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Nacionales - 28-05-2023 / 11:05
EL FISCAL MARIJUAN PIDE EL SOBRESEIMIENTO DE LA VICEPRESIDENTA

La ruta que no era K ni tenía dinero: No se encontraron cuentas ni sociedades ni fondos ocultos en el exterior

La ruta que no era K ni tenía dinero: No se encontraron cuentas ni sociedades ni fondos ocultos en el exterior
El fiscal Guillermo Marijuan, afirma, sintiéndolo mucho, que investigaron en Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Panamá, Belice, Lichtenstein, España, Seychelles, “entre otros países”, buscando bienes, cuentas y sociedades de Cristina Kirchner y su familia. Y no encontraron nada.
El fiscal Guillermo Marijuan, afirma, sintiéndolo mucho, que investigaron en Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Panamá, Belice, Lichtenstein, España, Seychelles, "entre otros países", buscando bienes, cuentas y sociedades de Cristina Kirchner y su familia. Y no encontraron nada.
 
En tono compungido, en su escrito de 46 páginas, el fiscal que se hizo transmitir en vivo al pie de una excavadora, buscando plata de los Kirchner en la Patagonia, concluyó: "no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar". Y, en ese marco, pidió que se sobresea a la vicepresidenta en la causa que mediáticamente llamaron "La ruta del dinero K", pero --como reconoce Marijuan--, no se encontró nada relacionado con los Kirchner y el delito de lavado de dinero.
 
Esta semana, el juez Sebastián Casanello les pedirá opinión a los dos organismos querellantes, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) que, probablemente, no opongan obstáculo. Y luego el propio Casanello, que desde hace años viene diciendo que no hay evidencia contra CFK, seguramente dictará el sobreseimiento.
 
En el camino quedaron decenas, centenares, de tapas de diario y hasta los procedimientos en que rompieron las paredes de las casas de Río Gallego y Calafate buscando bóvedas ocultas. Hace dos semanas se incorporó un informe sobre llamadas telefónicas en base al cual intentaron manipular las conclusiones.
  
En el expediente que arrancó el 13 de abril de 2013, Marijuan formuló una acusación que ahora rememoró en su escrito: "resulta evidente que el exorbitante capital obtenido por Lázaro Báez, no puede presumirse como de su exclusiva propiedad, sino que por el contrario, esta parte sostiene que ese dinero claramente pertenecía a la exmandataria".
 
O sea, el constructor sólo era un testaferro. El punto central son 32.800.000 dólares que Báez sacó de la Argentina hacia cuentas en Suiza a nombre de sociedades armadas en Panamá. Después, el constructor volvió a traer el dinero como un préstamo/aporte para Austral Construcciones.
 
Marijuan no menciona en su escrito las pruebas que en su momento demostraron que el dinero de Báez era de Báez y por lo que la defensa de Cristina, a cargo de Carlos Beraldi, viene pidiendo el sobreseimiento.
 
*Las sociedades panameñas fueron armadas por el entorno del constructor.
*Todas las sociedades y las cuentas tenían como únicos beneficiarios a los hijos de Báez. No es que aparecían misteriosas personas o sociedades de las que no se conociera la identidad.
*Casanello detalló el testamento de Báez: reveló que ordenaba que a su muerte, los cuatro hijos y la esposa conformaran un fideicomiso con todos los bienes y que no se podía vender nada hasta diez años después del fallecimiento. El testamento incluía, por supuesto, a Austral Construcciones. Nuevamente, no había ningún K como beneficiario ni posible dueño de acciones, propiedades o cuentas. Tampoco sociedades ocultas que pudieran esconder herederos.
 
La causa denominada La ruta del dinero es uno de los ejemplos más evidentes de la utilización de la justicia para la persecución política. CFK repitió y repitió que no tiene cuentas ni sociedades ni propiedades en el exterior, que no tiene bienes no declarados. Y la realidad es que eso es lo que se verificó.
 

 
Bueno, pero Cristina tenía relación con Báez
  
"Con el análisis que desarrollaré, entiendo y no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez". El párrafo de Marijuan parece épico y prometería revelaciones asombrosas. La realidad, es que se trata de compras y ventas de propiedades entre los Kirchner y Báez, hechas con escrituras públicas y pagos bancarizados.
 
Terrenos comprados por Néstor y Cristina Kirchner en 1979, 1980 y 1981, aún antes de que Néstor fuera intendente de Río Gallegos. En general las transacciones consistieron en que los Kirchner aportaban el terreno, Báez realizaba la construcción, y se dividían las unidades.
 
Resulta llamativo que Marijuán, después de prometer revelaciones, termina el párrafo de la siguiente manera: "por si lo expuesto no fuera suficiente, el propio Lázaro Báez, en innumerable cantidad de veces, ha afirmado su vínculo con el matrimonio presidencial Kirchner". Es decir que no había nada por descubrir.
 
 
Las llamadas
  
Tal vez lo más novedoso es que el fiscal hace mención a un informe sobre llamadas telefónicas, supuestamente, entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Eso eligieron los grandes medios para amortiguar el golpe del pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta. "Hubo 372 comunicaciones entre CFK y Báez", titularon.
 
El informe de las llamadas fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia. Se incorporó al expediente hace muy pocos días, el 12 de mayo de 2023.
 
No es que se verificaron llamadas entre CFK y Báez, sino a un global de 84 líneas adjudicadas a los respectivos colaboradores. Hay un celular a nombre de CFK y uno a nombre de Báez: entre esos dos hubo 4 llamadas entre octubre de 2010 y abril de 2013.
 
Los colaboradores de Báez llamaron 23 veces a Casa de Gobierno, una a Olivos y el resto a secretarios de Cristina. Lo más llamativo es que en realidad el 70 por ciento de las comunicaciones (251) de la gente de Báez fueron con un solo secretario, Pablo Barreiro, quien vive en El Calafate, igual que Báez, por lo que no resulta improbable que esos llamados no tuvieran que ver con la actual vicepresidenta.
 
Aun así, Página/12 se comunicó con los abogados de CFK y Báez, Beraldi y Juan Villanueva, para preguntarles por esas comunicaciones. Ambos coincidieron en señalar que no era improbable que hubiera consultas de Báez: eran tiempos en que se estaba construyendo el Mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Es obvio que Cristina debía opinar sobre todos los detalles.
 
El fiscal Marijuan agregó el siguiente análisis: "simplemente, con solo imaginarse lo difícil o casi imposible que es para cualquier ciudadano llamar telefónicamente a un presidente, el resultado de esta medida, pone en evidencia, con esa cantidad de contactos, que Báez y Cristina Fernández eran algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían contacto fluido".
 
Beraldi razonó: "eso parece que no aplica a los miembros del Poder Judicial que directamente iban a Olivos y Casa Rosada cuando Macri era presidente (Gustavo Hornos-Mariano Borinsky) o a jugar al fútbol a la quinta Los Abrojos (el equipo de la Liverpool)". La referencia es a los dos jueces de Casación que intervinieron en casi todas las causas contra CFK y los jueces Rodrigo García Uriburu, Mariano Llorens y el fiscal Diego Luciani, que participaron del expediente Vialidad, y jugaron al fútbol en la quinta de Macri.
 
 
Un olvido de importancia, el papel de la AFI
  
En sus 46 páginas el fiscal no hace mención a algunos de los gravísimos hechos ocurridos en este expediente, en especial las groseras intervenciones de la Agencia Federal de Inteligencia, en tiempos del gobierno macrista. Marijuan se desvive por defender al arrepentido que fue clave en el proceso, Leonardo Fariña. En estos años se presentaron pruebas de cómo la AFI le enviaba los textos de lo que debían ser sus declaraciones.
 
Pero aún más sórdida fue la intervención de la agencia de inteligencia para tratar de desplazar al juez Casanello. Dos abogados vinculados a la AFI armaron los testimonios de Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino quienes afirmaron que hubo una reunión a escondidas entre CFK y el magistrado en la Quinta de Olivos, en septiembre de 2015.
 
Los dos testigos falsos fueron condenados por falso testimonio en 2020, pero la justicia cortó la responsabilidad ahí. Comodoro Py no quiso avanzar sobre el exfiscal Eduardo Miragaya, funcionario de la AFI macrista y el abogado Santiago Viola, que argumenta que "fue usado para desviar la instalación de los testigos truchos". Viola es hoy representante legal de Javier Milei.
 
 
El camino ahora
  
Tras recibir el escrito de Marijuan, Casanello le dará vista esta semana a la AFIP y la UIF. Ambos organismos, durante el macrismo, jugaron el papel de querellantes en todas las causas que pudieron y, obviamente, Comodoro Py los aceptó para conformar una fuerza de tareas: las fiscalías correspondientes y todos los organismos del estado posibles. La Oficina Anticorrupción, en tiempos de Félix Crous, ya se había apartado de ese papel: en todo caso, los organismos del Estado tienen que servir de apoyos de la fiscalía, no correr en paralelo. Dado que el propio Marijuan afirma que no pudo encontrar nada en paraísos fiscales ni surgieron evidencias en Estados Unidos, Panamá o España, es muy posible que la AFIP y la UIF den el visto bueno para el sobreseimiento. Y luego será el turno del magistrado.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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