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Nacionales - 10-11-2023 / 10:11
REVALIDAR EL PACTO DEMOCRÁTICO, UN TEMA QUE SE METE EN LA CAMPAÑA ANTE LA AMENAZA DE LA ULTRADERECHA

La reivindicación de Villarruel a Amelong que tiene cinco condenas por secuestros, torturas y asesinatos

La reivindicación de Villarruel a Amelong que tiene cinco condenas por secuestros, torturas y asesinatos
El genocida Juan Daniel Amelong, cuya libertad fue reclamada por Victoria Villarruel en el debate con Agustín “Chivo” Rossi, tiene cinco condenas, tres a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura cívico-militar genocida y hasta prestó su casaquinta familiar para que funcionara un centro clandestino por donde pasaron cientos de detenidos desaparecidos. Y se jactó de sus crímenes cuando declaró en los tribunales que lo juzgaron.
El genocida Juan Daniel Amelong, cuya libertad fue reclamada por Victoria Villarruel en el debate con Agustín "Chivo" Rossi, tiene cinco condenas, tres a prisión perpetua, por secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura cívico-militar genocida y hasta prestó su casaquinta familiar para que funcionara un centro clandestino por donde pasaron cientos de detenidos desaparecidos. Y se jactó de sus crímenes cuando declaró en los tribunales que lo juzgaron.
 
Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier "el Loco" Milei, dio así un paso más en su afán de socavar el proceso de verdad y justicia en la Argentina: durante el debate con Rossi, presentó a un represor multicondenado como una "víctima del terrorismo". En paralelo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) evitó contestar a la pregunta de si apoyaba la libertad de los genocidas y salió por la tangente al hablar de las demoras en los juicios.
 
"Me parece que es importante, más allá de tu pregunta, que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, (Juan Daniel) Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por Montoneros en democracia en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien", contestó Villarruel, escapando ante la consulta precisa de Rossi de si quería que los criminales de lesa humanidad salieran de la cárcel.
 
Amelong -a quien Villarruel presenta como una víctima- es un represor que tiene cinco condenas: tres de ellas, a prisión perpetua. Entre septiembre de 1974 y febrero de 1976, fue parte del Batallón de Ingenieros de Construcciones de Santo Tomé. En octubre de 1975, estuvo en el Operativo Independencia de Tucumán -la antesala del genocidio que se implementaría a nivel nacional a partir del 24 de marzo de 1976.


Después del golpe, Amelong figura dentro de los listados de oficiales del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Era uno de los miembros más activos de la patota represora de Pascual Guerrieri. Tal era su compromiso con la represión que puso a disposición de la causa una casaquinta de su familia, "La intermedia", para que se usara como centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

Amelong nunca ocultó su cruzada represiva. "He participado consciente de la guerra contra la subversión y puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber, ejecutando desde mi puesto de combate, con todas las órdenes y directivas de mi superioridad encaminadas al aniquilamiento y derrota de los enemigos que, disputando al Estado el monopolio de la fuerza, aislaron a toda la sociedad provocando una trágica confrontación", escribió en 1987.
 
La defensa de Villarruel a uno de los genocidas detenido por delitos de lesa humanidad es parte de su defensa a ultranza de la dictadura que estableció el Terrorismo de Estado. Un gobierno militar que suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.


La dictadura que Villarruel tanto defiende impuso un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de detenidos desaparecidos. La intención de Villarruel es convertir a los asesinos en víctimas. Realmente no se puede creer que tengamos semejante adefesio como candidata a vicepresidente. Es de terror.

La Opinión Popular



LA REIVINDICACIÓN DEL REPRESOR JUAN DANIEL AMELONG Y EL CÍNICO TUIT A EDUARDO TONIOLLI
 
La misión de Victoria Villarruel: convertir a los genocidas en víctimas
 
La candidata a vicepresidenta de Javier Milei presentó a Amelong como una "víctima del terrorismo" en el debate con Agustín Rossi. Obvió decir que tiene cinco condenas en su haber -tres a prisión perpetua-, que usó una propiedad de su familia como campo de concentración y que se jacta de su rol en la represión. El cruce en Twitter con el diputado Toniolli, hijo de una víctima de Amelong.

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Cuando cayeron las leyes que impedían el juzgamiento a los genocidas, Amelong ejercía como abogado. Era común que los querellantes o militantes de organismos de derechos humanos se lo cruzaran en los tribunales. Él aprovechaba para infundirles temor: los acosaba, se les paraba detrás. Cuando tuvo que sentarse por primera vez en el banquillo -en 2010- arrancó con una práctica: ponerse una vincha en la cabeza que decía "legalidad".
 
El nombre de Amelong había estado circulando antes del debate. El diputado nacional Eduardo Toniolli escribió en la red X (ex Twitter) que se había enterado de que Villarruel visitaba a Amelong en la cárcel. Este represor había estado directamente vinculado a la desaparición de su padre, Eduardo José Toniolli. Secuestrado en febrero de 1977 en Córdoba, primero fue llevado a La Perla -donde lo sometieron a feroces torturas- y después fue trasladado a Rosario, de donde era oriundo. La información recogida por la justicia indica que Toniolli padre fue asesinado en La Intermedia, la quinta que pertenecía a Amelong.
 
"No quiero personalizar la discusión. Es grave e inédito que alguien que tiene posibilidad de convertirse en la vicepresidenta de Argentina tenga un discurso reivindicativo de la última dictadura. En Argentina nunca había pasado. Ahora, hay una vuelta de tuerca", le dice a Página/12 el diputado Toniolli después de escuchar el debate.
 
En un nuevo cruce en X, Villarruel le escribió a Toniolli que era "válido" su dolor como hijo, pero insistió en el plan de victimización de Amelong. "Quiero que estén presos los asesinos de su padre (por Amelong) o sea los camaradas del tuyo. Digamos todo", se regodeó la número dos de Milei.
 
 
Que le pregunte dónde está mi hermano
 
"Es muy grave que una diputada nacional, candidata a vice, tenga estas expresiones. Villarruel confunde lo que son delitos comunes con delitos perpetrados por el Estado, en el marco de una dictadura cívico- militar y pretende construir la imagen del represor Amelong como una víctima, invisibilizada, sin derechos. Pareciera que quisiera ocultar el accionar por el que fue juzgado y condenado Amelong", dice Sabrina Gullino Valenzuela Negro.
 
Sabrina es la hija de Raquel Negro y Edgar Tulio "Tucho" Valenzuela. Raquel estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata por la patota del Destacamento 121 de Rosario. Estaba con su compañero, Valenzuela, y con Sebastián Álvarez, su hijo de un año y ocho meses. A Sebastián lo devolvieron a la familia.
 
Amelong fue uno de los represores que llevó a "Tucho" a México con el objetivo de infiltrar a la conducción de Montoneros y asesinar a Mario Firmenich. "Tucho" logró escaparse y denunciar la maniobra. Dijo que en la Quinta de Funes habían quedado su compañera embarazada y su hijo como rehenes. Después de la conferencia de prensa de Valenzuela, Amelong terminó detenido por los servicios de inteligencia mexicanos. Una ficha con su foto fue aportada por el National Security Archive (NSA).
 
Raquel fue trasladada a La Intermedia. Allí compartió cautiverio con Jaime Dri. La llevaron a parir al Hospital de Paraná, donde tuvo mellizos: una nena y un nene. Solo Sabrina apareció: es la nieta 96 restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
 
"El teniente Amelong, que tanto defiende Villarruel, fue junto con (Walter) Pagano uno de los represores que me abandonaron, con apenas días de nacida, en la madrugada del 27 de marzo de 1978, en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. Amelong seguramente sabe -si no es que fue él mismo- quién asesinó a mi madre y puso su cuerpo desnudo, con los brazos atados atrás y con una bolsa de nylon en la cabeza, en un baúl de un Peugeot 504 para reunirlo con los cuerpos sin vida de los otros catorce compañeros en el centro clandestino conocido como La Intermedia", dice Sabrina.
 
"¿Como diputada nacional, puede Villarruel pedirle a sus amigos que digan en donde están los cuerpos de nuestros seres queridos? ¿Tendrá la dignidad humana de interrogar a Amelong y exigirle que diga a quién le entregaron a mi hermano mellizo? Porque es obvio que si a mí me dejaron abandonada en un Hogar del Huérfano una madrugada, también fue Amelong el partícipe necesario en la apropiación del Melli", sostiene.
 
 
De victimarios a víctimas
 
Villarruel preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que se creó en 2006 -cuando se reanudaron los juicios a los genocidas. El Celtyv es una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada por Fernando Exequiel Verplaetsen, el exjefe de Inteligencia de Campo de Mayo que siempre reivindicó la represión.
 
El Celtyv llegó para ocupar el lugar que había dejado vacío Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS) -una organización ideada por los generales de la dictadura para contrarrestar a Madres de Plaza de Mayo y que se desactivó en 1991 tras el dictado de los indultos de Carlos Menem.
 
La socióloga Valentina Salvi, que hace tiempo investiga las memorias militares, propone historizar el proceso. "Si en los años '80 lo que se buscaba era evitar que los perpetradores fueran a juicio y que los reconocieran como salvadores y combatientes; ahora lo que se pretende es ponerlos en el lugar de víctimas", explica. Ésa es la operación que intentó Villarruel en el debate vicepresidencial y eligió, nada más y nada menos, que a un "cruzado" de la dictadura.
 
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Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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