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Un país atravesado sólo por estrategias de poder
Por Natalio Botana, Politólogo e Historiador
“Si llego a la Casa Rosada irá preso cualquier persona que comete un delito sin importar si es extranjero, argentino o vicepresidente de la Nación”. Julio Cobos
Nacionales - 28-06-2010 / 09:06
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 28 DE JUNIO DE 1966 CAE ARTURO ILLIA

Derrocamiento del presidente radical Arturo U. Illia

Derrocamiento del presidente radical Arturo U. Illia
Arturo Umberto Illia asume la presidencia de Argentina el 12 de octubre de 1963.
La década de los '60, en la Argentina, estuvo signada por la impronta de los golpes militares: primero, a Arturo Frondizi, en 1962; luego al radical Arturo Illia, en 1966. Ambos golpes vinculados con uno de los temas más conflictivos de ese período: la imposibilidad de resolver el problema de la proscripción del peronismo, mantenido desde la sedición militar del 16 de septiembre de 1955.
 
Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del hecho de haber sido elegido en elecciones tramposas, a causa de la proscripción del peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda minoría.
 
El triunfo del peronismo en 1965 agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas y el golpe militar de Onganía se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967. La restauración oligárquica de 1955 se tragó al último de sus hijos civiles.
  
De la redacción de La Opinión Popular

Inestabilidad política permanente
 
Luego del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 que derrocó al Presidente Constitucional Juan Perón se inició un largo período de inestabilidad política en la Argentina. Los militares proscribieron al peronismo y sus partidarios recurrían una y otra vez al voto en blanco para expresar su rechazo a las elecciones convocadas sin su participación.
 
Por otra parte la Unión Cívica Radical se dividió en dos, según la postura que cada sector asumía frente al peronismo: rechazando los radicales intransigentes (UCRI) o aceptando los radicales del pueblo (UCRP) su proscripción.
 
En 1961, el Presidente Arturo Frondizi (UCRI) legalizó al peronismo, que triunfó ampliamente en las elecciones para gobernadores del 18 de marzo de 1962. Once días después Frondizi fue derrocado y detenido por el golpe del 29 de marzo de 1962, que resultó en la toma del poder por parte de José María Guido, títere de los militares, quien anuló las elecciones, volvió a proscribir al peronismo, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones limitadas y controladas por los militares.
 
En esas condiciones se convocaron las elecciones del 7 de julio de 1963 en las que resultó electo Arturo Umberto Illia. Los resultados fueron los siguientes:
 
Arturo U. Illia - Carlos Perette (Unión Cívica Radical del Pueblo) con 2.441.064 votos, el 25,14%.
 
Votos en blanco: 1.827.464 votos, el 18,82%.
 
Oscar Alende - Celestino Gelsi (Unión Cívica Radical Intransigente) 1.593.992 votos, el 16,41%.
 
En el Colegio Electoral, la fórmula encabezada por Arturo Illia obtuvo 270 votos sobre 476 electores el día 31 de julio de 1963.
 
 
Gobierno de Illia
 
No interesa hacer un análisis del gobierno de Illia sino destacar que se fue quedando sólo con el apoyo de las magras huestes de la UCRP, pues careció de política y en su lugar siguió varias políticas -a menudo contradictorias- que terminaban por dejarlo mal con todo el mundo.
 
En esos tiempos el radicalismo se dividía en tres sectores: el balbinismo, basado en los medianos productores rurales de la provincia de Buenos Aires, y por ello de naturaleza pro-oligárquica; el unionismo conservador (del que Fernando De la Rúa sería un exponente) más relacionado con el poder tradicional, y el sabbatinismo cordobés, mas nacionalista, descendiente de los conservadores.
 
Lo real es que el radicalismo era un conglomerado de diversos sectores y tendencias de la burguesía unidos en función de la nostalgia; su gobierno fue un campo de batalla donde se enfrentaban los intereses económicos, sin que la crisis estructural del capitalismo argentino le permitiese satisfacer totalmente a ninguno ni integrarlos en un modus vivendi aceptable.
 
Mientras el "desarrollismo" lo calificaba de liberal anacrónico, Aciel, la UIA, la Bolsa de Comercio y Alsogaray, entre otros, denunciaban el rumbo "colectivista" que se imprimía al Estado.
 
Durante el gobierno de Illia hubo varios hechos importantes: la ley de medicamentos (conocida como Ley Oñativia), de defensa de los laboratorios nacionales y la anulación de los contratos de concesión de petróleo (Banca Loeb, Pan American, Tennessee, Shell, Esso) firmados por Frondizi, ambos hechos, según la leyenda radical, pudieron ser la causa de la caída del radicalismo en 1966.
 
 
Nacionalismo retórico
 
Como bien lo definía un prohombre del peronismo, John William Cooke, su nacionalismo, en cuanto quiso salir de la retórica proselitista, reveló su falta de realismo y su superficialidad demagógica.
 
La anulación de los contratos de petróleo le echó encima la furia de los representantes de los monopolios y terminó lastimosamente con la claudicación ante las compañías concesionarias; las declamaciones contra el Fondo Monetario Internacional, en una peregrinación a las fuentes que había comenzado por antagonizar; los principios irigoyenistas en política internacional, en un satelismo a dúo con el cipayismo gorila de Brasil.
 
Es que el nacionalismo sólo es posible como una política antiimperialista consecuente -que no sólo estaba fuera del alcance de la UCRP como práctica sino también como concepción-; y si en lugar de ella se toman medidas aisladas dentro del contexto de nuestra dependencia integral, el resultado es, que al final hay que buscar acuerdos con el imperialismo pagando altos precios económicos y políticos para compensar los desplantes iniciales.
 
 
Obrerismo aparente
 
Un supuesto obrerismo lo llevó a proyectar y aprobar las reformas a la ley 11.729, apuntalando de paso la maniobra divisionista en alianza con los sindicalistas "amarillos" independientes, contra las 62 y la CGT peronista, terminó en el veto posterior a 59 de sus 63 artículos, ante la presión empresaria quedando mal con patrones y obreros.
 
En febrero de 1964, la CGT anuncia su Plan de Lucha, que en mayo produce diez mil ocupaciones (pacíficas y breves) de establecimientos fabriles.
 
Paralelamente, se inicia el Operativo Retorno de Perón en 1964, que fracasa por la negociación de Augusto Timoteo "El Lobo" Vandor con Miguel Ángel Zabala Ortiz: el avión que conduce al líder desterrado y proscrito es detenido en Río de Janeiro y enviado de vuelta a España.
 
Las compadradas radicales sobre la poca importancia de Perón y de sus anuncios de retorno, concluyeron en el espanto y la apelación a la tiranía brasileña para que parasen el avión en que viajaba el ex presidente.
 
Por último, las afirmaciones de Ricardo Balbín de que al peronismo lo esperaban en las urnas para derrotarlo, es seguida por la aplastante derrota de marzo del 65 y la alucinada y permanente conclusión de que "el radicalismo no fue comprendido aun por el pueblo".
 
Los militares se fueron convenciendo de que el gobierno radical no podría con el peronismo, el "hecho maldito del país burgués".
 
 
Gobierno débil
 
El gobierno del Presidente Arturo Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del hecho de haber sido elegido en elecciones tramposas, a causa de la proscripción del peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda minoría.
 
La falta de reconocimiento de legitimidad al gobierno de Illia por parte de los peronistas, se vio agravada por el plan de lucha del movimiento obrero, afectado por la decisión del gobierno de sancionar una legislación sindical sin consultar a los sindicatos.
 
En el año 1965 el gobierno convocó a elecciones legislativas eliminando todas las restricciones que pesaban sobre el peronismo en la etapa previa. El peronismo presentó sus propias listas de candidatos y triunfó ampliamente en las elecciones con 3.278.434 votos contra 2.734.970 de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El triunfo del peronismo agitó la situación interna de las Fuerzas Armadas.
 
 
Indiferencia popular
 
El pueblo siguió todos los acontecimientos de la caída de Illia con el relativo interés que merecía un cambio de gobernantes en el que no tenía nada directamente en juego. Derrotar al deslucido radicalismo no era una hazaña particularmente heroica.
 
Esa indiferencia de la población explica otra característica del suceso: si bien nunca hubo un golpe que contase con tan amplio acuerdo en los mandos militares, paradojalmente, ninguno estuvo menos cargado de pasión contra el oficialismo depuesto.
 
Yrigoyen y Perón significaban el ascenso de la chusma insolentada contra las jerarquías tradicionales y, caídos sus gobiernos, aglutinaban a las fuerzas sociales que continuaban amenazando a los privilegios restaurados por la violencia; por eso se les odió y persiguió, lo mismo que a sus partidarios.
 
Mucho más el peronismo por la mayor profundidad de sus transformaciones y la potencialidad revolucionaria que le da su composición clasista.
 
Frondizi, en cambio, fue un gobernante del régimen contra quien, no obstante, las Fuerzas Armadas sentían una animadversión formada de desconfianza por su pacto con Perón.
 
Los radicales del pueblo, en cambio, eran insospechados en su antiperonismo, tenían una trayectoria de ininterrumpida solidaridad con la "revolución libertadora" de 1955 y, salvo algunas excepciones individuales, no se acusaba al gobierno de pecados demasiado graves (los ataques de la prensa enemiga presentaban al doctor Illia como objeto de burla pero no de imputaciones infamantes).
 
Las grandes culpas que se le endilgaban eran de omisión: no perseguir suficientemente al peronismo y facilitar con su pasividad la acción de "los verdaderos enemigos" que eran los que obligaban al golpe militar.
 
 
Dictadura militar
 
Así, el golpe militar del General Juan Carlos Onganía, el 28 de junio de 1966, se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967.
 
El doctor Illia afrontó, la madrugada de ese día, el derrumbe definitivo en una actitud que por cierto no fue medrosa ni indigna, cuando la presencia de una dotación policial con lanzagases le impuso la necesidad de abandonar su poder en falencia. La restauración oligárquica de 1955 acababa de tragarse al último de sus hijos civiles. 
 
Se instaló una dictadura represiva sin capacidad para el diálogo y que despreciaba la política, mientras apostaba a la economía ultraliberal y postergaba indefinidamente la acción social.
 
La Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, CARBAP, la Asociación de Bancos y ACIEL (Instituciones Empresarias Libres) apoyaban la dictadura: ese régimen "apolítico" les garantizaba que sólo los militares y las grandes empresas operarían el poder.
 
Lo que siguió fue el abismo.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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26-11-2014 / 15:11
 
El Gobierno de CFK reconoció el lunes que la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, no presentó sus últimos balances en la Inspección General de Justicia (IGJ): el secretario de Justicia, el abogado Julián Álvarez, aseguró que se trataba de una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo".
 
Pero, la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia, queda bajo la lupa porque falló en el control de la empresa Hotesur. No sólo la firma evitó presentar sus documentos administrativos y financieros, sino que también salteó una posible situación de lavado de dinero.
 
Las propias normas de la IGJ dicen que, ante los incumplimientos financieros y documentales de Hotesur, el organismo debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente que investiga los casos de lavado de dinero. No lo hizo.
 
La IGJ debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por posible lavado de dinero. El 27 de marzo del 2012, la IGJ aprobó una resolución que puso en funcionamiento el 'Manual de Políticas y Procedimientos Para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo'".
 
La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una 'persona políticamente expuesta', como la presidenta Cristina Fernández y sus familiares.
 
La Opinión Popular

26-11-2014 / 10:11
26-11-2014 / 10:11
 
En su desesperado afán por defender a Cristina Fernández por la investigación sobre maniobras de lavado de dinero en sus hoteles de Santa Cruz, el secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez, terminó reconociendo que el procesamiento de Amado Boudou en la causa del auto con papeles truchos "probablemente" sea correcto.
 
La inusual confesión de Álvarez, uno de los integrantes del estado mayor de La Cámpora, llegó justo después de otro fuerte malestar que provocó Amado: su foto en todos los diarios en pleno baile con un grupo de empleadas suyas del Senado, en las que aparece desenfrenado, sonriente y hasta con el clásico saludo con los dedos en V. "O es un pavote o le gusta mostrar que a él no le entran las balas", habría comentado el ministro Randazzo.
 
"La cabeza de Amado tiene plazo fijo: marzo del año que viene". Así de tajante fue la afirmación de un funcionario K, acerca de uno de los temas más comentados en los últimos días en los pasillos de Balcarce 50: el futuro del vicepresidente, a todas luces caído en desgracia hasta en los propios despachos de Cristina.
 
El cuestionado funcionario sería utilizado por el cristinismo duro, que hasta no hace mucho lo defendía de los ataques "de los monopolios mediáticos", como una suerte de "cabeza de turco" según las necesidades electorales K. "En campaña electoral todas las herramientas políticas se usan", abundó un confidente. Y dio otro jugoso dato: dijo que Máximo Kirchner, metido de lleno en el armado de las candidaturas del oficialismo, ya le pidió a su madre la cabeza de Boudou.
 
Se dice que, de mínimo, en marzo, cuando arranca de lleno la campaña electoral, pedirá licencia. No se descarta su renuncia antes de eso si le cae algún procesamiento en una de la decena de causas en las que se lo investiga. Pero su suerte está echada. Lo que se dice en la Casa Rosada es que La Cámpora está directamente detrás del objetivo de conseguir el desplazamiento de Boudou.
 
La organización que responde a Máximo, el hijo de la presidenta, de cada vez mayor influencia en la gestión de gobierno pero también en cada detalle de las candidaturas para las elecciones del año que viene, supone que un derrape del ahora odiado ex militante de la UCeDé puede aportar algunos puntos en las encuestas.
 
Parece que al hombre le soltaron la mano.
 
La Opinión Popular

26-11-2014 / 09:11
 
La legisladora porteña del Frente Para la Victoria, María Rachid, convencidísima  de que el Estado tiene que hacerse cargo de cualquier cosa, propone "la creación de un subsidio mensual para personas trans (travestis) mayores de cuarenta (40) años" cuyo monto rondaría los $8.000. La idea generó amplias expectativas y comenzó a causar revuelo en las redes sociales con voces a favor y en contra.
 
El proyecto explica que en el beneficio "están comprendidas las personas trans con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que cumplan con el rango de edad antes mencionado y "hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 y su decreto reglamentario".
 
En la iniciativa se establece además que "el monto del subsidio es de mil doscientas (1200) unidades fijas mensuales y el goce del mismo es compatible con otros ingresos que no superen las tres mil quinientas (3500) unidades fijas mensuales". Como el valor de la unidad fija (se usa para calcular el monto de las sanciones) es actualmente de $6,40, el subsidio que recibirían las personas trans sería exactamente de $7.680.
 
Argumentando la propuesta, Rachid sostiene que "la población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil» sin el más básico respeto por sus derechos".
 
En lugar del subsidio, una medida mucho más inclusiva sería la apertura de un cupo de empleo para los travestis. Esta medida, además de darles fuentes de trabajos legales, con el tiempo podría lograr a que la gente acepte a los travestis en lugares de trabajos comunes y corrientes.
 
La Opinión Popular

26-11-2014 / 07:11
  Ayer, en su reaparición en la fiesta del "club de la obra pública", en la Cámara Argentina de la Construcción, una actividad cuyo ingreso depende del presupuesto estatal, la presidenta Cristina Fernández dio señales concretas no sólo de que no se otorgará ningún plus a estatales y jubilados, sino también de que no está previsto subir el mínimo no imponible del abusivo Impuesto a las Ganancias.
 
Irónica, ácida, crítica, y sin dejar de sonreír, Cristina sepultó los reclamos de los trabajadores con una pregunta retórica, sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar su propio punto de vista: "¿Cómo hacemos para financiar la obra pública si no cobramos impuestos?". Fue la excusa de CFK para rechazar los pedidos gremiales, incluido el de dirigentes sindicales que están fuertemente alineados con los K, que ya no pueden calmar a sus bases.
 
En rigor, financiar la obra pública significa no actualizar el mínimo no imponible. Pero, la obra pública es Lázaro Báez, Electroingeniería, Esuco y otras empresas K, todas bajo sospecha de sobreprecios, "retornos" e irregularidades varias. A esos empresarios millonarios tienen que financiar los trabajadores. Sin duda, vergonzosos los dichos de Cristina.
 
Eso no fue todo. Moviendo la cabeza y agitando el pelo, Cristina deslizó una solapada amenaza: "En Francia y Alemania discuten hoy si congelan los salarios por tres años y la flexibilización laboral". Sin ruborizarse, agregó que "los trabajadores argentinos siguen siendo los mejores remunerados de América latina, no sólo en términos nominales sino también en cuanto al poder adquisitivo". No se lo creyó ni Ella.
 
Solo basta con cruzar la frontera y ver cómo el peso argentino ha perdido todo poder de compra. Hasta los billetes bolivianos y los guaraníes paraguayos tiene más valor, al punto que desde ambos países se organizan tour de compras para aprovechar las ventajas que le otorgan el devaluado peso argentino.
 
La imposibilidad de otorgar un plus salarial y de reducir el Impuesto a las Ganancias significa que estamos en el fin de la fiesta K y ahora, todos tenemos que afrontar los costos. Lo más grave es que el puñado de socios y amigos del poder que se beneficiaron con la fiesta lo hicieron a costa del saqueo del Estado y de una corrupción sin límites.
 
Las cajas del Estado ya no dan abasto, y por eso el gobierno está aplicando un severo ajuste neoliberal. Pero, la utilización de las reservas del Banco Central, de los recursos de la Anses y del PAMI, terminaron siendo meros parches, gotas en el océano del despilfarro.
 
Y si a esto se le suma la alocada emisión monetaria para sostener el gasto público improductivo y clientelar, todo indica que la ola inflacionaria no dará tregua. Se está generando un círculo vicioso donde el incremento del costo de vida le está ganando con holgura a los aumentos otorgados en paritarias.
 
Por otra parte, si el gobierno de CFK hubiese otorgado un plus a jubilados, estatales y docentes, significaría blanquear que la inflación es mucho mayor a los dibujos del INDEC, destruyendo las mentiras del relato K. En definitiva, ante la necesidad que tiene el Gobierno de sostener la falacia, los trabajadores y los jubilados, una vez más, terminan siendo los más perjudicados.
 
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