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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 17-11-2023 / 08:11
ACUSACIONES DE UN “FRAUDE” ELECTORAL INEXISTENTE DE TRUMPISTAS Y BOLSONARISTAS CRIOLLOS PORQUE SIENTEN QUE ESTÁN PERDIENDO

Balotaje: mentiras, discursos de odio y denuncias falsas para instalar la sensación de fraude

Balotaje: mentiras, discursos de odio y denuncias falsas para instalar la sensación de fraude
Es tan obvio que hasta parece increíble que haya que explicarlo. Es tan de manual que sorprende que aún cause algún efecto. Rumbo al balotaje el grupo más fanático de seguidores de Javier “el Loco” Milei y de Mauricio “Titiritero” Macri está decidido, organizado y financiado para instalar la sensación de "fraude" en el balotaje para directamente romper la convivencia democrática. ¿Qué buscan?: fomentar protestas que puedan tornarse violentas. Para ello cuentan con una minoría intensa, pero ruidosa, agresiva y enardecida que dice creer en denuncias infundadas, porque no aceptarán perder.
Es tan obvio que hasta parece increíble que haya que explicarlo. Es tan de manual que sorprende que aún cause algún efecto. Rumbo al balotaje el grupo más fanático de seguidores de Javier "el Loco" Milei y de Mauricio "Titiritero" Macri está decidido, organizado y financiado para instalar la sensación de "fraude" en el balotaje para directamente romper la convivencia democrática. ¿Qué buscan?: si pierden, fomentar protestas que puedan tornarse violentas. Para ello cuentan con una minoría intensa, pero ruidosa, agresiva y enardecida que dice creer en denuncias infundadas, porque no aceptarán perder.
 
Entre los casos de la denuncia de Donald Trump y la toma del Capitolio, el enojo de Jair Bolsonaro, quien nunca felicitó ni reconoció el triunfo de su oponente Lula, y la toma violenta de Planalto en Brasilia y la operación de que comenzó en nuestro país, en redes y medios afines desde el viernes pasado y las 100 personas que se movilizaron ridículamente a la Casa Rosada, son metodologías calcadas, orquestadas y financiadas por estructuras internacionales, dirigidas a desacreditar el proceso democrático. La más grave fue en Bolivia, en 2019, donde las denuncias de "fraude" terminaron en un golpe de Estado contra Evo Morales.
 
No es casual que las mentiras y las denuncias sin fundamento sean utilizadas siempre por movimientos de extrema derecha, cuyo núcleo central discursivo es el odio, la violencia y la utilización de trolls, ya sean automatizados o con personas reales detrás de una pantalla. La denuncia de los libertarios contra la Gendarmería, las boletas que se niegan a entregar a la Justicia Electoral y la visita de todo el arco de ultraderecha americana y europea, el domingo 19 de la elección, es parte del movimiento orquestado.
 
Ahora bien, en los comicios se necesitan al menos 350 boletas por mesa, pero La Libertad Avanza entregó menos de 100 con el objetivo de instalar el escenario propicio para desconocer un resultado adverso el domingo. También acusaron a la Gendarmería de haber modificado actas en las generales, pero no aportaron una sola prueba. Karina Milei y Santiago Viola, sus apoderados, fueron citados ante la fiscalía electoral. Y la jueza federal con competencia electoral, María Servini, reiteró que La Libertad Avanza no cumplió con la entrega de papeletas estipulada, en medio de las denuncias de "fraude". Lapidaria, responsabilizó a Milei por un eventual faltante de boletas. El cuento del "fraude" de los libertarios tiene patas cortas.

El "fraude" electoral que denuncian es una mentira más de la derecha, que se repite como si fuera cierta, en fuerte e intensa campaña en las redes y algunos medios, incluso con periodistas "ensobrados" de la derecha que no temen quedar en ridículo como ignorantes absolutos. Por eso, la Cámara Electoral tuvo que salir a difundir un comunicado en el marco de los 40 años de Democracia para desmentir las supuestas denuncias. Luego, en declaraciones periodísticas, agregaron que apenas llegan a un par de decenas los cuestionamientos formales y menores sobre las más de 104 mil mesas de votación, donde el control lo han ejercicio más de 350 mil fiscales.

Mientras Milei, que no puede o no quiere confirmar si está a favor o en contra de la democracia, ni si hay un acuerdo o no con Macri y Patricia Bullrich bajando varias de sus banderas amarillas de campaña, su candidata a vice presidenta, Victoria Villaroel no descansa en seguir fomentando la grieta anti democrática y reivindicando a los dictadores militares genocidas. Para muestra basta un botón y la periodista Luciana Bertoia recordaba la participación de la candidata a vice presidenta de la nación en la reunión de ultraderecha internacional llamada Cumbre de la Iberosfera en Madrid, hace un año atrás. 
Ganar o pudrirla, esa es su consigna. La violencia como método frente a la derrota, en dos pasos: la denuncia de "fraude" como excusa y la revuelta golpista como modus operandi.


La Opinión Popular


 
LAS OPERACIONES DE JAVIER MILEI CONTRA EL SISTEMA ELECTORAL
 
Por qué el cuento del "fraude" de los libertarios tiene patas cortas

Por Irina Hauser
 
La eventual falta de boletas de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje del domingo será exclusiva responsabilidad de esa fuerza política. Así lo advirtieron tanto la Junta Electoral porteña como la de la provincia de Buenos Aires en resoluciones que emitieron a raíz de que la cantidad entregada por el partido de Javier Milei es insuficiente para cubrir todas las mesas. 
 
Se necesitan 350 boletas por mesa y LLA entregó de 100 para abajo de manera deliberada para alimentar el fantasma del fraude. El argumento es que se las rompen o pierden, algo que no fue denunciado en la primera vuelta. Dicen que sus fiscales harán la reposición.
 
Como parte de la misma estrategia, el miércoles habían hecho una presentación insólita que acusaba a la Gendarmería de haber cambiado las actas contenidas en las urnas en las elecciones generales para beneficiar a Sergio Massa. 
 
El fiscal electoral Ramiro González citó para este viernes a la mañana a los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, para que entreguen las pruebas de lo que dicen. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández anunció que los denunciará.  
 
Después de un almuerzo con empresarios, el ministro de Economía y candidato Sergio Massa cuestionó las maniobras de LLA para sembrar sospechas de irregularidades. "Tengo enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral hacen desde hace muchos años en la Argentina", dijo.
 
Trazó una comparación con "las ideas de Trump y Bolsonaro de construir mensajes para no aceptar resultados", que --dijo-- "son muy malas". Pidió "inaugurar una etapa nueva y que esa etapa requiere de respeto, diálogo y bajar la violencia". La diputada Graciela Camaño, madrina política histórica del candidato presidencial, sostuvo: "Están creando un clima que tiene que ver con que se ven derrotados".
 
"Tirar noticias de fraude y decir las barbaridades que dice es porque advierte que pierde, para escandalizar el proceso electoral", agregó. El secretario de la Cámara Electoral, Sebastián Schimmel, ya explicó en varios medios que el sistema es seguro y la posibilidad de fraude es nula. 
  
 
Las boletas
 
La primera en advertir a LLA que había entregado pocas boletas fue, la semana pasada, la jueza electoral María Servini. Le dio un plazo de 24 horas para aportar más pero nada cambió. El sábado cerca de la medianoche, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución con el mismo señalamiento.
 
En ambos casos se había sugerido la entrega de un fajo de hasta 350 boletas por cada mesa, más fajos "de contingencia". No es una cantidad obligatoria, pero es la estimada para evitar problemas. "Una entrega tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de la Libertad Avanza, no se adecúa a las previsiones estimadas por este tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial", sostuvo la junta de la provincia. 
 
Los apoderados de LLA alegaron que no enviarían más, que habían "decidido aportar una cantidad de boletas para cubrir el inicio de los comicios" y que sus fiscales (que no se sabe si serán suficientes) se encargarán de la reposición donde sea necesario. Invocaron supuestos casos de "rotura y sustracción" de boletas tanto en las PASO como en las elecciones generales, a pesar de que esto no fue denunciado judicialmente. 
  
Eso, dicen, es lo que quieren evitar. Se comprometieron a presentar para "las secciones faltantes", pero la Junta en su nueva resolución les dijo que siguen siendo "insuficientes" y que en los preparativos tuvieron que restar fajos a ciertos municipios y de las bolsas de contingencia. 
 
Frente a este panorama, la Junta Electoral bonaerense --que integran los jueces Alejo Ramos Padilla, Roberto Lemos Arias y Sergio Torres-- sacó una nueva disposición y estableció un "Protocolo de acreditación y actuación de fiscales" donde señala:
 
"En ningún caso y bajo ningún concepto, el desarrollo de la elección podrá interrumpirse por falta de boletas de alguna de las agrupaciones políticas, pues (...) es exclusiva facultad y responsabilidad legal de dichas agrupaciones su provisión y reposición".  
* Advierte que el Código Electoral asegura que las agrupaciones designen fiscales para representarlas y para controlar el acto electoral, el conteo de votos y hacer reclamos. Pueden ser fiscales generales o de mesa quienes estén inscriptos en otros distritos. 
* Los fiscales deben "proveer las boletas de su agrupación para el inicio y desarrollo del comicio en cada mesa, solicitar periódicamente a las autoridades de mesa la verificación de su existencia en el cuarto oscuro y reponerlas...". La Junta exhorta a LLA para que "extreme sus cuidados y el debido cumplimiento de la función de sus fiscales". Si no hay fiscales o no hay boletas, los delegados electorales recurren a la "bolsa de contingencia" y si tampoco hay más deben denunciarlo ante la Junta. 
*Para que pueda funcionar ese esquema reclamaron que las agrupaciones presenten a sus "apoderados o referentes" antes del mediodía del viernes así como la ubicación de los locales partidarios donde tengan boletas. La lista de fiscales generales por sección y por escuela debe ser informada a más tardar 24 horas antes de la votación. 
*Son válidas las boletas oficializadas de las elección general de octubre en este distrito.  
 
La resolución de la Junta electoral porteña, integrada por Servini, Jorge Morán y Sebastián Picasso, alerta que la falta de boletas de LLA, pese al requerimiento que se le hizo, "no favorecerá al mejor desarrollo del comicio (...) solo se cubrirían las expectativas de 100 a 150 electores por mesa sobre un padrón de 350..." Agrega que aunque se prevé "un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas, esto no exime a la alianza de las responsabilidades establecidas en la normativa legal vigente de sus reposición y distribución ante el faltante..."
 
Le dio 24 horas más para que digan cómo van a proceder si eso su sucede y dejó claro que "la ausencia de boletas de esa alianza, en las distintas mesas electorales, será su exclusiva responsabilidad". 
 
 
Gendarmería
 
En la increíble presentación que hicieron esta semana ante Servini los apoderados de LLA para hacer crecer la idea del fraude, acusaron a la Gendarmería de haber cambiado en las elecciones generales "el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa".
 
Es decir, sostienen que los gendarmes modificaron las actas o las sustituyeron, pero que no van a revelar quienes dieron la información porque prefieren anonimato. Afirmaban que esto habría ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, Chaco y Tucumán.
 
El fiscal con competencia electoral, Ramiro González, los citó para este viernes a la mañana para que aporten precisiones y documentación que respalde semejante afirmación realizada a cinco días del balotaje y sobre supuestos hechos de hace un mes. También les pidió a las juntas electorales de todo el país que le informen que denuncias recibieron en las elecciones generales y en las PASO. 
 
"La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos", replicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de quien dependen las fuerzas de seguridad, en una entrevista en C5N. Agregó que no va a permitir que "sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que suceden esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza". ·
 
"Es imposible que suceda lo que plantea LLA", dijo después de explicar todo el procedimiento. "Nunca vi una cosa así", afirmó y sostuvo que el sistema electoral argentino "debe ser el más sanito a nivel mundial". Anunció que hará una denuncia penal contra los apoderados de partido de Milei. 
 
En el mismo reclamo ante Servini, LLA decía que quería garantizar para sus fiscales el control del traslado de las urnas en todo su recorrido hasta la Junta Electoral y pedían la intervención de la "Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, fuerzas honorables que deben controlar a los jefes regionales".
 
Esto último pareció una provocación, viniendo de un partido político que hizo campaña reivindicando el régimen dictatorial y con una candidata a vicepresidenta que visita genocidas presos por delitos de lesa humanidad. No era necesaria esa mención ya que el Comando Electoral está integrado por todas las fuerzas armadas y de seguridad. En una pequeña resolución Servini les dijo que la custodia y seguimiento de urnas ya están permitidos en el Código Electoral, en el artículo 106, y que el comando Electoral está encabezado por el Ejército Argentino. De todos modos, dado el planteo de supuestas irregularidades lo notifica a ese Comando, a la Cámara Electoral y al fiscal. 
 
El presidente de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, mandó una nota el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto para pedirle que "se enfaticen las medidas relativas al efectivo control por parte de las alianzas contendientes, de las tareas de preparación del material electoral y de la seguridad del traslado del material y/o documentación..."
 
A la dirección de Servicios Electorales del Correo Oficial le requirió acentuar "las medidas dirigidas a lograr la trazabilidad de los elementos que hacen parte de la logística electoral y que permitan optimizar el control por parte de las alianzas contendientes". 
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
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