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Nacionales - 10-11-2023 / 10:11
REVALIDAR EL PACTO DEMOCRÁTICO, UN TEMA QUE SE METE EN LA CAMPAÑA ANTE LA AMENAZA DE LA ULTRADERECHA

La reivindicación de Villarruel a Amelong que tiene cinco condenas por secuestros, torturas y asesinatos

La reivindicación de Villarruel a Amelong que tiene cinco condenas por secuestros, torturas y asesinatos
El genocida Juan Daniel Amelong, cuya libertad fue reclamada por Victoria Villarruel en el debate con Agustín “Chivo” Rossi, tiene cinco condenas, tres a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura cívico-militar genocida y hasta prestó su casaquinta familiar para que funcionara un centro clandestino por donde pasaron cientos de detenidos desaparecidos. Y se jactó de sus crímenes cuando declaró en los tribunales que lo juzgaron.
El genocida Juan Daniel Amelong, cuya libertad fue reclamada por Victoria Villarruel en el debate con Agustín "Chivo" Rossi, tiene cinco condenas, tres a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura cívico-militar genocida y hasta prestó su casaquinta familiar para que funcionara un centro clandestino por donde pasaron cientos de detenidos desaparecidos. Y se jactó de sus crímenes cuando declaró en los tribunales que lo juzgaron.
 
Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier "el Loco" Milei, dio así un paso más en su afán de socavar el proceso de verdad y justicia en la Argentina: durante el debate con Rossi, presentó a un represor multicondenado como una "víctima del terrorismo". En paralelo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) evitó contestar a la pregunta de si apoyaba la libertad de los genocidas y salió por la tangente al hablar de las demoras en los juicios.
 
"Me parece que es importante, más allá de tu pregunta, que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, (Juan Daniel) Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por Montoneros en democracia en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien", contestó Villarruel, escapando ante la consulta precisa de Rossi de si quería que los criminales de lesa humanidad salieran de la cárcel.
 
Amelong -a quien Villarruel presenta como una víctima- es un represor que tiene cinco condenas: tres de ellas, a prisión perpetua. Entre septiembre de 1974 y febrero de 1976, fue parte del Batallón de Ingenieros de Construcciones de Santo Tomé. En octubre de 1975, estuvo en el Operativo Independencia de Tucumán -la antesala del genocidio que se implementaría a nivel nacional a partir del 24 de marzo de 1976.


Después del golpe, Amelong figura dentro de los listados de oficiales del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Era uno de los miembros más activos de la patota represora de Pascual Guerrieri. Tal era su compromiso con la represión que puso a disposición de la causa una casaquinta de su familia, "La intermedia", para que se usara como centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

Amelong nunca ocultó su cruzada represiva. "He participado consciente de la guerra contra la subversión y puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber, ejecutando desde mi puesto de combate, con todas las órdenes y directivas de mi superioridad encaminadas al aniquilamiento y derrota de los enemigos que, disputando al Estado el monopolio de la fuerza, aislaron a toda la sociedad provocando una trágica confrontación", escribió en 1987.
 
La defensa de Villarruel a uno de los genocidas detenido por delitos de lesa humanidad es parte de su defensa a ultranza de la dictadura que estableció el Terrorismo de Estado. Un gobierno militar que suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.


La dictadura que Villarruel tanto defiende impuso un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de detenidos desaparecidos. La intención de Villarruel es convertir a los asesinos en víctimas. Realmente no se puede creer que tengamos semejante adefesio como candidata a vicepresidente. Es de terror.

La Opinión Popular



LA REIVINDICACIÓN DEL REPRESOR JUAN DANIEL AMELONG Y EL CÍNICO TUIT A EDUARDO TONIOLLI
 
La misión de Victoria Villarruel: convertir a los genocidas en víctimas
 
La candidata a vicepresidenta de Javier Milei presentó a Amelong como una "víctima del terrorismo" en el debate con Agustín Rossi. Obvió decir que tiene cinco condenas en su haber -tres a prisión perpetua-, que usó una propiedad de su familia como campo de concentración y que se jacta de su rol en la represión. El cruce en Twitter con el diputado Toniolli, hijo de una víctima de Amelong.

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Cuando cayeron las leyes que impedían el juzgamiento a los genocidas, Amelong ejercía como abogado. Era común que los querellantes o militantes de organismos de derechos humanos se lo cruzaran en los tribunales. Él aprovechaba para infundirles temor: los acosaba, se les paraba detrás. Cuando tuvo que sentarse por primera vez en el banquillo -en 2010- arrancó con una práctica: ponerse una vincha en la cabeza que decía "legalidad".
 
El nombre de Amelong había estado circulando antes del debate. El diputado nacional Eduardo Toniolli escribió en la red X (ex Twitter) que se había enterado de que Villarruel visitaba a Amelong en la cárcel. Este represor había estado directamente vinculado a la desaparición de su padre, Eduardo José Toniolli. Secuestrado en febrero de 1977 en Córdoba, primero fue llevado a La Perla -donde lo sometieron a feroces torturas- y después fue trasladado a Rosario, de donde era oriundo. La información recogida por la justicia indica que Toniolli padre fue asesinado en La Intermedia, la quinta que pertenecía a Amelong.
 
"No quiero personalizar la discusión. Es grave e inédito que alguien que tiene posibilidad de convertirse en la vicepresidenta de Argentina tenga un discurso reivindicativo de la última dictadura. En Argentina nunca había pasado. Ahora, hay una vuelta de tuerca", le dice a Página/12 el diputado Toniolli después de escuchar el debate.
 
En un nuevo cruce en X, Villarruel le escribió a Toniolli que era "válido" su dolor como hijo, pero insistió en el plan de victimización de Amelong. "Quiero que estén presos los asesinos de su padre (por Amelong) o sea los camaradas del tuyo. Digamos todo", se regodeó la número dos de Milei.
 
 
Que le pregunte dónde está mi hermano
 
"Es muy grave que una diputada nacional, candidata a vice, tenga estas expresiones. Villarruel confunde lo que son delitos comunes con delitos perpetrados por el Estado, en el marco de una dictadura cívico- militar y pretende construir la imagen del represor Amelong como una víctima, invisibilizada, sin derechos. Pareciera que quisiera ocultar el accionar por el que fue juzgado y condenado Amelong", dice Sabrina Gullino Valenzuela Negro.
 
Sabrina es la hija de Raquel Negro y Edgar Tulio "Tucho" Valenzuela. Raquel estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata por la patota del Destacamento 121 de Rosario. Estaba con su compañero, Valenzuela, y con Sebastián Álvarez, su hijo de un año y ocho meses. A Sebastián lo devolvieron a la familia.
 
Amelong fue uno de los represores que llevó a "Tucho" a México con el objetivo de infiltrar a la conducción de Montoneros y asesinar a Mario Firmenich. "Tucho" logró escaparse y denunciar la maniobra. Dijo que en la Quinta de Funes habían quedado su compañera embarazada y su hijo como rehenes. Después de la conferencia de prensa de Valenzuela, Amelong terminó detenido por los servicios de inteligencia mexicanos. Una ficha con su foto fue aportada por el National Security Archive (NSA).
 
Raquel fue trasladada a La Intermedia. Allí compartió cautiverio con Jaime Dri. La llevaron a parir al Hospital de Paraná, donde tuvo mellizos: una nena y un nene. Solo Sabrina apareció: es la nieta 96 restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
 
"El teniente Amelong, que tanto defiende Villarruel, fue junto con (Walter) Pagano uno de los represores que me abandonaron, con apenas días de nacida, en la madrugada del 27 de marzo de 1978, en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. Amelong seguramente sabe -si no es que fue él mismo- quién asesinó a mi madre y puso su cuerpo desnudo, con los brazos atados atrás y con una bolsa de nylon en la cabeza, en un baúl de un Peugeot 504 para reunirlo con los cuerpos sin vida de los otros catorce compañeros en el centro clandestino conocido como La Intermedia", dice Sabrina.
 
"¿Como diputada nacional, puede Villarruel pedirle a sus amigos que digan en donde están los cuerpos de nuestros seres queridos? ¿Tendrá la dignidad humana de interrogar a Amelong y exigirle que diga a quién le entregaron a mi hermano mellizo? Porque es obvio que si a mí me dejaron abandonada en un Hogar del Huérfano una madrugada, también fue Amelong el partícipe necesario en la apropiación del Melli", sostiene.
 
 
De victimarios a víctimas
 
Villarruel preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que se creó en 2006 -cuando se reanudaron los juicios a los genocidas. El Celtyv es una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada por Fernando Exequiel Verplaetsen, el exjefe de Inteligencia de Campo de Mayo que siempre reivindicó la represión.
 
El Celtyv llegó para ocupar el lugar que había dejado vacío Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS) -una organización ideada por los generales de la dictadura para contrarrestar a Madres de Plaza de Mayo y que se desactivó en 1991 tras el dictado de los indultos de Carlos Menem.
 
La socióloga Valentina Salvi, que hace tiempo investiga las memorias militares, propone historizar el proceso. "Si en los años '80 lo que se buscaba era evitar que los perpetradores fueran a juicio y que los reconocieran como salvadores y combatientes; ahora lo que se pretende es ponerlos en el lugar de víctimas", explica. Ésa es la operación que intentó Villarruel en el debate vicepresidencial y eligió, nada más y nada menos, que a un "cruzado" de la dictadura.
 
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Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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