21:20 | Miercoles 11 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 30-05-2023 / 10:05

DURÍSIMA CON EL CIERRE APRESURADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO

Cristina: La jueza y el fiscal no quieren saber quién está atrás del atentado, me quieren presa o muerta

Cristina cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".

El dictamen del fiscal Carlos Rivolo sostuvo que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado" por alevosía y premeditación. Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de azúcar, fue considerado partícipe secundario. Según el fiscal, "actuaron por su cuenta" con al menos dos meses de planificación.

Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este lunes sobre la decisión del fiscal Rivolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y el pedido de la elevación a juicio oral, y lo consideró "un nuevo acto de consagración de la impunidad", por parte del Partido Judicial Macrista.

La vicepresidenta cuestionó el pedido de elevación a juicio únicamente de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Señaló que se evitó incluir en la causa las líneas que remiten a la familia Caputo y al diputado del PRO, Gerardo Millman. "Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", afirmó. Y agregó: "Para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta".

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022" (el día en que intentaron matarla), expresó la vicepresidenta a través de una carta titulada "A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", enfatizó.

De esta manera, la exmandataria rechazó y criticó la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó este lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Dejando afuera del cerco acusatorio a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a la alianza derechista Juntos por el Cambio, como la familia Caputo y Millman.

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", sostuvo la vicepresidenta.

Respecto a los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos", enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas "no se investigan nunca más".

"Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", lanzó la vicepresidenta y denunció "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores", cruzando fuerte al poder judicial corrupto. ¿Qué puede esperarse de esta justicia totalmente controlada por el macrismo?

La Opinión Popular

LA FISCALÍA CLAUSURÓ LA INVESTIGACIÓN

Atentado a CFK: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo a juicio oral

Pese a los cuestionamientos y la oposición de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal de la investigación sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta dio por terminada la investigación e hizo el pedido formal para enviar a juicio oral a los tres detenidos.

En un dictamen de 197 páginas sostuvo que Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar (y falló) a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, quien estaba con él en el lugar, deben ser juzgados como coautores de tentativa de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego". A Gabriel Carrizo, el jefe del los vendedores de copos de azúcar, lo considera un partícipe secundario.

Para el fiscal este grupo comenzó a planificar y diseñar el asesinato desde al menos dos meses antes y no necesitó una gran estructura ni demasiado dinero. Concluyó que actuaron por su cuenta ya que no hay pruebas de que haya existido alguna organización, partido político o personas que hayan "financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

La vicepresidenta describió este paso en la causa como "un nuevo acto de consagración de la impunidad" y remarcó que el dictamen omite directamente referirse a líneas de investigación más allá de los tres detenidos como autores materiales. Al diputado del PRO Gerardo Milman, por ejemplo, se lo menciona al pasar en un listado de material y testimonios recolectados. Ahí, sin embargo, remarcó CFK, no está incluida la última declaración de su exsecretaria Ivana Bodhziewizcz, quien reveló que la llevaron a borrar el contenido de su celular, en plena investigación, a una oficina de Patricia Bullrich donde la esperaban Milman y un perito.

El texto de la vicepresidenta publicado en su cuenta de Twitter, advierte la coincidencia de que los celulares de varios testigos terminaron borrados y sobre la falta de referencia a borrado del celular de Sabag Montiel, que apareció reseteado de fábrica horas después del atentado, cuando se debía extraer su contenido, buena parte del cual se perdió.

En teoría, las pistas pendientes y pruebas solicitadas por la querella se seguirán investigando en forma separada. Pero el fiscal Carlos Rívolo ya tomo posición al decir que los detenidos eran unos violentos sueltos que, de todos modos, dedicaron un buen rato a la planificación del asesinato. CFK sostuvo que partir las "causas complejas" "en pedacitos" es una práctica "clara para buscar la impunidad".

"Como un caballo de Troya"

Este jueves se cumplirán nueve meses desde el intento de asesinato. El primer detenido, la misma noche del 1 de septiembre, fue Sabag Montiel, a quien lograron atrapar militantes que iban a dar respaldo a CFK en medio del juicio de Vialidad. Uliarte casi logra escaparse a pesar de que se supone que estaba siendo vigilada. Fue arrestada el 4 de septiembre arriba de un tren. Carrizo quedó preso diez días después.

Sabag Montiel, describe el dictamen, aprovechó el momento en que CFK saludaba a las personas que la rodeaban por la "confusión y desprolijidad que generaba la multitud", entre la que se mezcló hasta quedar bien cerca. La vicepresidenta estaba en una situación de indefensión, dice el fiscal.

La pistola calibre .32 marca Bersa, modelo Lusber 84 que llevó, estaba apta para disparar y cargada con cinco cartuchos. Sabag apretó el gatillo pero no había ninguna bala alojada en la recámara y el tiro falló. Rívolo puso en cuestión a la custodia: "El operativo de la custodia vicepresidencial, tal como fue llevado a cabo (...) , no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel", señaló. Recordó que se la investiga en otra causa.

El arma estuvo en manos de Sabag Montiel desde el 20 de abril del año pasado. Tenía la numeración limada. Había sido de un conocido suyo que falleció. Del celular secuestrado se rescató una foto del arma con los proyectiles apoyada en el colchón donde dormía con Uliarte. También se hallaron fotos de ella con el arma. El fiscal dice que al menos desde el mes de julio ambos hablaban de matar a la vicepresidenta y que parte del plan era mezclarse entre los numerosos simpatizantes de CFK.

"Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", decía Uliarte el 5 de julio. Agregaba: "Sé usar un fierro, no soy francotiradora pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco ser estratega"; "Y no necesariamente hace falta que me vean"; "No voy a ser boluda de automandarme al muere" "y no voy a ir sola".

También hablaba de su deseo de "reventar la Quinta de Olivos o la Casa Rosada con bombas molotov"; "A mí sí me re dan los ovarios para hacerlo"; "No necesito pagarlo, yo puedo serlo", decía. El 23 de agosto Brenda le decía a Carrizo: "Hace falta que alguien vaya con un fierro y le de un corchazo a Cristina". Para esa fecha ya eran masivas las movilizaciones de respaldo a CFK cerca de su casa. El mismo día Brenda y Sabag hablan de alquilar un departamento en el barrio con buena visión hacia la casa de CFK. Luego lo descartaron.

En el celular de otro de los "copitos" había mensajes muy explícitos de Sabag Montiel. El 30 de julio: "Tenía unas ganas de esperar que salga Cristina y meterle un corchazo". A mitad de agosto: "Yo quisiera conocer a Cristina hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo". El 28 de agosto contaba que había ido cerca de la casa a vender algodón de azúcar. "Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo ahí si voy a salir en crónica en serio", había dicho el 23. Toda esa semana la zona de la casa de CFK estuvo llena de gente que le daba apoyo tras el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad.

El 27 de agosto, recordó el fiscal, fue el primer intento frustrado de magnicidio. Hubo movilizaciones en Recoleta todo el día. La policía porteña reprimió. Al final del día Cristina habló desde un pequeño escenario improvisado a metros de su casa. Cerca de las 12 de la noche Sabag Montiel le escribió a Uliarte: "No, ya se me...metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron, y estuve....le toqué la espalda a Axel Kiciloff y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada".

También le dijo que había una cámara de C5N y que quedaba poca gente. Rívolo deduce de la conversación que el arma la tenía Uliarte. Entre los dos razonaban cual era el mejor momento para disparar y Sabag se imaginaba posibles desenlaces. Esa misma noche Uliarte hablaba con su amiga Agustina Díaz (agendada como "Amor de mi Vida") y le decía: "Hoy me convierto San Martín"; "Mandé a matar a la vice Cristina"; "Mandé a un tipo para que la mate a Cristi". El fiscal pidió el sobreseimiento de Díaz.

Otros mensajes revelan que Sabag Montiel se asesoró para usar la Bersa, con un tal David A.J.Ricciardone. Le consultó cómo debía hacer "ráfaga de tiro de doble acción" para realizar "tiros repentinos sin cargar" con la pistola Bersa. "...a Cristina quiero matar...", dijo. El 28 de agosto buscó en Google "carta astral cristina kirchner" y al día siguiente "Carta Natal de Cristina Fernández de Kirchner, Gobierno de Cristina".

Carrizo

Para la fiscalía, Carrizo --el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, que su grupo de vendedores tenía a Sabag y Uliarte-- planificó lo que pretendía ser un asesinato y aportó un arma calibre 22. La noche del intento de homicidio, Carrizo envió varios mensajes.

A un amigo le dijo: "Recién intentamos matar a Cristina", "el arma es mía amigo". Algo similar le dijo a su hermanastra, Andrea Posadas, y se queja porque el atentado estaba planeado para una semana después. Además le dice que le parecía extraño que hubiera fallado porque su revólver andaba bien. Cuando se entera que la utilizada había sido una Bersa, le avisa a ella que el arma no era la suya. De todos modos insiste: "Estamos decididos a matar a la puta esa". Se jacta de que él va a "terminar el trabajo". Estos diálogos son de las horas posteriores al ataque.

Sin estructura ni financiamiento

El dictamen afirma que hasta este punto de la investigación no se pudo probar que hubiera existido "una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

"De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso. De igual manera, tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y tampoco en sus movimientos financieros", escribió. No se encontró que hubieran recibido ninguna suma de dinero relevante antes del ataque y el dinero que manejaban se correspondía con sus "actividades informales".

No hay referencias en el dictamen a la importancia de la pérdida de información del celular de Sabag Montiel cuando fue enviado a peritar y apareció en un sobre abierto. El fiscal dice que el ataque no requirió demasiados recursos ni financiamiento. Se movían en transporte público, el arma no la habían comprando (por su tenencia también los acusan) y ni siquiera alquilaron el departamento.

Sobre el final hace una referencia a que las conversaciones halladas y las declaraciones contenían "expresiones de odio político" y "enfado y disconformidad con el actual Gobierno Nacional que parecen haber estimulado la ejecución de su plan criminal". La vicepresidenta cuestionó que nunca se haya unido esta investigación con la que se ocupa de la organización de ultra derecha Revolución Federal, que en la misma fecha agitaba el odio y cuyo líder, Jonathan Morel, describía la misma estrategia para matar a CFK que la que armaron Sabag y Uliarte. Brenda tenía contacto con ese grupo, igual que Milman, pero esto quedó en el aire.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.