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Nacionales - 02-06-2023 / 12:06
EL MENSAJE MAFIOSO QUE ENVIÓ CON EL FALLO CONTRA SERGIO UÑAC SOLO FAVORECE AL MACRISMO

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo

La Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias y lejos de impartir justicia, rompe el federalismo
Sin que la causa pasara por el máximo tribunal de San Juan, los jueces Carlos Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz resolvieron que el gobernador Uñac no puede presentarse para un tercer mandato. La sentencia confirma la decisión de la Corte Suprema de incidir en el proceso electoral, a favor de Juntos por el Cambio, y establece un criterio amplio para restringir las reelecciones, que amenaza con extenderse a otros casos, como el de Gildo Insfrán en Formosa.
Este jueves, la Corte Suprema resolvió la inhabilitación de Sergio Uñac como candidato a gobernador en las próximas elecciones de San Juan, señalando que la reelección en sucesivos mandatos implica "el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia". Los jueces supremos, que el pueblo no eligió y duran de por vida, ratifican así la decisión arbitraria que tomaron el 10 de marzo al suspender las elecciones provinciales en San Juan y también en Tucumán, a cinco días de su realización.
 
Al rechazar que Uñac pueda presentarse en elecciones como gobernador de San Juan, la Corte ratifica su decisión arbitraria de intervenir en las elecciones provinciales, en contra del federalismo, poniendo un límite a intentos reeleccionistas pero con una parcialidad política evidente a favor de Juntos por el Cambio, ya que no cuestiona de la misma manera aspectos antidemocráticos importantes de los gobiernos macristas como el de Jujuy. Con este fallo la Corte sienta un precedente que podría ser aplicado en otras provincias, como el caso de Gildo Insfrán en Formosa, o el de las reelecciones de intendentes bonaerenses.
 
La arbitrariedad y parcialidad política del accionar resulta evidente al ver que las fundamentaciones esgrimidas, en defensa de la Constitución Nacional, el "republicanismo" y la democracia solo funcionan para cuestionar los intentos reeleccionistas de algunos gobernadores, que por "casualidad" son todos peronistas. La votación fue conjunta de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, con la concurrencia de Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no votó ya que no había intervenido en las medidas cautelares previas. El máximo tribunal estableció además un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones.
 
El fallo establece que, aunque no hubiera una prohibición en la constitución provincial -que sí la hay en el caso de San Juan-, también está prohibida la reelección con base en la Constitución Nacional. De esta forma, abre la puerta a avanzar mucho más aún su injerencia en declarar la inconstitucionalidad de otras reelecciones indefinidas, que son admitidas en provincias como Formosa o en las intendencias por ser contrarias al artículo 5 de la Constitución Nacional.
 
La peligrosa puerta que se abre es lo suficientemente amplia como para dar un enorme paso en la autoadjudicación de la Corte en materias electorales, provinciales e incluso municipales. Una vez más, el Poder Judicial, cuestionado por corrupción, con cuatro jueces a la cabeza que la población no vota democráticamente, sueldos y condiciones de privilegios, no sólo opta por decidir sobre las condiciones en las que ejercen su voto en los casos impugnados, sino que habla de valores democráticos que no se aplican ellos mismos.
 
Si no caben dudas que la reelección indefinida es antidemocrática, ¿qué habría que decir entonces, de jueces que nunca fueron votados de forma directa y mantendrán su cargo toda la vida? La crisis política que atraviesa el país permite que el Poder Judicial se arrogue a sí mismo cada vez más facultades para arbitrar a favor de una variante derechista de gobierno, algo que ya ocurrió en países como Brasil. La debilidad del peronismo para enfrentarlo quedó demostrada al evitar cuestionar en las calles el avance de las posiciones más reaccionarias, que incluyen a grandes sectores del Poder Judicial.
 
La disputa entre el gobierno y el Poder Judicial unido a Juntos por el Cambio termina en la puja por mayores cuotas de poder, por tener jueces propios, gobernadores propios, pero lejísimos de buscar representar algún interés favorable a las grandes mayorías populares.
 
La Opinión Popular
 

 
EL DEDO SUPREMO DEFINE CANDIDATOS Y APUNTA CONTRA LAS REELECCIONES
 
El mensaje que envió la Corte con el fallo contra Sergio Uñac
 
Por Irina Hauser
 
En un fallo sin sorpresas, pero a tono con la decisión de tallar en el proceso electoral actual, la Corte Suprema inhabilitó a Sergio Uñac a postularse para un tercer mandato como gobernador de San Juan. Los supremos -por mayoría- se arrogaron la competencia originaria sin que el caso hubiera pasado por el máximo tribunal provincial y concluyeron que una nueva candidatura de Uñac sería contraria a las bases de lo que ellos entienden por "republicanismo" que, dicen, implica evitar la perpetuación en el poder.
 
Esa concepción, como es evidente, no incluye a sus propios cargos vitalicios. Más allá de la interpretación de la Constitución provincial, la sentencia establece un criterio amplio para restringir las reelecciones que parece dejar la posibilidad latente, o el amague, de extenderse a otros casos planteados ante la propia Corte, como el de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa.
 
La Corte dio el primer golpe fuerte cuando suspendió con solo seis días de anticipación las elecciones en San Juan y Tucumán al hacer lugar a medidas cautelares de la oposición y marcar el inicio de una ofensiva contra el peronismo. A nadie se le escapó, además, que fue en medio del juicio político a los jueces supremos.
 
Los fundamentos adelantaban el desenlace tras admitir la competencia, pese a que la Procuración General, con la firma de Laura Monti, decía que eran asuntos provinciales. Así comenzaron a llover presentaciones ante el máximo tribunal contra Insfrán, contra la reelección de intendentes bonaerenses y tal vez se venga algo más. Se saltean las instancias provinciales porque suponen que tendrán el cobijo de los cortesanos.
 
"Si ahora todo es competencia originaria, no tienen sentido el resto de los tribunales", se quejan algunos jueces. Como es conocido, en Tucumán el gobernador Juan Manzur se bajó de la candidatura a vicegobernador antes de que los cortesanos resolvieran la cuestión de fondo. Pero Uñac resistió y la Corte falló.
 
Ahora se viene la danza de nombres para la nueva fórmula sanjuanina, que fue variando en la semana. La última versión dice que Rubén Uñac, senador nacional y hermano del gobernador, sería su reemplazante en la boleta y quedaría como vice  Cristian Andino. No está claro aún. La votación se realizaría la primera quincena de julio.
 
 
Diferencias internas
  
El voto que encabeza la sentencia es de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y declara que "el señor Sergio Uñac se encuentra inhabilitado por el artículo 175 de la Constitución provincial para ser candidato a gobernador para el nuevo período que comienza el 10 de diciembre de 2023".
 
El dúo entiende que la norma provincial limita las reelecciones y que Uñac quería hacer trampa. Agrega que su postulación "se funda en una interpretación contraria al artículo 5° de la Constitución Nacional" ya que "lesiona 'la esencia del sistema representativo republicano' que las provincias están obligadas a cumplir".
 
El voto de Carlos Rosenkrantz va más lejos y apunta directamente a que las reelecciones deberían estar prohibidas porque, a su criterio, conllevan el riesgo de que el pueblo deje de estar debidamente representado y se dañe la democracia. Ricardo Lorenzetti no se pronunció, en teoría porque no intervino antes en la medida cautelar. La incógnita es qué hará en otras causas.
 
 
El caso
  
La candidatura de Uñac (Vamos San Juan), avalada por el Tribunal Electoral provincial, había sido impugnada por Sergio Guillermo Vallejos Mini, candidato a gobernador alineado con Javier Milei dentro de la coalición electoral Unidos por San Juan (Juntos por el Cambio y aliados).
 
El procurador interino Eduardo Casal dictaminó contra la nueva postulación y -aunque su opinión no es vinculante- sirvió de base para la Corte. El fallo supremo establece que de la Constitución Nacional surge una supuesta pauta republicana que limita las reelecciones aunque las constituciones locales no lo hagan en forma explícita. Visto de esa manera, el criterio podría proyectarse a otros casos de gobernadores e intendentes. El tribunal justifica su intromisión en la autonomía provincial diciendo que es "garante del orden institucional" y que eso implica "asegurar el sistema representativo y republicano".
 
La Constitución sanjuanina dice que "el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces". Uñac fue vicegobernador en el período 2011-2015, luego gobernador entre 2015 y 2019 y otra vez gobernador hasta este año. Tanto él como el tribunal electoral dicen que el límite de tres mandatos rige solo para el mismo cargo.
 
Pero según Rosatti y Maqueda, eso "significaría que Uñac podría desempeñarse como gobernador y vicegobernador de manera consecutiva e indefinida. Así, una persona podría ejercer el mismo cargo durante uno, dos o tres mandatos consecutivos e inmediatamente después desempeñar el otro cargo del binomio también por uno, dos, o tres mandatos consecutivos, repitiendo el ciclo de manera indefinida". Para ellos esto no está habilitado por la Constitución local y es antirepublicano.
 
 
El antecedente
  
Su voto señala similitudes con el fallo de 2019 donde inhabilitaron a Alberto Weretilneck para la reelección como gobernador de Río Negro. Incluso citan párrafos enteros de aquella sentencia como el que destacaba como "virtud republicana" la de "desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos".
 
"En efecto la vigencia del sistema republicano presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", decían entonces y ahora. Otra frase que recuperan: "La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución".
 
En el caso de Río Negro no hubo medida cautelar sino directamente un fallo sobre el fondo con la firma de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz había votado en disidencia. Para hacer algo distinto con San Juan debía justificarse: al dictar la cautelar contra Uñac dijo que quien denunciaba a Weretilneck (el actual ministro de Justicia, Martín Soria) no había demostrado que se quisiera perpetuar en el poder y que la cuestión había sido resuelta por la Justicia local.
 
En el fallo de fondo contra Uñac, Rosenkrantz se despachó con un extenso voto. "No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano", sostuvo.
 
"La influencia -se explayó- en la composición del Poder Judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las 'condiciones generales de igualdad' en la competencia electoral".
 
 
Lecturas y críticas
  
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el voto de Rosatti y Maqueda "responde a una lógica federal diferente de la voluntad del constituyente provincial", mientras que Rosenkrantz "construye un federalismo sometido a la imposición de la interpretación judicial del principio republicano", lo que habilitaría a meterse con las constituciones provinciales.
 
El jurista, que se presentó en la Corte contra la reelección de intendentes bonaerenses, había advertido ante la suspensión de elecciones que la Corte estaba haciendo política. Otro especialista, Gustavo Arballo, señaló que el voto de Rosenkrantz parece dedicado a avalar las objeciones a las reelección indefinida en Formosa. En el papel de traductor del fallo, señaló que la Corte sostiene un concepto que no es nuevo: que la Constitución Nacional le da al máximo tribunal la "posición de garante" para "interpretar el derecho local".
 
En una columna publicada en este diario el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra decía que no le agradan las reelecciones porque autorizan "a los oficialismos a utilizar aparatos y no estarían todos, absolutamente todos los ciudadanos, en igualdad de oportunidades para participar". Pese a eso, aclaraba, "la reelección no es contraria a Derecho. Contrario a Derecho es no elegir". Si las constituciones locales no las prohíben expresamente, decía, las reelecciones deben ser admitidas porque "no avasallan terminantemente ni la representatividad ni el republicanismo" y, en todo caso, si se quiere establecer una prohibición general habría que hacer una reforma constitucional.
 
Ferreyra cuestionó el fallo contra Uñac: las reelecciones, dijo, "una vez consagradas en las constituciones, incluso las indefinidas, son una declaración de la ciudadanía de una provincia y solamente pueden ser cambiadas bajo la misma dirección suprema del pueblo". "Pareciera emerger una nueva doctrina judicial emanada de la mayoría de los jueces de la Corte, según la cual la pauta republicana debe desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos". Esto dice, "lesiona irreparablemente la soberanía del pueblo".
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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