(exministro de Seguridad porteño); el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth, el consultor Tomás Reinke y altos directivos del Grupo Clarín. Los últimos recibieron al resto del contingente en el aeropuerto de Bariloche y la hipótesis es que esa empresa habría pagado la travesía. Las filmaciones están incorporadas a la causa.
 
La AFIP detectó que las facturas utilizadas para cubrir a los jueces y funcionarios que participaron del escandaloso viaje a Lago Escondido están antedatadas y "podrían resultar apócrifas (...), emitidas al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados". En otras palabras, truchadas. El juez Ramos, que apareció en los chats del imputado D'Alessandro, igual no quiere a la AFIP como querellante.
 
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Nacionales - 27-05-2023 / 08:05
PARTIDO JUDICIAL MAFIOSO

Las facturas para cubrir a jueces y funcionarios macristas en el viaje a Lago Escondido son truchas

Las facturas para cubrir a jueces y funcionarios macristas en el viaje a Lago Escondido son truchas
A PESCAR TRUCHAS. En la causa por el viaje a la mansión de Joe Lewis de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, entre otros, el juez Sebastián Ramos se niega a aceptar a la AFIP como querellante. El organismo insiste porque las facturas utilizadas en la visita a Lago Escondido fueron fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos y no incurrieron en el delito de dádivas, lo cual también implicaría un perjuicio al fisco.
El juez Sebastián Ramos no quiere que la AFIP sea querellante en la causa del viaje a Lago Escondido, pero el organismo volvió a insistir porque detectó que las facturas utilizadas habrían sido truchadas para aparentar que los integrantes del contingente que tienen cargos judiciales o políticos --y que por la Ley de Ética no pueden aceptar regalos-- se pagaron ellos mismos el viaje, la estadía y los divertimentos.
 
Esto, señaló en la apelación ante la Cámara Federal, revela "indicios de ilícitos tributarios existiendo un perjuicio al fisco". "Las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos", dice la presentación.
 
Al comienzo, cuando la causa tramitaba en Bariloche, la exjueza Silvina Domínguez (ahora jubilada) le pidió a la AFIP información sobre la facturación, además de datos bancarios de todos los implicados. Uno de los hallazgos más llamativos fue que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (Flyzar), que trasladó al grupo en un vuelo privado el 13 de octubre del año pasado, con regreso tres días después, confeccionó facturas que llevan la fecha del vuelo de salida pero que fueron emitidas el 17 de octubre al mediodía.
 
Fue el mismo día que se reveló que se había hecho el viaje en cuestión, información que generó un enorme revuelo ya que no parecía un simple viaje de amigos sino un encuentro de jueces influyentes con inclinación macrista, que manejan grandes causas, con referentes de la oposición y el poder mediático.
 
El hecho es que los comprobantes del avión estaban antedatados y, además, emitidos a nombre de los viajeros y no de la empresa que los habría invitado. Detallaban que el pago había sido al contado, por 120 mil pesos cada uno, lo que hacía todo más dudoso. Habían sido generados, en su mayoría, con un minuto de diferencia, según informaron allegados a la pesquisa: a las 12.48, 12.49, 12.50, 12.50, 12.52. 12.53, y luego 13.01 y 13.02.
 
Parte de esto ya había sido advertido por la fiscala de Bariloche Cándida Etchepare, cuando imputó los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público a los miembros del comité judicial-político-mediático macrista. Las facturas de la firma Hidden Lake S.A (la estancia del magnate Joe Lewis), también personalizadas, tenían fecha del 28 de octubre --dos semanas después de la travesía-- y figuraba el valor de 605 dólares por cada pasajero.
 
Por esta y otras cuestiones fueron imputados en diciembre del año pasado, entre otros, los jueces Julián Ercolini (juez de primera instancia en Comdoro Py), Pablo Yadarola (juez en lo Penal Económico), Pablo Cayssials (juez en lo Contencioso Administrativo), Marcelo D'Alessandro (exministro de Seguridad porteño); el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth, el consultor Tomás Reinke y altos directivos del Grupo Clarín. Los últimos recibieron al resto del contingente en el aeropuerto de Bariloche y la hipótesis es que esa empresa habría pagado la travesía. Las filmaciones están incorporadas a la causa.
 
La AFIP detectó que las facturas utilizadas para cubrir a los jueces y funcionarios que participaron del escandaloso viaje a Lago Escondido están antedatadas y "podrían resultar apócrifas (...), emitidas al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados". En otras palabras, truchadas. El juez Ramos, que apareció en los chats del imputado D'Alessandro, igual no quiere a la AFIP como querellante.
 

 
LOS DOCUMENTOS CON QUE SE INTENTÓ OCULTAR EL ESCÁNDALO
 
Viaje del lawfare: Las facturas truchas de los jueces y funcionarios de Lago Escondido
 
En la causa por el viaje a la mansión de Joe Lewis de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, entre otros, el juez Sebastián Ramos se niega a aceptar a la AFIP como querellante. El organismo insiste porque las facturas utilizadas en la visita a Lago Escondido fueron fraguadas para simular que los involucrados pagaron los gastos y no incurrieron en el delito de dádivas, lo cual también implicaría un perjuicio al fisco.
 
 
El poder de Comodoro Py
  
Después de planteos empujados por Yadarola, uno de los jueces involucrados, la causa fue absorbida por los tribunales federales de Comodoro Py, donde incluso otros implicados tienen su despacho. El edificio de Retiro ha sido el lugar donde exfuncionarios de Juntos por el Cambio se sienten protegidos, y parece que los judiciales también. La causa se la quedó el juez Ramos pese a que el propio fiscal Federico Delgado le pidió que se apartara por decoro, ya que, por la famosa filtración de mensajes de Telegram del celular de D'Alessandro, se supo de su relación de confianza y cercanía con el exministro porteño.
 
Hubo varias tandas de filtraciones del teléfono del exfuncionario. La primera es de los días posteriores al viaje a Lago Escondido revelado por Pagina/12. El grupo se autodenominaba "Los Huemules" e incluía a todos los imputados por la expedición. En las conversaciones se planificaba alterar facturas para disimular que habían sido invitados y convencer a los medios aliados de que había sido un viaje de viejos amigos. Con el tiempo aparecieron también diálogos de D'Alessandro con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre casos de alto impacto que tramitan en el tribunal, como la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (donde él era funcionario y participaba del caso) y las designaciones en el Consejo de la Magistratura.
 
Las denuncias por presuntos delitos surgidos en esos intercambios quedaron en manos del mismo juez Ramos, que archivó el caso en plena feria judicial en 24 horas y dijo que los chats no sólo no tenían valor de prueba sino que eran ilegales, fruto de espionaje (la teoría agitada por D'Alessandro). Es una definición que a todos los salpicados, el magistrado incluido, les viene bárbaro.
 
En  el caso "Lago Escondido", Ramos no admite querellas. La AFIP había hecho una presentación categórica que decía: "Al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake  S.A y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A, se detectó una fecha de emisión inserta en los mismos, la cual no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior. A partir de esas verificaciones, y teniendo en cuenta las inconsistencias observadas, resulta atendible considerar con cierto grado de probabilidad, que las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros, que resulten conexos".
 
Uno de los argumentos de Ramos es que "si los comprobantes tienen por finalidad la comisión de otros delitos" la acusación tiene que estar a cargo del Ministerio Público Fiscal. La AFIP le respondió: "La emisión de comprobantes apócrifos no puede resultarle ajena al organismo, debiendo destacar que no solo podemos vislumbrar una posible evasión fiscal, sino también una adulteración dolosa de registros y/o una asociación ilícita fiscal. No se desconoce la función constitucional del MPF de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, pero ello en nada obsta a la constitución de otros órganos del Estado como parte querellante".
 
Ramos ya había rechazado un pedido del ministro de Justicia, Martín Soria, para ser querellante. Soria, además, planteaba ampliar nuevas líneas de investigación para reconstruir las resoluciones judiciales de participantes del grupo en las que pudiera tener interés Clarín. Por ejemplo, tras el viaje, Cayssials firmó dos resoluciones en  beneficio del grupo y habría movido otros 24 expedientes. Antes, en Bariloche, había sido rechazado el abogado que presentó la primera denuncia, Marcelo Hertzriken Velasco.
 
 
"Caribe" y pruebas en el freezer
  
Como queda en evidencia, la investigación sobre el viaje de los Huemules a Lago Escondido no se apoyó en ningún momento en los chats. Al contrario, casi que podría convertirse en una acumulación de pruebas que corrobora su verosimilitud.
 
Las irregularidades de las facturas surgen del cotejo y análisis de la AFIP. Pero cuando la exjueza Domínguez allanó la mansión de Lewis encontró más documentos relevantes y servicios llamativos. Además de toparse con una escenografía impactante: detrás de un cortinado aterciopelado había un enorme sector llamado "Caribe" con cascadas, una barra de pole-dance y un restaurante. Todos los ambientes son ostentosos, hay sala de póker, peluquería, golf, otras áreas deportivas y hay distintos sectores de alojamiento en la casa principal y afuera.
 
* Entre los papeles hallados se describía el evento al que asistían los magistrados, funcionarios, empresarios y demás participantes con el llamativo nombre "Referente de medios". 
 
* Había comprobantes de cuatro sesiones de masajes facturados a Hidden Lake y constancias de un viaje en helicóptero al centro de esquí en el cerro Perito Moreno que estaba cerrado pero la empresa a cargo (Laderas del Paralelo 42 S.A) le dio autorización para aterrizar. Como el restaurante tampoco funcionaba llevaron una vianda de la estancia. El hombre que manejaba la aeronave confirmó el traslado que, en rigor, dijo, tuvo que hacer en dos tandas porque todos no entraban. Esto lo maneja otra empresa ligada a Lewis.
 
* Entre todos los documentos que envió el nuevo juez federal que subroga en Bariloche, Gustavo Villanueva, hay un sobre marrón de las oficinas de Flyzar en el Aeropuerto de San Fernando con dos papeles amarillos y una nota del 12 de octubre de 2022, el día previo a la salida del vuelo privado, que firma un directivo del grupo mediático, que no tomó el vuelo pero podría haber tenido alguna intervención en la gestión para el traslado del resto. El inventario de material entregado es largo, e incluye los pedidos de verificación de movimientos de las cuentas bancarias y el levantamiento del secreto fiscal de los invitados: ¿Retiraron 120 mil pesos en efectivo o más para pagarse el vuelo y la expedición? ¿Qué movimientos de dinero se hicieron? Lo mismo se pidió respecto de las empresas y hasta la masajista. Sólo resta saber cuál será el próximo escollo que se invente en Comodoro Py para seguir tapando este escándalo que retrata de manera perfecta cómo se mueve el poder.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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