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Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás, a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde naides creiba que hubiera gusanos. El orejano
Nacionales - 28-06-2010 / 09:06
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 28 DE JUNIO DE 1966 CAE ARTURO ILLIA

Derrocamiento del presidente radical Arturo U. Illia

Derrocamiento del presidente radical Arturo U. Illia
Arturo Umberto Illia asume la presidencia de Argentina el 12 de octubre de 1963.
La década de los '60, en la Argentina, estuvo signada por la impronta de los golpes militares: primero, a Arturo Frondizi, en 1962; luego al radical Arturo Illia, en 1966. Ambos golpes vinculados con uno de los temas más conflictivos de ese período: la imposibilidad de resolver el problema de la proscripción del peronismo, mantenido desde la sedición militar del 16 de septiembre de 1955.
 
Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del hecho de haber sido elegido en elecciones tramposas, a causa de la proscripción del peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda minoría.
 
El triunfo del peronismo en 1965 agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas y el golpe militar de Onganía se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967. La restauración oligárquica de 1955 se tragó al último de sus hijos civiles.
  
De la redacción de La Opinión Popular

Inestabilidad política permanente
 
Luego del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 que derrocó al Presidente Constitucional Juan Perón se inició un largo período de inestabilidad política en la Argentina. Los militares proscribieron al peronismo y sus partidarios recurrían una y otra vez al voto en blanco para expresar su rechazo a las elecciones convocadas sin su participación.
 
Por otra parte la Unión Cívica Radical se dividió en dos, según la postura que cada sector asumía frente al peronismo: rechazando los radicales intransigentes (UCRI) o aceptando los radicales del pueblo (UCRP) su proscripción.
 
En 1961, el Presidente Arturo Frondizi (UCRI) legalizó al peronismo, que triunfó ampliamente en las elecciones para gobernadores del 18 de marzo de 1962. Once días después Frondizi fue derrocado y detenido por el golpe del 29 de marzo de 1962, que resultó en la toma del poder por parte de José María Guido, títere de los militares, quien anuló las elecciones, volvió a proscribir al peronismo, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones limitadas y controladas por los militares.
 
En esas condiciones se convocaron las elecciones del 7 de julio de 1963 en las que resultó electo Arturo Umberto Illia. Los resultados fueron los siguientes:
 
Arturo U. Illia - Carlos Perette (Unión Cívica Radical del Pueblo) con 2.441.064 votos, el 25,14%.
 
Votos en blanco: 1.827.464 votos, el 18,82%.
 
Oscar Alende - Celestino Gelsi (Unión Cívica Radical Intransigente) 1.593.992 votos, el 16,41%.
 
En el Colegio Electoral, la fórmula encabezada por Arturo Illia obtuvo 270 votos sobre 476 electores el día 31 de julio de 1963.
 
 
Gobierno de Illia
 
No interesa hacer un análisis del gobierno de Illia sino destacar que se fue quedando sólo con el apoyo de las magras huestes de la UCRP, pues careció de política y en su lugar siguió varias políticas -a menudo contradictorias- que terminaban por dejarlo mal con todo el mundo.
 
En esos tiempos el radicalismo se dividía en tres sectores: el balbinismo, basado en los medianos productores rurales de la provincia de Buenos Aires, y por ello de naturaleza pro-oligárquica; el unionismo conservador (del que Fernando De la Rúa sería un exponente) más relacionado con el poder tradicional, y el sabbatinismo cordobés, mas nacionalista, descendiente de los conservadores.
 
Lo real es que el radicalismo era un conglomerado de diversos sectores y tendencias de la burguesía unidos en función de la nostalgia; su gobierno fue un campo de batalla donde se enfrentaban los intereses económicos, sin que la crisis estructural del capitalismo argentino le permitiese satisfacer totalmente a ninguno ni integrarlos en un modus vivendi aceptable.
 
Mientras el "desarrollismo" lo calificaba de liberal anacrónico, Aciel, la UIA, la Bolsa de Comercio y Alsogaray, entre otros, denunciaban el rumbo "colectivista" que se imprimía al Estado.
 
Durante el gobierno de Illia hubo varios hechos importantes: la ley de medicamentos (conocida como Ley Oñativia), de defensa de los laboratorios nacionales y la anulación de los contratos de concesión de petróleo (Banca Loeb, Pan American, Tennessee, Shell, Esso) firmados por Frondizi, ambos hechos, según la leyenda radical, pudieron ser la causa de la caída del radicalismo en 1966.
 
 
Nacionalismo retórico
 
Como bien lo definía un prohombre del peronismo, John William Cooke, su nacionalismo, en cuanto quiso salir de la retórica proselitista, reveló su falta de realismo y su superficialidad demagógica.
 
La anulación de los contratos de petróleo le echó encima la furia de los representantes de los monopolios y terminó lastimosamente con la claudicación ante las compañías concesionarias; las declamaciones contra el Fondo Monetario Internacional, en una peregrinación a las fuentes que había comenzado por antagonizar; los principios irigoyenistas en política internacional, en un satelismo a dúo con el cipayismo gorila de Brasil.
 
Es que el nacionalismo sólo es posible como una política antiimperialista consecuente -que no sólo estaba fuera del alcance de la UCRP como práctica sino también como concepción-; y si en lugar de ella se toman medidas aisladas dentro del contexto de nuestra dependencia integral, el resultado es, que al final hay que buscar acuerdos con el imperialismo pagando altos precios económicos y políticos para compensar los desplantes iniciales.
 
 
Obrerismo aparente
 
Un supuesto obrerismo lo llevó a proyectar y aprobar las reformas a la ley 11.729, apuntalando de paso la maniobra divisionista en alianza con los sindicalistas "amarillos" independientes, contra las 62 y la CGT peronista, terminó en el veto posterior a 59 de sus 63 artículos, ante la presión empresaria quedando mal con patrones y obreros.
 
En febrero de 1964, la CGT anuncia su Plan de Lucha, que en mayo produce diez mil ocupaciones (pacíficas y breves) de establecimientos fabriles.
 
Paralelamente, se inicia el Operativo Retorno de Perón en 1964, que fracasa por la negociación de Augusto Timoteo "El Lobo" Vandor con Miguel Ángel Zabala Ortiz: el avión que conduce al líder desterrado y proscrito es detenido en Río de Janeiro y enviado de vuelta a España.
 
Las compadradas radicales sobre la poca importancia de Perón y de sus anuncios de retorno, concluyeron en el espanto y la apelación a la tiranía brasileña para que parasen el avión en que viajaba el ex presidente.
 
Por último, las afirmaciones de Ricardo Balbín de que al peronismo lo esperaban en las urnas para derrotarlo, es seguida por la aplastante derrota de marzo del 65 y la alucinada y permanente conclusión de que "el radicalismo no fue comprendido aun por el pueblo".
 
Los militares se fueron convenciendo de que el gobierno radical no podría con el peronismo, el "hecho maldito del país burgués".
 
 
Gobierno débil
 
El gobierno del Presidente Arturo Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del hecho de haber sido elegido en elecciones tramposas, a causa de la proscripción del peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda minoría.
 
La falta de reconocimiento de legitimidad al gobierno de Illia por parte de los peronistas, se vio agravada por el plan de lucha del movimiento obrero, afectado por la decisión del gobierno de sancionar una legislación sindical sin consultar a los sindicatos.
 
En el año 1965 el gobierno convocó a elecciones legislativas eliminando todas las restricciones que pesaban sobre el peronismo en la etapa previa. El peronismo presentó sus propias listas de candidatos y triunfó ampliamente en las elecciones con 3.278.434 votos contra 2.734.970 de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El triunfo del peronismo agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas.
 
 
Indiferencia popular
 
El pueblo siguió todos los acontecimientos de la caída de Illia con el relativo interés que merecía un cambio de gobernantes en el que no tenía nada directamente en juego. Derrotar al deslucido radicalismo no era una hazaña particularmente heroica.
 
Esa indiferencia de la población explica otra característica del suceso: si bien nunca hubo un golpe que contase con tan amplio acuerdo en los mandos militares, paradojalmente, ninguno estuvo menos cargado de pasión contra el oficialismo depuesto.
 
Yrigoyen y Perón significaban el ascenso de la chusma insolentada contra las jerarquías tradicionales y, caídos sus gobiernos, aglutinaban a las fuerzas sociales que continuaban amenazando a los privilegios restaurados por la violencia; por eso se les odió y persiguió, lo mismo que a sus partidarios.
 
Mucho más el peronismo por la mayor profundidad de sus transformaciones y la potencialidad revolucionaria que le da su composición clasista.
 
Frondizi, en cambio, fue un gobernante del régimen contra quien, no obstante, las Fuerzas Armadas sentían una animadversión formada de desconfianza por su pacto con Perón.
 
Los radicales del pueblo, en cambio, eran insospechados en su antiperonismo, tenían una trayectoria de ininterrumpida solidaridad con la "revolución libertadora" de 1955 y, salvo algunas excepciones individuales, no se acusaba al gobierno de pecados demasiado graves (los ataques de la prensa enemiga presentaban al doctor Illia como objeto de burla pero no de imputaciones infamantes).
 
Las grandes culpas que se le endilgaban eran de omisión: no perseguir suficientemente al peronismo y facilitar con su pasividad la acción de "los verdaderos enemigos" que eran los que obligaban al golpe militar.
 
 
Dictadura militar
 
Así, el golpe militar del General Juan Carlos Onganía, el 28 de junio de 1966, se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967.
 
El doctor Illia afrontó, la madrugada de ese día, el derrumbe definitivo en una actitud que por cierto no fue medrosa ni indigna, cuando la presencia de una dotación policial con lanzagases le impuso la necesidad de abandonar su poder en falencia. La restauración oligárquica de 1955 acababa de tragarse al último de sus hijos civiles. 
 
Se instaló una dictadura represiva sin capacidad para el diálogo y que despreciaba la política, mientras apostaba a la economía ultraliberal y postergaba indefinidamente la acción social.
 
La Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, CARBAP, la Asociación de Bancos y ACIEL (Instituciones Empresarias Libres) apoyaban la dictadura: ese régimen "apolítico" les garantizaba que sólo los militares y las grandes empresas operarían el poder.
 
Lo que siguió fue el abismo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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20-08-2014 / 09:08
  La semana pasada, sin suerte, Cristina Fernández intentó ligar, con los fondos buitre, a una presunta desestabilización interna por el cierre repudiable e intempestivo de la empresa yanqui Donnelley, que dejó en la calle a 400 trabajadores. Una Presidenta encendida había anunciado sin vueltas por cadena nacional: "Es el primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista".
 
Cristina creaba así un nuevo tipo de quiebra, la quiebra terrorista, para aplicársela a la imprenta Donnelley. Ayer, Donnelley quedó exceptuada de inaugurar la categoría. No es la imaginación al poder, es la improvisación al poder.
 
La comunicación estuvo hilvanada por un relato K que vinculó a los fondos buitre con un presunto intento por "aterrorizar a la población". Una obra demoníaca, según la descripción presidencial. La idea en su versión original, en medio del litigio con los buitres y el enfado contra EE.UU., tuvo un amplio recorrido en el poder sin que nadie, que se sepa, pusiera reparos a la aplicación de la norma antiterrorista.
 
En una síntesis rápida, se podría mencionar a Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico; a Axel Kicillof y su equipo jurídico del Ministerio de Economía; a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo - que le negó un plan de ajuste-, y a Daniel Scioli, el gobernador de Buenos Aires (la planta se halla en Garín) enterados con antelación sobre el pleito laboral. También a Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
 
Nadie se habría percatado del error vecino con el disparate. Puede haber sucedido también el reinado de un ambiente de temor ante una Presidenta embalada por las teorías de Kicillof. El relato cristinista atraviesa la pulseada con los fondos buitre y cualquier acontecimiento debería estar ligado a esa realidad.
 
Después surgen los problemas: no existió marco jurídico y legal adecuado con la ley antiterrorista que Cristina hizo aprobar. Recién ayer por la mañana el titular de la CNV (Comisión Nacional de Valores) Alejandro Vanoli aclaró que se trató de "una confusión" y que la empresa podría ser investigada y penada por supuesta "quiebra fraudulenta". La cara para salir del bochorno correspondió a un dirigente de la tercera línea.
 
Resultó curioso el mecanismo de retroceso en chancletas de los K. Hasta que eso sucedió, hubo dirigentes que pisaron el palito en el afán por no dejar escurrir el tema en épocas de campaña. El principal fue Scioli: defendió a su manera, con medias palabras, la aplicación de aquella ley. Sergio Massa consideró que sería perjudicial para el mundo empresario y la economía.
 
Los verdaderos responsables se sumieron en el silencio. Si la de Cristina fuera una administración política más o menos normal, un par de funcionarios deberían estar ya al margen de sus cargos. Pero, hace mucho tiempo que demasiadas cosas del Gobierno parecieran estar conducidas por la lógica de la sinrazón.

 
La Opinión Popular

20-08-2014 / 08:08
La presidenta Cristina Fernández anunció anoche que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción y pagarle en la Argentina a los bonistas. Esto implica un intento de evasión de la Justicia yanqui, lo que dará lugar a una ola de litigios por parte de aquellos bonistas que adhirieron al canje. Además, se confirma que ignorarán el fallo del juez Thomas Griesa aun después de que venza la RUFO.
 
Envalentonada por algunas encuestas que indican que hubo un leve repunte de la aceptación de algunos sectores de la población respecto a la decisión "malvinera" de no pagarle a los fondos buitres, Cristina usó la cadena nacional para anunciar una medida extremadamente peligrosa, que podrían llevar a la Argentina al default incluso de su deuda ya reestructurada y generar una situación caótica y tan imprevisible como innecesaria.
 
Concretamente, enviará al Congreso un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción y pagar en la Argentina a los bonistas que ingresaron al canje. De esta manera, busca compartir el "costo político" con la oposición, cuyos legisladores se verán ante el duro dilema de apoyar al Gobierno de CFK o quedar ante la opinión pública como de estar a favor de los "buitres".
 
¿Tiene efectos prácticos esta propuesta, o es solamente una jugada política? El canje que propone CFK tiene bajísima chance de concretarse. En algunos casos, porque se trata de fondos de inversión que tienen impedimentos reglamentarios para invertir en papeles que no sean de ley yanqui. Y en otros, por lisa y llana falta de confianza.
 
La medida pone al país al borde del desacato, ya que confirma que el gobierno de CFK no cumplirá con el fallo del juez Griesa (sentencia confirmada por el tribunal de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Estados Unidos), que ordenó pagarle sin ningún tipo de quita a los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010.
 
Lo que no mencionó Cristina es porque, tanto ella como Néstor, decidieron instrumentar los canjes con bonos regulados por legislación extranjera, que fue lo que llevó a que sea un juez yanqui el encargado de definir la disputa con los fondos buitres. Ahora, CFK decidió cambiar las reglas de juego en pleno partido, lo que genera mayor incertidumbre, destrozando la poca seguridad jurídica que tiene el país.
 
Con este salto al vacío, la Argentina seguirá sin ninguna chance de atraer inversiones y de acceder a los mercados de capitales. Esto hará que se generen serias dificultades para numerosas provincias que tienen necesidad de endeudarse para poder cumplir con el pago de haberes a su personal y cubrir costos de funcionamiento operativo.
 
Asimismo, los anuncios no hicieron más que confirmar el fracaso rotundo de un gobierno que, desde que llegó al poder, despilfarró más de 170 mil millones de dólares en concepto de pagos de vencimiento de la deuda externa, sin realizar una mínima auditoría acerca de la legalidad y la legitimidad de los que se terminó abonando.
 
¿Qué se obtuvo a cambio? Absolutamente nada: el país está cada vez más aislado, las inversiones brillan por su ausencia y para colmó se profundizó el default. Pero a Cristina no le importa porque el motivo de la jugada es otro: utilizar el relato de la lucha contra los buitres, como gesta nacional épica, para asegurar su regreso en 2019.
 
La Opinión Popular

19-08-2014 / 11:08
 
La Cumbre del G6 buscará ejercer presión contra ley de Abastecimiento a través de un documento. Antes de que el Senado inicie esta tarde el debate en comisión, anticipan que emitirá un documento contra la reforma, que apunta al control de precios. Fijan que la oposición también la rechaza.
 
Los empresarios de todos los sectores agrupados en el Grupo de los 6 (G6) se reunirán en la sede de la UIA, de lo que se espera una reacción conjunta contra la iniciativa a través de un comunicado.
 
Varias de las entidades expresaron la semana pasada su absoluto repudio al proyecto por considerar que es inconstitucional y que implica una "estatización del mercado", según planteó la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en la carta que les envió a los legisladores.
 
La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional fue ampliamente rechazado por el establishment y consideran que repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo.
 
El proyecto establece que la Secretaría de Comercio puede intervenir "en cualquier etapa del proceso económico", por lo que se prevé, a partir de esto, fuertes multas por incumplimiento. Además, habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a fijar precios máximos en sus distritos.
 
En los 11 años de kirchnerismo, la pulseada entre los K y los empresarios ha sido favorable al Gobierno. Básicamente porque los Kirchner (tanto Néstor como Cristina) han llevado sus iniciativas con más determinación y el empresariado siempre terminó retrocediendo. Por estrategia, por temor o porque terminó abrazándose a alguna dádiva que fue más determinante que sus convicciones.
 
En este final de ciclo, la batalla vuelve a repetirse con los K blandiendo la Ley de Abastecimiento para influir en las decisiones empresarias como nunca lo había hecho antes. Y agregando a ese avance la amenaza de la aplicación de la Ley Antiterrorista, instrumento creado para otros fines pero que se ha usado solo contra la prensa y ahora se agita contra una imprenta de origen yanqui que cerró sus puertas.
 
La novedad es que los empresarios argentinos han emitido documentos contra la Ley de Abastecimiento, pero esta vez sin deserciones. La Unión Industrial, AEA, los banqueros de Adeba y de ABA, y los mercantiles de CAME.
 
Habrá que ver si, con el correr de los días, insisten con la unidad de criterios o terminan dividiéndose para que los K vuelvan a imponer su voluntad en este tiempo de inflación, déficit y freno productivo.
 
La Opinión Popular

19-08-2014 / 10:08
19-08-2014 / 10:08
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