestros oficios y nuestra voluntad de solucionar" el reclamo, pero aclarando que "estamos convencidos que estas no son prácticas conducentes a obtener objetivos". Bordet asentó su rechazó en que "hay instituciones receptivas tanto en la Provincia como en el Municipio", insinuando que no sería necesario una protesta de este tipo.
Manifestó a su vez que "hemos estado abiertos a todo tipo de planteo, de reclamo, provengan de donde provengan".

 

Consultado respecto a un presunto apoyo del Municipio al reclamo de los desocupados liderados por Juan Retamar, fue contundente al decir que "considero que no es apropiada esta metodología", ya que "no conduce a nada" y las calificó como "metodologías cuasi extorsivas".

 

Asimismo contrapuso con el carácter de la protesta que "nosotros dialogamos, como la Provincia dialoga", por lo que dijo que "me llama la atención que se recurran a esta práctica de tomar edificios públicos. No lo comparto en lo más mínimo".


Finalmente reiteró que "no podemos de ninguna manera apoyar acciones de este tipo"; aclarando que "podemos compartir los objetivos; pero debe reglamentarse ese artículo, para ello hay una legislatura y eso deberá tener su proceso", sostuvo.
Fuente: Diario Río Uruguay

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25-02-2020 / 17:02
La conocida ley de Murphy se basa en el adagio: "Si algo malo puede pasar, pasará". Esta frase, que denota una actitud bastante pesimista ante el devenir de acontecimientos futuros, puede aplicarse a todo tipo de situaciones, desde las más triviales de la vida cotidiana hasta las más trascendentes.
 
Todo lo que podía complicarse en este verano, se complicó. Las principales banderas que había levantado la gestión de Gustavo Bordet durante su primer período, como el equilibrio fiscal y la buena relación con los gremios, pueden entrar en zona de turbulencia en el inicio del segundo. Ahora el escenario es de restricciones financieras. A la actual gestión no le sobra dinero; le faltan recursos.
 
Los salarios de los estatales comprenden el capítulo que más desvela al Ejecutivo provincial. Sobre todo, las consecuencias de la cláusula gatillo y la dificultad para reunir los fondos para cubrir la planilla salarial de los empleados públicos y docentes. A esto se suman el inicio de las discusiones salariales para este año.
 
Hasta en los gremios más cercanos al peronismo, las bases comenzaron a presionar para que los reclamos se endurezcan. Inclusive, UPCN provincial reclama la apertura de la paritaria y se declara en estado de "alerta y movilización". Sería insólito ver al secretario general, José Allende, al frente de un acto la Casa Gris y con amenaza de paro.
 
Además, los tiempos apremian y el comienzo del calendario escolar se acerca. En tanto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, lleva adelante las negociaciones más difíciles. El funcionario fue claro: la situación es complicada en el escenario local, pero también en el nacional. El Gobierno local subraya permanentemente las recomposiciones que hubo en años anteriores, las que entiende como indiscutiblemente beneficiosas para los trabajadores, porque cubrieron la inflación.
 
El Ejecutivo provincial se monta en las negociaciones salariales nacionales con el sector docente; no las definirá a nivel local sin esas pautas. El resto de los gremios estatales esperan convocatorias. Lo que no termina de quedar claro, en relación a la cláusula gatillo, es si será suspendida o eliminada. Se está conversando y se analizarán opciones. Aunque se ponderó las mejoras que implicó mientras estuvo vigente, en el país ya no se aplicaría.
 
La cláusula gatillo vive en el reclamo sindical, pero desapareció del diccionario gubernamental. La Casa Gris se plegaría a la ola nacional, esa que le dio el certificado de defunción a la cláusula, y que ahora promueve acuerdos cortos: trimestrales o semestrales, con porcentajes fijos. ¿Habrá conflictos?
 
La ley de Murphy capta la tendencia general a enfatizar las cosas negativas que pueden ocurrir; y es habitualmente formulada en su variante "Si algo puede salir mal, saldrá mal". Su espíritu conlleva el principio de diseño defensivo: el anticipar los errores que el funcionario pueda cometer, para que no estallen conflictos que dañen la gestión y afecten la gobernabilidad.
 
La Opinión Popular

25-02-2020 / 10:02
 
Un claro ejemplo de la administración macrista en la obra pública es lo que ocurrió con Entre Ríos, un provincia que no era manejada por Cambiemos y una ruta en la que aparecía una empresa "sospechada de kirchnerismo".
 
Ocurrió con la Ruta Nacional 18, que atraviesa toda la provincia de Entre Ríos, desde Paraná hasta Concordia. Es una ruta esencial y la licitación consistía en construir dos vías en cada sentido, algo fundamental.
 
Los trabajos estaban adjudicados a la Unión Transitoria de Empresas integrada por CPC y Rovella Carranza, con un presupuesto aprobado de 1.380 millones de pesos. En febrero de 2016 la obra tenía un avance del 40 por ciento.
 
CPC es la constructora que encabezan Cristóbal López y Fabián De Sousa, de manera que por esa sola razón suspendieron las obras. Los trabajos no sólo se paralizaron, sino que se cajonearon los trámites pendientes y nunca se resolvieron.
 
Pasaron casi cuatro años. Quienes estuvieron cerca del caso afirman que las autoridades simplemente dijeron "no está en nuestro interés" y levantaron hasta las inspecciones, o sea que sacaron a la persona encargada de evaluar los avances.
 
El informe de Vialidad dice: "obras paralizadas sin ningún trámite técnico asociado". O sea, sin ninguna justificación de ninguna naturaleza. Ni siquiera se adujeron sobreprecios o maniobras de alguna índole. Tampoco se hizo una presentación judicial ni se cuestionó nada de la licitación o los contratos. Desde febrero de 2016, nada de nada.
 

24-02-2020 / 08:02
24-02-2020 / 08:02
23-02-2020 / 11:02
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