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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 04-06-2023 / 09:06
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Política y presiones: El viaje de Sergio Massa, entre los BRICS, el FMI y los chinos

Política y presiones: El viaje de Sergio Massa, entre los BRICS, el FMI y los chinos
Sergio Massa consigue reuniones de alto nivel con autoridades chinas y con la titular del banco de los BRICS, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. La oposición política se dedica a bajarle el precio a los acuerdos, a las tratativas.
El ministro de Economía Sergio Massa viaja a China, haciendo escala en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Retoca un gran tema musical: va en tren, va en avión. El fin justifica los medios de transporte pongalé. La hiperquinesis habilita que comparta escena con el ministro del Interior Eduardo De Pedro y con el diputado Máximo Kirchner.
 
Massa consigue reuniones de alto nivel con autoridades chinas y con la titular del banco de los BRICS, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. La oposición política se dedica a bajarle el precio a los acuerdos, a las tratativas.
 
Periodistas in the pendientes devienen periodistas en bajada. O Embajada. Sermonean a los funcionarios argentinos, les dan cátedra sobre relaciones internacionales. Se hacen eco de monsergas del Departamento de Estado. China es una potencia malvada, el multipolarismo bien entendido consiste en hacerle la venia a Washington.
 
Los swaps en yuanes transitan un sendero conocido. Al principio la Embajada y los portavoces nativos vaticinan que los chinos, inescrutables, cerrarán la mano. Luego chicanean con los números para más adelante poner en duda para qué servirán. La narrativa fracasó (fue desmentida) años atrás, se repite como mantra.
 
Massa consiguió algo bastante parecido a lo que buscó. Sobre todo, si se entiende que un negociador avezado pide un poco más de lo que espera. En el trayecto sostuvo conversaciones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro podría desplazarse hacia Estados Unidos.
 
Propios y ajenos concuerdan en que se consiguen parches, salvavidas hasta fines de este mes o agosto, fechas de significado político evidente, hiper cercanas. Zurcir la macro es mejor que dejarla al garete, concuerdan en la Casa Rosada y en Economía.
 
Aunque "la gente" sigue viviendo en la micro, con inflación imparable, ingresos fijos que se quedan cortos para llegar a fin de mes e inequitativa distribución del ingreso.
 
Semanas atrás (parecen lustros) Massa anunció que convocaría a un encuentro entre empresarios, dirigentes sindicales y líderes de organizaciones populares para analizar un mini plan de estabilización, precios y salarios. Nadie recuerda la promesa que entró en el pasado tal vez por ser demasiado ambiciosa para un gobierno y un ministro que no pueden ponerle el cascabel al gato inflacionario.
 

La cuenta regresiva se mide en días, antes de fin de mes cierran las listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales. Tiempos de enfrascamiento, de roscas vertiginosas. Los análisis de los medios y las tácticas de los protagonistas revelan marcada ausencia de instancias orgánicas: Congresos con debate, plenarios, asambleas o lo que fuera. No absoluta pero sí predominante en particular en las tres fuerzas que los sondeos indican como aspirantes a entrar en ballotage. La participación te la debo o la confino solo al voto.
 
Palaciegas las fotos publicitarias, las movidas. Cosas extrañas transcurren en Ciudad Gótica: casi todo se cocina en Palacio pero sin que actúen operadores políticos de alto nivel. O de mediano. Serían funcionales o acaso necesarios, opina uno, pero no hay disponibles, fogueados, astutos.
 
Pasó de moda suponer que alguna coalición podría ganar en primera vuelta... No significa que sea imposible (tantos pronósticos fallan en la aldea global...) pero sí da cuenta de los imaginarios dominantes. Ningún tercio, hoy y aquí, sueña con la pinta de Carlos Gardel.
 
En paliques secretos, poco divulgados o clandestinos se manejan cifras ajenas a la gente común. Casilleros a llenar, imprescindibles. Miles y miles de fiscales necesarios para ser competitivo en agosto y octubre, no quedar sin boletas, no sufrir "que te vuelquen las urnas". El sistema electoral nacional es serio, no se registran antecedentes verosímiles de tales fraudes... pero jamás hay que bajar la guardia.
 
Unos miles de candidatos si se quieren completar todas las boletas que se someterán a consideración de los ciudadanos. Muchos para ir buscando en la vasta geografía patria, pocos si se compara lo disponible con las ambiciones de compañeros, correligionarios o vecinos que pugnan por candidaturas.
 
Mucha guita y mucha gente para la logística. Esponsoreo transparente u oculto de mecenas poderosos y demandantes.
 
Aparte de presidente y vice se renuevan la mitad de los diputados nacionales que relevan a los elegidos en 2019, fecha propicia para el Frente de Todos. Ningún augur imagina que consiga revalidar las bancas obtenidas con el 48 por ciento de los votos en primera vuelta, la que define esa puja. Juntos por el Cambio anduvo por el 40 por ciento, tampoco tiene pinta de llegar a tanto.
 
Ocho provincias cambian senadores nacionales, los que llegaron en 2017, votación dichosa para los cambiemitas. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y San Juan. En la Cámara Alta, JpC arriesga más que el Frente de Todos.
 
 
Los decisivos votos de la Corte: 
  
La Corte Suprema inhabilita al gobernador sanjuanino Sergio Uñac para buscar su reelección. Tres magistrados se pronuncian, el coreuta vaticano Ricardo Lorenzetti se esconde tras los cortinados o farfulla algún pretexto formalista para borrarse. Al decidir, la Corte fuerza una interpretación unitaria de la llamada competencia originaria. Sin entrar en tecnicismos, digamos que manda a la "B" a los tribunales de provincia.
 
Los fundamentos conjuntos de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se ciñen al ámbito provincial: estudian la constitución sanjuanina, deducen que la candidatura de Uñac la viola.  
  
Carlos Rosenkrantz va más lejos... por algo es el más macrista de todos, el de la primera hora. Traza filigranas sobre la república y la alternancia. La reelección indefinida es anti republicana, a sus ojos.
 
Recoge ovaciones en universidades pagas: la de San Andrés (de la que fue rector), la Torcuato Di Tella (UTDT). El sentenciante legisla o se inviste de poder constitucional. Un jurista serio, Andrés Gil Domínguez, tuitea hilo de dudas. ¿Cuántas reelecciones deben considerarse anti republicanas? ¿Una, dos "n"? Imposible saberlo. ¿Y si al ex rector le parecen riesgosos cuatro años, un solo mandato?

Aporte pequeño de quien les habla. La Constitución nacional de 1994 permite que el presidente reelecto vuelva a presentarse dejando pasar un período. Es más permisiva que la de Estados Unidos, dato que amerita mención. El presidente Carlos Menem probó en 2003. Si ganaba y reelegía en 2007 podría haber gobernado durante 16 años. Cristina Fernàndez de Kirchner estaba legitimada para postularse en 2018, tras haber cumplido dos mandatos entre 2007 y 2015. Para los autores de la Carta Magna la república no sucumbiría, en tal caso.

 
La inventiva de Rosenkrantz lleva a una vía muerta o un abuso de la interpretación, a la plenipotencia de la Corte.
 
Los aplaudidores (todos macristas, confesos o culposos) propugnan un sistema de presunciones anti mayoritario. En caso de duda, hay que anular elecciones, la Corte Suprema debe meter cuchara. La judicialización se torna regla, costumbre, vicio.
  
Sin embargo, lo razonable es lo contrario, la prevalencia del principio federal. La dosificación del conflicto de poderes. La medicina consistente en privar de derechos a provincias, candidatos y en última instancia a sus poblaciones se transforma en pócima indigesta o en veneno.
 
En caso de duda, no hay que cobrar. El principio debería valer para los árbitros que manejan el VAR tanto como para los supremos.
 
La Corte activó una dinámica imparable: judicialización en Formosa, en Buenos Aires contra la reelección de intendentes.
 
El actor y exsenador Nito Artaza coloca en un brete al tribunal. Acude contra la impresentable precandidatura del intendente de Vicente López Jorge Macri quien, en uso de licencia, se propone como precandidato a Jefe de Gobierno porteño. La Corte tendrá que ver qué piruetas hace para sostener su reputación y al primo del expresidente Mauricio Macri. Uno imagina a la platea de doctrina vociferando: "la camiseta amarilla se tiene que transpirar...".
 
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Encuestas abajo: 
  
Jorge Macri relegó al ministro de Salud porteño Fernán Quirós en una interna falsa, un simulacro. Se anunció que se harían encuestas para dirimir supremacías. Nadie lo creyó. El dedazo suplió a improbables sondeos. El resultado deja huecos incomprensibles. El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta defeccionó para construir un sucesor en su distrito "feudo". Y arrugó al aceptar un Macri, flojo de papeles y no muy vistoso.
 
El Frente de Todos, a su vez, sigue sin resolver cuantos candidatos nacionales irán a las PASO, si se deja en paz al gobernador Axel Kicillof para que busque la reelección en Buenos Aires.
 
Como insinuó esta columna el domingo pasado crece el malestar de los gobernadores justicialistas o aliados. En la semana entrante se reunirán, no para unificar personería (les cuesta mucho) aunque sí para conseguir resonancia. 
  
Por otras vías protestan porque les cierran las bocas de expendio de dólares oficiales, imprescindibles para mantener equilibrios fiscales más desahogados que los nacionales.  
  
Bajo el cono del silencio piden que se rehabilite la obra pública sufragada por la Nación en modo electoral, esto es destinando más plata que en años pares. La praxis de la presidencia de Alberto Fernández se aparta de esa regla de campaña, transversal a cualquier fuerza política. Demasiadas cuitas en los territorios para un oficialismo sediento de votos y de apoyos locales.
 
Las consultoras hacen su agosto desde hace un par de meses: año de cosecha gruesa, fina, la que usted quiera. Se ensayan por doquier caracterizaciones de los presuntos votantes del diputado Javier Milei. Meses atrás se profetizaba la victoria en primera vuelta de Juntos por el Cambio. El augurio quedó atrás.
 
Alejandro Catterberg, director de Poliarquía explicó ayer en "La Nación" que Juntos "tenía ganada" la votación en aquel entonces. La perdió, glosa este cronista, por almorzarse la cena prematuramente, por vender la piel del oso sin haberlo cazado.
  
En una de esas las tipificaciones sobre los electores de Milei (jóvenes, hombres, pobres o ricos) también pequen por apresuradas. Las lecturas, simplotas o profundas, incursionan en otro formato de época: elogiar las opciones de los votantes, no "apenas" comprenderlos. La moda de elogiar a quienes apoyan opciones de derecha tendrá que debatirse cuando se verifique cuántos y quiénes son.
 
A cuenta: si el pueblo es soberano, si su voto vale y debe ser defendido frente a imposiciones elitistas (judiciales o políticas) "la gente" tiene que hacerse cargo de lo que elige. Son ciudadanos, no ganado ni clientela cautiva. Si eligen ser fachos, debe pensarse por qué para enfrentarlos y no para endiosarlos o describirlos como víctimas que reaccionan contra la injusticia.
 
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Soberanos y responsables: 
  
El sistema político argentino aúna características infrecuentes tan valiosas como dejadas de lado en los análisis y en las sentencias. El federalismo rige en menos del 20 por ciento de los países que integran las Naciones Unidas. El voto universal y obligatorio, derecho y deber que es pilar de la participación masiva, existe en una proporción todavía menor. 
 
No importan tanto las cifras estrictas como subrayar que los constituyentes y los partidos democráticos consolidaron un sistema que fomenta la participación de los humildes, la diversidad entre regiones. Los debates legales se deben encarar tomando en cuenta dichos parámetros que expresan escalas de valores.
 
La derecha activa y presiona. La Cumbre para reactivar UNASUR se empantana por las discusiones sobre Venezuela. El escándalo se promueve desde el Norte, encuentra voceros de izquierda (el presidente chileno Gabriel Boric) y de derecha (el uruguayo Luis Lacalle Pou). La iniciativa del presidente brasileño Lula da Silva no avanza. Lula se consolida como líder regional pero tropieza con un contexto corrido a la derecha, en su patria y en el vecindario.
 
Todo es difícil en el planeta y en nuestro suelo. Problema que se agrava sin unidad, sin diálogo interno, sin organización básica, sin operadores hábiles.
 
Estas historias continuarán, a tambor batiente.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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