16:35 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 30-05-2023 / 10:05

DURÍSIMA CON EL CIERRE APRESURADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

Cristina: La jueza y el fiscal no quieren saber quién está atrás del atentado, me quieren presa o muerta

Cristina cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".

El dictamen del fiscal Carlos Rivolo sostuvo que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado" por alevosía y premeditación. Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de azúcar, fue considerado partícipe secundario. Según el fiscal, "actuaron por su cuenta" con al menos dos meses de planificación.

Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este lunes sobre la decisión del fiscal Rivolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y el pedido de la elevación a juicio oral, y lo consideró "un nuevo acto de consagración de la impunidad", por parte del Partido Judicial Macrista.

La vicepresidenta cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022" (el día en que intentaron matarla), expresó la vicepresidenta a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó.

De esta manera, la exmandataria rechazó y criticó la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó este lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Dejando afuera del cerco acusatorio a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a la alianza derechista Juntos por el Cambio, como la familia Caputo y Millman.

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", sostuvo la vicepresidenta.

Respecto a los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos", enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas "no se investigan nunca más".

"Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", lanzó la vicepresidenta y denunció "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores", cruzando fuerte al poder judicial corrupto. ¿Qué puede esperarse de esta justicia totalmente controlada por el macrismo?

La Opinión Popular

LA FISCALÍA CLAUSURÓ LA INVESTIGACIÓN

Atentado a CFK: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo a juicio oral

Pese a los cuestionamientos y la oposición de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal de la investigación sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta dio por terminada la investigación e hizo el pedido formal para enviar a juicio oral a los tres detenidos.

En un dictamen de 197 páginas sostuvo que Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar (y falló) a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, quien estaba con él en el lugar, deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego". A Gabriel Carrizo, el jefe del los vendedores de copos de azúcar, lo considera un partícipe secundario.

Para el fiscal este grupo comenzó a planificar y diseñar el asesinato desde al menos dos meses antes y no necesitó una gran estructura ni demasiado dinero. Concluyó que actuaron por su cuenta ya que no hay pruebas de que haya existido alguna organización, partido político o personas que hayan "financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

La vicepresidenta describió este paso en la causa como "un nuevo acto de consagración de la impunidad" y remarcó que el dictamen omite directamente referirse a líneas de investigación más allá de los tres detenidos como autores materiales. Al diputado del PRO Gerardo Milman, por ejemplo, se lo menciona al pasar en un listado de material y testimonios recolectados. Ahí, sin embargo, remarcó CFK, no está incluida la última declaración de su exsecretaria Ivana Bodhziewizcz, quien reveló que la llevaron a borrar el contenido de su celular, en plena investigación, a una oficina de Patricia Bullrich donde la esperaban Milman y un perito.

El texto de la vicepresidenta publicado en su cuenta de Twitter, advierte la coincidencia de que los celulares de varios testigos terminaron borrados y sobre la falta de referencia a borrado del celular de Sabag Montiel, que apareció reseteado de fábrica horas después del atentado, cuando se debía extraer su contenido, buena parte del cual se perdió.

En teoría, las pistas pendientes y pruebas solicitadas por la querella se seguirán investigando en forma separada. Pero el fiscal Carlos Rívolo ya tomo posición al decir que los detenidos eran unos violentos sueltos que, de todos modos, dedicaron un buen rato a la planificación del asesinato. CFK sostuvo que partir las "causas complejas" "en pedacitos" es una práctica "clara para buscar la impunidad".

"Como un caballo de Troya"

Este jueves se cumplirán nueve meses desde el intento de asesinato. El primer detenido, la misma noche del 1 de septiembre, fue Sabag Montiel, a quien lograron atrapar militantes que iban a dar respaldo a CFK en medio del juicio de Vialidad. Uliarte casi logra escaparse a pesar de que se supone que estaba siendo vigilada. Fue arrestada el 4 de septiembre arriba de un tren. Carrizo quedó preso diez días después.

Sabag Montiel, describe el dictamen, aprovechó el momento en que CFK saludaba a las personas que la rodeaban por la "confusión y desprolijidad que generaba la multitud", entre la que se mezcló hasta quedar bien cerca. La vicepresidenta estaba en una situación de indefensión, dice el fiscal.

La pistola calibre .32 marca Bersa, modelo Lusber 84 que llevó, estaba apta para disparar y cargada con cinco cartuchos. Sabag apretó el gatillo pero no había ninguna bala alojada en la recámara y el tiro falló. Rívolo puso en cuestión a la custodia: "El operativo de la custodia vicepresidencial, tal como fue llevado a cabo (...) , no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel", señaló. Recordó que se la investiga en otra causa.

El arma estuvo en manos de Sabag Montiel desde el 20 de abril del año pasado. Tenía la numeración limada. Había sido de un conocido suyo que falleció. Del celular secuestrado se rescató una foto del arma con los proyectiles apoyada en el colchón donde dormía con Uliarte. También se hallaron fotos de ella con el arma. El fiscal dice que al menos desde el mes de julio ambos hablaban de matar a la vicepresidenta y que parte del plan era mezclarse entre los numerosos simpatizantes de CFK.

"Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", decía Uliarte el 5 de julio. Agregaba: "Sé usar un fierro, no soy francotiradora pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco ser estratega"; "Y no necesariamente hace falta que me vean"; "No voy a ser boluda de automandarme al muere" "y no voy a ir sola".

También hablaba de su deseo de "reventar la Quinta de Olivos o la Casa Rosada con bombas molotov"; "A mí sí me re dan los ovarios para hacerlo"; "No necesito pagarlo, yo puedo serlo", decía. El 23 de agosto Brenda le decía a Carrizo: "Hace falta que alguien vaya con un fierro y le de un corchazo a Cristina". Para esa fecha ya eran masivas las movilizaciones de respaldo a CFK cerca de su casa. El mismo día Brenda y Sabag hablan de alquilar un departamento en el barrio con buena visión hacia la casa de CFK. Luego lo descartaron.

En el celular de otro de los "copitos" había mensajes muy explícitos de Sabag Montiel. El 30 de julio: "Tenía unas ganas de esperar que salga Cristina y meterle un corchazo". A mitad de agosto: "Yo quisiera conocer a Cristina hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo". El 28 de agosto contaba que había ido cerca de la casa a vender algodón de azúcar. "Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo ahí si voy a salir en crónica en serio", había dicho el 23. Toda esa semana la zona de la casa de CFK estuvo llena de gente que le daba apoyo tras el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad.

El 27 de agosto, recordó el fiscal, fue el primer intento frustrado de magnicidio. Hubo movilizaciones en Recoleta todo el día. La policía porteña reprimió. Al final del día Cristina habló desde un pequeño escenario improvisado a metros de su casa. Cerca de las 12 de la noche Sabag Montiel le escribió a Uliarte: "No, ya se me...metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron, y estuve....le toqué la espalda a Axel Kiciloff y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada".

También le dijo que había una cámara de C5N y que quedaba poca gente. Rívolo deduce de la conversación que el arma la tenía Uliarte. Entre los dos razonaban cual era el mejor momento para disparar y Sabag se imaginaba posibles desenlaces. Esa misma noche Uliarte hablaba con su amiga Agustina Díaz (agendada como "Amor de mi Vida") y le decía: "Hoy me convierto San Martín"; "Mandé a matar a la vice Cristina"; "Mandé a un tipo para que la mate a Cristi". El fiscal pidió el sobreseimiento de Díaz.

Otros mensajes revelan que Sabag Montiel se asesoró para usar la Bersa, con un tal David A.J.Ricciardone. Le consultó cómo debía hacer "ráfaga de tiro de doble acción" para realizar "tiros repentinos sin cargar" con la pistola Bersa. "...a Cristina quiero matar...", dijo. El 28 de agosto buscó en Google "carta astral cristina kirchner" y al día siguiente "Carta Natal de Cristina Fernández de Kirchner, Gobierno de Cristina".

Carrizo

Para la fiscalía, Carrizo --el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, que su grupo de vendedores tenía a Sabag y Uliarte-- planificó lo que pretendía ser un asesinato y aportó un arma calibre 22. La noche del intento de homicidio, Carrizo envió varios mensajes.

A un amigo le dijo: "Recién intentamos matar a Cristina", "el arma es mía amigo". Algo similar le dijo a su hermanastra, Andrea Posadas, y se queja porque el atentado estaba planeado para una semana después. Además le dice que le parecía extraño que hubiera fallado porque su revólver andaba bien. Cuando se entera que la utilizada había sido una Bersa, le avisa a ella que el arma no era la suya. De todos modos insiste: "Estamos decididos a matar a la puta esa". Se jacta de que él va a "terminar el trabajo". Estos diálogos son de las horas posteriores al ataque.

Sin estructura ni financiamiento

El dictamen afirma que hasta este punto de la investigación no se pudo probar que hubiera existido "una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

"De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso. De igual manera, tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y tampoco en sus movimientos financieros", escribió. No se encontró que hubieran recibido ninguna suma de dinero relevante antes del ataque y el dinero que manejaban se correspondía con sus "actividades informales".

No hay referencias en el dictamen a la importancia de la pérdida de información del celular de Sabag Montiel cuando fue enviado a peritar y apareció en un sobre abierto. El fiscal dice que el ataque no requirió demasiados recursos ni financiamiento. Se movían en transporte público, el arma no la habían comprando (por su tenencia también los acusan) y ni siquiera alquilaron el departamento.

Sobre el final hace una referencia a que las conversaciones halladas y las declaraciones contenían "expresiones de odio político" y "enfado y disconformidad con el actual Gobierno Nacional que parecen haber estimulado la ejecución de su plan criminal". La vicepresidenta cuestionó que nunca se haya unido esta investigación con la que se ocupa de la organización de ultra derecha Revolución Federal, que en la misma fecha agitaba el odio y cuyo líder, Jonathan Morel, describía la misma estrategia para matar a CFK que la que armaron Sabag y Uliarte. Brenda tenía contacto con ese grupo, igual que Milman, pero esto quedó en el aire.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".