15:27 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 27-05-2023 / 08:05

PARTIDO JUDICIAL MAFIOSO

Las facturas para cubrir a jueces y funcionarios macristas en el viaje a Lago Escondido son truchas

A PESCAR TRUCHAS. En la causa por el viaje a la mansión de Joe Lewis de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, entre otros, el juez Sebastián Ramos se niega a aceptar a la AFIP como querellante. El organismo insiste porque las facturas utilizadas en la visita a Lago Escondido fueron fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos y no incurrieron en el delito de dádivas, lo cual también implicaría un perjuicio al fisco.

El juez Sebastián Ramos no quiere que la AFIP sea querellante en la causa del viaje a Lago Escondido, pero el organismo volvió a insistir porque detectó que las facturas utilizadas habrían sido truchadas para aparentar que los integrantes del contingente que tienen cargos judiciales o políticos --y que por la Ley de Ética no pueden aceptar regalos-- se pagaron ellos mismos el viaje, la estadía y los divertimentos.

Esto, señaló en la apelación ante la Cámara Federal, revela "indicios de ilícitos tributarios existiendo un perjuicio al fisco". "Las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos", dice la presentación.

Al comienzo, cuando la causa tramitaba en Bariloche, la exjueza Silvina Domínguez (ahora jubilada) le pidió a la AFIP información sobre la facturación, además de datos bancarios de todos los implicados. Uno de los hallazgos más llamativos fue que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (Flyzar), que trasladó al grupo en un vuelo privado el 13 de octubre del año pasado, con regreso tres días después, confeccionó facturas que llevan la fecha del vuelo de salida pero que fueron emitidas el 17 de octubre al mediodía.

Fue el mismo día que se reveló que se había hecho el viaje en cuestión, información que generó un enorme revuelo ya que no parecía un simple viaje de amigos sino un encuentro de jueces influyentes con inclinación macrista, que manejan grandes causas, con referentes de la oposición y el poder mediático.

El hecho es que los comprobantes del avión estaban antedatados y, además, emitidos a nombre de los viajeros y no de la empresa que los habría invitado. Detallaban que el pago había sido al contado, por 120 mil pesos cada uno, lo que hacía todo más dudoso. Habían sido generados, en su mayoría, con un minuto de diferencia, según informaron allegados a la pesquisa: a las 12.48, 12.49, 12.50, 12.50, 12.52. 12.53, y luego 13.01 y 13.02.

Parte de esto ya había sido advertido por la fiscala de Bariloche Cándida Etchepare, cuando imputó los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público a los miembros del comité judicial-político-mediático macrista. Las facturas de la firma Hidden Lake S.A (la estancia del magnate Joe Lewis), también personalizadas, tenían fecha del 28 de octubre --dos semanas después de la travesía-- y figuraba el valor de 605 dólares por cada pasajero.

Por esta y otras cuestiones fueron imputados en diciembre del año pasado, entre otros, los jueces Julián Ercolini (juez de primera instancia en Comdoro Py), Pablo Yadarola (juez en lo Penal Económico), Pablo Cayssials (juez en lo Contencioso Administrativo), Marcelo D'Alessandro (exministro de Seguridad porteño); el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth, el consultor Tomás Reinke y altos directivos del Grupo Clarín. Los últimos recibieron al resto del contingente en el aeropuerto de Bariloche y la hipótesis es que esa empresa habría pagado la travesía. Las filmaciones están incorporadas a la causa.

La AFIP detectó que las facturas utilizadas para cubrir a los jueces y funcionarios que participaron del escandaloso viaje a Lago Escondido están antedatadas y "podrían resultar apócrifas (...), emitidas al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados". En otras palabras, truchadas. El juez Ramos, que apareció en los chats del imputado D'Alessandro, igual no quiere a la AFIP como querellante.

LOS DOCUMENTOS CON QUE SE INTENTÓ OCULTAR EL ESCÁNDALO

Viaje del lawfare: Las facturas truchas de los jueces y funcionarios de Lago Escondido

En la causa por el viaje a la mansión de Joe Lewis de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, entre otros, el juez Sebastián Ramos se niega a aceptar a la AFIP como querellante. El organismo insiste porque las facturas utilizadas en la visita a Lago Escondido fueron fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos y no incurrieron en el delito de dádivas, lo cual también implicaría un perjuicio al fisco.

El poder de Comodoro Py

Después de planteos empujados por Yadarola, uno de los jueces involucrados, la causa fue absorbida por los tribunales federales de Comodoro Py, donde incluso otros implicados tienen su despacho. El edificio de Retiro ha sido el lugar donde exfuncionarios de Juntos por el Cambio se sienten protegidos, y parece que los judiciales también. La causa se la quedó el juez Ramos pese a que el propio fiscal Federico Delgado le pidió que se apartara por decoro, ya que, por la famosa filtración de mensajes de Telegram del celular de D'Alessandro, se supo de su relación de confianza y cercanía con el exministro porteño.

Hubo varias tandas de filtraciones del teléfono del exfuncionario. La primera es de los días posteriores al viaje a Lago Escondido revelado por Pagina/12. El grupo se autodenominaba "Los Huemules" e incluía a todos los imputados por la expedición. En las conversaciones se planificaba alterar facturas para disimular que habían sido invitados y convencer a los medios aliados de que había sido un viaje de viejos amigos. Con el tiempo aparecieron también diálogos de D'Alessandro con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre casos de alto impacto que tramitan en el tribunal, como la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (donde él era funcionario y participaba del caso) y las designaciones en el Consejo de la Magistratura.

Las denuncias por presuntos delitos surgidos en esos intercambios quedaron en manos del mismo juez Ramos, que archivó el caso en plena feria judicial en 24 horas y dijo que los chats no sólo no tenían valor de prueba sino que eran ilegales, fruto de espionaje (la teoría agitada por D'Alessandro). Es una definición que a todos los salpicados, el magistrado incluido, les viene bárbaro.

En el caso "Lago Escondido", Ramos no admite querellas. La AFIP había hecho una presentación categórica que decía: "Al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake S.A y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A, se detectó una fecha de emisión inserta en los mismos, la cual no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior. A partir de esas verificaciones, y teniendo en cuenta las inconsistencias observadas, resulta atendible considerar con cierto grado de probabilidad, que las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros, que resulten conexos".

Uno de los argumentos de Ramos es que "si los comprobantes tienen por finalidad la comisión de otros delitos" la acusación tiene que estar a cargo del Ministerio Público Fiscal. La AFIP le respondió: "La emisión de comprobantes apócrifos no puede resultarle ajena al organismo, debiendo destacar que no solo podemos vislumbrar una posible evasión fiscal, sino también una adulteración dolosa de registros y/o una asociación ilícita fiscal. No se desconoce la función constitucional del MPF de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, pero ello en nada obsta a la constitución de otros órganos del Estado como parte querellante".

Ramos ya había rechazado un pedido del ministro de Justicia, Martín Soria, para ser querellante. Soria, además, planteaba ampliar nuevas líneas de investigación para reconstruir las resoluciones judiciales de participantes del grupo en las que pudiera tener interés Clarín. Por ejemplo, tras el viaje, Cayssials firmó dos resoluciones en beneficio del grupo y habría movido otros 24 expedientes. Antes, en Bariloche, había sido rechazado el abogado que presentó la primera denuncia, Marcelo Hertzriken Velasco.

"Caribe" y pruebas en el freezer

Como queda en evidencia, la investigación sobre el viaje de los Huemules a Lago Escondido no se apoyó en ningún momento en los chats. Al contrario, casi que podría convertirse en una acumulación de pruebas que corrobora su verosimilitud.

Las irregularidades de las facturas surgen del cotejo y análisis de la AFIP. Pero cuando la exjueza Domínguez allanó la mansión de Lewis encontró más documentos relevantes y servicios llamativos. Además de toparse con una escenografía impactante: detrás de un cortinado aterciopelado había un enorme sector llamado "Caribe" con cascadas, una barra de pole-dance y un restaurante. Todos los ambientes son ostentosos, hay sala de póker, peluquería, golf, otras áreas deportivas y hay distintos sectores de alojamiento en la casa principal y afuera.

* Entre los papeles hallados se describía el evento al que asistían los magistrados, funcionarios, empresarios y demás participantes con el llamativo nombre "Referente de medios".

* Había comprobantes de cuatro sesiones de masajes facturados a Hidden Lake y constancias de un viaje en helicóptero al centro de esquí en el cerro Perito Moreno que estaba cerrado pero la empresa a cargo (Laderas del Paralelo 42 S.A) le dio autorización para aterrizar. Como el restaurante tampoco funcionaba llevaron una vianda de la estancia. El hombre que manejaba la aeronave confirmó el traslado que, en rigor, dijo, tuvo que hacer en dos tandas porque todos no entraban. Esto lo maneja otra empresa ligada a Lewis.

* Entre todos los documentos que envió el nuevo juez federal que subroga en Bariloche, Gustavo Villanueva, hay un sobre marrón de las oficinas de Flyzar en el Aeropuerto de San Fernando con dos papeles amarillos y una nota del 12 de octubre de 2022, el día previo a la salida del vuelo privado, que firma un directivo del grupo mediático, que no tomó el vuelo pero podría haber tenido alguna intervención en la gestión para el traslado del resto. El inventario de material entregado es largo, e incluye los pedidos de verificación de movimientos de las cuentas bancarias y el levantamiento del secreto fiscal de los invitados: ¿Retiraron 120 mil pesos en efectivo o más para pagarse el vuelo y la expedición? ¿Qué movimientos de dinero se hicieron? Lo mismo se pidió respecto de las empresas y hasta la masajista. Sólo resta saber cuál será el próximo escollo que se invente en Comodoro Py para seguir tapando este escándalo que retrata de manera perfecta cómo se mueve el poder.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.