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Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
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Nacionales - 28-06-2010 / 09:06
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 28 DE JUNIO DE 1966 CAE ARTURO ILLIA

Derrocamiento del presidente radical Arturo U. Illia

Derrocamiento del presidente radical Arturo U. Illia
Arturo Umberto Illia asume la presidencia de Argentina el 12 de octubre de 1963.
La década de los '60, en la Argentina, estuvo signada por la impronta de los golpes militares: primero, a Arturo Frondizi, en 1962; luego al radical Arturo Illia, en 1966. Ambos golpes vinculados con uno de los temas más conflictivos de ese período: la imposibilidad de resolver el problema de la proscripción del peronismo, mantenido desde la sedición militar del 16 de septiembre de 1955.
 
Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del hecho de haber sido elegido en elecciones tramposas, a causa de la proscripción del peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda minoría.
 
El triunfo del peronismo en 1965 agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas y el golpe militar de Onganía se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967. La restauración oligárquica de 1955 se tragó al último de sus hijos civiles.
  
De la redacción de La Opinión Popular

Inestabilidad política permanente
 
Luego del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 que derrocó al Presidente Constitucional Juan Perón se inició un largo período de inestabilidad política en la Argentina. Los militares proscribieron al peronismo y sus partidarios recurrían una y otra vez al voto en blanco para expresar su rechazo a las elecciones convocadas sin su participación.
 
Por otra parte la Unión Cívica Radical se dividió en dos, según la postura que cada sector asumía frente al peronismo: rechazando los radicales intransigentes (UCRI) o aceptando los radicales del pueblo (UCRP) su proscripción.
 
En 1961, el Presidente Arturo Frondizi (UCRI) legalizó al peronismo, que triunfó ampliamente en las elecciones para gobernadores del 18 de marzo de 1962. Once días después Frondizi fue derrocado y detenido por el golpe del 29 de marzo de 1962, que resultó en la toma del poder por parte de José María Guido, títere de los militares, quien anuló las elecciones, volvió a proscribir al peronismo, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones limitadas y controladas por los militares.
 
En esas condiciones se convocaron las elecciones del 7 de julio de 1963 en las que resultó electo Arturo Umberto Illia. Los resultados fueron los siguientes:
 
Arturo U. Illia - Carlos Perette (Unión Cívica Radical del Pueblo) con 2.441.064 votos, el 25,14%.
 
Votos en blanco: 1.827.464 votos, el 18,82%.
 
Oscar Alende - Celestino Gelsi (Unión Cívica Radical Intransigente) 1.593.992 votos, el 16,41%.
 
En el Colegio Electoral, la fórmula encabezada por Arturo Illia obtuvo 270 votos sobre 476 electores el día 31 de julio de 1963.
 
 
Gobierno de Illia
 
No interesa hacer un análisis del gobierno de Illia sino destacar que se fue quedando sólo con el apoyo de las magras huestes de la UCRP, pues careció de política y en su lugar siguió varias políticas -a menudo contradictorias- que terminaban por dejarlo mal con todo el mundo.
 
En esos tiempos el radicalismo se dividía en tres sectores: el balbinismo, basado en los medianos productores rurales de la provincia de Buenos Aires, y por ello de naturaleza pro-oligárquica; el unionismo conservador (del que Fernando De la Rúa sería un exponente) más relacionado con el poder tradicional, y el sabbatinismo cordobés, mas nacionalista, descendiente de los conservadores.
 
Lo real es que el radicalismo era un conglomerado de diversos sectores y tendencias de la burguesía unidos en función de la nostalgia; su gobierno fue un campo de batalla donde se enfrentaban los intereses económicos, sin que la crisis estructural del capitalismo argentino le permitiese satisfacer totalmente a ninguno ni integrarlos en un modus vivendi aceptable.
 
Mientras el "desarrollismo" lo calificaba de liberal anacrónico, Aciel, la UIA, la Bolsa de Comercio y Alsogaray, entre otros, denunciaban el rumbo "colectivista" que se imprimía al Estado.
 
Durante el gobierno de Illia hubo varios hechos importantes: la ley de medicamentos (conocida como Ley Oñativia), de defensa de los laboratorios nacionales y la anulación de los contratos de concesión de petróleo (Banca Loeb, Pan American, Tennessee, Shell, Esso) firmados por Frondizi, ambos hechos, según la leyenda radical, pudieron ser la causa de la caída del radicalismo en 1966.
 
 
Nacionalismo retórico
 
Como bien lo definía un prohombre del peronismo, John William Cooke, su nacionalismo, en cuanto quiso salir de la retórica proselitista, reveló su falta de realismo y su superficialidad demagógica.
 
La anulación de los contratos de petróleo le echó encima la furia de los representantes de los monopolios y terminó lastimosamente con la claudicación ante las compañías concesionarias; las declamaciones contra el Fondo Monetario Internacional, en una peregrinación a las fuentes que había comenzado por antagonizar; los principios irigoyenistas en política internacional, en un satelismo a dúo con el cipayismo gorila de Brasil.
 
Es que el nacionalismo sólo es posible como una política antiimperialista consecuente -que no sólo estaba fuera del alcance de la UCRP como práctica sino también como concepción-; y si en lugar de ella se toman medidas aisladas dentro del contexto de nuestra dependencia integral, el resultado es, que al final hay que buscar acuerdos con el imperialismo pagando altos precios económicos y políticos para compensar los desplantes iniciales.
 
 
Obrerismo aparente
 
Un supuesto obrerismo lo llevó a proyectar y aprobar las reformas a la ley 11.729, apuntalando de paso la maniobra divisionista en alianza con los sindicalistas "amarillos" independientes, contra las 62 y la CGT peronista, terminó en el veto posterior a 59 de sus 63 artículos, ante la presión empresaria quedando mal con patrones y obreros.
 
En febrero de 1964, la CGT anuncia su Plan de Lucha, que en mayo produce diez mil ocupaciones (pacíficas y breves) de establecimientos fabriles.
 
Paralelamente, se inicia el Operativo Retorno de Perón en 1964, que fracasa por la negociación de Augusto Timoteo "El Lobo" Vandor con Miguel Ángel Zabala Ortiz: el avión que conduce al líder desterrado y proscrito es detenido en Río de Janeiro y enviado de vuelta a España.
 
Las compadradas radicales sobre la poca importancia de Perón y de sus anuncios de retorno, concluyeron en el espanto y la apelación a la tiranía brasileña para que parasen el avión en que viajaba el ex presidente.
 
Por último, las afirmaciones de Ricardo Balbín de que al peronismo lo esperaban en las urnas para derrotarlo, es seguida por la aplastante derrota de marzo del 65 y la alucinada y permanente conclusión de que "el radicalismo no fue comprendido aun por el pueblo".
 
Los militares se fueron convenciendo de que el gobierno radical no podría con el peronismo, el "hecho maldito del país burgués".
 
 
Gobierno débil
 
El gobierno del Presidente Arturo Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del hecho de haber sido elegido en elecciones tramposas, a causa de la proscripción del peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda minoría.
 
La falta de reconocimiento de legitimidad al gobierno de Illia por parte de los peronistas, se vio agravada por el plan de lucha del movimiento obrero, afectado por la decisión del gobierno de sancionar una legislación sindical sin consultar a los sindicatos.
 
En el año 1965 el gobierno convocó a elecciones legislativas eliminando todas las restricciones que pesaban sobre el peronismo en la etapa previa. El peronismo presentó sus propias listas de candidatos y triunfó ampliamente en las elecciones con 3.278.434 votos contra 2.734.970 de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El triunfo del peronismo agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas.
 
 
Indiferencia popular
 
El pueblo siguió todos los acontecimientos de la caída de Illia con el relativo interés que merecía un cambio de gobernantes en el que no tenía nada directamente en juego. Derrotar al deslucido radicalismo no era una hazaña particularmente heroica.
 
Esa indiferencia de la población explica otra característica del suceso: si bien nunca hubo un golpe que contase con tan amplio acuerdo en los mandos militares, paradojalmente, ninguno estuvo menos cargado de pasión contra el oficialismo depuesto.
 
Yrigoyen y Perón significaban el ascenso de la chusma insolentada contra las jerarquías tradicionales y, caídos sus gobiernos, aglutinaban a las fuerzas sociales que continuaban amenazando a los privilegios restaurados por la violencia; por eso se les odió y persiguió, lo mismo que a sus partidarios.
 
Mucho más el peronismo por la mayor profundidad de sus transformaciones y la potencialidad revolucionaria que le da su composición clasista.
 
Frondizi, en cambio, fue un gobernante del régimen contra quien, no obstante, las Fuerzas Armadas sentían una animadversión formada de desconfianza por su pacto con Perón.
 
Los radicales del pueblo, en cambio, eran insospechados en su antiperonismo, tenían una trayectoria de ininterrumpida solidaridad con la "revolución libertadora" de 1955 y, salvo algunas excepciones individuales, no se acusaba al gobierno de pecados demasiado graves (los ataques de la prensa enemiga presentaban al doctor Illia como objeto de burla pero no de imputaciones infamantes).
 
Las grandes culpas que se le endilgaban eran de omisión: no perseguir suficientemente al peronismo y facilitar con su pasividad la acción de "los verdaderos enemigos" que eran los que obligaban al golpe militar.
 
 
Dictadura militar
 
Así, el golpe militar del General Juan Carlos Onganía, el 28 de junio de 1966, se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967.
 
El doctor Illia afrontó, la madrugada de ese día, el derrumbe definitivo en una actitud que por cierto no fue medrosa ni indigna, cuando la presencia de una dotación policial con lanzagases le impuso la necesidad de abandonar su poder en falencia. La restauración oligárquica de 1955 acababa de tragarse al último de sus hijos civiles. 
 
Se instaló una dictadura represiva sin capacidad para el diálogo y que despreciaba la política, mientras apostaba a la economía ultraliberal y postergaba indefinidamente la acción social.
 
La Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, CARBAP, la Asociación de Bancos y ACIEL (Instituciones Empresarias Libres) apoyaban la dictadura: ese régimen "apolítico" les garantizaba que sólo los militares y las grandes empresas operarían el poder.
 
Lo que siguió fue el abismo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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22-10-2014 / 16:10
22-10-2014 / 11:10
 
La Justicia declaró hoy la quiebra de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y los familiares de las 51 víctimas de la tragedia de Once temen que la firma de los hermanos Cirigliano no afronte los reclamos indemnizatorios millonarios y esa responsabilidad sea transferida al Estado.
 
Desde las querellas de las víctimas, sostuvieron que es sospechoso que la quiebra se haya declarado en este momento, en medio del juicio oral para esclarecer la responsabilidad de lo ocurrido, con funcionarios, empresarios y el motorman Marcos Córdoba sentados en el banquillo.
 
La jueza Paula María Hualde decidió hoy dictar la quiebra de TBA, que estaba en convocatoria de acreedores desde 2005. Se especula con que ahora solo el Estado podría terminar haciéndose responsable de las indemnizaciones de los afectados.
 
En febrero de 2012 el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido dispuso la intervención administrativa, técnica-operativa de la firma que presidía Claudio Cirigliano, quien fue autorizado en mayo de 2005 por el Tribunal Oral Federal 2 a no concurrir a las audiencias de testigos del juicio por la tragedia.
 
La quiebra ya había sido declarada en dos oportunidades -pese a que después la empresa fue salvada-.
 
En julio de 2012 el abogado Gregorio Dalbón, representante de gran parte de los damnificados, estimaba una demanda de unos $1300 millones contra TBA y el Estado nacional.
 
Atento a los montos, y sin subsidios ni concesión, TBA no iba a poder hacer frente a los pagos ya que sus aseguradoras tenían topes máximos que no alcanzan para cubrir una tragedia de la magnitud de lo ocurrido en Once, donde murieron 51 personas y hubo 700 heridos.
 
La Opinión Popular

22-10-2014 / 08:10
  Anoche, durante 25 minutos, tuvimos que escuchar a la presidenta Cristina Fernández hablar del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que incluye, entre otras iniciativas, el aumento del poder discrecional de los fiscales K que están alineados con Alejandra Gils Carbó y la expulsión de extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en un delito.
 
"Proponemos un sistema acusatorio. Este mecanismo delega en el fiscal toda la investigación", sintetizó CFK al explicar el proyecto. Lo que no dice es que muchos de los fiscales federales fueron nombrados por la administración K de forma absolutamente irregular y responden a la Procuración General de la Nación a cargo de la ultrakirchnerista Gils Carbó.
 
Y como si hubiese asumido hace dos días, Cristina hizo de relatora de la realidad. Habló de "puertas giratorias", haciendo alusión a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra; de la lentitud de la Justicia, y de las facilidades que tienen los delincuentes para cometer sus fechorías. "La sociedad se siente desprotegida", añadió sin sonrojarse.
 
Como siempre, en el discurso de Cristina estuvo ausente la autocrítica: la inseguridad es producto de una situación social y económica generada por las políticas del gobierno K. Uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza o en la indigencia, en un contexto de marcado crecimiento del narcotráfico y de las adicciones. La marginalidad, en definitiva, es la principal fábrica de delincuentes.
 
¿Qué ha llevado a CFK a hablar de inseguridad, cuando es una problemática que ha estado ausente en sus discursos desde que es presidenta, al extremo que sus laderos la definieron como "una mera sensación inventadas por los medios"?
 
Evidentemente, Cristina quiere cambiar la agenda de temas de la opinión pública, que la tiene a Ella en un primer plano a partir de sus estrechos vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez, cada vez más comprometido por el escándalo de la ruta del dinero K y las denuncias del lavado de dinero.
 
En definitiva, intentar hacer creer que -luego de 11 años en el poder- el Gobierno está preocupado porque haya Justicia, en un país donde reina la impunidad del poder político. También busca, desesperadamente, desviar la atención pública ante la grave situación económica, con una inflación del 40% anual que ha devorado el poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el nivel de reservas del Banco Central no para de caer, y vuelve a la Argentina cada vez más vulnerable.
 
Mientras se extingue su mandato, el gobierno de CFK sólo intenta aplicar parches que de poco y nada sirven. Si estas iniciativas hubiesen sido instrumentadas hace cinco años, quizás habría encontrado algunas soluciones. El tiempo de Cristina, para aplicar este tipo de reformas, ya se agotó. Y no cuenta con la mínima idoneidad moral necesaria, para reformar el Código, un gobierno que protege y encubre a Boudou.
 
La Opinión Popular

21-10-2014 / 17:10
21-10-2014 / 11:10
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