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Entre Ríos - 24-07-2009 / 10:07
Los desocupados demandan la implementación de un seguro de desempleo, a partir del artículo 24 de la nueva Constitución Provincial.

Bordet calificó de “metodología cuasi extorsiva” a la toma de la CAFESG

Bordet calificó de “metodología cuasi extorsiva” a la toma de la CAFESG
El intendente de Concordia calificó la protesta como "cuasi extorsiva".
El intendente de Concordia, Gustavo Bordet, rechazó la protesta de trabajadores desocupados:"estamos convencidos que estas no son prácticas conducentes a obtener objetivos"
El intendente de concordia calificó la protesta como "cuasi extorsiva" por lo que "no podemos de ninguna manera apoyar acciones de este tipo.
 

El intendente indicó: "ponemos a disposición nuestros oficios y nuestra voluntad de solucionar" el reclamo, pero aclarando que "estamos convencidos que estas no son prácticas conducentes a obtener objetivos". Bordet asentó su rechazó en que "hay instituciones receptivas tanto en la Provincia como en el Municipio", insinuando que no sería necesario una protesta de este tipo.
Manifestó a su vez que "hemos estado abiertos a todo tipo de planteo, de reclamo, provengan de donde provengan".

 

Consultado respecto a un presunto apoyo del Municipio al reclamo de los desocupados liderados por Juan Retamar, fue contundente al decir que "considero que no es apropiada esta metodología", ya que "no conduce a nada" y las calificó como "metodologías cuasi extorsivas".

 

Asimismo contrapuso con el carácter de la protesta que "nosotros dialogamos, como la Provincia dialoga", por lo que dijo que "me llama la atención que se recurran a esta práctica de tomar edificios públicos. No lo comparto en lo más mínimo".


Finalmente reiteró que "no podemos de ninguna manera apoyar acciones de este tipo"; aclarando que "podemos compartir los objetivos; pero debe reglamentarse ese artículo, para ello hay una legislatura y eso deberá tener su proceso", sostuvo.
Fuente: Diario Río Uruguay

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31-01-2023 / 17:01
30-01-2023 / 17:01
30-01-2023 / 08:01
Todas las actividades productivas necesitan del Estado, todas sin excepción: la industria, el comercio, los servicios, la agricultura, la ganadería, la minería... Algunas para recibir un empujón inicial, otras para mantenerse en circunstancias adversas. A pesar de tantas evidencias de la necesidad imprescindible del rol activo del Estado, la elite económica-mediática-financiera, los dirigentes macristas y los economistas neoliberales mantienen un fuerte discurso antiestatista sostenido por una ideología de libre mercado a ultranza. Para esos sectores poderosos las ganancias deben privatizarse y las pérdidas socializarse; y el Estado no debe interferir en ese proceso, más bien debe garantizarlo.

El sector agropecuario más concentrado, con la Sociedad Rural a la cabeza, es uno de los voceros más fanático del discurso anti estatista. Se advirtió con crudeza el año pasado cuando se negó a vender la cosecha de soja, millones de toneladas guardadas en silobolsas en los grandes campos, para presionar al gobierno nacional en busca de un tipo de cambio privilegiado: el dólar-soja, el que finalmente obtuvo por sus potentes espaldas, más potentes que las del propio Estado. Con ganancias récord durante el primer semestre de 2022 y la mejor liquidación de divisas de la historia en el mes de mayo, las patronales del campo aumentaron sus exigencias, presionando por la devaluación, aunque eso profundizara la inflación y una crisis social.

Pasaron unos pocos meses y esos discursos de fuerte tono anti estatista cambiaron radicalmente. ¿Qué sucedió para motivar semejante mutación? Un 55% del territorio nacional, lo que equivale a 1,64 millón de km², sufre la falta de agua en los suelos y a eso se suman las altas temperaturas. Una contingencia climática, la sequía, hizo que aquellos evidentes enemigos del Estado de pronto acudieran a él en busca de apoyo económico para afrontar la emergencia. En los grandes medios porteños comenzó a repetirse una y otra vez que "el campo no aguanta más", que "la presión tributaria es muy alta" y toda una batería de frases hechas y lugares comunes para justificar los reclamos de los terratenientes.

No es que esté mal que el Estado acuda en auxilio del "campo" y de quien lo necesita, lo que sucede es que hay que prestar atención a estos cambios tan drásticos de los discursos para no perder de vista qué intereses económicos están en juego detrás de ellos. "No tengan ninguna duda nuestros productores e instituciones que los representan de qué vamos a estar trabajando codo a codo, como siempre, para poder mitigar los efectos de esta sequía y tener la posibilidad de reconstruir un capital de trabajo de cara a la próxima campaña de cosecha", afirmó el gobernador Gustavo Bordet. El ministro Sergio Massa, en la misma reunión, resaltó "el trabajo asociativo y que importante es que el Estado le ponga a este trabajo asociado, a estas voluntades asociadas inversión y recursos, porque son recursos que siempre  quedan en los pueblos", aseguró.
 
El 28 de diciembre, el gobierno de Bordet declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 para las explotaciones agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas y apícolas. Es evidente que el Estado, aún en condiciones normales, respalda a la actividad agropecuaria de muchas maneras. Existen innumerables programas de apoyo económico y financiero, con créditos fuertemente subsidiados y extensos plazos para su devolución, e incluso aportes no reintegrables, destinados a ayudar a la compra de terneros, vacas, reproductores, para reservas forrajeras, construcción de aguadas, para siembra de granos, para mejoramiento de la infraestructura rural, electrificación, para la industria frigorífica, la actividad porcina, la actividad ovina, la industria láctea, la chacra mixta, para afrontar emergencias como sequía e incendios y muchos otros programas imposibles de citar en su totalidad en esta columna.



28-01-2023 / 18:01
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